Escribe Pablo Almeida, delegado general Ministerio de Economía y legislador porteño Izquierda Socialista/FIT Unidad

La situación de atraso salarial de los trabajadores estatales nacionales se ha vuelto insostenible con una pérdida acumulada solamente en los últimos cuatro años de más de 40% del poder adquisitivo. Tenemos salarios que arrancan por debajo de los 30.000 pesos,  menos de la mitad de la línea de pobreza. Esta situación que se arrastra desde hace más de una década ha pegado un salto en los dos últimos años del gobierno de Macri y en el primer año del gobierno de Fernández con cierres paritarios firmados por el gremio pro patronal UPCN que han llegado a 10,15 y hasta  25 puntos por debajo de la inflación.

La conducción burocrática de ATE también ha sido parte de estos vergonzosos acuerdos durante el último año. Dejaron pasar las cláusulas de revisión de la paritaria de 2019 consagrando una pérdida salarial que ha sido la mayor en los últimos quince años y firmaron la paritaria 2020 que dejó a las trabajadoras y los trabajadores estatales muy lejos de la canasta familiar, que hoy asciende a 92.500 pesos.

Por eso, y frente a la inacción de la conducción de nuestro sindicato, un conjunto de juntas internas, cuerpos de delegados y agrupaciones hemos convocado a medidas de visibilización exigiendo el fin de la miseria salarial, reclamando un aumento de emergencia en una sola cuota de 40% para comenzar a recuperar lo perdido y que la paritaria que debe firmarse este 2021 sea de indexación mensual acorde con la inflación. En unidad, las juntas internas de ATE del Indec, Ministerio de Economía, Trabajo, Cultura, Senasa, INTI e Incaa, junto con cuerpos de delegados y agrupaciones de organismos nacionales hicimos una conferencia de prensa el pasado 5 de mayo frente al Indec y este miércoles 12 haremos una radio abierta frente al Ministerio de Economía.

Desde Estatales en Marcha llamamos a profundizar la unidad en la lucha contra los salarios de hambre y la precarización laboral. 

Las trabajadoras y los trabajadores de Garbarino se vienen organizando y denuncian la falta de cobro de sus salarios y el fin de las 1.300 suspensiones sobre una planta de 4.500 trabajadores. Además, hace más de un año la patronal no realiza los aportes de las jubilaciones y las obras sociales, por lo que en la pandemia no cuentan con obra social.

Garbarino es una de las grandes firmas de venta de electrodomésticos del país. Carlos Rosales compró la empresa y comenzó a aplicar un plan de reestructuración cerrando locales y suspendiendo personal con el fin de orientarse a la venta online. El propio Rosales argumentó que Garbarino llegó a picos de facturación de 900% a 1.000% desde su llegada, pero nada de eso llegó para sus trabajadores. Hoy vuelven a correr rumores de una futura venta que genera fuerte incertidumbre sobre el futuro de 4.500 fuentes de trabajo. Ya cerraron más de treinta sucursales, entre las últimas, Merlo, Rosario y Córdoba. 

Ante este escenario, la burocracia de comercio es cómplice del ajuste y los trabajadores denuncian que generan miedo entre los que se organizan para exigir el fin de las suspensiones, el cobro de los salarios adeudados y que se garantice la fuente de trabajo. Desde Izquierda Socialista apoyamos a las trabajadoras y los trabajadores autoconvocados de Garbarino para que triunfen en sus reclamos. Este viernes 14 estaremos presentes en la concentración que se realizará en la sucursal de Belgrano. 

 Corresponsal

Escribe Daniel Vera, docente, miembro de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina

El 30 de abril pasado fue un día histórico en la lucha por la separación de la Iglesia del Estado. En la conservadora y religiosa Catamarca se condenó a doce años de prisión efectiva al cura abusador Juan de Dios Gutiérrez, que había manipulado y abusado de una joven de 16 años.

