Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

El martes 8 de junio tuvo lugar en el Congreso nacional la reunión de legisladores con representantes de los laboratorios proveedores de la vacuna Covid-19 en la Argentina, en la que fue la estrella del evento el laboratorio Pfizer, el único de los presentes que no ha llegado a un acuerdo con el gobierno nacional.

Pfizer exige blindaje jurídico total

En los últimos días se esbozaron distintas explicaciones sobre esta situación. Mientras la diputada Cecilia Moreau y otros referentes del Frente de Todos hablaban de la exigencia de la “entrega de los parques nacionales” como garantía del acuerdo, del otro lado de la “grieta”, para la dirigente de la oposición patronal de Juntos por el Cambio Elisa Carrió, el desacuerdo con la empresa fue “una decisión geopolítica de Cristina de aliarse con Rusia, China, Venezuela e Irán” (Clarín, 6/6/2021).

En el Congreso, el CEO de Pfizer resumió en una sola frase los desacuerdos: “Hoy la ley vigente no es compatible con algunos aspectos contractuales que ofrece Pfizer”. La multinacional norteamericana objeta la ley sancionada el año pasado, hecha expresamente para blindar judicialmente a los monopolios farmacéuticos. Esta norma, una verdadera claudicación de soberanía, fue aprobada por el Frente de Todos y Juntos por el Cambio con el solitario voto en contra de los diputados del FIT Unidad. Sin embargo, por necesidades internas, el Frente de Todos debió disimular su “retroceso” introduciendo una causa de excepción “en caso de negligencia de las empresas”. Para Pfizer, este tímido agregado resulta inaceptable y exige que se borre del texto legal para que quede bloqueada absolutamente toda posibilidad de juicio contra las farmacéuticas en caso de perjuicio por efectos colaterales de la vacuna.

Pfizer, subsidiada y apoyada por el gobierno de los Estados Unidos, impuso en los contratos que firmó con los gobiernos la exención de responsabilidad por los efectos secundarios de sus vacunas. Correrán por cuenta de los gobiernos “…las compensaciones por muerte, heridas físicas, mentales o emocionales, enfermedades, discapacidades, pérdida o daños de una propiedad, pérdidas económicas o interrupciones de la actividad económica” (La Vanguardia, 22/4/2021).

Modificar la ley sería una humillante derrota para un gobierno que se dice “nacional y popular”, pero los abogados de la empresa rechazan las soluciones barajadas. Juntos por el Cambio está dispuesto a enmendar la ley como pide la multinacional. El gobierno peronista está en un brete y no está descartado que termine como Bolsonaro que, tras meses de lanzar bravatas contra Pfizer, aceptó las cláusulas antes criticadas, entre ellas que Brasil asumiera la responsabilidad por los efectos adversos (Clarín, 8/4/2021).

Fracasó el plan del gobierno, hay que centralizar la producción de vacunas y desconocer las patentes

Mientras tanto, los funcionarios no se cansan de anunciar continuas llegadas de vacunas para ocultar el fracaso de su plan de vacunación. Haciendo simples cuentas, se puede saber que faltan, por lo menos, 50 millones de dosis para completar la cantidad de vacunados que permita llegar a la “inmunidad de rebaño”. ¿Qué hace el gobierno para lograrlo? El jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, reconoció que por no desembolsar 60 millones de dólares desecharon un lote de Covax que hubiera permitido vacunar a 20% de la población, unos nueve millones (La Nación, 2/6/2021). Un verdadero crimen motivado por el ahorro para pagar la deuda externa.

Demostrando que la Argentina tiene capacidad para producir vacunas, empieza el fraccionamiento y envasado del principio activo de la Sputnik V, a cargo del laboratorio Richmond. En la planta de Sigman, en Garín, ya se hicieron más de 80 millones de AstraZeneca y el mismo empresario se prepara para hacer la vacuna Sinopharm en su laboratorio, Elea.  Esto es insuficiente. Tenemos que exigirle al gobierno peronista que debe centralizar, impulsar y controlar la producción de las vacunas para inmunizar ya, ahora, a toda la población.

El primer paso para lograrlo es incautar la producción de la fábrica de Sigman en Garín. Es imprescindible que el gobierno del Frente de Todos ponga a trabajar toda la capacidad de la industria farmacéutica en la elaboración de las dosis y como, Alberto Fernández ha dicho, que se liberen las patentes para que haya vacunas para todas y todos.

Escribe Adolfo Santos

En una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y Acción Social y Salud Pública y los presidentes de bloque fueron citados al Congreso algunos laboratorios para brindar detalles sobre los contratos de las vacunas. Anunciada como una “sesión histórica” para “generar transparencia”, el Frente de Todos simuló que iban a rendir cuentas. Incluso se promocionó que debían hacerlo “bajo apercibimiento de ley”. Una fantochada. AstraZeneca, por ejemplo, no concurrió y dicen que estaría citada para otra reunión informativa la semana próxima. Justo la responsable de no entregar 22 millones de dosis que prometió, a pesar de que el gobierno pagó el 60 por ciento. Y son las que se producen en Garín, una escandalosa impunidad.

