Escribe Liliana Olivero, primera candidata a diputada nacional Córdoba por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Juan Schiaretti, exgobernador de Córdoba y actual candidato a diputado por el frente Provincias Unidas, reaparece en la escena electoral rumbo a los comicios del 26 de octubre. Después de haber garantizado la gobernabilidad de Javier Milei junto al actual gobernador Martín Llaryora (prestando funcionarios y votando a favor de la Ley Bases), ahora, ante el derrumbe de La Libertad Avanza (LLA) y la necesidad de disputar el electorado cordobés que ambos sectores comparten, busca reacomodarse y presentarse como crítico y opositor, intentando instalarse como una “tercera vía” entre el peronismo nacional y la ultraderecha de LLA.

Más allá de su discurso, la realidad cordobesa y sus propias propuestas revelan el acuerdo que mantiene con la política de Milei y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Schiaretti critica al presidente diciendo que “no podemos seguir cortando clavos para llegar a fin de mes”, cuando en Córdoba la pobreza supera el 35% y los aumentos salariales se aplican por debajo de la inflación. Lo mismo sucede con las y los jubilados: en plena pandemia, y bajo su propio gobierno, se implementó la Ley 10.694 (aprobada con el voto de Natalia de la Sota), que recortó fuertemente las jubilaciones, dejando la mínima en 700 mil pesos. Una cifra que los mantiene en la indigencia y contra la cual pelean cada miércoles en las rondas de protesta.

Al mismo tiempo, Schiaretti propone una reforma impositiva que, al igual que la de Milei, beneficia a las grandes patronales y al sector agroexportador, con medidas como la eliminación de las retenciones, mientras el pueblo trabajador se empobrece cada vez más. Habla de impulsar “un proyecto federal, de producción y de trabajo”, pero la actividad industrial provincial acumula una caída que la llevó a sus niveles más bajos desde 2007. El empleo industrial registrado retrocedió un 4,2% a fines de 2024, a la par que aumentó la precarización laboral. En simultáneo, avanzan los despidos, como en Coca-Cola, y el cierre de empresas como la Petroquímica Río Tercero, consecuencia de la liberación de las importaciones, acordada por los diputados que hoy integran Provincias Unidas.

Tanto él como Martín Llaryora y el frente Provincias Unidas promueven la misma política de ajuste que el gobierno nacional, centrada en la eliminación del déficit fiscal mediante recortes a los sectores más vulnerables, mientras se siguen garantizando las ganancias de los más poderosos. La única diferencia es un discurso menos agresivo. Él mismo lo reconoce: “Todos nuestros gobernadores tienen equilibrio fiscal, pero no hecho a los hachazos como el del Gobierno nacional”.

Ante el derrumbe del gobierno nacional, Schiaretti y su armado de gobernadores intentan construir una alternativa de recambio burgués de centroderecha, que continúe con el ajuste y las reformas que recortan derechos, tal como exige el FMI, pero con un tono político más moderado. Sin embargo, no existen diferencias de fondo con el plan económico del Gobierno nacional y del organismo internacional.

Por eso sostenemos que Milei no va más, pero el cambio no puede ser volver a quienes ya gobernaron, como el peronismo nacional o provincial. La única alternativa real que plantea una salida a la situación crítica que padecen las y los trabajadores, las mujeres, las disidencias y la juventud, es la que propone el Frente de Izquierda, tanto en las calles como en las elecciones. Para fortalecer la lucha contra el plan motosierra, los gobernadores y el FMI, necesitamos más diputados y diputadas del FIT Unidad.

Escribe Pilar Barbas, dirigenta de la Juventud de Izquierda Socialista y secretaria Federación Universitaria Argentina

En la sesión del 17 de septiembre logramos quórum contra el veto. El 2 de octubre la pelea sigue en el Senado y luego por su implementación.

La Tercera Marcha Federal, junto al Hospital Garrahan y otros sectores en lucha fue fundamental para golpear al gobierno de Javier Milei y tirar abajo el veto a la Ley de Presupuesto Universitario y a la Ley de Emergencia Pediátrica en la Cámara de Diputados. Fue con un gobierno debilitado tras los escándalos de corrupción, el descalabro de su plan económico y la paliza electoral en la provincia de Buenos Aires. A los pocos días de su derrota, el presidente ratificó su rumbo político y económico contra la educación y la salud pública enviando el veto a estas leyes que cuentan con un gran apoyo popular.

Ante el veto, la Federación Universitaria Argentina (FUA), la mesa sindical de gremios docentes y no docentes, y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores, convocaron a la Tercera Marcha Federal, después de meses de mantener planchada la lucha en defensa de las educación. 

