Escribe Adolfo Santos

Lejos de permitir el libre derecho a la manifestación,  aún cuando se trataba de una concentración tan importante, las fuerzas de seguridad bajo las órdenes de Bullrich provocaron permanentemente hostigando desde la mañana a los manifestantes. Luego, a media tarde, iniciaron una feroz represión. La Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura, comenzaron a acorralar manifestantes, golpearlos, gasearlos y a reprimirlos con carros hidrantes y balas de goma. Fue una operación calculada para acabar con una gran manifestación que se iba renovando hora a hora y se realizaba de manera pacífica.

La violencia escaló al punto que, sin mediar palabras, cinco diputados nacionales de Unión por la Patria fueron gaseados en la cara por las fuerzas represivas y debieron ser derivados al Hospital Santa Lucía para ser atendidos. Varios periodistas se quejaban de que el operativo les impedía ejercer la libre información y que era la propia policía la que acababa cortando las calles al impedir el paso de los manifestantes. Sin duda que la tentativa de impedir el trabajo de prensa está ligado a ocultar los excesos de la represión, aunque no pudieron disimular la brutalidad ejercida contra personas mayores o la ostentación de armas de fuego por parte de los agentes de Prefectura.

El escenario de guerra generado por una feroz represión fue calculado para dispersar la protesta contra la Ley Bases y demuestra el carácter reaccionario de lo que fue votado en el Senado. Montaron una provocación sobre una manifestación que se desarrollaba de forma pacífica y que terminó con una verdadera cacería humana de manifestantes por parte de la policía motorizada. Fue necesaria mucha violencia para imponer una serie de medidas que atacan profundamente los intereses de la clase trabajadora y sectores populares y que entrega el patrimonio nacional.

Son hechos gravísimos, incompatibles con el mínimo respeto a las libertades democráticas, propios de un gobierno de ultraderecha que en la tentativa de imponer un proyecto reaccionario acusa a los manifestantes de golpistas. Repudiamos a la principal responsable de esta represión, la ministra Patricia Bullrich, quien declaró: “El operativo fue perfecto, no hubo pasividad frente a una violencia inusitada”. Y luego de forma irresponsable acusó a unas ochenta organizaciones sociales, políticas y sindicales por los incidentes que organizó su propia fuerza de seguridad. Entre esas organizaciones menciona a Izquierda Socialista y demás partidos del Frente de Izquierda, ATE, Cicop, Suteba, Ctera, Sutna, Conadu, CGT, Smata, Camioneros, Federación de Aceiteros,  Conductores Navales, UOM entre otras. Repudiamos la violenta represión, rechazamos esta grotesca acusación y exigimos la inmediata libertad de todos los manifestantes detenidos durante la brutal represión.