Escribe Adolfo Santos

Nuevamente este año la pandemia nos impide realizar un acto callejero en conmemoración al Día Internacional de las y los Trabajadores. Por eso, este sábado 1º de mayo, desde las 16,30, Izquierda Socialista y el FIT Unidad convocamos al pueblo trabajador a sumarse a nuestro acto virtual. Será en apoyo a las luchas obreras y populares, a las peleas del movimiento de mujeres y para reclamar por vacunas para todas y todos y para rechazar los planes de ajuste que nos impone el FMI y aplica el gobierno del Frente de Todos en complicidad con la oposición patronal.

Hablaran dirigentes de los partidos del FIT Unidad y representantes de las luchas en curso. Por nuestro partido harán uso de la palabra el diputado nacional Juan Carlos Giordano, la dirigenta de nuestra agrupación de mujeres Isadora Mercedes Trimarchi, y los dirigentes sindicales combativos Rubén “Pollo” Sobrero secretario general de la Unión Ferroviaria Oeste y Mariana Scayola, secretaria general de Ademys. También, hablarán los dirigentes Celeste Fierro (MST), Gabriel Solano (PO) y Nicolás del Caño (PTS).

Ante el ajuste y la catástrofe sanitaria

- Por la victoria de las luchas obreras y populares

- Las vacunas están en Garín. No a las patentes

- Reapertura de las paritarias. Salario mínimo igual a la canasta familiar.

- Por un IFE de 40.000 pesos para quienes lo necesiten

- Ningún pacto con el FMI. No al pago de la deuda.

- Que la crisis la paguen los capitalistas

- Por una salida obrera y socialista

- Por la unidad socialista de América Latina

Conectate al acto del FIT Unidad a partir de las 16.30 a través de las redes sociales de Izquierda Socialista: Facebook, Instagram y YouTube 

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

Gilda Zurita, enfermera del hospital Penna, esperó varios días una cama de UTI en su obra social ObsBA. Cuando la obtuvo ya era tarde, falleció a las pocas horas. Fernando Gallego, kinesiólogo del mismo hospital, falleció luego de permanecer días en la sala de guardia sin lograr el ingreso a una terapia intensiva. Dos casos de trabajadores de la salud del hospital Penna, dos vidas perdidas por insuficiencia de recursos que revelan el desborde de todo el sistema.

“El sistema llegó a su límite” es la explicación oficial, como si fuera una maldición bíblica imposible de cambiar. No es así. Es producto de décadas de descuido por parte de los distintos gobiernos patronales del sistema público de salud y, en el caso de prepagas, obras sociales y sanatorios privados, es consecuencia del pillaje de sus fondos por parte de empresarios y burócratas sindicales. El límite no es un hecho de la fatalidad, lo está fijando el gobierno al no tomar las medidas necesarias que requiere la gravedad del momento.

El sistema privado busca ampliarse con más fondos públicos de los que ya recibe. El ministro de Salud de CABA entregó gratuitamente cincuenta respiradores al sector privado, luego quiso dar dos salas del hospital Muñiz a los privados, pero la reacción del personal lo impidió. Ni un centavo del Estado debe ir para obras sociales y sindicatos, los cuales tienen fondos multimillonarios. Que sus hoteles, escuelas y otras instalaciones sirvan para ampliar la oferta de camas. Tampoco para las prepagas, muchas de las cuales cobran 18.000 pesos al afiliado individual. Tienen los fondos para construir y alquilar. Por ejemplo, en Nueva York, en marzo del año pasado, un importante sanatorio privado, Mount Sinai, montó un hospital de campaña en pleno Central Park (La Nación, 31/3/2020). Es lo mismo que en nuestro país una gran prepaga, como OSDE o Medicus, instalara con sus propios recursos un hospital de campaña en Palermo para dar respuesta a la demanda.

Desde Izquierda Socialista venimos planteando la centralización nacional del sistema de salud en sus tres subsectores. No para salvar del colapso al sector privado y las obras sociales sindicales con los fondos que deben ir al sistema público, sino para planificar la atención de toda la población y controlar que los privados y las obras sociales presten la atención debida. Para que no se limiten a facturar, para que contraten el personal necesario. El ejemplo de Irlanda muestra que esto es posible. Tempranamente, en marzo del año pasado, su ministro de Salud anunció que “… los pacientes con este virus serán tratados de forma gratuita y como parte de un solo servicio hospitalario nacional. Mientras dure esta crisis, el Estado tomará el control de todas las instalaciones hospitalarias privadas y gestionará todos los recursos en beneficio común de todo nuestro pueblo” (The Journal.ie, Mar 24th 2020, Dublin).

Esta centralización debe ser acompañada por el fortalecimiento de todo el sistema de salud, que incluye la designación del personal necesario, la eliminación de la precariedad laboral y sueldos dignos que permitan vivir sin el pluriempleo. La centralización debe ser extensiva a las campañas de testeo, detección y rastreo y a la fabricación de vacunas en nuestro país, incautando las producidas en Garín por mAbxience del empresario peronista Hugo Sigman. Planteamos también el sostén económico de la población que deba aislarse con partidas de emergencia que engrosen los presupuestos de salud sobre la base de un verdadero impuesto a la riqueza y de la suspensión del pago de la deuda externa.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

El anuncio de la producción de la vacuna Sputnik VIDA por el Laboratorio Richmond dio por tierra con uno de los principales argumentos esgrimidos por Hugo Sigman y sus defensores sobre la imposibilidad de fraccionar y envasar la vacuna AstraZeneca completando su elaboración en la Argentina. En efecto, el principio activo de la vacuna será traído desde Rusia y acá será fraccionado y envasado en el laboratorio Richmond. ¿Por qué la vacuna rusa sí y por qué la vacuna Oxford no puede ser completada aquí? Es la pregunta que no tiene respuesta racional salvo que hay un acuerdo comercial que lo impide.

