El próximo domingo 26 vence la nueva prórroga de la cuarentena. Se pasó de la cuarentena total a la denominada “administrada”. El gobierno evita usar la palabra “flexibilización” pero la hay de hecho, como lo muestra la mayor cantidad de trabajadores que está circulando. Se ha permitido la apertura de varias actividades por presión de las patronales. A los grandes empresarios les interesa reactivar sus ganancias, no la salud de la población. Esto se combina con la desesperación de grandes sectores populares empujados a romper el aislamiento para ganarse el pan ante una asistencia social que no alcanza o llega en cuentagotas. Por ejemplo, a quienes hacen changas y monotributistas de las categorías más bajas se les dio 10.000 pesos de pobreza que recién ahora están cobrando, quedando millones afuera a pesar de estar inscriptos y necesitarlo desesperadamente. Como proponemos desde el Frente de Izquierda, a esos sectores se les debería dar un ingreso en la cuarentena de 30.000 pesos y no solo por única vez, sino sostenerlo mientras dure la emergencia. Por eso decimos que si el gobierno habla de que no hay que tirar por la borda lo ya conquistado, tiene que tomar medidas de fondo en la cuarentena poniendo toda la plata que haga falta en la salud y en los sectores obreros y populares, pequeños comerciantes y talleres para combatir de verdad el coronavirus y permitir que millones puedan cumplirla sin apremios.

Alberto Fernández acaba de implementar el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP) para auxiliar a las patronales y pagar gran parte del salario de los trabajadores. Esta medida cae bien en amplios sectores de trabajadores que ven una asistencia estatal para no perder tanto con los recortes de sueldos pactados entre las patronales y la burocracia sindical. Sin embargo, esto está lejos de resolver el problema de fondo de la clase trabajadora. No solo porque va a ser aprovechada hasta por una multinacional que va a alegar una “crisis” para recibir el pago de parte de los salarios financiado por el pueblo trabajador, sino porque estas mismas patronales no están obligadas a que a cambio no rebajen los actuales salarios, ni tampoco acuerden despidos o suspensiones. Es lo que vienen haciendo de la mano de la traidora dirigencia sindical y con el aval del ministerio de Trabajo, que homologa los acuerdos. Por eso la medida fue saludada por las cámaras empresariales y cuenta con el inestimable apoyo de la burocracia sindical, que en vez de defender el salario y los puestos de trabajo viene pactando lo contrario mientras deja en banda las peleas en curso, como la de los trabajadores de Penta o la de los de la salud por insumos y una mayor protección.

Lo que estalló desde hace días con los contagios y algunos fallecidos entre los profesionales y trabajadores de la salud es que la Argentina está en la cima mundial de infectados en el sector, algo sumamente preocupante que debería llevar a que el gobierno tome las medidas necesarias para proteger a todo el personal y dotar a los hospitales de los insumos y faltantes para hacer frente a la pandemia. Los muertos y contagiados en los nosocomios demuestran que no es cierto que “los hospitales están preparados”, como vino sosteniendo el gobierno. Casualmente, la asamblea y el corte de calle que hicieron los trabajadores del Hospital Belgrano de San Martín, como tantas otras expresiones de protesta y reclamo en la gran mayoría de los centros de salud públicos y privados, coinciden en que no tienen lo indispensable para hacer frente a la pandemia, no se hacen los testeos ni se los consulta para diseñar la mejor política para enfrentar al coronavirus.

Para todo esto se necesita plata. Y desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad venimos señalando claramente de dónde sacarla: concretamente de un fondo de emergencia sobre la base de impuestos a los grandes empresarios, banqueros y multinacionales y el no pago de toda la deuda externa.

