Escribe Partido Socialismo y Libertad, sección de la UIT-CI en Venezuela

10/1/2026. El pasado 3 de enero el gobierno del ultraderechista Donald Trump ejecutó un ataque criminal contra nuestro país. Como resultado del operativo militar fue secuestrado Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, hecho que repudiamos. Aquel día se produjo una verdadera masacre. Más de 100 muertos, entre ellos algunos civiles, y un número similar de heridos, aunque las cifras pueden aumentar en los próximos días. La acción criminal del imperialismo estadounidense venía siendo aupada y promovida desde hacía meses por María Corina Machado y otros representantes de la oposición patronal venezolana.

Con sus primeras declaraciones tras la invasión a Venezuela, ha quedado claro que a Trump solo le interesa el petróleo y demás recursos del país. El descomunal despliegue naval y los bombardeos en el Caribe y el Pacífico nunca fueron realmente por el narcotráfico. A Estados Unidos no le interesan las libertades democráticas, ni la libertad de los presos políticos, como tampoco los salarios ni las condiciones de vida del pueblo venezolano.

Este ataque es la expresión de una contraofensiva global desplegada por Trump que intenta revertir la crisis económica y de dominación hegemónica de los Estados Unidos, en el contexto de la crisis global del capitalismo imperialista. El ultraderechista Trump persigue hacer nuevamente a “América grande”, como dijo en su alocución de ascenso al poder en enero del pasado año, lo que hasta ahora no ha podido concretar.

Después de la intervención militar en Venezuela, Trump dijo que podría haber un segundo ataque a nuestro país, si el gobierno venezolano encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, no acataba sus exigencias. Dijo que ahora controlaba el país y que iba a dirigir el comercio de su petróleo. Simultáneamente también amenazó a Cuba, Colombia, México y Groenlandia.

Desde el Partido Socialismo y Libertad rechazamos el plan de Estados Unidos de recolonizar a nuestro país y controlar la explotación y comercialización del petróleo, en el marco del reflotamiento de la Doctrina Monroe y su Corolario Trump. El pasado viernes fue vergonzoso ver a los principales CEO de las transnacionales petroleras reunidas con Trump en la Casa Blanca, definiendo el destino de nuestro petróleo.

Advertimos sobre el peligro de un pacto entre Trump y el gobierno venezolano

No tenemos ninguna confianza en el actual gobierno presidido por Delcy Rodríguez, como no lo teníamos antes con Maduro ni con Chávez. Lo que estamos observando son señales claras de que el actual gobierno chavista está dispuesto a acatar las exigencias de Trump. Poco después que Trump anunciara que Venezuela le entregaría entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, Pdvsa hizo público que está en negociaciones con Estados Unidos para venderle “volúmenes de petróleo”, algo que estaría en consonancia con lo afirmado por Trump. Por otra parte, ya se están dando pasos para el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos cuando lo que correspondería sería romper toda relación con EE.UU y la afectación de sus intereses en Venezuela. A tan solo 6 días del brutal ataque de Estados Unidos, arribó al país una delegación de funcionarios norteamericanos que se dirigió a la embajada en la capital venezolana. Incluso ha trascendido que existe la posibilidad de que Delcy Rodríguez se reúna con Trump.

Lo que está en juego ahora ante el peligro de un pacto del gobierno con Trump es un mayor control y sujeción de Estados Unidos sobre el petróleo venezolano. En palabras del mismo Trump el plan es aumentar la producción para que baje el precio del petróleo en el mercado, un precio que ya venia en bajada. Por ello rechazamos cualquier pacto con Trump. Debemos ser categóricos, si se pacta con el imperialismo va a haber más miseria y expoliación de nuestros recursos y ningún beneficio para el pueblo trabajador.

Nadie puede tener expectativas positivas con esta agresión imperialista, y con los planes de dominación colonial sobre Venezuela. Hay una larga historia de intervenciones militares de Estados Unidos en nuestro continente y en otras regiones, que solo han dejado una estela de muertos, destrucción y mayor sujeción al imperialismo y a sus grandes empresas. No van a haber beneficios ni mejores salarios con Estados Unidos y sus transnacionales. A estas poco le importan las necesidades del pueblo trabajador. No son Trump, un ultraderechista, ni las empresas transnacionales petroleras las que van a solucionar nuestros problemas, por el contrario, vendrían a profundizar la explotación y la destrucción de nuestros bienes comunes naturales. Solo con nuestra organización paciente, nuestra lucha y movilización en cada sitio de trabajo, de estudio y en las comunidades podremos recuperar nuestros derechos y darle respuesta a nuestros principales reclamos.