Las desesperadas artimañas usadas para postergar y obstruir el juicio por parte de la defensa del cura dan una muestra acabada de los “recursos” de que dispone esta institución para defender y encubrir sistemáticamente los abusos de sus miembros. Recursos que salen de nuestros propios bolsillos. El gobierno nacional y los gobiernos provinciales le otorgan a la Iglesia subsidios, privilegios y exenciones de impuestos a los cuantiosos inmuebles que destinan al “mantenimiento del culto”.

En esta misma línea, el lunes comenzó en Mendoza el tercer juicio por abusos en el instituto Antonio Próvolo, un colegio católico que “albergaba” niñas y niños hipoacúsicos y con otras discapacidades. Ya fueron condenados por la misma causa dos curas, a más de cuarenta años de prisión, y el jardinero. Ahora hay nueve mujeres imputadas, entre ellas dos monjas. El albergue se transformó en un lugar de abusos. Los relatos de las niñas y los niños son terroríficos.

Estos privilegios que encubren la impunidad de la Iglesia fueron ratificados por la última dictadura militar. Mediante el “decreto ley” 21.540, firmado por Videla, el Estado debe pagar con fondos del presupuesto general “una asignación mensual vitalicia” a los miembros de la “alta jerarquía católica, apostólica y romana” que se jubilen “por razones de edad o de invalidez”. Vale aclarar que jamás hicieron un aporte. Y lo más grave en esta connivencia entre Estado e Iglesia es que ningún gobierno, desde la vuelta a la “democracia” en 1983 hasta ahora, propuso derogar este y muchísimos decretos leyes que vienen de esa época nefasta.

Hoy, las instituciones educativas católicas no solo reciben cuantiosos subsidios del Estado, que deberían estar destinados a la educación pública, sino que cuentan con una “excepcionalidad” donde el mismo Estado permite que se viole la ley al no incluir en los programas la educación sexual integral (ESI), o que se la modifique de tal modo que los contenidos desaparezcan. Contenidos que, objetivamente comprobado, colaboran para evitar el abuso de niñas y niños en las escuelas.

Por eso hoy, con la fuerza incontenible de la marea verde de las mujeres y continuando esa lucha que ellas comenzaron, es el momento oportuno para luchar contra una institución que “predica” el patriarcalismo y utiliza su poder en contra de los derechos de los más vulnerables. Debemos exigir la separación ya de la Iglesia del Estado y la quita de todos los beneficios económicos que se le otorgan a la Iglesia Católica. Que los cultos sean mantenidos por sus seguidores, no por el Estado.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista/FIT Unidad

La conquista del derecho al aborto en la Argentina fortaleció la pelea en los países latinoamericanos que aún mantienen legislaciones restrictivas. Tal es el caso de Ecuador, donde se logró la despenalización cuando el embarazo es producto de una violación, y en República Dominicana, donde se lo hizo cuando la mujer corre peligro de vida. Ambos logros parciales ayudan al debate de la despenalización social y fortalecen la pelea por conquistar el derecho al aborto voluntario en todo el continente.

La Corte Constitucional de Ecuador despenalizó el aborto en todos los casos de violación y no solo cuando las víctimas son mujeres con discapacidad mental, como hasta ahora lo establecía el Código Penal ecuatoriano. Desde distintas agrupaciones feministas celebraron la noticia como una conquista social que alivia en parte la situación de vulnerabilidad de muchas niñas ecuatorianas en un contexto de crecientes abusos sexuales en el ámbito familiar. Ecuador es el segundo país sudamericano, después de Venezuela, con mayor tasa de embarazo adolescente. Las cifras: 77,3 de cada 1.000 partos corresponden a niñas y adolescentes, lo que se traduce en que cinco niñas de entre 10 y 14 años se convierten en madres diariamente.

