Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El terror narco es devastador. Rosario y su pueblo lo sufren. “Clanes criminales, policías, fiscales, jueces, políticos, empresarios, constructores y financistas son parte del negocio delictivo”, relata en una nota Alconada Mon (La Nación, 17/3/24). Este flagelo creció bajo todos los gobiernos capitalistas. Acá postulamos las propuestas de Izquierda Socialista para atacarlo de raíz.
 
La violencia narco comenzó en Rosario con fuerza inusitada en 2013. Atravesó tres gobiernos provinciales y tres nacionales de distintos signos. “Socialistas”, macristas, radicales y peronistas llevaron la situación al desastre. En once oportunidades desembarcaron fuerzas federales con los deplorables resultados a la vista. El año pasado Rosario tuvo el mayor índice de homicidios del país (casi 2.000 asesinados en una década). “Con zonas que tienen un porcentaje de muerte similar a Medellín en tiempos de Pablo Escobar” (Rogelio Alaniz, periodista e historiador, Clarín 13/3).

Pullaro, Bullrich y Milei retoman la idea de enviar al Ejército. Lo mismo había intentado Alberto Fernández. Pero la salida represiva como en Ecuador, México o Colombia terminó con militares jugando para tal o cual cártel narco. Hasta el ex jefe del Ejército, Martín Balza, lo reconoce: “Pongo el caso de Colombia. ¿Se terminó el narcotráfico?, no. ¿Se incrementó?, sí”.

En Rosario, además, la policía es parte del problema. “Pasó a integrar las bandas y a estar subordinadas a ellas” (Virginia Messi, Clarín, 13/3). En concreto, el prohibicionismo y la ilegalidad han llevado a emprender políticas represivas que han sido un rotundo fracaso. Se persigue a perejiles y consumidores. En Argentina solo el 1% de las causas federales apuntan contra algún gran narco.
 
Un negocio multimillonario

Las drogas mueven anualmente 600.000 millones de dólares (similar a un PBI de Argentina), con márgenes de ganancia cercanos a 3.000%, uno de los más rentables del mundo. Rosario reporta 200 millones al año. “Mameluco Villalba”, narco del conurbano bonaerense, llegó a lavar 22 millones de pesos por día (La Nación, 13/3). Los beneficiarios son narcos y sus cómplices: gobiernos, políticos patronales, empresarios, militares, jueces y los encargados de lavar sus ganancias ilegales. Desde directivos de grandes constructoras (como el grupo IRSA del empresario sionista Elsztain, dueño del Hotel Libertador donde se alojó Milei, que construyó megatorres en Rosario), inmobiliarias, grandes empresarios agropecuarios, financistas. Negocio que se vale del colador que significan los puertos privados y la Hidrovía del Paraná como ruta de escape. “Un kilo de cocaína puede valer en Rosario entre 6.000 y 9.000 dólares mientras que en Europa oscila entre 30.000 y 60.000 euros (Enrique Font, profesor Criminología, Idem LN). Por eso estamos por la reestatización de los puertos y de la Hidrovía del Paraná-Paraguay (utilizada para el tráfico narco), bajo control y administración de sus trabajadores y poblaciones ribereñas.
El narcotráfico es un gran negocio capitalista centrado y fomentado por Estados Unidos, por eso no debe llamar la atención que en ese país imperialista nunca cae ningún gran mafioso de la droga.
 
Legalizar las drogas y que pase a ser un tema de salud pública

Para erradicar de raíz a los narcos hay que quitarles el negocio que genera violencia y muertes. Esto se va a lograr terminando con el prohibicionismo y la ilegalidad. Por ejemplo, la prohibición de las bebidas alcohólicas que se impuso en Estados Unidos en 1920 (Ley Seca), llevó a que crecieron las mafias y las muertes (ver recuadro "Narcotráfico / El antecedente de la Ley Seca").

Hay que legalizar las drogas a escala nacional y mundial. ¿Qué significa? Que pase a ser legal la cadena de obtención de la materia prima, elaboración, distribución, tenencia y consumo. Es decir, transformarla en una actividad más dentro de las reglas del mercado. Esto implica su sometimiento a controles de salud pública, que se paguen fuertes impuestos, con trabajadores registrados y derecho a sindicalizarse.

No solo nosotros postulamos la legalización de las drogas. El liberal Premio Nobel de Economía, Milton Friedman, afirmaba: “La única gente que puede sobrevivir en ese negocio son las bandas que tienen suficiente dinero para flotas de aviones y métodos sofisticados de traslado de la mercadería. Donde el precio de una sustancia ilegal está determinado más por el costo de su distribución que por el de su producción” (Alfredo Zaiat, Página/12, 12/3/23). A su vez, el semanario londinense The Economist defiende la legalización de la producción, expedición y consumo de las drogas.

La legalización no significa fomentar el consumo de drogas. Al contrario. Precisamente bajo los regímenes más estrictos, como el yanqui, es donde más se consume. La legalización de las drogas es para combatir a las mafias y a sus crímenes, en primer lugar, y a su vez reducir el consumo, disminuir las muertes y hospitalizaciones por adicciones. La legalización y regulación por parte del Estado es lo que terminaría con la terrible red clandestina que produce sustancias sin controles. Haría que las adicciones pasen a ser un problema de salud pública, obligando a que los gobiernos hagan campañas permanentes de prevención sobre los riesgos de consumir, abran centros de recuperación gratuitos, estatales, para reducir los riesgos y daños en el uso de sustancias, invirtiendo fondos suficientes para ello e incluyendo el tratamiento estatal gratuito e integral contra las adicciones en las obras sociales.

A su vez, las bandas narco han crecido en un tejido social destruido, con barrios hundidos en la miseria, centros de salud y escuelas que se caen a pedazos, clubes sin ningún financiamiento para rescatar a los pibes que puedan caer en su entramado. En vez de levantar una salida de fondo, los distintos gobiernos patronales empujan a las nuevas generaciones a ser víctimas del negocio de la droga. Por eso peleamos por trabajo genuino, salud, educación y vivienda digna para nuestra juventud, con un plan económico obrero y popular.
La propuesta de legalización, en definitiva, la sostenemos en el marco de la lucha por terminar con todos los males capitalistas, peleando por una sociedad socialista donde no haya explotados ni oprimidos.