Escribe Claudio Funes

La crisis económica y social se ha profundizado a niveles impresionantes producto de la pandemia del coronavirus. Las familias trabajadoras y de los sectores populares conviven con el miedo al contagio, la rebaja salarial, el hambre, la desnutrición y la angustia que provoca la incertidumbre del futuro.

La actual situación se puede describir con números, pero lejos están de mostrar el tremendo impacto que provoca en el ánimo de millones que, a pesar de todo, no se resignan. 

En abril, el endeudamiento total familiar llegó a 1,7 billones de pesos, el 30% es deuda no bancaria y afecta a 1,5 millones de hogares, con un monto promedio de 150.000 pesos cada familia. Dejar de pagar compromisos y acumular deuda es una de las estrategias familiares para sobrevivir sin ingresos, o con recortes salariales durante marzo y abril. Esta situación se agravó en mayo.

La Universidad Católica Argentina (UCA) estima que la pobreza ya llegó a 45% (dato de abril) y abarca cada vez a mayores sectores de trabajadores que han profundizado su situación de empobrecimiento. Esto se debe a que las patronales despiden, reducen horas, quitan adicionales y rebajan salarios.

Un informe del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo de la Universidad de Salta indica que la pobreza infantil post pandemia llegaría a 58%, y agrega  que en el NOA la cifra alcanzaría al 64 por ciento. Esto quiere decir que las políticas del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales llevarían la pobreza infantil a 7,7 millones de niñas y niños y arrojaría a 400.000 a la indigencia. 

Entre los sectores más castigados se encuentran 2,8 millones de jubilados que cobran el haber mínimo, 16.864 pesos. No mucho mejor están los que cobran más de una mínima o dos. ¿Quién puede vivir con estas sumas miserables? 

A estas calamidades debemos agregar la inflación. Los alimentos de mejor calidad nutricional aumentaron 57% promedio durante el último año. El consumo de harinas, azúcares y dulces se hace habitual. La mala nutrición se verifica en el retraso crónico de crecimiento que se expresa en la talla más menuda de los niños.

Ante la pandemia, el gobierno decidió otorgar un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10.000 pesos, dinero necesario pero absolutamente insuficiente. En abril lo cobraron 7,8 millones de personas y a otros cuatro millones la Anses, extremadamente meticulosa, les rechazó la solicitud por “no cumplir con los requisitos”.

Un viejo principio griego dice: “La aritmética puede muy bien ser objeto de las sociedades democráticas, pues enseña las relaciones de igualdad, pero la geometría solo debe ser enseñada a las oligarquías, ya que demuestra las proporciones en la desigualdad”. Esto podría aplicarse también al doble discurso del actual gobierno peronista. 

Hablando de las proporciones de la desigualdad, veremos que no todos se sacrifican. 

El gobierno financia con plata de los jubilados el 50% de los salarios –incluyendo abultados sueldos de gerentes– de grandes empresas como Fate, Aluar; el ingenio Ledesma, de la familia Blaquier; de multinacionales como Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz y hasta McDonald’s y Burger King, que en mayo emitió recibos por cero peso, porque el subsidio cubrió el ciento por ciento del salario de sus trabajadores. El Grupo Clarín, que fugó 650 millones de dólares, recibe este subsidio del Estado. También lo percibe la cerealera Vicentín, que estafó al Banco Nación. Todos “cumplen con los requisitos” para recibir el ATP.

El multimillonario Nicolás Caputo, beneficiario de los tarifazos energéticos con el anterior gobierno y “hermano de la vida” de Mauricio Macri, también cobró el ATP para luego volar a Miami en un avión privado.

También lo percibieron todos los directivos y dueños del diario La Nación.  

Pero nada les alcanza. La UIA ya está reclamando a través de su presidente, Miguel Acevedo, y el vice de la entidad y titular de la Copal, Daniel Funes de Rioja, que la asistencia estatal para abonar la mitad de los salarios  se extienda al medio aguinaldo. 

