Escribe Hugo Iglesias, dirigente de Izquierda Socialista Tierra del Fuego

Javier Milei avanza en la carrera por someter la soberanía de nuestro país al servicio de las exigencias de Donald Trump, quien busca controlar el cruce bioceánico y la Antártida. Al mismo tiempo, profundiza sus compromisos geopolíticos con el gobierno de Estados Unidos, aceptando integrar el fraudulento Consejo de Paz para legitimar el genocidio y la colonización de Gaza. Por eso puso el pie en el acelerador para avanzar sobre Tierra del Fuego, en función de esos compromisos con el imperialismo.

En la madrugada del 21 de febrero, fuerzas de la Prefectura Naval ocuparon el puerto de Ushuaia para dar paso a la intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), suspendiendo su habilitación por un año, con posibilidad de prórroga. La excusa fue una fallida ley del Consejo Provincial que pretendía disponer fondos del puerto, superavitario, para pagar deudas de la obra social. La reacción en contra evitó que esos fondos se usaran, pero, como se trataba de un pretexto, la intervención se produjo igual.

Lo verdaderamente importante es que el puerto de Ushuaia es un objetivo apetecible para Milei, los empresarios y las potencias extranjeras. Algunos quieren privatizarlo por su alta rentabilidad para el turismo internacional. Otros buscan disponerlo para fines geopolíticos, con vistas al control de la Antártida y de las islas del Atlántico Sur, incluida Malvinas.

En los últimos días, el gobierno dispuso el traspaso de las bases Carlini y Brown, que tienen funciones científicas, desde la Cancillería al Comando Conjunto Antártico (Cocoantar), dependiente del Ministerio de Defensa. Ambas bases forman parte del Programa Antártico para la investigación ambiental y climática, además del apoyo logístico a la presencia de nuestro país. Científicos e incluso ex militares de estas misiones señalan que el traspaso atenta contra esos objetivos.

El personal apostado en esas bases venía advirtiendo que el desmantelamiento de recursos, producto del ajuste del Estado nacional, estaba poniendo en peligro su funcionamiento. Esto podría ser parte de una estrategia para justificar el traspaso.

Cabe señalar que desde 1959 el Tratado Antártico internacional impide el uso militar de ese territorio. En 2018, el gobierno de Mauricio Macri dispuso el pase de la mayoría de las 13 bases argentinas al Cocoantar, dejando solo las dos señaladas para fines científicos. Milei hoy cierra el círculo.
Fuentes no oficiales han manifestado que el Ministerio de Defensa no tiene recursos para afrontar este nuevo objetivo. Entonces, ¿a qué responde la medida? ¿Quién sí tiene los recursos para sostener o desmantelar estas bases?

No podemos olvidar las dos visitas del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Alvin Holsey, y la conferencia sudamericana de Defensa realizada en nuestro país en 2025, donde se estableció el compromiso de trabajo conjunto para “defender el Atlántico Sur” del supuesto “peligro de China en la región”. En noviembre de 2025, producto de estos acuerdos, se realizaron actividades conjuntas de las fuerzas navales argentinas con las estadounidenses en la base militar de Ushuaia.

A esta avanzada militarista se suma la ofensiva de Milei para destruir la economía de la isla y desalentar la permanencia de su población. En noviembre de 2025, el gobierno nacional redujo la obligatoriedad del 70% al 30% de las partes nacionales que componen un celular, favoreciendo a los importadores y afectando el empleo.

En enero, la fábrica Newsan ya despidió a 150 trabajadores. Las plantas de Mirgor avisaron a las y los contratados que este año no van a trabajar. También a quienes están bajo el formato PPD (Prestación Personal Discontinua) no les dieron fecha de ingreso.

El 15 de enero entró en vigencia el decreto 333/2025, que reduce a 0% los aranceles de importación. Este decreto había sido suspendido en mayo pasado, luego de una huelga general de los metalúrgicos que culminó con un paro provincial, una verdadera pueblada. La medida pone en peligro más de 6 mil puestos de trabajo industriales y varios miles más que esta industria derrama en servicios y comercio.

En enero, por resolución 20/2026, la Secretaría de Comercio e Industria eliminó la obligación de las empresas beneficiarias del Régimen de Promoción Industrial de la Ley 19.640 de destinar el 15% de los impuestos exentos al Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP). Este fondo debía servir para generar empleo e infraestructura que permitieran reconvertir el sistema productivo y volverlo sustentable durante el período de prórroga de la ley, que vence en 2030.

Desde su creación, el fondo no se utilizó. Recién el año pasado grandes empresarios, como Rubén Cherñajovsky (Newsan) y Nicolás Caputo (Mirgor), presentaron proyectos que los benefician, sin retorno y sin crear nuevas fuentes de empleo.

