Escribe Mercedes Trimarchi, diputada en CABA por Izquierda Socialista/ FIT Unidad  

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich renombró la Escuela de la Policía Federal Argentina con el nombre de “Ramón Falcón” y la de Suboficiales con el de “Alberto Villar”. En el marco del 204° aniversario de la creación de la Policía Federal, declaró: “Esta escuela nació por un policía, Ramón Falcón, quien le dio una orientación y además la fundó. Por una cuestión ideológica, le sacaron el nombre y yo instruyo al jefe de la Policía Federal Argentina para devolver la verdad. Es para nosotros un valor innegociable. Y lo mismo haremos con la escuela de suboficiales”. Una declaración que constituye un claro mensaje político. 

A pocos días de dejar la cartera de Seguridad para asumir como senadora, Bullrich reafirma su perfil represivo y reaccionario. No le alcanza con reprimir todos los miércoles a las y los jubilados frente al Congreso o con culpabilizar a las mujeres por la violencia de género que sufren; ahora, además, reivindica a dos personajes nefastos de la historia argentina, responsables de la persecución y el asesinato de trabajadores y luchadores sociales. Dos genocidas: uno que actuó hace más de un siglo bajo las órdenes del presidente Figueroa Alcorta; el otro, a comienzos de los años setenta, bajo el gobierno de Juan Domingo y Estela Martínez de Perón. 

¿Quiénes fueron Ramón Falcón y Alberto Villar?

Ramón Falcón participó en la Campaña del Desierto (1878-1885), comandada por Julio Argentino Roca. A su regreso fue elegido diputado nacional y, en 1906, el presidente Alcorta lo nombró jefe de la Policía Federal. Un año más tarde, durante la Huelga de Inquilinos de 1907, conocida como la huelga de las escobas, dirigió los desalojos violentos de familias trabajadoras que no podían afrontar los aumentos desmedidos de los alquileres. 

El 1° de mayo de 1909, reprimió brutalmente la manifestación obrera en Plaza Lorea, dejando un saldo de once muertos y más de cien heridos. Estos hechos fueron recordados como la Semana Roja, símbolo de la violencia estatal contra el movimiento obrero. 

Alberto Villar, por su parte, tuvo una destacada actuación represiva entre fines de los años sesenta y comienzos de los setenta. Fue uno de los principales organizadores del terrorismo paraestatal en la etapa previa a la última dictadura militar. Bajo la tutela de José López Rega, “Tubito”, como lo apodaban, fue uno de los fundadores de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), organización encargada de perseguir y asesinar militantes de izquierda, sindicalistas y referentes populares. 

Con el aval del gobierno peronista, Villar impulsó las listas negras y la creación de brigadas antiguerrilleras, especializadas en la represión y la tortura, métodos que luego se extenderían a todo el país tras el golpe del 24 de marzo de 1976. 

Amplio rechazo a la apología a los genocidas

Distintos organismos de derechos humanos, personalidades políticas y organizaciones de izquierda, así como nuestras bancas del FIT-Unidad, repudiamos la apología del terrorismo de Estado que realiza Bullrich. Su decisión de homenajear a represores y torturadores es un intento de amedrentar a quienes hoy luchamos contra las políticas de ajuste de un gobierno de ultraderecha que, con el aval de Trump y de los gobernadores, pretende avanzar en una reforma laboral para destruir derechos conquistados hace más de ochenta años mediante la movilización obrera. 

Desde Izquierda Socialista y el sindicalismo combativo sostenemos que esa reforma debe ser enfrentada en unidad y en las calles, con la fuerza de la clase trabajadora organizada. Por eso exigimos a la CGT que rompa el pacto con el gobierno y que prepare un paro general y plan de lucha contra la reforma laboral antiobrera y esclavista, al servicio de beneficiar aún más al empresariado ultramillonario de nuestro país.

