Escribe Pilar Barbas, dirigenta de la Juventud de Izquierda Socialista

Desde la banca del Frente de Izquierda, e impulsada por la asamblea interfacultades de la Universidad de Córdoba, se realizó el martes 11 la audiencia pública por la absolución de les estudiantes que en 2018 se plantaron para defender la educación pública y hoy están siendo llevados a juicio.

La apertura de la audiencia estuvo a cargo de los diputados Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista) y Nicolás Del Caño (PTS). Hubo además una adhesión del diputado cordobés del FDT Pablo Carro, firmante junto a los mencionados legisladores del proyecto de ley presentado en el Congreso que exige la absolución. Estuvieron presentes, además de estudiantes y docentes procesades de Córdoba y Río Negro, personalidades reconocidas de los derechos humanos como la nieta recuperada e hija de desaparecidos Victoria Montenegro, y María Del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). Nora Cortiñas participó a través de un video y envió un saludo y criticó el inminente juicio. También intervinieron Blanca Barreiro, por La Gremial de Abogados, y Claudio Castro por la Coordinadora contra la Impunidad Policial.

Hicieron uso de la palabra, además de los partidos integrantes del FIT-Unidad (PTS, PO, IS y MST), referentes de distintas agrupaciones sociales y políticas como Marabunta, NMAS, Amaranto, Fogoneros y del espacio Tosco Vive, del Sindicato de Luz y Fuerza. Saludaron a la audiencia referentes de distintos centros de estudiantes y organizaciones docentes, como las integrantes de la comisión directiva de ATEN Capital, de los combativos Suteba multicolores, Ademys, AGD UBA, entre otros.

El arco de las organizaciones que intervinieron en la audiencia muestra que la campaña por la absolución de les estudiantes y docentes que defienden la educación pública es amplia y que tiene mucha fuerza para seguir impulsando todas las acciones que sean necesarias para tirar abajo el juicio que pretenden llevar adelante para aleccionar a quienes salen a luchar. Por eso decimos en unidad basta de criminalizar a quienes salen a luchar.

Escribe Mariana Scayola, secretaria general Ademys

Este miércoles 12 los sindicatos docentes combativos realizaremos una nueva jornada nacional de lucha. Será con paros, movilizaciones, apagones virtuales, actos y diferentes modalidades. Ademys, Adosac Santa Cruz, Sute Mendoza, los Suteba multicolores, Amsafe Rosario, MPL Misiones, de Chaco, Sutef de Tierra del Fuego, autoconvocados de La Rioja, Jujuy, GDA Formosa, la oposición en Córdoba, entre otros, seremos parte de esta jornada.

Es que, aunque nacionalmente la atención está en nuestra lucha en CABA contra la política criminal de Larreta, la situación educativa y económica es grave en todo el país.

Por las cifras de la pandemia en todas las provincias habría que pasar a la virtualidad, pero muy pocas la implementan.

En provincia de Buenos Aires, donde Fernández y el Frente de Todos se muestran como la antítesis de Larreta, esta misma semana, con récord de contagios y muertes, Kicillof decretó el regreso a la semi presencialidad escolar. Y en la mayor parte de la provincia nunca se pasó a la virtualidad. Argumentando que muchos chicos no tienen computadoras ni conectividad, el gobierno decide que docentes y estudiantes vayan a la escuela a usar computadoras y recibir clases y trabajos prácticos. ¡En vez de garantizar la conectividad gratuita y repartir computadoras! Y lo mismo quieren hacer con las escuelas especiales. Por eso los Suteba Multicolores paran y se movilizan en caravana a La Plata. 

Esta política la llaman “presencialidad administrada”, pero lo único que administran es el regreso a las escuelas y el avance de los contagios. En Santa Fe, Peroti, que había adherido al DNU presidencial, dio marcha atrás. En Córdoba, la tercera provincia en contagios, Schiaretti se niega a pasar a la virtualidad, como el radical Suárez en Mendoza. Los gobernadores de Cambiemos y del Frente de Todos tienen la misma política, más allá de lo que digan.

Grave también es lo de Santa Cruz donde Alicia Kirchner sigue negando un verdadero aumento salarial, interviene gubernamentalmente en las Junta de Clasificaciones y sanciona a Adosac por negarse a aceptar la “conciliación obligatoria” en 2017. ¡Le pone una multa de 12 millones! Kirchner ataca el derecho de huelga y a la sindicalización. ¡Toda nuestra solidaridad con la docencia santacruceña!

