Editorial

“No sé si voy a poder reelegir”, dijo el fin de semana pasado el presidente Mauricio Macri en la reunión ampliada que realizó María Eugenia Vidal con su equipo en Chapadmalal. Es el primer reconocimiento público de un secreto a voces: la bronca creciente ante el aumento de la pobreza, los precios por las nubes, los despidos y las suspensiones ya han generado una fuerte crisis en el propio seno del gobierno. Por eso se escuchan todo tipo de rumores (como el llamado “plan V”, con Vidal como candidata presidencial), o desmentidas (“confirmando” que el candidato será Macri). El radicalismo, a la vez, está cada día más dividido, con sectores importantes que plantean irse de Cambiemos.

La sensación creciente en las fábricas, oficinas, escuelas y barrios populares es que esto no se aguanta más. Frente a esta realidad, esta semana se agiganta la traición de las cúpulas de la CGT y las CTA. La primera, después de levantar en noviembre pasado cualquier posibilidad de paro, se tomó cuatro meses de vacaciones para terminar convocando a una marcha este jueves, sin paro y sin que siquiera se acerque a ningún lugar simbólico del poder. Los sectores de la CTA Yasky y Micheli, que también participarán de la convocatoria, reclaman “una mesa de diálogo social ante la crisis con empresarios, centrales sindicales, partidos políticos, movimientos sociales e Iglesia a fin de acordar un programa de salida a la crisis” (Página 12, 1°/4). Lo mismo vienen proponiendo la Corriente Federal y la Iglesia. ¡Cualquier cosa con tal de no plantear el paro general y un plan de lucha para derrotar el ajuste!

Las palmas de las declaraciones entreguistas esta vez se las llevó uno de los jefes de la CGT, Héctor Daer, quien afirmó que “uno de los motivos por los que no hay huelga es que no existe consenso en el movimiento obrero para un paro” (Clarín, 2/4). ¿A quién consultó Daer para afirmar eso? ¿Acaso lo preguntó en alguna asamblea de trabajadores o reunión de cuerpo de delegados? Por supuesto que no nos extraña, nada podemos esperar de estos burócratas traidores que estuvieron con todos los gobiernos. Fueron “oficialistas” de Menem, de De la Rúa, de Duhalde, del kirchnerismo. Ahora, ya hace tres años, le vienen garantizando la tregua social al gobierno permitiendo así que pase este brutal ajuste. Por eso es que el plenario del sindicalismo combativo se posicionó frente a la convocatoria de este jueves 4 llamando a marchar en forma independiente, del Obelisco a Plaza de Mayo, exigiendo paro y plan de lucha (ver declaración en esta página).

La CGT, las CTA y la Corriente Federal son todos agrupamientos burocráticos que coinciden esencialmente en dos cosas. Una ya la desarrollamos en los párrafos precedentes: no parar ni salir a dar ninguna pelea contra el ajuste. La otra es “unir al peronismo”, o más en general “unir a todos en un gran frente anti-Macri”. Todo esto no es más que una expresión de la propia crisis que recorre a un peronismo dividido y que no termina de resolver cómo va a ir a las elecciones, más allá de que, obviamente, se prepara para ser el gran receptor del “voto castigo” contra el macrismo. Hoy, a dos meses de los cierres de listas, no se sabe cómo terminará (¿habrá una sola lista peronista?, ¿dos?), ni quiénes serán los candidatos (¿Cristina, otro kirchnerista? ¿Lavagna? ¿Massa? ¿Urtubey?). Lo concreto es que, por el lado del kirchnerismo, la orden de Cristina fue bajar su propia lista para apoyar a otros sectores del peronismo (como Schiaretti en Córdoba, el mejor alumno de Macri en su provincia), dando así una señal a su propia militancia de que deberán estar dispuestos a tragarse cualquier sapo en aras de su conveniencia. Lavagna, por su parte, sigue también con su propio planteo de “unidad”, rodeado por Luis Barrionuevo y otros burócratas sindicales, y con figuras como Sergio Uñac, que viene de ganar las PASO en San Juan y se autopostula como vicepresidente (a la vez que insiste en incluir en ese espacio al propio kirchnerismo). Y apuesta también a que lo apoye un sector del radicalismo y la centroizquierda (en la figura de Margarita Stolbizer y el socialismo de Santa Fe).