Dejamos para el final el caso especial de Techint, que también solicitó el subsidio del Estado. Su CEO Carlos Eduardo Bacher, que despidió a 1.450 trabajadores, también se benefició de él. La “gran novedad” que dio a conocer es que renuncia a las ATP del mes de mayo y que hasta devolverá la totalidad de la suma recibida en abril. Ciertas restricciones que dispuso el gobierno para los beneficiarios del programa no le resultan convenientes para sus negocios. Otro tanto harían el Grupo Clarín y otras trescientas empresas.

La resolución del “miserable” Paolo Rocca y demás empresas demuestran lo que venimos denunciando desde Izquierda Socialista: que los grandes capitalistas y las multinacionales estaban en condiciones de abonar a todos sus trabajadores los salarios en término y al ciento por ciento. 

Afirmamos que el subsidio y la rebaja salarial eran solo un negocio que el gobierno de Alberto Fernández le obsequiaba al gran capital con perjuicio directo para al pueblo trabajador y los sectores populares, sobre cuyas espaldas se está descargando un tremendo ajuste. ¡Basta de ajustar al pueblo. Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores!

Escribe Adolfo Santos

Intentando responder a algunas protestas contra la cuarentena, el gobierno quiere generar una falsa polémica. El presidente Alberto Fernández salió al cruce disparando: “No es la cuarentena lo que complicó la actividad, sino la pandemia”. Esa no es la verdadera discusión. La mayoría entiende que debemos cuidarnos de una pandemia que ha costado vidas y, en general, acepta la cuarentena. Lo que el gobierno no hace, y eso es lo que le exigimos, es ofrecer las condiciones necesarias para que importantes sectores de la población puedan quedarse en sus casas. Por esa situación, aunque arriesgando su salud, muchos trabajadores se han visto obligados a salir a ganarse la vida a cualquier costo.

Probablemente una parte del aumento de los contagios tenga que ver con esa lógica. En las últimas semanas se ha visto cómo los sectores más pobres son los que más están sufriendo las consecuencias del virus. El barrio Padre Mugica (ex Villa 31) en la Capital, o las villas Azul e Itatí en el conurbano bonaerense, son una muestra de esta tragedia. Esto no es casual. Es el resultado del abandono sistemático de estas comunidades por parte de los gobernantes. La falta de agua corriente, de cloacas, de centros de atención a la salud, de viviendas dignas y de recursos económicos de la mayoría de las familias que allí viven son responsabilidad de los sucesivos gobiernos, que nunca atendieron estas necesidades básicas.

La “pelea” entre el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre quién es más responsable de los contagios que acontecen en el área metropolitana de Buenos Aires no pasa de un teatro. Todos ellos son responsables de la precariedad en la que viven millones de argentinos que son los  más vulnerables frente a la pandemia. De los últimos 33 años el peronismo, que hoy encarna Kicillof, gobernó 29 de ellos en la provincia de Buenos Aires, y desde 2007 PRO, de Macri y Larreta, gobierna la Ciudad de forma ininterrumpida. Son estos partidos políticos patronales, junto con la UCR, los responsables de todas las falencias que precariza la vida de la población trabajadora.

Lamentablemente, en medio de la pandemia, insisten en aplicar las mismas políticas erradas de siempre, donde prima el deslinde de responsabilidades para salvar el prestigio político, o directamente la falta de inversión en infraestructura y programas sociales que sumerge a amplios sectores directamente en la marginalidad. Es lo que vimos en la Villa 31 en relación con la falta de agua corriente, o en Azul e Itatí, que han ido creciendo como verdaderas ciudades sin que eso fuera acompañado por la construcción de obras que aseguren una infraestructura mínima. Esas son las condiciones que facilitan la penetración de epidemias y virus como el Covid-19.

Algún compañero nos podrá plantear que no se le puede pedir a Kicillof que haga lo que otros gobiernos no hicieron en cuarenta años. Pero no se puede hacer el distraído: en esas décadas mayoritariamente gobernó el peronismo, el mismo partido del actual gobernador. Y, lo peor, que no tome las medidas indispensables para empezar a resolver los problemas. Así debió haber mandado médicos y enfermeros, con todos los elementos de seguridad personal, ampliar los centros de salud utilizando para ello edificios públicos y clínicas privadas, efectuar testeos masivos, ofrecer abundante material de higiene y alimentación y efectuar un rápido censo de las familias que necesitan ayuda económica. En cambio, el gobierno encaró el problema como una gran operación policial encabezada por el secretario de Seguridad, Sergio Berni, para controlar la movilidad de las personas. No es casual que surgieran críticas de dirigentes sociales ligados al propio gobierno.