Desde la Juventud de Izquierda Socialista dimos una batalla importante, junto a sectores combativos de docentes y nodocentes, para lograr una marcha masiva y unitaria con todos los espacios dispuestos a enfrentar al gobierno. Propusimos impulsar asambleas interclaustros, ocupaciones de universidades, clases públicas, ruidazos y cortes, todas instancias fundamentales para que el movimiento estudiantil sea protagonista de esta lucha histórica.

Esta marcha ratificó la voluntad de salir a luchar, con convocatorias importantes en Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Bahía Blanca y otras ciudades del país. La jornada culminó con una movilización masiva frente al Congreso, donde miles celebraron en las calles mientras se confirmaba que los vetos cayeran en Diputados.

Todavía falta el rechazo del Senado. Por eso, no podemos volver a la normalidad. Es necesario profundizar el plan de lucha, con asambleas y diferentes acciones, para preparar otra gran movilización junto al Garrahan el 2 de octubre, cuando el Senado sesione.

Alertamos que el radicalismo y el peronismo no están convocando a instancias de discusión ni organizando la lucha en las calles. Están en sintonía con la burocracia sindical de la CGT y las CTAs, que no convocaron a un paro general el 17 de septiembre y, pese a la debilidad del gobierno, siguen sin plantear un plan de lucha. Su objetivo es que la bronca popular se canalice exclusivamente por la vía electoral de cara a las elecciones de octubre, evitando que estalle una rebelión como las tomas universitarias del año pasado.

Debemos redoblar la lucha, no solo porque necesitamos que el veto sea rechazado por completo, sino también por lo que vendrá después. Esta semana quedó demostrado: cuando se cayó el veto a la Ley de Discapacidad, el gobierno declaró que “no había plata” para implementarla. Para el presidente y su gabinete corrupto y estafador, sólo hay recursos para “el 3% de Karina”, para reprimir a jubilados y para pagarle al FMI. Hay que lograr que el veto caiga y profundizar el plan de lucha para garantizar su implementación.

La pelea en defensa de la universidad pública seguirá hasta conquistar salarios dignos para docentes y no docentes, becas estudiantiles, un boleto educativo nacional y el presupuesto necesario para ciencia y tecnología. También contra todas las reformas que buscan mercantilizar nuestro futuro, como la Ley de Educación Superior y el Sistema de Créditos Universitarios. ¡Por una universidad al servicio de los trabajadores y el pueblo!

Escribe Nicolás Núñez, comisión directiva AGD-Sociales, lista Fucsia

El triunfo de la movilización del 17 de septiembre, con epicentro frente al Congreso y concentraciones en todo el país, es innegable. Incluso diputados que habían votado contra la ley tuvieron que cambiar su postura como resultado de la lucha en las calles y del mensaje de rechazo al gobierno de Javier Milei expresado en las elecciones bonaerenses. Se ratificó que el apoyo popular al reclamo del Hospital Garrahan y de las universidades nacionales es mayoritario. Sin embargo, el gobierno no quiere reconocer la derrota.

Aún resta el paso por el Senado, pero ya vimos con la Ley de Emergencia en Discapacidad que el gobierno no está dispuesto a cumplir con lo que dos veces (y con casi tres cuartos de la Cámara baja) resolvió el Congreso. Por eso es clave seguir impulsando la movilización desde cada casa de estudios. No se puede confiar en los legisladores de ninguna de las dos cámaras, porque responden a los gobernadores y negocian con el gobierno. Mucho menos en el Ejecutivo y en el ministro de Economía, Luis Caputo, que están desesperados por conseguir fondos para pagar la deuda externa.
La aplicación de la ley implicaría un aumento inmediato del 41,26% para docentes y no docentes, junto con una cláusula trimestral de adecuación a la inflación. Esto es lo opuesto a lo que firman dirigentes de la CGT, como Hugo Moyano, en sus gremios, con pautas mensuales del 1% que, a conciencia, hacen perder poder adquisitivo con tal de garantizar el pacto de la burocracia sindical con el gobierno. Por eso esta ley es tan importante: si ganan las universidades, ganan todos y todas las que viven de su salario en este país y, por sobre todo, se daría un golpe letal al plan de “déficit cero” destinado a pagar la deuda externa.

En el último tiempo, 10 mil docentes renunciaron, mientras la inmensa mayoría depende del pluriempleo para llegar a fin de mes. La política del gobierno, que en lugar de implementar la ley patea la discusión para el debate del presupuesto 2026 (el cual propone un recorte del 30% del piso de lo que las universidades necesitan para funcionar), terminará generando miles de nuevas renuncias y empujando al autoajuste y la privatización de contenidos universitarios, comenzando por posgrados e investigaciones.

Tenemos que ser claros en cada facultad, pasillo y curso: lograr que se aplique la ley implica derrotar al gobierno en su plan económico (déficit cero) y en su plan político (desoír al Congreso). No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se define el destino no solo de las universidades, sino de todo el país, con la injerencia directa de Donald Trump y de los Estados Unidos en el medio.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial deben convocar de forma urgente a una movilización el 2 de octubre, cuando el Senado trate el veto, y poner en pie un plan de lucha hasta que el gobierno deposite lo que estipula la ley. Ese será el primer paso para derrotar el Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios y pelear por universidades al servicio de las necesidades obreras y populares.