El gobierno montó un pequeño show para intentar desmentir la denuncia de la oposición patronal de Juntos por el Cambio, de que el gobierno peronista no cerró contrato con Pfizer porque la farmacéutica no quiso recibir coimas. El representante de Pfizer, Nicolás Vaquer, terminó reconociendo que si no se cambia una ley ya votada “no es compatible con aspectos contractuales”. Quiere más garantías que lo eximan de cualquier responsabilidad.

El presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, señaló: “Se está discutiendo si hace falta cambiar la ley”. Por su parte, Juntos por el Cambio presentó un proyecto para cambiar la ley, demostrando la completa sumisión a las farmacéuticas.

Lo que no hizo el CEO Vaquer, incluso por recomendación del propio presidente de la Cámara, Sergio Massa, fue responder a los interrogantes planteados por el diputado Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista. Nuestro diputado le preguntó por qué se niegan a liberar las patentes de las vacunas, lo que posibilitaría una producción mundial a la altura de las circunstancias. Cuestionó la vergonzosa inequidad en el reparto, el secretismo y la confidencialidad, entre otros temas, e hizo valer que la única salida viable para vacunar a todas y a todos pasa por incautar las vacunas que se producen en Garín. De eso no se habla.

El otro laboratorio que participó fue Richmond, del empresario Marcelo Figueiras, elogiado como “salvador” por los representantes del gobierno peronista por anunciar el envasado de la Sputnik V. Y ahora promocionan otra “vacuna argentina” cuando será para un laboratorio privado que recibió fondos del Estado para tal “inversión”, en acuerdo con Rusia. ¿Y si es una estafa como la del laboratorio mAbxience, de Hugo Sigman, que produce para AstraZeneca y no para el país?

El laboratorio Richmond envasará la vacuna rusa. ¿No era que no se podían envasar en el país? Y mAbxience produce la de AstraZeneca. O sea, la vacuna se podría elaborar y envasar poniendo a todos los laboratorios, públicos y privados, a trabajar en un plan de producción masiva que el gobierno del Frente de Todos rechaza para salvar las ganancias privadas de sus empresarios amigos.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

Al iniciarse una nueva sesión de negociación en la Organización Mundial de Comercio (OMC) hubo dos presentaciones de personalidades y organizaciones de todo el mundo reclamando la suspensión de las patentes para las vacunas y otros insumos necesarios para la lucha contra la pandemia. Estas dos presentaciones se suman al reclamo de 99 países -incluida la Argentina- encabezados por India y Sudáfrica que abogan desde el año pasado en el mismo sentido.

Una de ellas está encabezada por Noam Chomsky y Nancy Fraser de Estados Unidos, Naomi Klein de Canadá, y otras figuras de distintos ámbitos académicos, feministas, ambientalistas, científicos, sindicales, políticos y otros. Entre las organizaciones de nuestro país figuran, entre otras, la CTA (A), Amsafe, Ademys y Suteba Tigre. Su programa plantea la eliminación de los secretos comerciales, la transparencia y control público del desarrollo de las vacunas y el acceso universal, libre y gratuito a la vacunación y a los tratamientos. Demandan, además, “La expropiación y socialización de la industria farmacéutica privada, bajo control social, como base de un sistema sanitario público y universal que fomente la generación de tratamientos y la producción de medicamentos genéricos”.

La otra, encabezada por el premio Nobel Muhammad Yunus, George Clooney, Annie Lennox, Dia Mirza, Sharon Stone, Yemi Alade, Forest Whitaker, Lily Cole, Peter Gabriel, y organizaciones como Amnesty International, Oxfam y otras reclama que la industria farmacéutica comparta la tecnología y los gobiernos liberen las patentes de vacunas y otros insumos. Han juntado 2.700.000 firmas. 

Nuestra campaña que venimos realizando desde Izquierda Socialista y la UIT (CI) es parte de este creciente clamor mundial por la liberación de las patentes para disponer de vacunas para todas y todos para terminar con la pandemia. 

Escribe Joel Rojo

En la Argentina ya hay 82.667 muertos por Covid-19 y en Córdoba se alcanzó el récord, 53 en un solo día. El 2 de junio hubo 587 muertes en todo el país, es como si tres aviones Boeing 707 con los pasajeros y la tripulación se hubiesen estrellado sin dejar sobrevivientes. Estas muertes evitables son responsabilidad de Alberto Fernández y de todos los gobernadores. Ellos y sus parlamentarios son defensores del régimen de patentes que impide la producción masiva de vacunas y también son los que se negaron a tratar el proyecto de ley de nuestro diputado, Juan Carlos Giordano, que declara de utilidad pública al laboratorio mAbxience, que en Garín produce veinticuatro millones de vacunas por mes. Esto hubiese permitido incautarlas para luego proceder a inmunizar a toda la población, evitando miles de decenas de contagios y muertes.  