La industria del vidrio argentina no es obstáculo; las cinco principales empresas del país producen envases de vidrio a gran escala, entre ellas dos multinacionales. Los filtros y medios de separación para el principio activo, se utilizan en otras fábricas de la vacuna Oxford en la India, Corea y Europa. No hay obstáculo para que se usen también aquí.

El verdadero obstáculo son los compromisos del gobierno con la tríada AstraZeneca-Slim-Sigman. Mientras crece la ola pandémica y aumentan las muertes se han fabricado más de 24 millones de dosis en Garín y no hay un solo argentino que haya recibido la vacuna hecha en nuestro país. Por eso insistimos que el gobierno nacional debe incautar la producción actual y futura de mAbxience y completar la elaboración de la vacuna para proceder a la inmunización inmediata de millones.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

El presidente peronista Alberto Fernández vuelve a utilizar su acostumbrado doble discurso para presentar como un logro del Estado nacional lo que en realidad es un gran negocio privado de los amigos del gobierno. En este caso se trata de la vacuna Sputnik que, producida en Rusia, será fraccionada y envasada en la Argentina por el Laboratorio Richmond perteneciente al millonario Marcelo Figueiras. Este emprendimiento contará con financiamiento oficial a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) que preside el empresario José Ignacio de Mendiguren vinculado a Sergio Massa.

Parte de los lazos de Figueiras con el peronismo se deben a que está casado con la senadora María Laura Leguizamón. Ésta, que inicialmente fue del riñón duhaldista, estrechó luego relaciones con Cristina Kirchner en el senado, aunque más tarde fue candidata en las listas de Massa. La relación con Cristina le valió al Laboratorio Richmond ser uno de los cuatro proveedores del Estado de Oseltamivir, la droga contra la gripe H1N1. Según Pagni de La Nación, un consorcio también cercano a Massa y encabezado por el banquero Jorge Brito (h) está reuniendo 60 millones de dólares para financiar este emprendimiento que culminaría en un par de años con la producción íntegra de la vacuna rusa en la Argentina (La Nación, 27/4/2021).

Así como Figueiras recibe subsidios y financiamiento, también lo hace Sigman, a quien el gobierno de Cristina le entregó la planta de Garín y desde entonces provee al Estado 10 millones de dosis de vacuna antigripal por año durante 10 años. La competencia entre los dos proveedores del Estado se manifiesta en zancadillas entre los personeros que uno y otro tienen insertos en el aparato gubernamental. Figueiras se queja de que los funcionarios fieles a Hugo Sigman le crearon dificultades para la aprobación de la Sputnik.

Más allá de estas rencillas entre fracciones empresarias del peronismo, lo central es la maniobra de doble discurso del gobierno, esto es presentar como intervención del Estado lo que en realidad es subsidiar, financiar y luego comprar la producción para favorecer los negocios privados. La intervención estatal que planteamos es otra. Que el Estado centralice, impulse y controle la producción de las vacunas para inmunizar ya a la población. Cuando la pregunta de "¿por qué no incautamos la vacuna de Sigman y la envasamos para combatir la pandemia ya?" empezaba a circular más ampliamente, el anuncio de Fernández de la producción local de la Sputnik vuelve a instalar una expectativa esperanzada. Es necesario incautar la producción de dosis de la fábrica de Garín y utilizar todos los recursos existentes que permitan elaborar masivamente las vacunas necesarias.

Escribe Claudio Funes

En el ferrocarril Roca falleció hace una semana un compañero que fue obligado a reincorporarse en febrero cuando estaba eximido de hacerlo por ser personal mayor de 60 años. Aumentan los casos entre los trabajadores ferroviarios: 118 del ferrocarril Sarmiento debieron aislarse, lo que provocó las lógicas demoras la semana pasada; también hubo aislamientos en el Mitre, que debió suspender el servicio.

Esto es así porque todos los días centenares de miles de trabajadores viajan hacinados en el transporte público, condición suficiente para que el virus del Covid-19 se propague descontroladamente, lo que hace que no solo se contagie el pueblo trabajador que viaja como ganado, sino también los trabajadores de esos servicios.

A pesar de esta crítica situación, el Poder Ejecutivo nacional, días después de reunirse con la UIA, echó nafta al fuego. Publicó el decreto 4/21 que quita la protección a los trabajadores de riesgo con el objeto de incorporar a los mayores de 60 años, embarazadas y trabajadores con patologías médicas hasta ahora dispensados, y que tengan colocada por lo menos una sola vacuna. Gracias a ese decreto del gobierno peronista que las habilita, las patronales siguen “apretando” a esos trabajadores con el apoyo de la burocracia sindical.

Mientras toma medidas que atentan contra la salud de los trabajadores, el gobierno continúa, cínicamente, apelando a la responsabilidad individual para evitar aglomeraciones en el transporte.

La segunda ola no es producto de la irresponsabilidad de los trabajadores ni del relajamiento social. Tiene responsables con nombre y apellido, el gobierno peronista de Alberto Fernández y los gobernadores de distinto signo político. Todos ellos, para garantizar las ganancias patronales, niegan la cadena de contagios que se dan en los lugares de trabajo y el transporte. Al mismo tiempo “dejan correr” las violaciones flagrantes a los protocolos y medidas sanitarias de las empresas, contribuyendo así a aumentar la circulación viral comunitaria y la consiguiente exposición al contagio de los trabajadores.