El chavismo siempre pactó con las transnacionales

Es importante recordar que las empresas transnacionales nunca se fueron de Venezuela. En el año 2007 Chávez asoció a las transnacionales petroleras a Pdvsa a través de la figura de las empresas mixtas. En ese acuerdo entraron Chevron, Repsol, Shell, Total, China National Petroleum, Petrobras, luego ingresarían al esquema Mitsubishi, Lukoil, Gazprom y Rosneft. Las únicas empresas que no entraron en el acurdo de empresas mixtas fueron Exxon Mobil y Conoco Phillips, porque decidieron irse. En el 2010 Chávez otorgó a las transnacionales varios bloques de la Faja Petrolífera del Orinoco, la reserva de crudo más grande del mundo, profundizando así la entrega de nuestro petróleo.

Los acuerdos se concretaron en otros sectores económicos como alimentación, telecomunicaciones y bancario, incluyendo a empresas como Nestlé, Coca Cola, Movistar, DHL, Citibank, y a grandes empresarios nacionales, como el Grupo Cisneros.

Venezuela recibió entre 1999 y 2014 más de 960 mil millones de dólares por exportaciones petroleras. Muy poco de esa gran cantidad de recursos llegó a los trabajadores y sectores populares. Solo algunas políticas asistencialistas y las Misiones, que con el tiempo se fueron diluyendo. La mayor parte de ese dinero fue a negociados turbios y la corrupción, a compras de armas y contratos con grandes transnacionales. Todo esto lo planteamos en un libro que publicamos en el año 2018 titulado “¿Por qué fracaso el chavismo? Un balance desde la oposición de izquierda”, que puede consultarse en la página web: nahuelmoreno.org

El PSL y nuestra corriente socialista revolucionaria encabezada por Orlando Chirino y José Bodas, protagonistas de la lucha contra el golpe de Estado y el paro patronal contra el presidente Chávez en el 2002, siempre se opuso a esta política y luchamos por petróleo 100 % estatal bajo gestión y control obrero, y dimos la pelea por una verdadera salida socialista y un gobierno de las y los trabajadores y el pueblo.

Esta demanda se mantuvo con Maduro quien siempre estuvo de acuerdo en acordar con los Estados Unidos y sus transnacionales. De hecho, en más de una ocasión se dirigió al gobierno estadounidense e incluso a inversionistas de otras zonas del mundo, ofreciéndole nuestras riquezas petroleras.

En junio de 2024, Nicolás Maduro invitó a empresarios extranjeros a invertir en el sector petrolero. En aquella ocasión dijo: "Deben saber los inversionistas de Estados Unidos, de Asia, de África, de toda América Latina y el Caribe, de todo el mundo, que Venezuela es el sitio de las oportunidades y que las inversiones están garantizadas para crecer y darle garantías y seguridad energética al mercado internacional".

Llamamos a rechazar cualquier pacto con el imperialismo norteamericano

Hay que movilizarse por un aumento de salarios y pensiones de emergencia, igual a la canasta básica. ¡Basta de ajuste al pueblo trabajador! ¡Basta de bonificación salarial!; que se discutan las contrataciones colectivas; por el derecho a huelga y la libertad sindical; por la libertad plena de los presos políticos, incluso para las y los que ya han sido excarcelados, libertad para las personas apresadas en el marco de las protestas contra el fraude electoral en julio de 2024. Que se acelere la libertad de los presos anunciada por Jorge Rodríguez. Especialmente exigimos la libertad de las trabajadoras y trabajadores detenidos por luchar, por denunciar la corrupción o por razones políticas, como es el caso de más de 120 petroleros que permanecen detenidos, y que sean restituidos en sus cargos. Reenganche inmediato de los despedidos con pago de salarios caídos. Que cese la represión y la persecución ¡Levantamiento inmediato del decreto de conmoción externa!. Que se abran los medios de comunicación que fueron cerrados. Plenos derechos políticos para el pueblo trabajador. Que se legalicen los partidos políticos de izquierda y democráticos. Reclamamos petróleo 100% estatal, sin empresas mixtas ni transnacionales; impuestos progresivos para todas las empresas transnacionales y grandes empresas nacionales, y que todo este dinero se destine para aumentos de salarios, para salud, educación y producción de alimentos y medicamentos.