Escribe Mariano Soria

El martes 4 llegó a su fin un extenso juicio contra los directivos de Acindar y miembros de las fuerzas represivas y paramilitares de la Triple A, responsables de secuestros, torturas y asesinatos durante la operación Serpiente del Paraná en marzo de 1975. El operativo, ordenado por el gobierno peronista de Isabel Perón y respaldado por la burocracia metalúrgica de Lorenzo Miguel, buscó desarticular a la nueva conducción de la UOM de Villa Constitución.

El Partido Socialista de los Trabajadores (PST), antecesor de Izquierda Socialista, apoyaba activamente a esa dirección e impulsaba su coordinación nacional contra el gobierno, la burocracia sindical y las bandas fascistas que atacaban diariamente a las y los trabajadores combativos. El operativo fue desplegado por unos 4 mil efectivos de fuerzas federales, provinciales y parapoliciales para desmantelar una experiencia de organización obrera y antiburocrática que había puesto en jaque al poder patronal y sindical en la región. En la causa, conocida como El Villazo, se investigaron los secuestros, torturas y asesinatos de 57 víctimas, y se sentaron en el banquillo 17 acusados: dos exdirectivos de Acindar y quince integrantes de las fuerzas de seguridad.

El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario absolvió a los 17 imputados por mayoría, pese a que el Ministerio Público Fiscal había solicitado prisión perpetua para los exdirectivos de la siderúrgica y penas de entre 10 y 25 años para los expolicías. Uno de los jueces votó en disidencia, considerando acreditados los delitos de lesa humanidad en al menos diez casos. La resolución deja impunes crímenes cometidos bajo el amparo del Estado y las patronales, pese al trabajo incansable de militantes, abogadas y abogados que durante meses reunieron pruebas y testimonios para exigir castigo a los genocidas.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad seguiremos acompañando la lucha para terminar con la impunidad de los crímenes del Villazo.

Escribe Guido Poletti 

Noviembre arrancó con un nuevo mazazo para el ya pulverizado bolsillo del pueblo trabajador: se viene una nueva ola de tarifazos.

El gobierno oficializó aumentos para el gas y la electricidad de aproximadamente un 3,8%. En el caso del gas, los hogares pasarán a pagar más que las empresas, algo que nunca había sucedido en la historia.

También se autorizaron incrementos en la medicina prepaga, que, a las astronómicas facturas mensuales actuales, podrán sumarle subas que rondarán entre el 2,1 y el 2,8%.

El transporte público también aumentó en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El boleto de los colectivos en territorio bonaerense subió un 4,1%, alcanzando los 572,86 pesos para el tramo mínimo. En CABA, el boleto de menor valor pasó a ser de 568,91 pesos.

Desde noviembre, el valor del pasaje en el subte pasó a costar 1.157 pesos para quienes utilicen una tarjeta SUBE registrada. Quienes usen una SUBE no registrada pagarán un valor sensiblemente mayor: 1.839,63 pesos.

También se registraron aumentos en los alquileres. Para los contratos regidos por la vieja ley, la suba será del 42,45%, prácticamente impagable.

Por si todo esto fuera poco, comenzaron nuevos incrementos en la nafta y el gasoil, que, por supuesto, a lo largo del mes repercutirán en el precio de otros productos.

Es mentira que está “domada” la inflación. Los precios siguen subiendo, y en todos los casos superan cualquier incremento de salarios y jubilaciones. Por eso sigue siendo necesario salir a pelear por un salario digno, donde nadie gane menos que el valor de la canasta familiar.

Para eso, la CGT tiene que romper su pacto con el gobierno y lanzar un nuevo paro general y un plan de lucha que empalme con la pelea contra la reforma laboral que está anunciando el oficialismo. Se puede ganar: las y los compañeros del Hospital Garrahan demuestran que, con la lucha, es posible.

Escribe Guido Poletti

Se inició un nuevo juicio por corrupción contra la expresidenta Cristina Fernández y varios de sus funcionarios. Se trata de la conocida “causa de los cuadernos”, donde se entrecruzan coimas millonarias entre grandes empresarios, secretarios y ministros de los tres gobiernos peronistas kirchneristas.