Nada bueno puede salir de cualquiera de estos alineamientos electorales patronales para la clase trabajadora. Unidos o divididos en diversas candidaturas, ya gobernaron contra el pueblo trabajador. Como Cristina que, tenemos que recordarlo, no fue “nacional y popular” como nos quieren hacer creer ahora, sino que lo hizo con la Barrick, Chevron y pagó en efectivo casi 200.000 millones de deuda externa. Otros ahora están gobernando sus provincias (y aplicando allí el mismo ajuste que el gobierno nacional). Y todos ellos sin excepción se comprometieron, y lo dicen en declaraciones y reuniones, a no romper el acuerdo con el FMI y seguir pagando la deuda externa, que tiene vencimientos inminentes de 150.000 millones de dólares los próximos tres años. Endulzan estas declaraciones con planteos de “renegociar” con el Fondo como si alguna vez en la historia hubiera autorizado otra cosa que programas de ajuste.

Frente al ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI, el peronismo (Cristina, Lavagna o cualquier otra variante) no es salida. La única alternativa a todo esto es la izquierda, la única que dice que hay que romper con el FMI y dejar de pagar la deuda, que hay que reestatizar las privatizadas, que hay que nacionalizar la banca y el comercio exterior para así tener recursos que permitan resolver las más urgentes necesidades populares de salario, trabajo, educación, salud y vivienda.

El Frente de Izquierda viene fortaleciéndose. Ya pasamos la prueba en Neuquén, donde no solo reelegimos a nuestros legisladores, sino que incrementamos nuestra votación en diputados respecto de elecciones anteriores, a pesar de la fuerte polarización. En las próximas semanas tendremos un gran desafío en Córdoba y en otras provincias. Mientras tanto, nuestros diputados y dirigentes siguen diciendo presente y apoyando todas las luchas. Así vamos por la gran tarea: fortalecer una nueva alternativa política. Porque somos los que planteamos que frente a todas las variantes patronales que ya nos ajustaron, tienen que gobernar los que nunca lo hicieron, los trabajadores y la izquierda.

El gobierno de Macri sigue profundizando el brutal plan de ajuste del FMI, junto a los gobernadores. Pretende salvarse de su debacle política y económica comandando el ataque del FMI, los gobernadores y las patronales, contra la clase obrera. Día a día se suman cientos de despidos y suspensiones. Nuestros salarios se pulverizan al ritmo de la devaluación. La inflación no se detiene, suben el dólar y las tarifas.

La CGT y las CTA, en vez de llamar a un paro general, continúan dando oxígeno a este ajuste […] La CGT ha enterrado el anuncio del paro general para negociar con el Gobierno de Macri fondos de las obras sociales. Y busca “rosquear” por lugares en las listas del PJ, preparando el recambio electoral de octubre. En la misma política están el Frente Sindical de Moyano, el kirchnerismo y las CTA.

Para eso, en vez de un paro general, convocan a las movilizaciones acordadas con las patronales para el 4 de abril que terminan en la 9 de Julio, sin llegar a la Plaza de Mayo. Una convocatoria “en defensa de la producción”, junto a varias cámaras patronales y las pymes, reclamando subsidios y rebaja de impuestos para las mismas empresas que despiden trabajadores y destruyen los salarios. […]

Desde el Plenario del Sindicalismo Combativo, que reúne a sindicatos, comisiones internas, seccionales, cuerpos de delegados y agrupaciones combativas y clasistas, rechazamos estas marchas, porque se niegan a llamar a la huelga general, por su programa propatronal y por su propuesta de unidad con los ajustadores.
Nosotros luchamos por un paro activo de 36 horas como comienzo de un plan de lucha nacional, para lograr derrotar el ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI. 

