Concluida la segunda semana de paros se realizaron las asambleas. Aten Capital debatió la nueva oferta salarial del gobierno en el SUM de la Epet 8 repleto adentro y afuera. La asamblea rechazó la oferta, por moción de la comisión directiva seccional, con 1695 votos, contra 280 votos de la moción de la conducción provincial que era aceptar la oferta del gobierno.

En el conjunto de la provincia las asambleas también rechazaron la oferta del gobierno (que contiene algunos avances menores) por 3165 votos, moción realizada por la oposicion combativa; contra 2065 votos cosechados por la conducción provincial que proponía aceptar.

Continúa el plan de lucha la próxima semana con un nuevo paro activo de 72 hs, exigiendo recuperación salarial, actualización mensual por IPC, partidas para refrigerio de los niños y niñas en lo colegios, y arreglo de los establecimientos educativos.

Escuchá la entrevista a Angélica Lagunas, secretaria general de ATEN Capital y dirigenta de Izquierda Socialista FITU.

Escribe Juan Carlos Giordano

Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

14/3/2024

El Senado acaba de votar el rechazo al DNU. Son tan brutales sus disposiciones y la crisis política entre el gobierno y los políticos patronales “amigos”, que hasta algunas y algunos senadores radicales y de otros bloques tuvieron que votar en contra, además de quienes integran el peronismo. Un DNU con disposiciones reaccionarias, arbitrarias, antiobreras y antipopulares que afectan no solo al pueblo trabajador, sino también a la clase media y a las economías regionales.

Esto fue precedido de una dura pelea entre Milei y la vice presidenta Villarruel, quien ya no tenía margen para impedir la sesión. Milei hasta patrocinó mensajes por las redes de sus trol, diciendo que Villarruel debía ser “colgada en Plaza de Mayo”, mostrando la profunda crisis política en la que está sumido el gobierno.

La caída del DNU en el Senado representa una nueva derrota política de este gobierno ultraderechista. Un DNU que vino sufriendo fallos judiciales adversos que frenaron las disposiciones referidas a la reforma laboral. Derrota que no es definitiva, ya que para que se anule definitivamente se tiene que votar también el rechazo en Diputados. Hay que terminar de enterrarlo. Y lo tendremos que lograr con un nuevo paro general. 

¿Cuál es la “necesidad” y “urgencia” en liquidar cientos de leyes? Ninguna, más que facilitar la aplicación del plan motosierra y licuadora contra el pueblo trabajador, en pos de la concentración económica. 

Recordemos que el DNU declara la “emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social” para darle plenos poderes de monarca a Milei. El DNU facilita los despidos de personal; prácticamente prohíbe el derecho a huelga; liquida las obras sociales; deroga la ley de alquileres llevando a miles de inquilinos a pagar cifras siderales o a tener que volver a vivir con sus familias; habilita las privatizaciones de YPF, el Banco Nación, Aerolíneas y los ferrocarriles; deroga la Ley de Tierras para favorecer el acaparamiento de las mismas en manos de capitales extranjeros y en beneficio de mineras y petroleras saqueadoras; hasta liquida los clubes de fútbol para transformarlos en sociedades anónimas, entre otras barbaridades. 

Por todo esto el DNU se tiene que anular. Con el paro y la enorme movilización del 24 de enero de la CGT se logró la caída de la ley ómnibus. Hay que avanzar por este camino, exigiendo a la CGT y CTA otro paro general y plan de lucha nacional para tirar abajo definitivamente el DNU, frenar la nueva ley ómnibus que impulsa el gobierno y el conjunto del plan motosierra. Y en especial, para lograr un inmediato aumento de salarios y jubilaciones al valor de la canasta familiar.

Mientras despotrica contra “la casta” el gobierno de Milei está desplegado un verdadero plan de guerra contra la población trabajadora. No podemos pelear divididos, hay que enfrentarlo uniendo y coordinando las luchas hasta derrotarlo.

