Escribe José Castillo

El presidente ultraderechista Milei obtuvo, finalmente, la aprobación en general de la Ley Ómnibus, uno de los instrumentos centrales de su plan de ajuste. Lo logró, a pesar de su bancada ultraminoritaria, gracias al apoyo de la llamada “oposición dialoguista”.

El gobierno de Milei consiguió ganar un primer round: aprobar en general su proyecto de Ley Ómnibus. Se trató, sin duda de un triunfo pírrico, ya que debió resignar prácticamente la mitad de los artículos de la ley. Y todavía está pendiente ver que quedará en pie luego de la discusión en particular (artículo por artículo). Sin contar que, después de esto, deberá sortear todo el debate en el Senado.

Lo que se votó es, del principio al final, absolutamente reaccionario y parte importante del plan motosierra de Milei. Quedó la delegación de facultades al presidente de la Nación por un año extensible a dos, período donde Milei puede hacer prácticamente lo que quiere (incluso lo que se sacó de la Ley Ómnibus) para hacer pasar el ajuste. Quedan 27 empresas públicas sujetas a privatización, entre ellas los ferrocarriles y Aerolíneas Argentinas. Queda la libertad para endeudarse sin límites y sin ningún tipo de control. Queda todo el capítulo represivo. Y queda también la mayoría de los recortes al área de la cultura.

La oposición “dialoguista”

El proyecto fue aprobado por 144 votos a favor contra 109 en contra. ¿Cómo Milei consiguió semejante triunfo numérico si sólo cuenta con 37 diputados propios (que exagerando pueden llegar a 40 si sumamos a José Luis Espert y sus ex aliadas Carolina Píparo y Lorena Macyzn)?

La respuesta es simple: con la ayuda de la llamada oposición “dialoguista”. Veamos: en el PRO sus 37 diputadas y diputados votaron alineados con el gobierno ultraderechista de Milei. Fueron, de hecho, el “oficialismo” que defendió el proyecto más que los propios diputados libertarios.

Después tenemos al nuevo y heterogéneo bloque que armó Miguel Ángel Pichetto, Hacemos Coalición Federal, un auténtico rejunte de pedazos de Juntos por el Cambio, que aportó 18 votos. La UCR, por su parte, luego de haber sido virtualmente insultada por el propio Javier Milei e incluso, con militantes reprimidos y encarcelados por oponerse a la ley, votó a favor en su casi totalidad: 32 de 34 diputados. Apenas tuvieron dos votos en contra, de Facundo Manes y Pablo Juliano. La Ley Ómnibus juntó también otros 14 votos de diputadas y diputados referenciados en gobernadores provinciales no peronistas. Y, por último, los tres vergonzosos votos de los diputados tucumanos “tránsfugas” del bloque peronista de Unión por la Patria.

Los artículos que se sacaron

La ley originalmente constaba de 633 artículos.Finalmente quedaron en pie 363. Que el gobierno haya tenido que dar marcha atrás en capítulos enteros, retirando su pretensión de cuatro años de facultades delegadas, el capítulo previsional (más allá de que Milei intentará ajustar a los jubilados por otras vías), la reforma política (que virtualmente eliminaba a las minorías y proscribía a la izquierda), retirando a YPF del listado de empresas a privatizar (que se redujo de 41 a 27), se debió sin duda, a la presión que sobre el propio gobierno o sobre los bloques opositores “dialoguistas” generó el enorme repudio popular a la Ley Ómnibus. Incluyendo, como punto fundamental, el paro general y la multitudinaria movilización del 24 de enero. También influyeron, sin duda, varios lobbies empresarios, el más importante de los cuales fue el que logró que se retiraran los aumentos de las retenciones (impuestos a la exportación).

El gobierno mostró su debilidad. Quedó claro que “sintió” el golpe y se vio obligado a retroceder. Pero logró votar la ley en su versión más reducida, por lo que el resultado final sigue abierto.

¿y ahora?

Al cierre de esta nota, todavía no había comenzado la discusión en particular. Muchos trascendidos anuncian discusiones “empantanadas”. Salga lo que salga, luego falta toda la discusión en la Cámara de Senadores. Pero no debemos confundirnos: no podemos tener la menor confianza en las negociaciones entre los miembros de la oposición patronal “dialoguista” y el gobierno. Por dar un sólo ejemplo: el gobierno de Córdoba pide la coparticipación del impuesto PAIS, luego de reclamar que se reimplante el impuesto a las ganancias sobre los salarios. En el caso de que el gobierno de La Libertad Avanza no ceda la coparticipación del impuesto PAIS, ya están planteando que la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Anses (la plata de los jubilados) para cubrir los déficits de sus propias cajas provinciales. O sea, en todos los casos las negociaciones entre “nación” y “provincias” es poniendo como patos de la boda a las y los trabajadores y jubilados. Del mismo modo, todos los bloques “dialoguistas” aceptan que un número importante del listado de empresas a privatizar permanezca como tal, entre ellas nada menos que Aerolíneas Argentinas y los ferrocarriles. Con respecto al paquete represivo, la inmensa mayoría de la oposición patronal “dialoguistas” está por mantenerlo, dándole carta blanca a Patricia Bullrich.

Con la Ley Ómnibus pasa lo mismo que con el DNU. Tanto diputados como senadores tienen atribuciones legales para reunirse y rechazarlo, pero no lo hacen porque, independientemente del carácter ultraminoritario de las bancadas de La Libertad Avanza en ambas cámaras, los “dialoguistas” lo dejan correr. En el Poder Judicial salieron varios amparos que suspenden capítulos del DNU (el más importante, toda la reforma laboral). Pero todo está supeditado a lo que diga finalmente la Corte Suprema. ¿Podemos acaso, tener confianza en esos jueces?

En síntesis, el futuro de la Ley Ómnibus, del DNU, del protocolo anti-piquetes y del conjunto del plan de ajuste de Milei y el FMI depende de si el pueblo trabajador es capaz de vencerlo en las calles, con su movilización. Por eso es fundamental que continúe la movilización que se dio en estos días, de trabajadoras y trabajadores, jóvenes, jubilados, ambientalistas, feministas, pero también, y por sobre todo, exigir a la CGT y a las CTA que convoquen a un nuevo paro general y un plan de lucha para enfrentar este plan motosierra.