Los diputados Nicolás del Caño y Romina Del Plá, como parte del Frente de Izquierda Unidad, han hecho punta presentando en el Congreso el primer proyecto de ley para gravar mediante un impuesto especial y progresivo a los grandes patrimonios, las ganancias de los bancos, las altas rentas, a los terratenientes y viviendas ociosas. Esto permitiría recaudar 20.000 millones de dólares (dos veces más del total de lo que destinó el gobierno hasta ahora a la crisis), dinero que debería destinarse de manera urgente a los hospitales y a los millones de trabajadores y demás sectores populares que lo necesitan.

Gravar la riqueza tiene un apoyo popular del 80%. Sin embargo, si bien diputados del gobierno anunciaron que iban a presentar un proyecto de ley al respecto, al día de hoy no lo han hecho. Esgrimen que el tema debe ser aprobado por el Congreso (que no se reúne) y previamente, como lo pidió Cristina Fernández, la Corte Suprema se debe expedir sobre si sería válida o no esa ley en caso de ser aprobada. Atento a estos vericuetos, el diputado nacional y autor del proyecto junto a Máximo Kirchner, Carlos Heller, dijo: “Con suerte, en unas semanas lo vamos a estar presentando”, aclarando que no va a tocar las ganancias de las empresas. Más allá de cómo termine siendo la propuesta del gobierno, exigimos que la apliquen cuanto antes. La emergencia no puede esperar.

Otro tanto pasa con la deuda externa. El gobierno hizo una oferta de pago a los bonistas (usureros) en medio de la pandemia y la tremenda crisis social. Propuesta que, si bien contempla para esa parte muy pequeña de la deuda que se está renegociando la postergación de los pagos por algunos años y una quita, esto no implica ningún “no pago” de la deuda, sino nuevos desembolsos que deberán hacerse con más sufrimientos, tanto los actuales como los que vendrán. Sin entrar en detalles sobre el tema –que en esta edición digital de El Socialista será abordado en otras notas–, lo cierto es que el gobierno ha reconocido que esta medida le permitiría “ahorrar 4.500 millones de dólares en lo que resta del año, dinero que equivale a 3,2 veces el presupuesto asignado al Ministerio de Salud para todo 2020”. Pues entonces exigimos de manera urgente que ese monto sea destinado ya a todos los hospitales, no a más prebendas patronales. De la misma forma decimos que si se hubieran invertido en salud los otros 4.500 millones de dólares que ya pagó el gobierno en conceptos de vencimientos de deuda desde que asumió, la situación sería muy distinta, tanto en los hospitales como en la atención de las necesidades de los distintos sectores populares.

Volvemos a reiterar, exigimos una cuarentena con plata para salud y los hospitales. Una cuarentena sin hambre, sin suspensiones y despidos, ni rebaja salarial. Una cuarentena donde la crisis la paguen las patronales, no los trabajadores. Y para ello señalamos que hay que implementar de inmediato un fondo de emergencia, a la vez que apoyamos todos los reclamos obreros y populares en salud, contra los despidos, las suspensiones, la rebaja de salarios, los cierres de empresas y los distintos ataques que está sufriendo el pueblo trabajador.

La Conferencia Latinoamericana convocada por los partidos integrantes del Frente de Izquierda-Unidad, para los días 1, 2, 3 y 4 de mayo del corriente año, ha sido postergada en fecha a definir. El desembarco de la pandemia del coronavirus en nuestro continente hace imposible –por el cierre de fronteras, las medidas de cuarentena, etc.- la realización de la Conferencia  en la fecha prevista.

Queremos  dejar  en claro que se  trata sólo de una suspensión temporal hasta que las condiciones  nos permitan realizarla. Es que la iniciativa del FIT-U, a la luz de la crisis sanitaria desatada por la pandemia del coronavirus y la agudización cualitativa de la  crisis  capitalista, y sus consecuencias  sociales  desvastadoras para  las  y los trabajadores y los sectores populares  ha adquirido una mayor importancia aún.

