Escribe José Castillo

Hoy el peronismo es, sin duda, la principal fuerza política patronal opositora. Terminando 2024, Cristina Fernández asumió como presidenta del Partido Justicialista, ratificando su lugar central de liderazgo en dicha fuerza política. Así se manifestó en la reunión de Moreno, más allá de los elementos de crisis e interna por los cargos, volvió a juntar en una misma mesa a Axel Kicillof, a La Cámpora e incluso a Sergio Massa.

Frente a este hecho, sin duda son muchos los compañeros y compañeras que en los lugares de trabajo, estudio, en los barrios populares, en el movimiento de mujeres y diversidades y en la juventud que se preguntan si el peronismo en general y el kirchnerismo en particular son la salida contra este gobierno de ultraderecha que sufrimos.

Queremos ser absolutamente claros y sinceros con nuestra posición: la respuesta es tajantemente no.

Los cómplices de Milei

El peronismo también ajusta donde gobierna y un sector importante de esa fuerza política ha facilitado a Milei llevar adelante sus políticas. Así, casi desde el comienzo del año, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, “alineó” a sus diputados junto con los de La Libertad Avanza y desde entonces les vota todos sus proyectos. Sin tanto verticalismo, muchas veces el gobierno logró triunfar en el Congreso  con apoyos de diputados y senadores peronistas de Catamarca, Salta, San Juan o incluso legisladores “sueltos” de otras provincias que ingresaron al Congreso en las listas de Unión por la Patria. Tal es el caso del corrupto senador entrerriano Edgardo Kueider. También ha resultado muchísimas veces funcional a La Libertad Avanza aquellos que responden al gobernador santiagueño (aliado histórico del peronismo) Gerardo Zamora. A esto se le suma, por supuesto, el peronismo cordobés.

El ajuste de los gobernadores

Cristina, como presidenta del PJ, señaló que sólo reconoce como gobernadores “propios” de Unión por la Patria a Axel Kicillof de Buenos Aires, Ricardo Quintela de La Rioja, Gildo Insfrán de Formosa, Sergio Ziliotto de La Pampa y Gustavo Melella de Tierra del Fuego. Sin embargo, y más allá de sus discursos opositores “contra la motosierra de Milei”, en todos los casos aplicaron sus respectivos ajustes provinciales, como lo sufrieron docentes y el resto de los trabajadores estatales de esas jurisdicciones. Además, Kicillof se jugó a implementar su propio RIGI y Quintela llegó a pagar salarios con bonos (llamados “Chachos”).

El peronismo frente a las medidas de la motosierra

Este año hubo innumerables luchas y resistencias frente a las distintas medidas de ajuste. A la mayoría de los dirigentes políticos del peronismo no se los vio apoyando esas luchas. Mucho peor fue, sin duda, el rol de los dirigentes sindicales peronistas, conducción de la CGT y las CTA. La burocracia de la CGT, en particular, directamente asumió un pacto con el gobierno desde el mes de mayo, archivando cualquier medida de fuerza nacional y dejando pasar todas y cada una de las medidas del súper-ajuste.

El programa político “alternativo” del peronismo

Además de todo lo anterior, que ya permite afirmar que el peronismo no ha estado para nada a la altura de la pelea contra el gobierno de Milei, cabe la pregunta de cuál es el programa alternativo que postula el peronismo frente al superajuste. Nada muy distinto a lo que llevó adelante el gobierno de Alberto, Cristina y Massa, un ajuste supuestamente “más humanizado” y con otro discurso: la utopía reaccionaria de que es posible negociar un acuerdo “progresista” con el FMI y seguir pagando la deuda mientras se “redistribuye la riqueza”. Nada de esto sucedió en la realidad, al igual que en anteriores gobiernos, se llevó adelante el ajuste para garantizar los pagos de deuda y cumplir con las exigencias del Fondo.

En síntesis, el peronismo en todas sus formas, y Cristina como líder en particular, no son la salida que necesita el pueblo trabajador. Esta viene por izquierda, como venimos construyendo y postulando desde el FIT Unidad.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada en CABA por Izquierda Socialista en el FIT-Unidad
 
Jorge Macri es el mejor alumno de Javier Milei y, desde que asumió el gobierno, puso en marcha el mismo plan de ajuste y austeridad, pese a que la Ciudad de Buenos Aires tiene superávit fiscal desde hace años. Los alquileres y las tarifas porteñas subieron a escalas estrafalarias. En la ciudad más rica del país, la pobreza y la indigencia se duplicaron en un año. De acuerdo a los datos oficiales 1.083.000 personas (35%) están por debajo de la línea de pobreza y 471.000 personas (15%) por debajo de la línea de indigencia.

