
José Castillo
El gobierno de Javier Milei ni siquiera disimula. Privatiza todo lo que puede a un precio menor al valor real de las empresas, con el único objetivo de “recaudar” para cumplir con los próximos vencimientos de deuda externa.
Todo es un escándalo. Se fija como criterio para tasar las empresas su flujo de caja y no, como debería ser, el valor de sus activos. Así, en todos los casos, se terminan regalando, ya que se venden al 30% o 40% de su valor real.
Las que ya se hicieron
IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.)
Se vendió el 100% del paquete accionario por 27 millones de dólares. El adjudicatario fue ARC Energy, un fondo de inversión norteamericano con base en Luisiana (Estados Unidos), liderado por el ejecutivo estadounidense Jason Arnold.
Centrales Hidroeléctricas del Comahue (El Chocón, Alicurá, Piedra del Águila y Cerros Colorados)
Se vendió la concesión integral del complejo de generación hidroeléctrica en las cuencas de Neuquén y Río Negro por 684,3 millones de dólares.
Piedra del Águila quedó bajo la operación de Central Puerto S.A., cuyos principales accionistas son los empresarios argentinos Guillermo Reca, la familia Miguens Bemberg y Eduardo Escasany. El Chocón fue adjudicado al consorcio integrado por MSU Energy y BML Inversora, controlado por el empresario agroindustrial y energético Manuel Santos Uribelarrea. Cerros Colorados y Alicurá fueron adjudicados al grupo Edison Inversiones S.A.U./Genneia S.A., controlado mayoritariamente por los fondos de inversión PointState Capital, encabezado internacionalmente por Darío Lizzano, y el grupo
Fintech Advisory, propiedad del inversor mexicano David Martínez.
Citelec S.A./Transener
Se transfirió el 50% del capital accionario de Citelec S.A., sociedad holding que controla el 52,65% del paquete mayoritario de Transener, la transportista eléctrica de alta tensión. El monto de la operación fue de 356,1 millones de dólares y se entregó al consorcio conformado por Genneia S.A. y Edison
Transmisión S.A.
Detrás de esta estructura figuran nuevamente el financiero David Martínez, de Fintech Advisory, y PointState Capital, en alianza con socios locales del sector de transmisión energética, como José Luis Manzano.
AySA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.)
Se vendió por 340,2 millones de dólares. Resultó adjudicatario el Consorcio Rowing - Arcos - Transclor - PHX, liderado por dos referentes clave. Mauricio Filiberti, “el rey del cloro”, dueño de Transclor S.A., histórico proveedor de policloruro de aluminio para la potabilización del agua en el país y socio accionista de Edenor junto a Daniel Vila y José Luis Manzano; y Walter Román, propietario del grupo Rowing S.A., que también resultó ganador en la privatización de la Hidrovía del Paraná, que se le otorgó gratuitamente por 30 años en un convenio en el que también está la transnacional Jan de Nul.
Las que se vienen
Belgrano Cargas y Logística S.A.
Se concesionará por 50 años la red de vías e inmuebles, que abarca más de 7.500 km en las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, y, al mismo tiempo, se venderán el material rodante y los talleres.
Intercargo S.A.U.
Se trata de las operaciones en tierra y rampa para aeronaves comerciales en los aeropuertos del país.
ENARSA (Energía Argentina S.A.)
Se plantea la venta de las centrales térmicas Manuel Belgrano, José de San Martín y Vuelta de Obligado, junto con la concesión del transporte de gas en los tramos operados por la firma estatal.
Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA)
Se privatizarán las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.
Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)
Se ofrece en venta o concesión el yacimiento minero, el complejo ferroviario y la central térmica a carbón en la provincia de Santa Cruz.
El gobierno de Milei ha explicitado que todo lo que se recauda de cada privatización va inmediatamente al pago de los vencimientos de deuda. Ni un peso quedará en el país. Tenemos que impedir este saqueo.
Anulación de todos estos negociados. ¡No a las privatizaciones! Planteamos la reestatización de todas las empresas ya privatizadas, pasando a ser gestionadas por sus propios trabajadores y trabajadoras.