Todo esto es parte del permanente doble discurso empleado por el gobierno. Mientras por un lado se presenta como el abanderado de la protección de la población defendiendo la cuarentena, por otro la flexibiliza cediendo a la presión de los grandes empresarios. Multinacionales como Volkswagen o Toyota y muchas otras grandes empresas que están trabajando con pleno apoyo del gobierno. Fue justamente en el retorno de los trabajos de la transnacional japonesa que el presidente se defendió contra los ataques a la cuarentena y elogió la responsabilidad de los empresarios que vuelven a producir “cuidando a sus trabajadores”. Como si esto fuese cierto.

Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad venimos defendiendo la cuarentena porque entendemos que ayuda a evitar la propagación del virus. Decimos ¡cuarentena sí!, pero que el gobierno al mismo tiempo ofrezca las condiciones para que el pueblo trabajador pueda cumplir con esa medida. La cuarentena solo es posible si las familias cuentan con recursos para no pasar necesidades, si el gobierno garantiza la ayuda a los trabajadores desempleados, cuentapropistas y pequeños comerciantes, si le exige a las patronales que cumplan la ley que prohíbe despidos y suspensiones, si no se reducen los salarios. No es esta la política que hoy está llevando adelante un gobierno que prometía en sus discursos defender a los más vulnerables.

Hace más de setenta días que se declaró la cuarentena en nuestro país producto de la pandemia del Covid-19.

La crisis sanitaria por falta de presupuesto para salarios, insumos y reactivos para testeos masivos dejó correr al virus provocando gran cantidad de contagios en barrios populares y geriátricos.

Preocupa también la terrible situación económica que viven millones de trabajadores y los sectores populares. 

Ya son miles los que perdieron su trabajo, así como también quienes vieron reducidos sus salarios a la mitad gracias al vergonzoso pacto de la CGT, los empresarios y el gobierno nacional.

Mientras, la inflación y el aumento de precios no paran. Por otro lado, son los grandes empresarios y multinacionales (como Techint y Clarín, entre otros) los que rápidamente han sido beneficiados con subsidios para el pago de salarios y créditos blandos. 

Mientras tanto, solo queda en el discurso de Alberto Fernández y del Frente de Todos el tratamiento en el Congreso del impuesto a la riqueza, con el cual se podrían recaudar fondos suficientes para combatir con eficiencia los graves problemas de los trabajadores y los sectores populares. Demuestran que no quieren enfrentar a los poderosos. 

En este marco, también son muchos los pequeños comerciantes y cuentapropistas los que han sido ocultados y negados por las medidas del gobierno. No solamente por la imposibilidad de acceder a los inalcanzables créditos a tasa cero, sino también por las trabas burocráticas que exigen los bancos. Ya son miles los pequeños comercios que cerraron definitivamente sus puertas en nuestros barrios y pueblos.  

Los comercios de cercanía son negocios pequeños que generan en promedio hasta 2,5 fuentes laborales por unidad y muchos no tienen empleados. Estos pequeños comerciantes no han podido continuar con los pagos de alquileres, impuestos y servicios. Debieron tomar deuda para pagar indemnizaciones y continuar subsistiendo. Se ha profundizado la crisis anterior.

Incluso en nuestra provincia, que está en la fase 4 de la cuarentena, había sectores de pequeños comercios que no podían atender mientras que a las grandes empresas se las autorizaba a abrir sus puertas, con la consecuente aglomeración de personas. Una vez más, y como siempre, el gobierno de Schiaretti favorece al gran capital.

Tenemos que diferenciar tajantemente a los pequeños comerciantes de los planteos de ciertas “pymes”, que en realidad no son más que una descentralización disfrazada de algunas grandes empresas, muchas de ellas transnacionales. Desde Izquierda Socialista exigimos que los pequeños comerciantes tengan acceso a créditos bancarios a tasa cero, sin trámites burocráticos, exenciones impositivas y suspensión del cobro de agua, gas, luz y los fuertes impuestos municipales y provinciales que pagan en la mayoría de las barriadas populares.