Alquilar en CABA se volvió una odisea. Con la reforma del Código Urbanístico (que establece lo que se puede construir en la ciudad) se sigue beneficiando a las grandes desarrolladoras inmobiliarias con quita de impuestos, para que sigan construyendo torres de lujo en las que no va a vivir ninguna familia trabajadora. La crisis habitacional se viene profundizando en los últimos años de gestión PRO con un aumento del porcentaje de inquilinos. Según los datos recopilados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el 37% de los hogares en CABA son inquilinos y entre los adultos jóvenes (30 a 45 años) asciende a 52%.
 
Una banca al servicio de las luchas porteñas

Contra esta política del PRO hemos batallado todo el año y denunciado desde la banca de Izquierda Socialista en el FIT-Unidad. Una banca al servicio de las luchas, como la pelea que dieron las enfermeras y enfermeros para ser incorporadas a la carrera profesional (Ley 6035) con un reconocimiento a su trabajo no solo económico. Acompañamos a los familiares de Cromañón que en su 20° aniversario exigen una reparación integral para todas las víctimas de la masacre.

Desde la banca también hemos acompañado al equipo interdisciplinario del Centro de Salud Mental Nro. 1, ubicado en el barrio de Nuñez ya que el predio en el que funciona desde hace años salió en el listado de inmuebles para ser rematados via el Decreto Nacional 950/24. Un verdadero ataque a la salud en general y en particular a la salud mental de miles de pacientes que se atienden en el Centro y que el gobierno porteño aún no se ha pronunciado, lo que lo transforma en cómplice. Al igual que en el Bonaparte, la organización de la comunidad es clave para lograr frenar el remate y que el Centro siga funcionando dónde está.

Por último, tuvimos la pelea por el boleto educativo. Un reclamo que lleva décadas y que con la rebelión estudiantil de este año y las tomas de universidades contra el veto presidencial, cobró mayor relevancia. Los tarifazos en el transporte afectaron directamente el derecho a la educación y les estudiantes tienen que dejar de cursar por no poder pagar el boleto. Gracias a esta lucha, se logró discutir en la Legislatura la gratuidad del boleto educativo para estudiantes universitarios y de los institutos de nivel superior. Un paso adelante en esta lucha que debe continuar para alcanzar también a toda la docencia.

Desde la banca en la Legislatura porteña renovamos nuestro compromiso de seguir acompañando estas luchas y las que seguirán en 2025.

El 26 de diciembre asumirán como concejales de La Matanza Olga Ortigoza y Leonardo Portorreal. Lo harán en reemplazo de Juan Romero (PO) y Natalia Hernández (PTS), haciendo efectivo el sistema de rotación de bancas que caracteriza al Frente de Izquierda Unidad.

Fueron miembros de la comisión directiva del combativo Suteba La Matanza. Olga es además dirigente nacional de nuestro partido y referente docente de la oposición Multicolor en la Provincia de Buenos Aires. Leonardo es dirigente docente en La Matanza, además de haber formado parte del combativo cuerpo de delegados de la Unión Ferroviaria seccional Oeste junto al “Pollo” Sobrero y otras compañeras y compañeros.

Con la asunción de Olga y Leo nos proponemos darle continuidad a una bancada que apoye todas las luchas del distrito, de pelea contra el PJ de Espinoza y la política de Milei en el municipio luchando por una salida socialista para el pueblo trabajador matancero.
                                                                  
Corresponsal

El #22N en el Congreso Nacional se realizó la audiencia pública de presentación del proyecto de ley por “La Estatización del sistema Ferroviario bajo gestión de trabajadoras y trabajadores y organizaciones de usuarios” convocada por la diputada nacional y delegada ferroviaria Mónica Schlotthauer junto al bloque del Frente de Izquierda-Unidad ante la amenaza por parte del gobierno de Milei de privatizar el ferrocarril. Pedí el folleto a quien te acerca El Socialista.

Escribe Adolfo Santos

El gobierno de Milei ha enviado al Congreso dos proyectos de Ley para cambiar el sistema político electoral. Por supuesto que no es para mejorarlo, sino para hacerlo más proscriptivo y antidemocrático, lo cual podría implicar una proscripción para la izquierda y otras fuerzas opositoras menores.
 