Desde el Frente de Izquierda Unidad se presentó un proyecto en octubre de 2025 para que el fondo fuera provincializado y puesto bajo control de un directorio con mayoría de trabajadores y vecinos, de modo que sirviera a un plan de sustentabilidad económica que defendiera el empleo.
La liquidación de este fondo ahoga aún más al gobierno provincial del peronista Gustavo Melella, que ha demostrado su inutilidad para resolver la crisis financiera. No recompone los salarios estatales. La obra social provincial (OSEF) afronta graves problemas presupuestarios y los hospitales públicos están colapsados. Todo esto pronostica una crisis cada día más aguda. Pero la población de la isla ya está retomando la experiencia del paro provincial de mayo pasado contra el decreto de aranceles cero. Y con las y los portuarios a la cabeza, comenzó la resistencia.

Docentes y estudiantes contra la reunión con los senadores yanquis

El 25 de enero un avión de la fuerza aérea estadounidense aterrizó en Ushuaia con una comitiva de senadores con supuestas preocupaciones por atender a la crisis climática y ambiental de la región. Docentes y el Centro de estudiantes de la sede de Río Grande de la Universidad de Tierra del Fuego rechazaron la presencia de científicos del Conicet (a título individual) y de la Universidad (a título oficial) en las reuniones con estos representantes de un gobierno negacionista de los problemas ambientales y cuyos fines no son sino colonialistas.

Escribe Agustín Cazeaux, Presidente del Centro de Estudiantes de Río Grande de la Universidad de Tierra del Fuego

En reclamo contra el cese de la intervención y el derecho a trabajar de los casi 130 empleados, los portuarios se movilizaron este 3 de febrero a las puertas de la Dirección del puerto de Ushuaia y los estudiantes los acompañamos en la guardia diaria como desde el principio de la lucha.
La convocatoria impulsada por 50 organizaciones como la Confederación General del Trabajo (CGT) Ushuaia y los principales sindicatos y organizaciones sociales y políticas se congregaron para solidarizarse con los portuarios.

Como representante del Centro de Estudiantes de la sede de Río Grande de la Universidad de Tierra del Fuego (UNTdF) y de la Agrupación Unión Resistente de Estudiantes Fueguinos (UREF), pude reclamar en la asamblea contra la ofensiva del Gobierno nacional para destruir el empleo en la isla.
Durante mi intervención lo más aplaudido fue el reclamo de un paro nacional el día que se trate el proyecto de reforma laboral esclavista y la necesidad de hacer crecer la solidaridad y unidad de obreros y estudiantes.

Con la necesidad manifiesta de organizar un verdadero plan de lucha para derrotar la reforma y la intervención del puerto, desde la Juventud de Izquierda Socialista (JIS) se realizó una colecta para pagar los gastos de transporte para poder llegar con las banderas que viajaron desde Río Grande.
En la asamblea también hablaron Oscar Martínez de la UOM de Río Grande, Horacio Catena de SUTEF, Ramón “Moncho” Calderón de la CGT de Ushuaia, Claudia Etchepare de ATSA, Roberto Murcia de la Dirección provincial de Puertos y el veterano de Malvinas Héctor Horacio Chávez.

Escribe Marcela Almeida, miembra de la Junta Interna ATE Indec

El lunes 2 de febrero, al llegar al Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos) nos encontramos con la noticia de que había renunciado su director, Marco Lavagna.  Y la sorpresa fue mayor cuando nos enteramos de que la razón habría sido que el gobierno no le permitía publicar el nuevo índice para medir la inflación.

Pese a los compromisos anunciados frente al Congreso de la Nación y en el calendario del organismo, el Ministerio de Economía vetó la actualización del Índice de Precios al Consumidor que se iba a comenzar a publicar este 10 de febrero. Esta actualización incluía la nueva canasta de bienes y servicios que se usa para medir la inflación mensualmente y sus ponderaciones (los pesos que cada artículo tiene en el número final).

Lejos de ser una cuestión menor para las y los  trabajadores, esta intromisión del gobierno en el índice de precios impacta de lleno en los bolsillos populares. El IPC se utiliza para negociaciones paritarias o jubilaciones, por lo que siempre hemos defendido tener la mejor medición posible.
Desde la junta interna de ATE Indec venimos señalando que desde principios del año 2025 estaban las tareas concluidas para actualizar el IPC. Sin embargo, con el argumento de que era “año electoral” las autoridades se negaron a hacerlo. 