Para conquistar nuestras reivindicaciones más urgentes, como terminar con los despidos y las suspensiones; repartir las horas de trabajo sin afectar el salario, paritarias sin techo y con cláusulas de actualización automática; aumento de emergencia para los jubilados; anulación de los tarifazos son necesarias medidas de fondo, como el no pago de la deuda externa, la ruptura con el FMI y la estatización de las empresas privatizadas. […] Por todo esto y para exigir la convocatoria a la huelga general, llamamos a los trabajadores a organizarse, para marchar junto a nosotros desde el Obelisco a Plaza de Mayo, el jueves 4 de abril, desde las 14.

Ver la declaración completa del Plenario del Sindicalismo Combativo en la página web.

La frase de Macri “la gente tiene que aguantar” provocó la lógica bronca. Lo dijo en momentos que se conocía que, como resultado del ajuste pactado con el FMI, un tercio de la población está hundido en la pobreza y siguen creciendo la miseria y el desempleo. Aumenta absolutamente todo, menos los salarios y las jubilaciones. Como contrapartida, los bancos ganan tanto que el jefe del Banco Central, Guido Sandleris, les pidió que oculten las ganancias.

Escribe Gabriel Massa

El diario La Nación recordaba el domingo pasado que a principios de marzo Macri había dicho que el país “está mejor parado hacia el futuro que en 2015. El drama es que el mes que siguió fue una película de cifras oscuras: caída de empleo récord, la inflación que sigue sin detenerse, pobreza a 32%... y encima el dólar, que por poco llega a 45 pesos”. Es una síntesis muy parcial de lo que “la gente tiene que aguantar”.
Al mismo tiempo, esta frase provocadora del presidente dice más de lo que el propio jefe del gobierno quiere decir. No son los banqueros ni los fondos buitres que saquean el país los que tienen que “aguantar”. Ni son los dueños de las empresas de servicios privatizadas los que tienen que aguantar: en marzo las distribuidoras de electricidad ajustaron sus tarifas 14 por ciento (que se suma al 26% de aumento en febrero), a lo que hay que agregar el incremento de las compañías de telefonía móvil que va de 15 a 18 por ciento de acuerdo a la empresa. Ni tampoco las petroleras, que volvieron a aumentar el precio de la nafta y el gas.

Tampoco tienen que aguantar las compañías de colectivos: el pasaje mínimo pasó a costar 18 pesos en la Capital y vale mucho más en el resto del país.
No tienen que aguantar las mineras que se llevan el oro de la cordillera y el litio de Jujuy, prácticamente sin pagar impuestos.
No tienen que aguantar las patronales contratistas de las obras públicas que se continúan como el Paseo del Bajo en la Capital.
Y no tienen que “aguantar” los sojeros y las empresas aceiteras, que según se prevé tienen para liquidar 10.000 millones de dólares de sus exportaciones.

Es decir, no es que la política de Macri -con la complicidad de los gobernadores que aplican el ajuste en sus provincias y los diputados y senadores peronistas que votan todas las leyes de Cambiemos- está fallando.
Lo que el pueblo está “aguantando”, el aumento de la pobreza y la miseria, la desocupación, la destrucción de la salud y la educación pública, la caída del consumo hasta de los artículos de primerísima necesidad como la comida y los remedios, no es una “falla” de la política del gobierno. Es el resultado de una política cuya intención es transferir inmensas riquezas a los empresarios, banqueros y fondos buitres beneficiados a costa del saqueo del país y la miseria del pueblo. Es la política que impone el FMI a todos los países: ajustar para garantizar los pagos de deuda externa a los pulpos acreedores.

Por eso desde Izquierda Socialista y el FIT insistimos: el pueblo trabajador no tiene nada que aguantar. ¡Qué “aguanten” los ricos, los banqueros y todos los que se benefician con la crisis! Lo que hay que hacer es romper con el FMI y dejar de pagar la fraudulenta deuda externa para así poner en marcha un programa alternativo que resuelva las más urgentes necesidades populares. Reestatizar las empresas privatizadas, bajo control de los trabajadores y los usuarios. Nacionalizar la banca y el comercio exterior. Y con todos esos recursos llevar adelante un plan de obras públicas que garantice trabajo para todos, con salarios que cubran el costo de la canasta y el 82% móvil para los jubilados. Y para imponer esas medidas hace falta que gobiernen los que nunca lo hicieron, los trabajadores y la izquierda.