Escribe Agrupación Nodocentes en lucha

Este 17 de septiembre, el repudio al gobierno se expresó en todo el país. Desde las primeras horas, delegaciones de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (Apuba) y las universidades del Conurbano se congregaron junto con la columna proveniente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para confluir en la Plaza de los Dos Congresos.

Afuera del recinto, miles de estudiantes y trabajadores lograron imponer el rechazo al veto presidencial. La Ley de Financiamiento Universitario (otro golpe junto con la Ley de Emergencia Pediátrica) fue sostenida por 174 votos y permite el funcionamiento de la universidad, a la vez que representa un aumento salarial cercano al 42%.

La plaza, colmada por trabajadores universitarios, estudiantes y distintos gremios, celebró con euforia el golpe al gobierno de Javier Milei, ya que esta Tercera Marcha Federal se replicó en distintas ciudades como Córdoba, Rosario, Mendoza, Mar del Plata y otras localidades. Fue impuesta al Frente Sindical y al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) mediante asambleas autoconvocadas, jornadas de visibilización, clases públicas y cortes realizados por las bases desde tiempo atrás.

El próximo 2 de octubre el Senado tratará nuevamente la ley. Ese día, la movilización de cientos de miles será crucial para terminar de revertir el veto y luego imponer la reglamentación de la norma. Para ello, es necesario profundizar las acciones y conquistar un nuevo triunfo.
Desde el sindicalismo combativo planteamos la necesidad de construir la mayor unidad para derrotar la motosierra del gobierno y el FMI, con un plan de lucha que permita garantizar la plena implementación de la ley. ¡Plata para Educación y Salud! ¡No al FMI!

Escribe Adriana Astolfo, secretaria adjunta Adosac provincial

El gobernador Claudio Vidal intenta despegarse de la política de la motosierra de Javier Milei, aunque votó todas sus reformas. Dice que no hay plata, pero inaugura obras para diferenciarse y utilizarlo de cara a la campaña electoral.

Santa Cruz es una provincia con grandes recursos naturales y capacidad para decidir sobre su propia producción. Sin embargo, la situación de los trabajadores estatales, en especial de la docencia, refleja una fuerte tensión con el gobierno provincial por la política salarial.

El conflicto docente se intensificó luego del receso invernal. En asambleas y congresos, el gremio definió un plan de lucha que incluyó un no inicio de clases por 72 horas y paros de 48 horas semanales, con una adhesión muy alta en toda la provincia. El 21 de agosto se realizó una marcha provincial en el marco de la Jornada Nacional de Lucha de organizaciones sindicales combativas. Esta movilización superó en número a la masiva protesta de marzo y contó con la presencia de dirigentes sindicales nacionales de la agrupación Docentes en Marcha.

Durante el proceso de reclamo, los docentes buscaron la unidad con otros sectores en lucha. El vínculo más fuerte se dio con la asamblea permanente del Hospital de Río Gallegos, con quienes comparten el reclamo por aumento salarial y reapertura de paritarias. Juntos realizaron una multitudinaria Marcha de Antorchas y continúan coordinando acciones en común.

El gobierno provincial intentó frenar la protesta con una nueva multa millonaria al sindicato y con descuentos a docentes, especialmente a quienes trabajan en nivel inicial y en educación especial. En algunos casos, las deducciones llegaron a superar los 700.000 pesos. Estos recortes afectaron a los sectores más vulnerables, pero no lograron detener la lucha.

El sostenimiento económico de los docentes se garantizó con fondos de huelga, aportes solidarios de jubilados, de dirigentes con licencia gremial y de quienes no sufrieron descuentos. Además, sindicatos como la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (Ademys), la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) Capital y la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) Capital colaboraron con recursos. También se distribuyeron bolsones de alimentos para asistir a los trabajadores más afectados.

El lunes 22 de septiembre se llevó a cabo un Congreso provincial en el que se definió asistir a la paritaria sin medidas de fuerza, pero con una postura firme: exigir una propuesta salarial concreta, la devolución de los días descontados, el fin de los recortes por protestar y la anulación de la multa millonaria. Además, se pidió abrir un debate sobre la legislación vigente para evitar futuros avances sobre los puestos de trabajo.

La reunión paritaria prevista para el jueves 25 será decisiva. Si no hay avances, las asambleas y el Congreso del sábado 27 evaluarán retomar medidas de fuerza más profundas.

Desde la agrupación La Naranja Docentes en Marcha remarcamos la importancia de mantener un contacto directo con las bases y promover un debate amplio en cada escuela, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que contemple los reclamos salariales y laborales del sector.