Y en las provincias retoman con fuerza los reclamos salariales. Como La Rioja, donde los autoconvocados están parando y movilizándose a las rutas. La ficción “del aumento por encima de la inflación” que firmaron Alesso, Baradel y la Ctera en paritaria, no aguantó ni un trimestre y ya estamos por debajo. ¡Hace falta un inmediato aumento salarial!

Pero los dirigentes de Ctera siguen priorizando su apoyo al gobierno y su política de no luchar y dejar a cada provincia aislada, en vez de llamar a un plan de lucha nacional.

En CABA, encabezados por Ademys y junto a UTE y Camyp, seguimos en un duro plan de lucha, en otra semana de paros, movilizaciones y grandes acciones organizadas desde las escuelas. Las nuevas muertes de docentes y auxiliares nos generan una fuerte indignación en toda la docencia. Muertes lamentables y evitables que siguen reafirmando la justeza de nuestra lucha y el cinismo cruel y criminal de Larreta y Acuña, para quienes sólo somos porcentajes numéricos descartables. Además, su política antisindical se ratifica con los brutales e ilegales descuentos a los días de paro, que lleva a que miles de docentes suframos un recorte enorme a nuestro ya pobre salario.

Pese a estos ataques, la docencia y Ademys seguimos firmes en la lucha, aunque debemos combinar días de paro con acciones distritales y centralizadas. No es correcta la visión de algunas agrupaciones, que la lucha sirve sólo si es “con el paro por tiempo indeterminado”. Es una posición infantil, que no toma ni la realidad de la docencia ni la importancia de la masividad en las medidas a adoptar como sindicato. Es mucho más contundente un paro masivo, que muchos días de paros divididos y minoritarios. Fue un parazo el 14 de abril, un paro coordinado con los Suteba Multicolores y que arrastró a UTE, como le arrancamos a Fernández el DNU de la virtualidad, que Larreta incumplió después. Y con asambleas masivas de Ademys, con mil docentes, sostuvimos dos semanas de paros. El aval a Larreta de la Corte Suprema, las amenazas de sanciones, la prohibición de clases virtuales y, sobre todo, los fuertes descuentos, llevaron a que muchos docentes volvieran a la presencialidad, pero con el ánimo de lucha firme. Por eso las asambleas de Ademys dieron continuidad a la lucha con paros de 24 o 48 semanales, volviendo a las escuelas a hacer asambleas y organizar medidas distritales. Y fueron justamente estas acciones, semáforazos, cacerolazos, bocinazos, caravanas, las más participativas e importantes.

Pegados a la base, organizándonos desde cada escuela y unificando la lucha los días de paro, ganando el apoyo de la comunidad, como vamos a terminar torciéndole el brazo a Larreta y Acuña.

Sumemos a la jornada de lucha nacional de la docencia combativa. Exijamos a Ctera y las burocracias provinciales asambleas y un plan de lucha nacional.

Escribe Martín Fú

La clínica San Andrés, situada en Caseros, está cerrada. La muerte de su dueño y la sucesión de los herederos dejó a ciento cuarenta y cuatro trabajadores en la calle. En plena pandemia, una clínica de la provincia de Buenos Aires, en donde más casos diarios se registran, está tomada por médicos, enfermeros, radiólogos, instrumentadores y técnicos, es decir, sus trabajadores, que reclaman a las autoridades sanitarias su reapertura. La clínica es el lugar donde se atienden miles de afiliados del IOMA y de PAMI.

Los cierres, hace algunos meses, de la clínica Sagrado Corazón en Hurlingham, con ciento veinte camas, y de la clínica Mariano Pelliza de Munro, con ciento cuarenta camas, alertan una vez más sobre un sistema de salud privado vaciado y al borde del colapso.

La clínica San Andrés cuenta con noventa camas de internación y doce unidades de terapia intensiva (UTI) con sus respectivos respiradores. Para los trabajadores resulta insólito que, en plena segunda ola del coronavirus, se prescinda de infraestructura sanitaria y personal capaz de dar atención especial a los adultos mayores.