Escribe Guido Poletti

Desde hace varias semanas se viene denunciando la ausencia en las góndolas de la única leche de segunda marca que figura en el listado de Precios cuidados. Se trata de La Armonía, producida por el Grupo Mastellone. Esta leche debería venderse a 30 pesos, pero es imposible encontrarla. En cambio, aparecen todas las variantes de La Serenísima (de la misma empresa) en valores arriba de 50 o 60 pesos. Y eso no es lo único: también se denunció que se está vendiendo un producto que figura como “alimento lácteo”, con precios más bajo, pero que tiene menos de la mitad del valor proteico que el yogur o la leche

En la desesperación ante la imposibilidad de comprar los lácteos indispensables para los niños, muchas personas recurren a este producto, sin saber que no están cubriendo las necesidades diarias y generando serios riesgos de subalimentación. También muchos pediatras han denunciado que, en los barrios populares, se está consumiendo leche en polvo, “estirándola” con agua, y por lo tanto reduciendo también su valor alimenticio.

Todo esto es consecuencia del absoluto descontrol generado por un sector, el lácteo, donde unas pocas empresas monopólicas hacen lo que quieren. Se apropian de toda la cadena, llevando a la quiebra a los pequeños tamberos, los que se les pagan monedas por el litro de ordeñe, que en muchos casos no cubren ni el costo. A posteriori utilizan la leche prioritariamente para los productos premium, como los quesos o las leches de más alta calidad, dejando “lo que sobra” para el consumo popular.

Se trata de un verdadero escándalo, legitimado por un Ministerio de Economía donde el encargado de todo esto es nada menos que Miguel Braun, a cuya familia pertenece La Anónima, una de las cadenas de hipermercados más importantes del país y con presencia preponderante en la Patagonia. Los monopolios lácteos, con La Serenísima a la cabeza y los hipermercados, son justamente quienes se reparten el negocio, que termina con precios astronómicos en las góndolas.

La leche es un alimento vital, en especial para los niños. Hay que terminar con todo esto. A los pequeños tambos hay que garantizarles un precio mínimo sostén que les permita cubrir sus costos, pagado por los monopolios del sector. Las grandes empresas lácteas deben garantizarle y entregar las cantidades necesarias para que no falte en ningún comedor escolar o popular y esté al alcance de todos en las casas. Hay que imponer un precio máximo y exigir que esté presente en los comercios. Y si las empresas lácteas o los supermercados no cumplen, o esconden la mercadería, proceder a sancionarlos con toda la fuerza, con multas, clausuras o expropiaciones.

La ministra de Seguridad acaba de anunciar la creación de la Unidad de Garantía de Derechos Humanos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. Sería para “reparar los daños causados por agravios a los derechos humanos de los propios efectivos”.

Evidentemente este ente no tiene como objetivo defender a un eventual policía, gendarme o prefecto que se niegue a reprimir una protesta popular. O que quiera denunciar una coima, o a un comisario que maneja el narcotráfico, la prostitución o la trata. Todo lo contrario: está en la línea de protocolo que hace algunos meses envió el propio Ministerio de Seguridad habilitando a los efectivos a disparar a matar en cualquier circunstancia. O del programa “Restituir”, que permite la reincorporación de efectivos procesados por uso excesivo de la fuerza.

Los objetivos de la ministra Bullrich son clarísimos: habilitar más impunidad y más represión. Repudiamos la creación de este ente y exigimos una vez más, el desmantelamiento del aparato represivo, que no solo está a la orden del día contra la protesta popular, sino que también es parte fundamental del entramado del delito en nuestro país, como se acaba de ver en el enfrentamiento entre policías federales y bonaerenses la semana pasada.