Llamamos a rechazar cualquier pacto con el imperialismo norteamericano. Que el gobierno de Delcy Rodríguez en vez de negociar con EE.UU. convoque a los presidentes Petro de Colombia, Lula de Brasil y Sheinbaum de México a impulsar una gran movilización continental y mundial contra los intentos de Trump de imponer un plan de sujeción y control a Venezuela, y seguir el ejemplo de muchos países donde se han producido movilizaciones de rechazo a la invasión norteamericana y en solidaridad con Venezuela.

Ante la repudiable intervención de Trump y los EE.UU. en Venezuela recomendamos leer el presente libro que documenta el proceso del surgimiento del chavismo y su génesis entre los años 1992 hasta el 2017. La muerte de Chávez en 2013 y los primeros años de su sucesor Nicolás Maduro. Incluyendo el rol de la corriente socialista revolucionaria que encabezan Orlando Chirino y José Bodas (hoy PSL), en la primera fila del movimiento obrero contra el golpe patronal imperialista de 2002-03. Y luego alertando de las negativas consecuencias que tendría para el pueblo trabajador el falso discurso del “Socialismo del siglo XXI”. Un libro de total actualidad. Disponible también en nahuelmoreno.org

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Escribe Mariano Barba

El presidente Javier Milei ratificó que la reforma se tratará en las sesiones extraordinarias de febrero, y la senadora Patricia Bullrich quiere que sea el 11. La llaman “modernización” para crear puestos de trabajo, pero, en realidad, es una guerra contra la clase trabajadora, ocupados y desocupados, para quitar conquistas de hace muchos años, conseguidas con luchas históricas.

La reforma esclavista se da en el marco de una situación económica muy difícil para las y los trabajadores y el pueblo, con el cierre de 19 mil pymes, la pérdida de 270 mil puestos de trabajo en los últimos dos años y salarios que son de pobreza para más del 70% de la clase trabajadora.

Incluso el economista Damián Di Pace, que promueve la reforma, declaró en LN+: “la reforma no generará nuevos empleos ya, porque tienen que darse muchas otras condiciones económicas que no están”. Todos recordamos que la flexibilización laboral menemista en los años ‘90 generó un salto en la desocupación del 6% al 18%.

Aprovechando su triunfo electoral, el gobierno apura la negociación con los gobernadores. Busca los votos de senadores y diputados. Persisten diferencias porque los gobernadores no quieren que se bajen impuestos coparticipables, como el impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, que se reducen para los grandes empresarios, el agro y la minería, ni el impuesto a los combustibles ni las retenciones al campo y a las petroleras. Según el periodista Ignacio Zuleta (Clarín, 18/01/26), un informe calcula la caída de la coparticipación a las provincias en 4,6 billones de pesos. Esta situación genera roces con algunos gobernadores, ya que Diego Santilli, el ministro negociador, solo les ofrece “garantías del Estado nacional para que las provincias se endeuden”. De esa forma empuja cada vez más al ajuste en las provincias.

¿Qué significa la reforma del gobierno?

• Es más barato despedir
Se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), con el 3% del sueldo, que va a una cuenta del trabajador en un banco. Ese 3% se quita de la contribución patronal que hoy va a la Anses. Por lo tanto, se la desfinancia en un monto enorme que alcanza al 0,5% del PBI. Además, para el cálculo de la indemnización se quitan el aguinaldo, las vacaciones, los premios y todo lo no remunerativo. El monto ya no se calculará por el mejor sueldo sino por el promedio y se pagará en doce cuotas. Incluso quieren aplicar un tope máximo.
Con ese 3% que va a la cuenta bancaria del trabajador nace otro gran negocio financiero para los bancos y las entidades financieras, como las billeteras habilitadas. ¿Se acuerdan de las AFJP, que terminaron en una estafa?