Nunca dudamos de los numerosos hechos de corrupción que rodearon a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En su momento los denunciamos uno por uno. Basta recordar, por citar un ejemplo, toda la corrupción vinculada a la masacre de Once, denunciada sistemáticamente por nuestras compañeras y compañeros de la seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, en especial por Rubén “Pollo” Sobrero y Mónica Schlotthauer.

En este caso, más allá de la evidente responsabilidad de los funcionarios involucrados, resulta escandaloso que la inmensa mayoría de los empresarios cómplices hayan sido liberados de cargo y culpa mediante el simple expediente de transformarse en “testigos colaboradores”. Un auténtico despropósito judicial.

Los gobiernos corruptos

No se nos escapa el oportunismo del momento elegido para iniciar este juicio. Su objetivo es desplegar un show mediático que distraiga del avance del gobierno contra el pueblo trabajador, con nuevas medidas de ajuste y el lanzamiento del ataque mayor: la reforma laboral.

El inicio del juicio, y la decisión de prolongarlo para transformarlo en un “culebrón” que dé rating a los medios de comunicación antikirchneristas, contrasta con la absoluta parálisis de las causas que involucran al presidente Javier Milei y a su hermana Karina. Tal es el caso del Cripto-gate, del que surgen novedades casi a diario desde Estados Unidos, pero que en la justicia argentina continúa cajoneado. Lo mismo ocurre con las denuncias de coimas contra Karina Milei, el famoso “3%” cobrado a costa de las personas con discapacidad.

El gobierno ultraderechista de Milei es escandalosamente corrupto. También lo fue el de Macri, con casos emblemáticos como el de Calcaterra. Y ni hablar de la larga lista de hechos de corrupción del kirchnerismo. Si seguimos hacia atrás, encontramos los históricos escándalos del menemismo (Yoma-gate, Swift-gate, tráfico de armas a Croacia y Ecuador, privatizaciones). En todos los casos se repite el mismo patrón: gobiernos coimeros por un lado, empresarios beneficiados por el otro. Todos socios y felices, a costa del pueblo trabajador.

La deuda externa

Cuando se habla de corrupción, nunca debemos olvidar el mayor monumento a la corrupción de la historia argentina: la ilegal, inmoral, ilegítima y fraudulenta deuda externa generada por la dictadura genocida de Videla y Martínez de Hoz, de la que se beneficiaron innumerables grupos económicos locales y extranjeros, como la familia Macri.

Esa deuda fue luego reconocida, pagada y multiplicada por absolutamente todos los gobiernos posteriores: Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando De la Rúa, los Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora Javier Milei. Dentro de esa cadena hubo operaciones fraudulentas como el megacanje de 2001 (por la que el hoy ministro Federico Sturzenegger debería estar preso, de no haberlo salvado la Corte Suprema), o los negociados con bancos internacionales como el JP Morgan y el Deutsche Bank, donde trabajaron Luis “Toto” Caputo, Santiago Bausili y toda la actual plana mayor del equipo económico de La Libertad Avanza.

¿Cuál es la salida?

Nuestra posición siempre fue clara: todos los responsables deben ser condenados y devolver lo robado, sin excepciones, incluyendo a los empresarios beneficiados por estos negociados. Pero la conclusión más profunda es que la corrupción está estructuralmente ligada a los gobiernos patronales y a sus políticas de entrega al capital imperialista, con sus consecuencias de ajuste, endeudamiento y saqueo.

La única salida es que gobiernen quienes no tienen complicidad con este pasado: las y los trabajadores y la izquierda, poniendo en marcha un programa obrero y popular que comience por dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI, con Trump y con todos los lazos que atan al país al sometimiento político y económico del imperialismo yanqui.

