Escribe José Castillo

El FMI finalmente decidió hacer la vista gorda con el no cumplimiento de la meta de reservas exigida cuando se firmó el acuerdo con el gobierno de Javier Milei. Demostrando que se trata de un organismo financiero que sigue explícitamente los dictados del gobierno del imperialismo yanqui, el Fondo no solo “aprobó” la primera revisión del acuerdo con Argentina, sino que giró al gobierno de Milei 2 mil millones de dólares (en concreto, generó que para nuestro país se incremente aún más la deuda con el organismo) para que con ella se financie la estabilidad ficticia, una inflación que supuestamente no sube “tanto”, por lo menos hasta las elecciones de octubre. Se materializa así lo que dijo la titular del organismo, Kristalina Georgieva, hace un par de meses, cuando desembozadamente exigió que se votara por Milei, amenazando con represalias si así no sucedía. 
Esos 2 mil millones de dólares que entraron al país no irán, ni un centavo, a salud, educación, jubilaciones, discapacidad ni nada parecido. De entrada, 830 millones se fueron, tal como llegaron, para pagarle al propio Fondo por intereses de la deuda. El resto le servirá al gobierno de Milei para intentar “aguantar” al dólar por debajo de los 1.400 pesos, mediante la venta de divisas si hay amagos de corrida cambiaria. En concreto, facilitará la fuga de capitales de los pulpos especuladores. 

El Fondo exige “reformas estructurales”
Pero lo más escandaloso es la hoja de ruta de exigencias del FMI para el futuro inmediato pos-electoral. Sin eufemismos, reclama explícitamente avanzar con la flexibilización laboral y la quita total de los derechos conquistados por la clase trabajadora durante décadas. Al mismo tiempo, también plantea que, “a más tardar” en 2026, se presente el proyecto de “una reforma jubilatoria profunda”, que aumente la edad de acceso al sistema y elimine los regímenes especiales, de los cuales el más importante es el docente. A esto se suma la exigencia de lo que llaman “reforma fiscal”; en concreto, reducir los impuestos a los ricos y a las grandes empresas, incrementar las exenciones con regímenes como el RIGI, mientras, por contrapartida, continúan existiendo los gravámenes al consumo, como el IVA y el impuesto al salario. Una reforma que, además, tiene el objetivo de desfinanciar a las provincias, hoy responsables de prácticamente la totalidad de la educación primaria y secundaria y de una parte sustancial del gasto en salud pública.
En síntesis, no tenemos futuro con el FMI y la continuidad de los pagos de deuda externa, cuyos vencimientos crecerán astronómicamente en 2026 y 2027. La única salida, como explicamos repetidamente desde Izquierda Socialista y el FIT-Unidad, pasa por dejar inmediatamente de pagarla, romper con el Fondo y poner todos esos recursos al servicio de resolver los más urgentes problemas populares.