En República Dominicana, las organizaciones feministas desde hace más de un mes se encuentran acampando frente al Palacio Nacional exigiendo que se incorporen las tres causales, peligro de vida, salud y violación en el Código Penal, para terminar con la prohibición total del aborto. Sin embargo, el Congreso, desoyéndolas y favoreciendo a los sectores antiderechos, votó a favor de una única causal, cuando peligra la vida de la mujer. Por eso, las organizaciones de mujeres dominicanas están convocando a una gran movilización unitaria el 23 de mayo por la despenalización del aborto. Sin dudas, la movilización y organización de las mujeres, de manera independiente de los gobiernos, es el único camino para lograr el aborto legal y todos nuestros derechos.

Escribe José “Pepe” Rusconi

Parece que fue ayer. La mañana del 12 de mayo de 1977 nos encontramos con Miguel en una de las diagonales de la ciudad de La Plata. Él era trabajador de Petroquímica Sudamericana, hoy Mafissa, y yo de Propulsora Siderúrgica, hoy Siderar. Ambos éramos militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST).

En ese encuentro Miguel me dijo: “Anoche iba a la casa de los chicos y vi unos tipos raros en la entrada del pasillo, seguí hasta la esquina y volví, pero cuando pasé nuevamente vi que tenían armas largas y me fui”. Los chicos a quienes se refería Miguel eran Julio Matamoros, Mónica de Olazo y Alejandro Ford, que vivían en el barrio de las Mil Casas de Tolosa, en La Plata. Ellos también eran militantes del PST.

Julio, a quien le decíamos Bocha, tenía 21 años y era estudiante de derecho. Militó en la Juventud Socialista hasta que ingresó al Banco Crédito Provincial. Moniquita tenía 18 años y comenzó a militar cuando cursaba la secundaria. Alejandro, el Negro, tenía 20 años, estudió Bellas Artes y fue dirigente de la UES. Su caso fue muy resonante porque, siendo un cuadro importante, rompió con la JP para ingresar en la corriente trotskista morenista. Alejandro y Mónica eran pareja.

Por aquellos días Miguel y los chicos se reunían en un equipo que era la continuidad de otro que habían integrado conmigo y mi compañera, Pelusa. Es que, aun durante la dictadura iniciada en marzo de 1976, el PST seguía funcionando en la clandestinidad. Nos reuníamos cuidando la seguridad de todos y debatíamos la situación política, nos formábamos teóricamente y planificábamos actividades. Teníamos claro que aún hacía falta construir esa herramienta, el PST, que años antes, con el auge del peronismo y el guerrillerismo, se había ganado un lugar destacado dentro de la clase obrera y sus luchas. Pero no todo era política, también compartimos muchos momentos y se generaron grandes lazos de amistad.

Luego de que Miguel me describió lo que vio, fui hasta un teléfono público y llamé al trabajo de Julio y luego a su casa, no se había presentado a trabajar y su hermano, con la voz alterada, me dijo que no estaba y preguntó nerviosamente “quién habla”. No hacía falta más. Le dije a Miguel “los secuestraron” y dimos aviso al partido. Pasaron treinta y seis años sin saber qué había sido de ellos. En 2013 el Equipo Argentino de Antropología Forense los identificó, estaban enterrados como NN en el cementerio de Ezpeleta. Los habían fusilado frente a la comisaría de esa localidad, simulando un atentado, junto con otras dos víctimas.

Hoy, a cuarenta y cuatro años del día de su secuestro, los sigo recordando con sus sonrisas y esas tremendas ganas de cambiar esta realidad capitalista por un mundo más justo, un mundo socialista. Cuando veo a la nueva camada de jóvenes compañeros y compañeras entusiasmados en la tarea de construir el partido revolucionario me doy cuenta de que, a pesar de su muerte, no todo fue en vano. Veo en ellos los rostros de Julio, Moniquita y Alejandro. Esa es una de las razones por las que sigue valiendo la pena construir una organización revolucionaria como Izquierda Socialista.

¡Justicia por los compañeros del PST de Tolosa desaparecidos! 

Julio, Mónica y Alejandro ¡hasta el socialismo siempre!