Para resolver estos reclamos, los del pueblo trabajador y de los demás sectores populares, es necesaria la creación de un fondo de emergencia sobre la base de un impuesto a las grandes fortunas y las ganancias de las multinacionales, los bancos y grandes empresarios, junto al no pago de la deuda externa usuraria. Con este dinero se garantizará una cuarentena sin hambre y sin contagios masivos. Para que la crisis la paguen los capitalistas, no el pueblo trabajador.

Corresponsal 

Escribe Mónica Méndez, secretaria de Organización de la Cicop

La pandemia ha profundizado la crisis económica y social. Es el resultado de las políticas de ajuste que los sucesivos gobiernos han descargado sobre los trabajadores y los sectores populares. La centralidad del endeudamiento y el pago de la deuda externa son un reflejo de que plata hay, pero se la llevan los acreedores, en vez de destinarse a salud, infraestructura para hospitales y los barrios populares, donde viven los sectores más castigados. En los últimos días empezó a tomar nuevamente dimensión la crisis del sistema sanitario, que hace años venimos denunciando.

Los contagios en la población van en aumento, el gobierno viene flexibilizando la cuarentena y el riesgo se potencia. Esto refleja la exposición que tenemos a medida que la pandemia se extiende y que desnuda la realidad que atraviesa el sector de los trabajadores de la salud. Coincidimos en que la cuarentena fue una medida correcta en un primer momento. Pero luego de dos meses de aislamiento y de sucesivas flexibilizaciones y aperturas de actividades con más trabajadores exponiéndose, el sistema de salud continúa mostrando la crisis y el abandono de décadas. No se preparó ni reforzó el sistema público después de más de setenta días de cuarentena y de sucesivos anuncios por parte de los gobiernos nacional y provinciales. Los hospitales siguen teniendo las mismas falencias que antes de la cuarentena.

Esa falta de preparación nos expone todavía más como trabajadores, ya que nos toca vivir en primera línea la pandemia. A pesar del profesionalismo y el compromiso son innumerables los contagios entre compañeros, como en el caso del jefe de Enfermería del hospital Fernández, que fue internado con un cuadro agudo de Covid-19. En el Sanatorio Güemes en los últimos días se detectaron una treintena de casos entre el personal, donde denuncian que cada trabajador debe llevar su barbijo, desinfectantes, antiparras y ropa porque la clínica no los provee. A nivel infraestructura, muchos hospitales bonaerenses están con la capacidad de internación completa por patologías estacionales y habituales, lo mismo que los servicios de terapia intensiva, con ocupación total de camas. El 10% del total de los contagiados somos trabajadores de la salud. Nos exponemos en nuestros trabajos, en el transporte público y en los barrios.

En el hospital Borda un interno murió al ser atacado por una jauría de perros porque se disminuyó, por cuestiones de presupuesto, la cantidad de trabajadores que prestan el servicio de seguridad de quince a cinco para todo el hospital.

Esta es la situación que atraviesa el sector. La ausencia de un presupuesto acorde se traduce en la necesidad de más personal, es por ello que seguimos reclamando e insistimos que a la salud pública le faltan 2.500 profesionales para cubrir cargos. Y también en la relación directa que tiene con los salarios, ya que un ingresante cobra un salario muy magro que no es atractivo para ningún profesional.

Todo esto ha generado una movilización muy importante, así lo vivimos el pasado 28 de mayo cuando el país estuvo atravesado por caravanas de médicos en provincias como Buenos Aires, Misiones, Catamarca, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, San Juan, entre otras. En el interior de las provincias estas muestras se replicaron. En Santiago del Estero el gobernador peronista Zamora mandó a la policía a impedir cualquier manifestación de los médicos, y en Posadas la policía se dedicó a multar a quienes se manifestaban. En Córdoba la movilización tuvo muchísima fuerza por el repudio al procesamiento de dos médicos, a quienes quieren responsabilizar por el contagio de ancianos en un geriátrico de Saldán. Los reclamos tuvieron eje en la precarización, los salarios, la falta de insumos y el repudio a la persecución judicial de los colegas.