En el marco de  una profunda desigualdad social, una pobreza creciente  y los sistemas de salud  pública deteriorados por décadas de recortes,  todos los gobiernos latinoamericanos, desde los más derechistas hasta los autodenominados “nacionales y populares”, con sus matices, han actuado en defensa de los intereses capitalistas en detrimento de la preservación de la salud y la vida de los sectores populares. El imperialismo yanqui, por su parte, a pesar de que Estados Unidos ha pasado a ser el epicentro de la crisis sanitaria mundial, se ha valido de la pandemia para relanzar una nueva cruzada criminal contra los pueblos de Venezuela y de Cuba.

La burguesía, la mayor parte de ella golpeada por el parate económico forzoso, descarga su crisis sobre las espaladas del pueblo trabajador y aprovecha la conmoción social para avanzar de hecho con reducciones salariales, despidos, reformas laborales y previsionales. A su vez, se acrecientan las crisis políticas y los gobiernos fortalecen los aparatos represivos, previendo nuevos levantamientos de las masas, en lugar de invertir todos los recursos en favor de un mayor equipamiento sanitario. Como consecuencia de todo esto, las enormes contradicciones sociales que motivaron las grandes rebeliones populares de 2019, lejos de haberse apaciguado se han agudizado. Ya estamos viendo muestras en nuestro continente y en el mundo de resistencia  de sectores  de la clase trabajadora  contrala ofensiva patronal. Nuestro Frente de Izquierda Unidad publicó ya hace un mes una declaración con un programa y una orientación para que esta histórica crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador.

Este escenario, refuerza la necesidad  de concretar  la conferencia  cuando están dadas las  condiciones para impulsar la lucha de las masas obreras y campesinas contra las consecuencias devastadoras de la crisis capitalista y el coronavirus. Más que nunca, la tarea estratégica es la lucha por Gobiernos de Trabajadores y la Federación de Repúblicas Socialistas de América Latina.

La realización de la Conferencia Latinoamericana, a su turno, será un instrumento fundamental para impulsar esta perspectiva.

Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad
PTS – PO – Izquierda Socialista - MST

Son 2.500 presas y presos, en su mayoría jóvenes, que purgan en la cárcel su osadía de haber participado de las grandes movilizaciones contra el gobierno superexplotador de Piñera. Muchos de ellos llevan más días en la cárcel que el tiempo de una eventual condena. Se trata de una represión deliberada para intimidar a los millones que salieron, desde octubre de 2019, a las calles en contra de los abusos y por justas demandas de cambios sociales y democráticos.

Con 2.500 presas y presos el afán intimidatorio de Piñera es evidente, está diciendo: “Si tú peleas por mejores condiciones de vida irás preso”.

Este reclamo de libertad se hace hoy más urgente ante el peligro de contagio del coronavirus en cárceles superpobladas y en medio de delincuentes comunes.

El estallido social contra el gobierno de Piñera tuvo un amplio apoyo, solidaridad y simpatía de los pueblos del mundo. Apelamos a esa solidaridad para iniciar una campaña internacional que inunde por las redes, con fotos o videos, el clamor unánime por la liberación de los 2.500 presos políticos.

Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)
18 de abril de 2020

Escribe Miguel Sorans*

El escritor chileno Luis Sepúlveda murió en el Estado español el jueves 16 de abril por coronavirus, según confirmó su familia. Sepúlveda, quien había sido diagnosticado con la infección a finales de febrero, estaba internado en el Hospital Universitario Central de Asturias. El escritor, de 70 años, comenzó a mostrar los síntomas el pasado 25 de febrero, después de regresar de un festival literario celebrado en Oporto, ciudad del norte de Portugal. Desde hacía varios años estaba radicado, junto a su familia, en Asturias.