Esto es parte de una política que quiere acallar las voces discordantes y en particular de quienes lo enfrentamos consecuentemente, embiste contra los derechos democráticos esenciales con el fin de que lleguen a la contienda electoral sólo los partidos patronales financiados por grandes capitalistas.

Uno de los proyectos elimina las PASO. El Frente de Izquierda siempre denunció que las PASO son proscriptivas, ya que imponen un filtro con el piso de votantes para poder pasar a las generales. Desde su conformación, las PASO fueron un claro intento de proscribir a partidos menores y a la izquierda, pero la reforma de Milei va más allá.

Con esta reforma el Estado dejará de aportar a las campañas electorales y se abrirá paso al financiamiento privado casi sin límites. Así sobrevivirán sólo las fuerzas políticas financiadas por grandes empresarios y banqueros, tal como lo hizo La Libertad Avanza (LLA) de Milei con una cena donde recaudó, de parte de esos personajes, diez millones de dólares.

El gobierno miente diciendo que con esto dejará de financiar a los “sellos de goma”. A diferencia de los sellos de goma que usó Milei para presentarse en varias provincias, el Frente de Izquierda Unidad, participa en las elecciones e interviene políticamente en todo el país; cuenta con cinco bancas nacionales y otras en distintas provincias y distritos. Además tiene presencia en el sindicalismo combativo, organizaciones piqueteras combativas, centros de estudiantes, en defensa del ambiente, mujeres y disidencias, derechos humanos, etcétera.

El gobierno también pretende eliminar los espacios electorales gratuitos en radio y televisión que, por los costos prohibitivos de la publicidad, este cambio llevará a monopolizar la propaganda electoral. Por ejemplo, un espacio de apenas quince segundos en un canal de televisión abierta cuesta más de cinco millones de pesos; sólo La Libertad Avanza, el PRO, los radicales y el PJ, financiados por bancos, laboratorios o grupos de inversión, tendrán acceso a difundir sus propuestas y se beneficiará su aparato clientelar con punteros o trolls pagados para hacer política. La izquierda, que denuncia sistemáticamente los negociados de esos sectores, no podrá hacerlo.

Los proyectos acaban con los debates presidenciales obligatorios para evitar que la izquierda pueda desenmascarar las mentiras de los candidatos patronales. Y también van por las personerías de los partidos nacionales, aumentan a diez las personerías provinciales necesarias, cuando hoy son necesarias cinco, y le agregan el requisito de contar con casi 40.000 afiliados. Los partidos deberán contar como mínimo con más del doble de afiliados de lo que exige la Ley actual. Y elevan del 2% al 3% los pisos de votos a obtener en al menos una de dos elecciones consecutivas para no ser declarados caducos. En el caso de tratarse de un frente electoral como el Frente de Izquierda, ese 3% se multiplica por los cuatro partidos que lo integramos, llevando el piso final a un 12% del padrón (unos cuatro millones y medio de votos), una clara proscripción. La clase trabajadora y sectores populares no tendrán opciones distintas a las que financian los grandes grupos económicos para su beneficio.

Es evidente que el gobierno no quiere diputadas y diputados que estemos en las luchas, ganemos como una maestra, juremos por los 30 mil, defendamos al pueblo de Palestina, postulemos el no pago de la deuda externa y un gobierno de la clase trabajadora. Los operadores de Milei ya están negociando con sectores de la oposición patronal, incluso con el peronismo kirchnerista, para que estos proyectos puedan ser aprobados en el Congreso Nacional como parte de las negociaciones que mantienen con el Presupuesto 2025 o la puja en la designación de los jueces. Ya que esta reforma depende de los votos de las bancadas cómplices, que incluye a sectores de Unión por la Patria, como ya ocurrió con otras leyes, vetos y los DNU. Por ello, le exigimos a los legisladores peronistas, que dicen defender los derechos democráticos, que no voten y rechacen de plano estos proyectos.

Desde el Frente de Izquierda Unidad llamamos a la más amplia unidad de todos los partidos y personalidades que se reclaman democráticos, organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, barriales y estudiantiles a pronunciarse para frenar este proyecto reaccionario, antidemocrático y proscriptivo. Lanzamos esta campaña en todo el país con un petitorio que invitamos a firmar y sumarse a la pelea contra la proscripción.