En la Cicop decidimos impulsar y participar de la jornada nacional de lucha que se realizará el 10 de junio junto con otros sectores gremiales y profesionales, acción que se replicará en el interior del país buscando unificar la pelea de los trabajadores de la salud para darle más fuerza a nuestros reclamos.

Nos pronunciamos por más personal con salarios acordes a la responsabilidad de la hora. Exigimos ninguna rebaja salarial, aumento actualizado equivalente a la canasta familiar y condiciones de trabajo dignas.

Y  reclamamos por un impuesto a las grandes fortunas y a las rentas que sirva para financiar el sistema público de salud. Por una salud pública universal, gratuita e igualitaria.

Ya tenemos el reconocimiento de millones que con sus aplausos reivindican todos los días nuestro compromiso con la salud. Vamos a seguir dando la pelea defendiendo la salud pública.

Escribe José Castillo

La renegociación de la deuda externa argentina parece encaminarse a su recta final. Lejos quedaron ya los tiempos en que Alberto Fernández anunciaba que “no se pagaría con el hambre del pueblo”, o incluso que “se hacía una oferta de lo que se puede pagar, y ni un peso más”. El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el propio presidente, se cansaron en estos días de anunciar que “están mejorando la oferta” y “negociando de buena fe”. Traducido, no solo se comprometen a pagar, sino que cada día que pasa ofrecen más y mejores condiciones a los pulpos acreedores.

Repasemos. Nunca fue cierto que la llamada “oferta inicial” de la Argentina fuera mala para los acreedores. El propio gobierno lo reconoció una y otra vez, la quita de capital era ínfima (apenas 5,4%), por los intereses se seguía reconociendo una tasa mucho más alta que el promedio internacional, e incluso se reducía el “período de gracia” (el tiempo que el país estaría sin pagar nada hasta efectivizar la primera cuota) de los cuatro años que venía anunciando el gobierno de Fernández a apenas tres. Tan cierto era que lo que se estaba ofreciendo era mejor para los acreedores que lo que ellos esperaban, que al día siguiente del anuncio los bonos comenzaron a subir en los mercados internacionales y el riesgo país a bajar. Es que en el establishment de Wall Street se leía lo correcto: el gobierno argentino, más allá del doble discurso, estaba dispuesto a pagar y en forma más que conveniente para los acreedores. En síntesis, los actuales tenedores de los bonos iban a ganar infinitamente más con lo que les ofrecía el gobierno argentino de lo que esos mismos bonos hoy valen en el mercado.

Una partida de póker con cartas marcadas

A partir de ahí comenzó una negociación con idas y venidas. Cada uno jugó su rol. Los acreedores, tras comenzar diciendo que era “inaceptable”, tuvieron que mostrar quiénes eran. Ahí quedó claro, en la mesa no había ningún “jubilado con bonos” o pequeño ahorrista. Eran los “grandes elefantes” de las finanzas mundiales, con BlackRock, Fidelity, Greylock y Pimco a la cabeza. También quedó claro, cuando se fueron agrupando para negociar mejor en “clubes de acreedores”, que no se trataba solamente de “la deuda de Macri”. Ahí estaban los que venían a cobrar los bonos de los canjes kirchneristas 2005 y 2010, tirando abajo el discurso de que esa deuda no existía, ya que “nos habíamos desendeudado”.

Finalmente, y tal como se esperaba, el gobierno dio a conocer una contraoferta, infinitamente más favorable que la primera, a los pulpos acreedores. Pero estos siguen presionando, saben que pueden obtener más. En concreto, y más allá de en qué punto se termine firmando el acuerdo, la realidad es que la quita de capital será menor aún (o incluso puede no existir), se van a reconocer más intereses, se va a empezar a pagar antes de lo planteado en la oferta original y se le va a regalar a los acreedores algún “premio final” para cerrar la negociación, con forma parecida al “cupón PBI” de 2005 (por el que la Argentina se compromete a pagarle a los acreedores un extra cada año que la economía argentina tenga un crecimiento positivo). Todo terminará a pedir de boca de los pulpos, independientemente del doble discurso con que, sin duda, se lo querrá presentar. Así lo confesó una fuente de los bonistas: “Si quiere, le damos todo el crédito político a Alberto Fernández y declaramos que fuimos derrotados y que él se llevó la mejor parte” (Ámbito Financiero, 29/5).