A las paritarias a la baja y la eliminación de planes sociales en medio de una inflación imparable, se suman despidos masivos en el Estado y en la industria, el abandono de la asistencia a los comedores (que impulsa la espiral del hambre en las barriadas) y la destrucción de las jubilaciones. 

Los tarifazos avanzan. Y vuelven a la carga con las privatizaciones de empresas públicas en favor de grupos capitalistas y las reformas laboral y jubilatoria.

Los gobernadores de todos los signos políticos disputan por sus cajas, pero negocian los recortes presupuestarios de Milei profundizando su propio ajuste en las provincias.

Y más allá de sus peleas, todos acuerdan en recortar severamente los derechos democráticos del pueblo trabajador, como el Protocolo represivo de Bullrich.

Ante esto crecen los conflictos: estatales, docentes, el paro universitario, los trabajadores del Sutna, Telam, del INCAA y la Cultura, de GPS Aerolíneas Argentinas, de la salud, metalúrgicos, ferroviarios y el movimiento piquetero, entre otros.

La CGT y las CTA, siguiendo la orientación del PJ, buscan “poner límites” a Milei - a través del Parlamento o la Justicia - pero no derrotar a su gobierno y a todo el plan. Incluso, como lo planteó CFK en su carta, tienden puentes para llegar al 2027.

¡Pero es Milei o nosotros!

La reciente movilización del 8M, igual que el paro del 24 de enero y otras acciones multitudinarias impulsadas por la coordinación independiente de asambleas, movimientos culturales, sociales y sindicatos combativos y la izquierda, demuestran que hay condiciones para desarrollar una lucha de conjunto.

Hay que superar la política de tregua de las centrales obreras, rodear de solidaridad las luchas actuales reclamando un nuevo paro general y un plan de lucha progresivo hasta la huelga general; para quebrar la ofensiva de Milei, las patronales y el FMI e imponer una salida a la crisis que responda al interés de los trabajadores.

Para impulsar esta política nos pronunciamos por un gran plenario o asamblea nacional de todos los sectores en lucha que resolveremos en la coordinación independiente.

Con este planteo convocamos a todos los sectores en lucha, asambleas, organizaciones sociales, centro de estudiantes y al sindicalismo combativo a una conferencia de prensa y una radio abierta, en el Obelisco el jueves 14 a las 14 horas.

Plenario del Sindicalismo Combativo

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad ante el asesinato de los cuatro trabajadores exigimos Justicia, cárcel a los autores materiales e intelectuales y nos solidarizamos con sus familias.

Estamos viviendo una nueva (y la más sangrienta) escalada de la violencia narco. Cuatro trabajadores asesinados por sicarios para enviar mensajes al gobierno provincial. Pero no es un hecho nuevo. En 2023 tuvimos varios casos de asesinados “al azar”, para enviar mensajes al gobierno, al servicio penitenciario o incluso a otra banda de narcotraficantes.

La violencia narco comenzó en Rosario con inusitada fuerza en 2013. Atravesó tres gobiernos provinciales, y tres nacionales, de distintos signos políticos. Socialistas, Macristas, Radicales y Peronistas. Todos dijeron que iban a solucionar el problema con el envío de “Fuerzas Federales”. Lo hicieron en 11 oportunidades desde el estallido de la violencia y los asesinatos. Los resultados están a la vista. En 2023 Rosario tuvo, por lejos, el mayor índice de homicidios del país, sumando una nueva “modalidad”: asesinar al azar para enviar mensajes.

Ahora Pullaro, Bullrich y Milei retoman la idea de enviar al Ejército para “ayudar” en la guerra contra el narcotráfico. En 2023 ya lo había intentado Alberto Fernández, sin ningún éxito. Quieren meter a los militares para darles algo de prestigio y favorecer la posibilidad de que participen en la represión interior, lo que está prohibido desde la salida de la dictadura en 1983.
¿Solucionaron el problema del narcotráfico con el ejército, los países que lo intentaron, como Ecuador o México? No. Incluso el problema creció en muertos y con más militares involucrados en negocios con bandas de narcotraficantes, como ya sucede con la policía y las “fuerzas federales” en nuestro país.