• Crecerá la precarización laboral y bajarán las jubilaciones
Millones de argentinos ya trabajan en un régimen muy precario, con derechos limitados. No mejorarán su situación si se aprueba la reforma, porque lo que ocurrirá es que las patronales, al tomar nuevas personas, dejarán de pagar contribuciones por varios años. Esto desfinancia el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que cubre jubilaciones y pensiones, afecta el pago de asignaciones familiares y, además, abarata el despido.

• Salarios más bajos, con menos descanso y vacaciones
Se promueve la negociación por empresa y no por actividad. Se habilitan jornadas flexibles con banco de horas compensatorio, lo que permite extender hasta 12 horas la jornada si el patrón lo decide, sin considerarlo como horas extras, porque otro día “se las devuelve” cuando no lo necesita. Las vacaciones también pueden ser fraccionadas a criterio del empleador.

• Convenios colectivos
Cesan sus cláusulas si no hay acuerdo en las paritarias. De ese modo, el trabajador queda a voluntad del empleador.

• Desfinancia las obras sociales
Al bajar la contribución patronal del 6% al 5%, se genera una caída de 1 billón de pesos en los ingresos de las obras sociales, deteriorando aún más una prestación que ya es deficiente.

• Ataca las organizaciones sindicales y las asambleas
Limita el derecho de huelga, ya que deben ser autorizadas por la patronal y el Ministerio de Trabajo. También será más difícil hacer huelgas por gremio, porque obliga a guardias mínimas en la mayoría de los rubros laborales, como salud, educación, energía, telecomunicaciones, transporte y aduanas, donde pueden imponer que trabaje hasta el 75% de la planta.

¿Qué hace la CGT?

El dirigente sindical combativo Rubén “Pollo” Sobrero, en un debate por el canal TN, exigió a los defensores de la reforma: “Muestren un artículo favorable al trabajador. No lo hay”.

La CGT, que responde políticamente al peronismo, no opina lo mismo que nuestro compañero de Izquierda Socialista Sobrero. Por distintas vías negocia con el gobierno y apuesta a que los gobernadores frenen algunos puntos de la reforma. Hasta ahora viene amenazando con una movilización y quizá un paro para febrero, pero sin confirmarlo. La mayoría de los burócratas no están dispuestos a enfrentar globalmente la reforma. Apuntan a morigerar algunos artículos, como el cese de los convenios, la esencialidad, el FAL y la cuota solidaria.

Desde el Plenario del Sindicalismo Combativo, el Movimiento Piquetero Independiente y las Jubiladas y Jubilados en Lucha, junto a la izquierda y a miles de activistas y delegados de todo el país, impulsaremos asambleas en los lugares de trabajo para rechazar la reforma. Exigimos que la CGT, junto a las CTA, convoque a un paro con movilización el día que se trate la ley en el Senado y que sea parte de un plan de lucha nacional para derrotar el proyecto de reforma laboral esclavista.

Escribe Pablo Almeida, delegado general de ATE-Ministerio de Economía

Este martes 20 de enero se reunió de manera presencial la mesa del Plenario del Sindicalismo Combativo, el Movimiento Piquetero Independiente y Jubiladas y Jubilados en Lucha, con la participación de sus integrantes del AMBA. El encuentro tuvo como eje dar continuidad a la acción unitaria iniciada en diciembre contra la reforma laboral y la motosierra del gobierno de Javier Milei. Frente a los titubeos de la burocracia sindical de la CGT, que pese a expresiones aisladas sigue sin llamar a un enfrentamiento consecuente contra la reforma laboral esclavista, se volvió a exigir un paro general y un verdadero plan de lucha.

La reunión contó con la presencia de trabajadoras y trabajadores despedidos de la farmacia Doctor Ahorro, que sostienen una dura pelea por su reincorporación. También hicieron llegar su saludo las y los trabajadores de Lustramax, que enfrentan despidos y mantienen ocupada parte de la planta.
El debate partió de un balance positivo de la jornada del 18 de diciembre. Ese día, en el marco de la movilización convocada por la CGT, se destacó una importante columna independiente impulsada por el sindicalismo combativo junto a la izquierda, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, la coordinadora Basta de Falsas Soluciones y diversas organizaciones del movimiento de mujeres, disidencias y de la cultura.