Escriben Diego Saavedra y David Lastra, referentes y candidatos a delegados de la Junta Interna de ATE

El pasado 4 de noviembre, el Consejo de Administración anunció un aumento del 61% en el salario básico de todo el personal del Hospital Garrahan.

El incremento alcanza a residentes, becarios, personal contratado y de planta: enfermería, médicos, profesionales de la salud, técnicos, docentes y administrativos.

Sumado a los bonos ya conquistados (de 350 y 450 mil pesos), este logro representa un triunfo contundente en la pelea contra el vaciamiento del hospital y por un aumento salarial que garantice que ningún trabajador ni trabajadora cobre menos que el valor de la canasta familiar.

Se trata de un triunfo rotundo, producto de meses de un conflicto arduo, sostenido sobre decisiones democráticas en asambleas y con un método de lucha basado en el paro como herramienta central.

Contó además con un enorme apoyo popular, que convirtió en causa nacional la defensa del Garrahan y de sus trabajadores.

De esta forma se logró una derrota contundente al gobierno ultraderechista de Javier Milei, a su plan motosierra y a todas las agresiones contra las y los que luchan.

Al mismo tiempo que seguimos enfrentando cualquier intento de represalia o sanción sobre el activismo, es fundamental realizar un balance profundo de esta lucha ejemplar para extraer conclusiones que sirvan al conjunto de nuestra clase.

La unidad fue clave para el triunfo

Se consiguió la unidad de todo el hospital detrás del reclamo salarial mediante el método de la asamblea.

Cada paso en el conflicto fue decidido colectivamente en asamblea general de trabajadoras y trabajadores, sin distinción de tareas, filiación sindical ni modalidad de contratación.

Otro elemento central que condujo al triunfo fue la dirección del conflicto, que recayó en sectores del sindicalismo combativo.

En ese marco, la combativa Junta Interna de ATE del hospital (con una enorme tradición de lucha de más de dos décadas) fue clave para llevar esta pelea a la victoria.

Buscó siempre la unidad con el resto de los sectores, especialmente con la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y con las y los médicos autoconvocados, empujando para seguir adelante incluso cuando las distintas alas burocráticas de la conducción de ATE retacearon apoyo al conflicto más importante que se desarrollaba en el Estado.

Es necesario también resaltar el contraste con la tregua y la traición de la burocracia sindical peronista.

A tono con la orientación nacional de la CGT, Sutecba y UPCN (gremios que actúan en el hospital) cumplieron el rol de voceros de la patronal y de arietes para intentar quebrar la lucha.

Se ganaron así el repudio sintetizado en una frase elocuente: “Los trabajadores luchando: 61%. UPCN dialogando: 1%”.

Aún queda el desafío de seguir reclamando la efectiva implementación de la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica, el pase a planta permanente de las y los contratados, la incorporación a la carrera profesional y el cumplimiento de las demandas vinculadas a las condiciones laborales.

El conflicto, en esta nueva etapa, enfrenta la ofensiva patronal que busca disciplinar y silenciar a quienes luchan: rechazamos los más de 50 sumarios administrativos y las causas penales abiertas contra decenas de activistas.

Desde Estatales y Salud en Marcha, llamamos a poner en pie una gran campaña unitaria para enfrentar los millonarios descuentos descargados sobre sectores que estuvieron al frente de la pelea (como enfermería, centro quirúrgico y jardín maternal) y para derrotar los sumarios persecutorios.
Al mismo tiempo, impulsamos la campaña electoral de la combativa Lista Roja de ATE, que el 11 y 13 de diciembre buscará ratificar su conducción al frente de la Junta Interna.

Esta elección debe ser un paso más en el fortalecimiento de la organización de los distintos sectores del hospital, para defender lo conquistado, avanzar en lo que falta y rechazar con firmeza la reforma laboral que impulsa el gobierno.
Nuestra agrupación se pone a disposición de estos nuevos desafíos y abre sus puertas a todo el activismo del hospital que quiera sumarse para fortalecer esta perspectiva de lucha.