Camila Urquiza

La soberanía sobre el territorio argentino ha sido objeto de décadas de luchas campesinas, indígenas y populares. La Ley de Tierras de 2011, que puso límites a la propiedad rural extranjera, expresó parte de aquella disputa. Quince años después, el gobierno de Javier Milei avanza en sentido contrario. A sus intentos de liberar la venta de tierras suma ahora un mecanismo para otorgar la ciudadanía argentina a cambio de cientos de miles de dólares.

El programa de “ciudadanía por inversión” ofrece dos caminos a los extranjeros con grandes fortunas. Un aporte no reembolsable de 350 mil dólares al Tesoro Nacional o la suscripción de bonos públicos por 800 mil dólares. Así lo anunció el Ministerio de Economía en octubre. El esquema fue habilitado mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025 y reglamentado por el Decreto 524/2025. Los solicitantes deberán superar controles, pero podrán acceder a la nacionalidad sin cumplir los dos años de residencia que se exigen por la vía ordinaria.

La desigualdad es evidente. Mientras trabajadores y familias migrantes deben atravesar trámites y exigencias para naturalizarse, quienes disponen del capital suficiente reciben una vía privilegiada. La ciudadanía, que supone pertenencia, derechos y vínculos con una comunidad, aparece tratada como otro activo financiero.

El negocio ya tiene vidriera internacional. La firma británica Henley & Partners, dedicada a gestionar residencias y ciudadanías para grandes patrimonios, promociona el pasaporte argentino por 350.000 dólares. Entre sus argumentos comerciales destaca la posibilidad de viajar a unos 170 destinos y circular por el Mercosur. La agencia admite así el carácter mercantil del programa, que el Gobierno presenta como una herramienta para captar inversiones.

La contradicción resulta más llamativa por la disputa alrededor de la Ley de Tierras. Milei intentó derogarla mediante el DNU 70/2023, pero en octubre de 2026 retrocedió frente a la resistencia política y social y restableció límites a la propiedad extranjera. La pelea por el territorio continúa abierta, mientras el Ejecutivo abre otra puerta para privilegiar al capital extranjero.

Con la necesidad de dólares como argumento, el Gobierno transforma derechos y atributos de la soberanía en oportunidades de negocios. Lo que se conquistó y defendió a través de años de organización popular hoy vuelve a ponerse en disputa. Esta vez, hasta el pasaporte argentino tiene precio.