Ahora, Milei y sus voceros Caputo y Adorni, esgrimen argumentos técnicos que resultan ridículos. Quieren esperar a que “se consolide el proceso de desinflación” o que la inflación llegue a cero. Hablan de la supuesta incomparabilidad de los datos. Esto no resiste el menor análisis. Si la inflación tendiera a la baja como dice el gobierno se notaría con cualquier metodología y en los bolsillos de la población. Contrariamente, en los últimos meses la inflación no para de subir. ¡Lo único que se “desinfla” son nuestros salarios! Los trabajadores estatales nacionales hemos perdido cerca del 30% de nuestro poder adquisitivo desde que llegó Milei al gobierno. Eso quiere decir que sólo podemos comprar un 70% de lo que adquirimos hace 2 años. Y los alquileres, las tarifas y el transporte no paran de subir…

Por ello denunciamos que lo que buscan es esconder el ajuste que tienen planeado para este año a través de la quita de subsidios a servicios públicos, que con las nuevas ponderaciones más altas para los servicios, iban a redundar en un IPC anual sensiblemente más alto.

Por eso nos oponemos a esta manipulación y señalamos el peligro que se corren con la calidad y credibilidad de los futuros índices. Señalamos que la única salida posible es un Indec independiente de los gobiernos de turno, donde los trabajadores del organismo seamos quienes definimos las metodologías sin injerencia de los políticos patronales.

A las 16 desde Montevideo y Av. Rivadavia
Marchamos a Plaza de Mayo

A un año de la primera gran marcha, frente a los nefastos dichos de Javier Milei en Davos, el movimiento feminista de mujeres y disidencias convoca a la Segunda Marcha del Orgullo Antifascista, Antirracista y Antiimperialista, con distintas movilizaciones en CABA y en varias provincias del país.
El #1F de 2025 será recordado como la primera movilización masiva autoconvocada de más de un millón de personas que salió a repudiar los discursos de odio de Milei en Davos. Una marea llenó las calles contra los ataques a los derechos conquistados por las disidencias, como la Ley de Identidad de Género o el cupo laboral travesti-trans, y contra los recortes a las políticas para combatir la violencia de género en el país del #NiUnaMenos. Sin dudas, fue un enorme impulso que marcó el camino para muchas de las luchas que se dieron contra el gobierno ultraderechista.

Este #7F volvemos a las calles porque solo en 2025 hubo un aumento del 70% de los ataques de odio contra el colectivo de las disidencias. El gobierno recortó y eliminó presupuestos para la prevención y tratamiento del HIV. Hay una política constante de ataque brutal contra un movimiento que viene resistiendo en las calles, como lo demostró la masiva 34 Marcha del Orgullo. Esta convocatoria, además, será parte de una importante semana de luchas contra las reformas de Milei y sus cómplices.

El #7F confluirá con el plan de lucha contra la reforma laboral esclavista, que se tratará en el Senado el 11 de febrero. Esta reforma afecta de manera directa a mujeres y disidencias, que son mayoría en los sectores más precarizados del mercado de trabajo, con mayores niveles de informalidad, salarios más bajos y menor estabilidad. Además, golpea especialmente a quienes sostienen mayoritariamente las tareas de cuidado, al recortar licencias. Por eso, esta convocatoria también levantará la exigencia de que la burocracia sindical convoque de una vez por todas a un paro general y a un plan de lucha contra este intento de retroceder nuestros derechos al siglo XIX.

Por último, la convocatoria tiene un aspecto internacionalista. Denunciamos la política colonial del ultraderechista Donald Trump y decimos con claridad: fuera yanquis de Venezuela y de América Latina.

También volveremos a alzar la voz contra el genocidio del Estado sionista de Israel en Gaza y por una Palestina libre del río al mar.

Desde Disidencias en Lucha, Isadora e Izquierda Socialista invitamos a movilizar con fuerza este #7F para volver a ser miles en las calles, en una nueva jornada del orgullo antifascista y antirracista. Y para que esta convocatoria sea el inicio de una semana de luchas contra el gobierno ultraderechista de Milei.

Contra los discursos y crímenes de odio.
Abajo la reforma laboral esclavista de Milei.
Fuera Trump y los yanquis de Venezuela y América Latina.
No al genocidio en Gaza. Por una Palestina libre del río al mar.

Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha

Mientras los incendios siguen golpeando el sur a ambos lados de la Cordillera, el gobierno de Milei sigue sin girar las partidas presupuestarias urgentes, y se apresta a votar en el Congreso la modificación de la Ley de Glaciares. Sin el agua de los glaciares, los territorios devastados jamás van a volver a reverdecer.