A esta altura, y en base a los múltiples casos y denuncias judiciales -varias de ellas que terminaron con condenas- queda claro que no es posible que existan bandas de narcotraficantes-de semejante poder e impunidad- sin el aval de sectores de la política oficial, la justicia y la policía. Ante tal desastre, el pedido que recorre el pueblo rosarino es “más seguridad”, lo que –pese a la obvia desconfianza en la policía-, termina desembocando en el pedido de poner en la calle más policías o gendarmes. Lo que ya se hizo, y muchas veces. Y estamos cada vez peor.

Mientras esta alianza de narcotraficantes, policías, jueces, políticos y empresarios se mantenga, la violencia crecerá, como sucede en Ecuador, Brasil, México o Haití. ¿Cómo se puede romper este pacto de violencia y muerte? Hay que terminar con las drogas como negocio ilegal, lo que da ganancias fabulosas que se reparten entre “los socios” sin dejar rastros, incluso a “respetables” empresarios que viven de lavar la plata manchada de sangre. En Rosario, esto se potencia por la presencia de múltiples puertos privados que despachan centenares de barcos a todo el mundo, sirviendo de nudo logístico internacional para el narcotráfico.

Varios países ya han empezado a legalizar algunas drogas y a tomar el problema como una cuestión de salud pública. Terminando -o al menos achicando- el negocio del narcotráfico, y la violencia que genera. La “Ley seca” en la década del 20 –y su posterior derogación- en EEUU, fue una cabal muestra del desastre que genera el prohibicionismo.

Pero también denunciamos que las bandas narcos han crecido y se han fortalecido en un tejido social destruido, con barrios hundidos en la miseria, centros de salud y escuelas que se caen a pedazos, o clubes sin ningún financiamiento para rescatar a los pibes que pueden caer en bandas narcos como una opción de vida y de muerte. Necesitamos inversión en los barrios populares, empezando por trabajo genuino para la juventud, que permita también estudiar, así como presupuesto para educación y la salud pública. Pero en lugar de esto Milei y Pullaro profundizan un ajuste que destruye cualquier posibilidad de futuro para la juventud y trabajadores. Pagar la deuda al FMI y los banqueros son sus prioridades. Hasta que no frenemos esta sangría e impongamos un plan económico obrero y popular no tendremos solución a la violencia y la miseria que ahogan a Rosario.

En esta situación es muy importante que las CGT y CTA convoquen al paro Regional que, desde Amsafe Rosario, ya se está impulsando, así también una urgente movilización para ganar las calles contra la violencia narco-criminal.

Izquierda Socialista Rosario

El gobierno de Milei dispuso un aumento del 30% entre enero y febrero para las y los diputados y senadores y autoridades del Congreso, con la firma de Victoria Villarruel y Martín Menem.

Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo (Izquierda Socialista/FIT Unidad), señaló: “El gobierno otorgó 700 mil pesos de aumento a cada diputada y senador llevando las dietas a casi 2,5 millones, más el plus por desarraigo y viáticos. Mientras Milei pulveriza salarios y jubilaciones, dejó de enviar comida a los barrios, elimina planes sociales y despide personal, sigue privilegiando a quienes votan leyes contra el pueblo. Una barbaridad”.

Giordano finalizó: “Tras el escándalo e indignación que generó la noticia denunciada por el Frente de Izquierda ahora el gobierno dice que mandaría una ley para retrotraer el aumento. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad repudiamos esta medida y vamos a seguir defendiendo nuestro proyecto de ley para que las y los diputados tengan un ingreso equivalente a lo que percibe una directora de escuela, proyecto que todos los bloques patronales siempre rechazan.”