Escribe Mercedes Trimarchi Legisladora porteña electa Izquierda Socialista/FIT Unidad
La cifra de femicidios y trans-travesticidios registrada por el Observatorio Ahora que sí nos ven desde el 1 al 31 de enero de este año da cuenta de unos 28. Es decir, uno cada 27 horas, de los cuales el 60% se dieron en la vivienda de la víctima. Al menos unas 22 niñas y niños perdieron a sus mamás como consecuencia de la violencia machista más extrema en el primer mes de 2022. Esta cifra se mantiene “estable” desde el 2015, demostrando el fracaso de las políticas de todos los gobiernos en relación a la violencia de género. Alberto Fernández no es la excepción, ya que lejos del relato oficial y su doble discurso, los números hablan por sí mismos y dan cuenta de que el patriarcado no terminó.
Actualmente las políticas destinadas a las mujeres, trans y travestis que sufren violencia de género son centralmente dos, el programa Acompañar, y los dispositivos habitacionales conocidos como refugios para los casos más extremos y judicializados. El primero consiste en otorgar un subsidio a las víctimas solo por seis meses, equivalente al salario mínimo vital y móvil (actualmente calculado en $33.000). En relación a los refugios, hogares y casas de medio camino, actualmente hay alrededor de 150 estatales y 50 de la sociedad civil, según lo confirmó la ministra Elizabeth Gómez Alcorta en una entrevista al diario Página/12 el 25 de noviembre de 2021. Ninguna de las dos medidas es suficiente para dar una respuesta acorde a las necesidades de las víctimas de violencia de género.
El acuerdo con el FMI va en contra de las demandas de las mujeres y disidencias.
El presupuesto destinado para el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en 2021 fue subejecutado. Y el proyectado para 2022 conlleva un recorte en términos nominales, que el propio Martín Guzmán y la especialista en temas de género del Ministerio de Economía, Mercedes D’alessandro no pudieron ocultar cuando fueron al Congreso en diciembre pasado a explicar los números. Es evidente que, como ahora, en aquel momento la prioridad del gobierno peronista fue pagar la deuda externa a costa de las demandas de las mujeres y disidencias, principales víctimas de la violencia machista de esta sociedad capitalista y patriarcal.
El acuerdo firmado entre el gobierno y el FMI es un nuevo ajuste al conjunto de la clase trabajadora, y en especial para las mujeres y disidencias, que ya somos las más pobres entre los pobres. Desde Isadora y como parte del movimiento feminista nos pronunciamos por el no pago de la deuda externa, y decimos que las estafas no se pagan. Exigimos que todo ese dinero (y estamos hablando de millones de dólares) se destine a combatir la violencia de género y otras demandas de las mujeres y disidencias, porque la deuda es con nosotras y nosotres.