El extractivismo es la forma en que el sistema capitalista, de la mano de todos los gobiernos, ha venido desplegando la interacción con la naturaleza en cada una de las provincias de nuestro país. Esto implica que devastar los territorios es moneda corriente en función de garantizar, o bien, la exportación de bienes comunes naturales (minerales, energía, alimentos), o bien distintos tipos de negociados como los inmobiliarios, forestales, turísticos o megarepresas. Todo de la mano de la apropiación de territorios e incluso del agua. Para peor, todo esto se da en el contexto de un proceso de calentamiento global que convulsiona el clima tal cómo lo conocimos, con sequías cada vez más prolongadas, tormentas de violencia inusitada, inundaciones cada vez más frecuentes, e incendios que particularmente se alimentan de la combinación del aumento de la temperatura y el extractivismo. 

En efecto, la violencia de los incendios patagónicos, las más de 200 mil hectáreas pérdidas en lo que va del 2026, debe pensarse en un cruce de múltiples niveles, entre, por un lado, una reducción drástica del régimen de precipitaciones, con un invierno con escasa nieve, y recurrentes olas de calor, y por otro, con el negocio de las últimas décadas de la instalación del pino venido del hemisferio norte, que seca los bosques y cuyos conos y semillas se esparcen como granadas por el fuego, retroalimentando la pérdida de la vegetación nativa. Pero, a su vez, entran con protagonismo otros elementos en la ecuación. En particular, los intereses siempre latentes de quienes buscarán hacer negociados comprando tierras devastadas a precios irrisorios una vez que la temporada de lluvias del otoño frene las llamas, y que se ven favorecidos por un gobierno que mientras ajusta brutalmente el presupuesto de los sistemas de manejo del fuego, defiende la eliminación de la prohibición del cambio del uso del suelo de las tierras incendiadas. Como se dice: “a confesión de parte, relevo de pruebas”. El incendio, por caso, en el Parque Nacional Los Alerces puede haber tenido, como dicen los informes al momento, en su origen una tormenta eléctrica, pero su prolongación no deja de ser un crímen político ante semejantes niveles de desidia y motosierra. 

Los gobiernos, nacional y provinciales son responsables. Y como se saben culpables se esconden detrás de “declaraciones de emergencia” con saludos a la bandera sin presupuesto, y en paralelo, acusan las comunidades mapuche y persiguen a las y los trabajadores que denuncian el ajuste como política de Estado. Las y los cientos de brigadistas que con salarios por debajo de la línea de pobreza están en primera línea se están sosteniendo en combate gracias a donaciones que surgen de la solidaridad popular, de bolsillos que a duras penas llegan a fin de mes, mientras el gobierno destina partidas infinitamente superiores al pago de la deuda, o a subsidiar las ganancias de mineras y petroleras.

Apagar el fuego y defendernos de las mineras

En este contexto, desde el Instituto Argentino para los Derechos de la Minería y hasta la Cámara (norte)Americana de Comercio en nuestro país, se encuentran en semanas de un lobby furioso pero de baja mediatización. El gobierno y las corporaciones mineras están haciendo uso de su poder de grandes aportantes de los canales de comunicación y medios locales para garantizar que no se expanda el debate en torno a la modificación de la Ley de Glaciares que se anuncia inminente en el Senado. Recordemos, Milei y gobernadores peronistas, macristas y radicales, buscan demoler la ley vigente, para provincia por provincia ir liquidando la protección de las zonas glaciares y periglaciares, es decir, para dar luz verde a la megaminería en las once provincias en las que hacen vida las fuentes de agua irremplazables que representan los casi 17 mil glaciares argentinos. El drama de los incendios logró colarse en las programaciones, portales y ediciones impresas, pero fue censurado el debate de cómo se recuperará la vida en los territorios devastados si perdemos nuestras reservas de agua por los negocios de un puñado de mineras.

En ese contexto, desde la Campaña Plurinacional “La Ley de Glaciares no se toca”, se convocaron acciones que combinaron los reclamos ante los incendios y contra el paquete de reformas de Milei. Por su parte, el peronismo porteño, con Juan Grabois y Kicillof a la cabeza, salieron a paralelizar esa convocatoria con una movilización ante los incendios que tuvo la particularidad de callar toda responsabilidad de los gobiernos provinciales como el de Nacho Torres (quien es partícipe del ajuste y protagonista del racismo) y de no decir una palabra sobre la Ley de Glaciares. Anunciada en noviembre, la reforma se sabe contará con el apoyo de senadores y diputados peronistas, y al día de hoy no ha merecido que la presidenta del PJ, Cristina Fernández de Kirchner (quién vetó la Ley en 2008) omita palabra, ni que alguna agrupación del amplio espectro peronista mueva un dedo para frenarla.

Este 4/2 salimos en una nueva Jornada Plurinacional, con unas 40 convocatorias en todo el país. Y nos preparamos para movilizarnos el día que el Congreso trate la Reforma Laboral y la Ley de Glaciares. Sumate con Ambiente en Lucha a dar esta pelea.