Escribe Francisco Moreira

El juicio contra Ivan Blacutt y otros dirigentes es parte de la política represiva y de criminalización de la protesta social que impulsa el gobierno ultraderechista de Milei y sus gobernadores aliados. El plan de ajuste del gobierno y el FMI, que promueve despidos, salarios a la baja, privatizaciones y recortes presupuestarios, viene encontrando rechazo de la clase trabajadora y sectores populares que, pese al pacto de la CGT con el gobierno, salen a luchar contra este plan de hambre y miseria. La motosierra no pasa sin represión y persecución a las y los luchadores. Así se puso de manifiesto en junio pasado cuando el Congreso votó la Ley Bases en medio de una fuerte represión que dejó treinta y tres detenidos por denunciar esa nefasta ley. Lo vemos cada semana, con la aplicación del protocolo anti-piquetes y la represión contra las y los jubilados que se manifiestan frente al Congreso. En octubre sufrieron allanamientos y detenciones dirigentes de Amsafe (docentes) y ATE Rosario por luchar contra la reforma de la caja jubilatoria. El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, quiere cobrar multas millonarias a Adosac (docentes) por luchar y hacer huelgas en defensa del salario. Sigue abierto el proceso de desafuero de Juan Manuel Di Vicenzo, delegado de Ademys por reclamar vacunas y protección en la  pandemia. Dirigentes docentes misioneros son judicializados por participar de la rebelión docente por aumento salarial en esa provincia. También sufren la judicialización ambientalistas chubutenses por rechazar el RIGI. Mientras en el país crecen el desempleo y la pobreza, el gobierno ultraderechista persigue a referentes del movimiento piquetero. Eduardo Belliboni y más de diez dirigentes del Polo Obrero son acusados por “amenazas coactivas y extorsión” por reclamar por la continuidad de comedores sociales y planes sociales. Por eso desde Izquierda Socialista/FIT Unidad llamamos a enfrentar la represión y persecución de la protesta social. Reclamamos el desprocesamiento de todos los luchadores y luchadoras. No a las causas armadas. Abajo el Protocolo de Bullrich. Basta de criminalizar la protesta. Luchar no es delito.