Se asoma Templeton

Uno de los fondos de inversión más importantes del mundo, Franklin Templeton Investment, había permanecido hasta ahora sorprendentemente silencioso en la renegociación de la deuda externa argentina. Finalmente, emitió un comunicado para informar que “no tiene bonos de deuda argentina bajo legislación extranjera” (lo que se está discutiendo ahora), pero al mismo tiempo agrega que sí son fuertes tenedores de deuda en moneda extranjera bajo legislación local. Claramente, se trata de una advertencia: una vez que se termine esta ronda de negociación con los buitres actuales, el gobierno de los Fernández tendrá que sentarse con Templeton y los otros pulpos tenedores de deuda “con legislación local” y ofrecerles, como mínimo, exactamente lo mismo que se está comprometiendo a pagar a BlackRock, Fidelity, Greylock, Pimco y los otros buitres actuales. Estarán en juego otros 30.000 millones de dólares.

Y todavía falta el FMI

El gobierno de los Fernández se jacta de que “ahora” el FMI es amigo de la Argentina. Con Kristalina Georgieva habría llegado, según el relato oficial, una conducción que supuestamente jugaría a favor de nuestro país en la renegociación de la deuda. Le recordamos al gobierno que no es la primera vez que el Fondo da la idea de ser “amigo” de nuestro país, lo mismo sucedía durante la era Macri, cuando la entonces directora Christine Lagarde fue invitada a cenar a la casa de quien era en aquel momento ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. Esa “amistad” sirvió para que se nos endeude en 45.000 millones de dólares más. Hoy la única realidad es que el FMI ha emitido un comunicado en el que insiste en que la Argentina “se puede estirar un poco más” en su oferta a los bonistas. En pocas palabras, invita a nuestro país a cerrar el acuerdo con los acreedores privados haciendo un planteo final con mejores condiciones aún para estos pulpos.

Y, lo más importante de todo, todos estos comentarios del organismo internacional no son más que el “precalentamiento” mientras espera su turno. Después de que termine todo este capítulo con los bonistas privados vendrá la renegociación con el propio Fondo, por 49.000 millones de dólares (incluyendo intereses), donde la “amiga” Georgieva ya ha aclarado que con ellos no corre “quita” alguna.

Y, como si todo esto fuera poco, los viejos fondos buitres. ¡Así no salimos más!

Mientras tanto, y como una muestra más de que la deuda no es más que una estafa que no se termina nunca, viejos fondos buitres que quedaron fuera de los canjes 2005 y 2010 aparecieron para exigir una “cuota pendiente” de 230 millones de dólares. El estudio jurídico que se ocupa del caso argentino en Nueva York informó al juez que lleva el caso que el gobierno argentino acepta pagar a los fondos Attestor y Trinity, que reclaman esa suma con intereses punitorios de 9% anual, y que se deberá abonar en las próximas semanas.

Tal como está ilustrado todo lo que relatamos, así no salimos más. Siempre aparecerá alguien nuevo a exigir el cobro de algo. Seguiremos acumulando intereses sobre intereses. Y, lo peor, se continuará pagando hasta el infinito (y no es una exageración, tenemos deuda por los próximos cien años) esta deuda ilegal, inmoral, ilegítima e impagable, nacida en la dictadura y reconocida y aumentada por todos los gobiernos, sin excepción. Frente a la santa alianza de peronistas, radicales, PRO, “progresistas”, burócratas sindicales, cámaras patronales y gobiernos extranjeros, “todos unidos” en la afirmación de que “se pague”, nosotros, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad seguimos insistiendo en que la única salida pasa por dejar inmediatamente de pagar toda la deuda externa, romper con el FMI y poner todos esos recursos al servicio de un fondo de emergencia para atender las más urgentes necesidades del pueblo trabajador. Es eso, o hambre, miseria y ajuste permanente para nuestra generación y las futuras.