Lamentamos mucho esta noticia. Sepúlveda fue un importante escritor pero también fue un militante de causas justas. Entre ellas, la lucha revolucionaria para terminar con la dictadura de Somoza en Nicaragua. Tuvimos el honor de que Sepúlveda participara en la revolución nicaragüense junto a la Brigada Simón Bolívar, que impulsó nuestra corriente socialista. Fue una brigada de combatientes latinoamericanos que se impulsó desde Bogotá, bajo la iniciativa del dirigente argentino Nahuel Moreno, exiliado entonces, y del PST (Partido Socialista de los Trabajadores) de Colombia, que encabezaba una campaña internacional sistemática de apoyo a la lucha contra la dictadura de Somoza y de solidaridad con el FSLN para que triunfase y encabezara un gobierno propio, sin burgueses.

Ex militante comunista, Sepúlveda se vio obligado a abandonar su Chile natal en 1977 perseguido por el régimen dictatorial de Augusto Pinochet. Se dio a conocer internacionalmente en 1988 con la publicación de Un viejo que leía novelas de amor. A esa exitosa obra le siguieron Mundo del fin del mundo, Nombre de torero, Patagonia express, Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, La rosa de Atacama y Fin de siglo, entre otras.

Recibió varios premios, el de poesía Gabriela Mistral (1976), Rómulo Gallegos (1978), el de narrativa Superflainao (1993) y el Premio Ovidio, concedido en 1998 en Italia por La última frontera.

Justamente, en la novela Nombre de torero, uno de los protagonistas es un exiliado chileno, Juan Belmonte, que sería el que tiene nombre de torero. En la trama de ficción Belmonte cuenta que participó en la Brigada Simón Bolívar y que fue reprimido por el gobierno sandinista. En esa trama se mezclan personajes de la siniestra Stassi, policía de la antigua Alemania Oriental, con la policía de Pinochet y la caída del Muro de Berlín.

En una revista española Sepúlveda recordaba a la brigada el día del triunfo de la revolución: “En julio de 1979, exactamente el 19 de julio de ese año al atardecer, me encontraba sentado en la escalinata que conduce a la catedral de Managua. Los sandinistas habían derrotado al dictador Anastasio Somoza y yo estaba ahí entre los sobrevivientes de la última brigada internacional, la Simón Bolívar, y compartía entre veinte o más una petaquita de ron nica y unos cigarros atroces que hacían los indios misquitos. Había alegría, mas no euforia, pues todas las guerras avanzan y duran más de lo que uno pensaba. La mayoría de los combatientes eran muy jóvenes, celebraban la esperanza y lo que harían de su país en medio de la más limpia y pura utopía, eran ajenos a la guerra fría o a los planes que ya se tejían en Washington. En esos momentos uno solo piensa en sus muertos y a ratos le resulta injusto haber sobrevivido”. (Revistateína N° 16. Octubre de 2007. Revista electrónica de Valencia).

*Integrante de la Coordinadora de la Brigada Simón Bolívar y actual dirigente de Izquierda Socialista de la Argentina y de la UIT-CI
www.uit-ci.org

Santa Cruz no escapa a la regla de la pandemia Covid 19, es decir los gobiernos provinciales y municipales descargando la crisis sobre los trabajadores. A los empleados estatales de ATE, APAP Y UPCN,  el gobierno les cerró la paritaria con 0 % de aumento. Los dirigentes de ATE (que fueron todos en las listas del Frente de Todos) fueron los primeros en avalar la política de “pacto social”, bajo el nombre de acuerdo social, mientras los trabajadores de la provincia daban una enorme batalla contra el ajuste.

Grasso, el intendente de Río Gallegos, antes que el gobierno nacional dicte el aislamiento social obligatorio, hizo aprobar la emergencia económica sanitaria, lo que le permite no llamar a paritarias mientras dure la cuarentena. Sin embargo esto no le impidió aumentar su salario al doble y de todos los funcionarios políticos. Y tampoco despedir a tres trabajadores municipales que no son de las áreas esenciales, por negarse a salir a hacer las tareas sin elementos de seguridad.  

Para que la crisis no la paguemos los trabajadores. Se  deben prohibir los despidos y suspensiones y las rebajas salariales y reincorporar a los despedidos ya.

Corresponsal