A partir de este balance, el Plenario resolvió avanzar en una reunión nacional virtual este viernes 23, con referentes de todas las provincias. El objetivo es lanzar una amplia convocatoria de cara al 11 de febrero, o a la fecha en que la reforma sea tratada en el Congreso, para impulsar una movilización masiva que exija a las centrales sindicales un paro nacional ese día y un plan de lucha para derrotar la reforma laboral, el conjunto del superajuste en curso y los ataques del gobierno ultraderechista de Milei.

La reunión volvió a subrayar la importancia del Plenario del Sindicalismo Combativo como una herramienta fundamental para apoyar y coordinar las luchas en curso para que triunfen y avanzar en la construcción de una nueva dirección sindical combativa y democrática.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El viernes 9 de enero Javier Milei pagó 4.200 millones de dólares de deuda externa a los denominados bonistas privados. Al día siguiente envió otros 2.540 millones a Estados Unidos, devolviendo el salvataje preelectoral. Y el 1° de febrero girará 824 millones por pago de intereses al FMI. Son nuevos actos de entrega y piratería que repudiamos.

Cuando Javier Milei empezó a pagar la deuda externa dijo que ´las deudas se honran´. Pero Milei honra y paga una deuda que el pueblo no contrajo, mientras no paga las deudas que mantiene con el pueblo trabajador. Mejor dicho, el presidente les roba a las y los jubilados y recorta los presupuestos de salud, educación, universidades, el Garrahan, las personas con discapacidad, las partidas para el Manejo del Fuego y la protección de los bosques nativos, entre otras áreas, para cumplir con los usureros internacionales.

Además, no se trata del pago de ninguna ´deuda´ que el pueblo tenga que asumir. Esa plata el pueblo no la vio. Fue destinada a engrosar las fortunas de los supuestos acreedores externos mediante la denominada bicicleta financiera. ¿Alguien vio que se haya construido alguna vivienda, hospital o jardín maternal, o que se haya aumentado a las y los jubilados con la plata que Milei pidió prestada? No. Fue para salvar a los bancos y a los especuladores.

A su vez, se trata de un doble endeudamiento. El gobierno, además de pagar con reservas, como no le alcanzaba pidió un nuevo crédito a bancos imperialistas por 3 mil millones de dólares. Es decir, más endeudamiento para pagar endeudamiento, completamente ajeno a las necesidades de millones.

Los 4.200 millones de dólares que Milei pagó en enero fueron para cancelar deuda heredada del gobierno anterior de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. El entonces ministro de Economía Martín Guzmán había premiado a los bonistas privados, léase fondos buitres y estafadores internacionales, renegociando una deuda que viene desde la dictadura y que Mauricio Macri ya no podía seguir pagando. Un gobierno peronista que, además, reconoció los 45 mil millones de dólares con los que se endeudaron con Luis Caputo en 2018, dinero que fue destinado a salvar a los bancos, tal como reconocieron el propio Macri y un informe del Banco Central de ese período.

Los 2.540 millones de dólares pagados a Estados Unidos corresponden a los fondos enviados por Donald Trump para frenar la corrida cambiaria antes de las elecciones y evitar una estampida del dólar. Fue un salvataje que le permitió al gobierno ganar los comicios. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, agradeció la devolución: “son decenas de millones en ganancias para los estadounidenses”. Y lo que se pagará el 1° de febrero corresponde a intereses pactados con el FMI. El saqueo es total. Encima, en 2026 se deberán pagar otros 20 mil millones de dólares.
¿Qué se podría hacer con 7.564 millones de dólares? Construir 150 mil viviendas populares, lo que daría trabajo a 600 mil desocupados. O comprar 2.500 aviones hidrantes para combatir el fuego.

Bajo el gobierno de Milei, la deuda ´aumentó en 29.511 millones de dólares, superando en total los 455 mil millones de dólares´ (Clarín, 16/01). Si se suman las deudas de las provincias y de las empresas, el monto supera ampliamente los 500 mil millones de dólares.

Milei paga una verdadera estafa. Lo mismo hizo el peronismo y lo hicieron todos los gobiernos anteriores. Sólo el Frente de Izquierda Unidad repudia esta nueva entrega y sostiene que la plata debe ir al pueblo trabajador, no a la usura ni al FMI comandado por Donald Trump.