“Es una vergüenza que no nos den la posibilidad de abrir las puertas y poder ayudar en esta pandemia”. “No es solamente la fuente laboral, te hablo de poder ayudar a salvar vidas, que es lo que aprendimos y fuimos formados”, declaró Alicia Rey, jefa del servicio de cirugía de la clínica (Chicago Tribune, 7/5/2021). Desde el gobierno de Buenos Aires, el ministro de Salud, Daniel Gollán, se excusó diciendo: “No nos podemos meter porque es un asunto entre privados”. Los intereses económicos de los empresarios no pueden preponderar en medio de una pandemia sobre las necesidades de miles de enfermos y trabajadores que prestan un servicio esencial a toda la comunidad. 

Los trabajadores continúan con la ocupación, turnándose y manteniendo la clínica para que pueda estar operativa. Izquierda Socialista viene solidarizándose con esta lucha acompañando el reclamo, como dicen ellos, de que se estatice bajo control y administración de sus trabajadores para seguir combatiendo la pandemia y mantener la fuente de trabajo de todo el personal de salud que hoy se expone al avance del Covid-19.

El martes 11, más de un centenar de trabajadores del Hospital de Niños de San Justo cortaron la ruta 4 (Camino de Cintura) en protesta contra el magro acuerdo salarial de 32% en dos cuotas firmado por la burocracia de Troncoso, del sindicato municipal, a espaldas de los compañeros y las compañeras. Nos hicimos presentes compañeros de Izquierda Socialista junto con nuestra compañera Mónica Méndez, secretaria de organización de Cicop, y Olga Ortigoza, de la comisión directiva del Suteba La Matanza.

Esta acción se suma a las realizadas la semana pasada por las compañeras y los compañeros del hospital Germani, de Laferrere, y del Policlínico de San Justo. Los salarios de los trabajadores de la salud de La Matanza son los más bajos de todo el conurbano bonaerense y en muchos casos ni siquiera alcanzan la canasta básica, calculada según cifras oficiales en 60.000 pesos. Asimismo, hay médicos y enfermeras que aún no cuentan con las dos dosis de la vacuna. Es una vergüenza que quienes están dejando su vida por salvar la vida del pueblo trabajador del Covid-19 cobren salarios de pobreza y no reciban la protección adecuada para trabajar en pandemia. Seguiremos dando todo nuestro apoyo a estos trabajadores heroicos.

Corresponsal

Escribe Pedro Rodríguez, referente de la oposición en UTA

Este martes 11 se realizó la tercera jornada de cortes de los choferes autoconvocados de las zonas norte, oeste y sur del AMBA junto con los cuerpos de delegados de las líneas 60 y 540/553 que reclaman un aumento salarial de 100.000 pesos de bolsillo y un plan de vacunación para todos los choferes, ya que son esenciales y aún no recibieron una sola dosis.

Esta lucha se da por la enorme bronca que existe en la base, que viene soportando años de reducción salarial con el condimento de que esta paritaria debería haber cerrado en enero, pero la burocracia de Fernández no mueve un dedo para defender lo que firmaron en las diferentes actas prometiendo un básico de bolsillo de 71.000 pesos a partir de enero y 80.000 en mayo. Mientras se sigue posponiendo el acuerdo, los choferes están apenas superando el salario básico para no ser pobres. ¡Siguen  jugando con el sueldo de los trabajadores!

¿Por qué se dilata el acuerdo salarial?

Atada a las paritarias se encuentra la negociación entre el gobierno y las patronales del transporte por los subsidios. Reciben desde hace años millones de pesos sin que esa plata se invierta en más frecuencias, coches o mejores salarios. Los gobiernos garantizan las ganancias de patronales como Dota o Metropol sin que haya ningún beneficio para el pasajero o el chofer. La conducción de UTA y la oposición burocrática (la agrupación Palacios) juegan a favor de sus patronales, por eso no mueven un dedo ante el atraso salarial.

Para poder terminar con esto debemos barrer a las dos alas de la burocracia y para eso debemos fortalecer esta coordinación, que se extienda al interior del país donde los choferes sufren despidos, cierres de empresas y meses sin cobrar salarios. Que se extienda a los choferes de larga distancia y se pueda golpear con un solo puño. Tenemos el ejemplo de los trabajadores de la salud de Neuquén que, por fuera de la burocracia sindical, se autoorganizaron y lograron un aumento salarial de 53 por ciento.

¡Aumento salarial de 100.000 pesos y vacunas para todos los choferes!