Escribe Adolfo Santos

Después de dieciocho años de proscripción, el 11 de marzo de 1973, el Frente Justicialista de Liberación (Frejuli), con Héctor Cámpora a la cabeza, ganaba la elección y el peronismo conquistaba el gobierno por tercera vez.  Se ponía fin a una decisión antidemocrática dispuesta desde el golpe gorila, clerical y proimperialista de 1955.

No fue una concesión graciosa, en el campo democrático, del gobierno de facto surgido del golpe militar de 1966. Acosada por conflictos e insurrecciones obreras, estudiantiles y populares, cuya mayor expresión fue el Cordobazo, la dictadura iniciada con Onganía y ahora encabezada por el general Alejandro Agustín Lanusse no tuvo más remedio que ceder y rehabilitar a los partidos políticos. Mediante lo que quedó conocido como Gran Acuerdo Nacional, (GAN) se iniciaron negociaciones con los principales líderes burgueses, fundamentalmente con Perón, desde su exilio en Madrid, y con Ricardo Balbín, de la UCR, acordando una convocatoria a elecciones para canalizar el ascenso.

Sería un acuerdo con limitaciones, destinado a descomprimir la situación de la lucha de clases. Se levantó la proscripción al peronismo, aunque con una maniobra legal se impidió la postulación de Perón (solo podían ser candidatos los residentes en el país hasta antes del 25 de agosto de 1972). Pero si el objetivo del GAN era devolver protagonismo al peronismo, para frenar las luchas que hacían tambalear el sistema vigente, la fórmula presidencial encabezada por Cámpora y el conservador Solano Lima no tenía la autoridad suficiente para controlar el proceso. Se necesitaba una dirección más fuerte, algo que solo se podía garantizar con la intervención directa del general Perón.

Las luchas no pararon

El triunfo electoral después de años de proscripción fue visto como una conquista de la movilización, y envalentonó a la clase trabajadora y sectores populares que se sentían con el derecho de exigir nuevas demandas. En la noche del mismo día 25 de mayo en que Cámpora asume al gobierno, miles de personas rodearon la cárcel de Devoto exigiendo la libertad de los presos políticos. No había paciencia para esperar la promulgación de una prometida “ley de amnistía”. En apenas unas horas centenas de presos, muchos de ellos dirigentes de organizaciones guerrilleras, fueron liberados de las cárceles de Devoto, Rawson, Caseros, La Plata, Tucumán y Córdoba.

Una gran ola de conflictos por reivindicaciones largamente postergadas, exigiendo la reincorporación de los despedidos durante la dictadura, y por cuestiones democráticas y económicas, se extendió como reguero de pólvora cuestionando el acuerdo burgués entre Perón, Balbín y Lanusse. Las huelgas con ocupaciones de fábrica, muchas veces con miembros de la patronal como rehenes, se convirtieron en moneda corriente. La zona norte del Gran Buenos Aires, donde se habían instalado centenas de fábricas, fue la vanguardia de este proceso. Las metalúrgicas Ema, Wobron, Del Carlo, Corni y Tensa, Editorial Abril, las ceramistas Lozadur y Cattáneo, los astilleros Astarsa, fideos Matarazzo, DPH y Panam, del plástico, entre otras, fueron protagonistas de la efervescencia obrera de ese momento y generaron una nueva vanguardia que le disputaba espacios a la burocracia sindical.

Perón asume el timón

El Pacto Social, un proyecto de conciliación de clases ideado por el ministro de Economía José Ber Gelbard –dirigente de la Confederación General Económica (CGE)- cuyo objetivo era el control de los salarios, no conseguía cumplir su cometido y era impotente para detener el ascenso. Aunque firmado por la CGT de José Rucci, las bases no lo reconocían y los burócratas sindicales empezaron a ser desbordados por un nuevo activismo que peleaba por más. El 13 de julio, apenas cuarenta y nueve días después de asumir, Cámpora fue obligado a renunciar para abrirle camino a Perón, el único dirigente burgués con autoridad para intentar frenar las luchas. Raúl Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados, un desconocido de las mayorías, pero del entorno de Isabel Perón y yerno de López Rega, asumió interinamente la presidencia.

Instalado en Argentina, Perón dirigió un mensaje al país para mostrar que había tomado las riendas. “Los peronistas tenemos que retomar la conducción de nuestro movimiento”, dijo, y volvió a embestir contra los “infiltrados” y los “enemigos embozados y encubiertos a los que había que combatir”. Un claro mensaje contra la izquierda que actuaba en los diversos movimientos sociales. Sin embargo, tanto las FAR como Montoneros trataban de justificarlo con la tesis de que Perón estaba cercado por las fuerzas de derecha proimperialistas comandadas por López Rega y la burocracia sindical, lo que le impediría “dialogar con su pueblo”. Negaban el objetivo con el que Perón volvía: disciplinar al movimiento obrero al servicio de un plan patronal.

El triunfo Perón-Perón

El 23 de septiembre se realizaron nuevas elecciones presidenciales. La fórmula Perón-Perón (con Isabel como vice) ganó ampliamente. El imperialismo, los grandes y medianos empresarios, sectores de la oligarquía, las fuerzas armadas, la burocracia sindical y la Iglesia cerraron filas detrás del general con la esperanza de que pusiera fin al “caos social”. El amplio triunfo obtenido con el apoyo de las masas pretendía ser utilizado para consolidar el proyecto de fondo: derrotar al movimiento obrero que venía en ascenso desde el Cordobazo. Perón murió el 1 de julio de 1974 sin conseguir ese objetivo. Además, frustró las ilusiones de los millones que creyeron que su jefe volvía para aplicar un proyecto de justicia social y liberación nacional. Por el contrario, el peronismo nunca volvió a repetir las concesiones otorgadas a partir de 1945.

La asunción de su esposa María Estela Martínez de Perón, y la aplicación de una serie de medidas reaccionarias y antidemocráticas, profundizaron la crisis. El nombramiento de Celestino Rodrigo, hombre de López Rega, como ministro de Economía para aplicar un violento ajuste aumentó el caos. El plan, conocido como “Rodrigazo”, proponía una devaluación superior al 100%, aumento de los servicios públicos, liberación de los precios y suba de las tasas de interés, a la vez que limitaba el aumento de los salarios a un 40% en medio de una inflación de 50%. Era el escenario perfecto para generar nuevos estallidos. Presionada, la burocracia sindical se vio obligada a decretar la primera huelga general contra un gobierno peronista. Ocurrió los días 7 y 8 de julio de 1975 con total acatamiento y grandes movilizaciones, desestabilizando completamente el frágil gobierno. Rodrigo fue obligado a renunciar, y López Rega huyó del país. Era el inicio del fin del gobierno peronista surgido del triunfo del 11 de marzo de 1973. Lejos de resolver los graves problemas sociales, con la complicidad de sectores de la burguesía, la iglesia y de la burocracia sindical, las medidas adoptadas por el gobierno de Isabelita generaron las condiciones para la instauración de la más sangrienta dictadura sufrida en nuestro país. Se cerraba, así, el largo y rico proceso de luchas abierto con el Cordobazo.