El 2 de junio solo Córdoba aportó 34 muertos. Entre los fallecidos se encontraban Vilma Levrino y Alejandra Taborda, docentes de esta capital empujadas a la muerte por la política criminal de Schiaretti de mantener la presencialidad a cualquier costo. Mandó a miles de docentes y padres con sus hijos a viajar apiñados en el transporte público y a juntarse en las aulas sin estar vacunados, o teniendo una sola dosis. Él, en primer lugar, sus ministros y la burocracia sindical son responsables de estas muertes. Y también lo son de las consecuencias sociales, con 70.000 nuevos pobres en el Gran Córdoba.

El sistema de salud

Durante décadas, la salud pública provincial fue desmantelada por peronistas y radicales en favor de la medicina privada. Sus trabajadores cobran salarios de miseria y son obligados a jornadas extenuantes y al pluriempleo, por lo que están más expuestos al contagio. Además, a la falta de personal de salud se suma que, en plena segunda ola, fueron despedidos setenta y dos trabajadores y trabajadoras que estaban contratados, algunos con más de diez años de antigüedad. Una política criminal por donde se la mire. 

Los datos que publican son mentirosos. Hay hospitales que no pueden recibir más pacientes graves, que terminan deambulando de una localidad a otra. Somos la segunda provincia en cantidad de contagiados y muertos. Con una ocupación Covid de 81,8%, cuando las otras patologías estacionales crecen, apelan de apuro a carpas prehospitalarias con más camas pero con el mismo personal. El cuadro se completa con la especulación de las clínicas privadas que, con la complicidad de ATSA, vienen retrasando el aumento paritario y los salarios a sus trabajadores aduciendo que no tienen plata cuando acaban de recibir aumentos en los subsidios y en las prepagas. Al mismo tiempo, derivan pacientes al hospital público para atender a sus pacientes vip. Se hace imprescindible centralizar, bajo control de los trabajadores de la salud y los usuarios, todo el sistema sanitario. Hay que combatir la pandemia poniéndose al servicio del pueblo y no de las ganancias de los privados. 

Por el colapso proyectan encierros y amenazan con represión si no se cumplen, pero lo hacen sin poner plata para quienes viven del rebusque diario, para los que no tienen trabajo y para aquellos cuyos salarios y jubilaciones ya no alcanzan. También llevan a la ruina a los pequeños talleristas y comerciantes que han salido a movilizarse. Su argumento es que “no hay plata” cuando hacen obras innecesarias, como la autovía de Punilla, que además de perjudicar el medio ambiente cuesta 100 millones de dólares. 

Córdoba y el país viven una gravísima situación. Hay que tomar medidas excepcionales como las que proponemos en nuestro programa de emergencia.

Escribe Doctor Oscar Atienza

La provincia de Córdoba está sumergida en una situación muy compleja, casi de caos sanitario, esto producto del manejo político de la pandemia, siempre decidieron ir contra el gobierno nacional y no privilegiaron la salud de los cordobeses, sino que optaron por agregar camas de terapia intensiva y avanzar hacia la defensa de la economía como punto diferenciador.

En las últimas semanas comenzamos a advertir que el sistema de salud colapsaba, que habiendo llegado a niveles de ocupación plena con casi 2.903 camas de UTI ocupadas debían agregar 400 camas más, lo que efectivamente hicieron el día 11 de mayo, llevando a Córdoba a tener 3.303 camas de UTI, eso no duró mucho tiempo, apenas unos días y volvió a colapsar el sistema, intentaron agregar más camas pero no pudieron por la limitación del personal de salud. Fue allí cuando optaron por agredir a quienes veníamos alertando sobre la situación, utilizando calificativos hacia mi persona ya que denunciaba situaciones de sobrecarga del sistema sanitario en diferentes medios locales y nacionales, apenas a 48 horas de estos dichos la provincia de Córdoba tuvo que tomar medidas más duras, casi fase uno reconociendo que no habían más camas para atender a los cordobeses.

El martes 8 se aprobó el código rojo, que posibilita la internación de personas en sus domicilios incluso aquellos que necesitan oxígeno, sin necesidad de trasladarlos al hospital, esto porque ya no hay lugar.

Lamentamos mucho que en lugar de preocuparse de la salud de los cordobeses intenten censurarme, tal como lo refirieron periodistas nacionales que recibieron presiones para que no me entrevisten más.

En varios medios el ministro de salud de la provincia Diego Cardozo, ha manifestado enfáticamente que: “El doctor Atienza es un irresponsable que no sabe nada de salud pública” como respuesta a mis denuncias, de hace meses, de que iba a ocurrir lo que ya está ocurriendo. Esperemos que con el mismo énfasis con que me atacan, se ocupen de la salud pública y trabajemos para que las personas no se enfermen de lo que no deben enfermarse y no mueran de lo que no deben morirse.