Escribe Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general Unión Ferroviaria Oeste

El gobierno presenta su reforma como “modernización”, pero es un ataque que desmantela derechos históricos y busca imponer un modelo de trabajo esclavista.

Javier Milei, el FMI y las patronales ya definieron este proyecto como su eje estratégico, con el aval más o menos explícito de los gobernadores y de los bloques parlamentarios de los partidos patronales. Lo llaman “modernización” laboral para esconder una ofensiva superexplotadora que roza el esclavismo.

No modernizará nada. Por el contrario, el proyecto del gobierno busca hacernos retroceder cien años en los derechos conquistados por el pueblo trabajador. Flexibiliza hasta el esclavismo las condiciones laborales. Pretende eliminar la jornada de 8 horas para legalizar jornadas de 12. Busca que las horas y días de descanso queden a criterio de la patronal, desorganizando por completo la vida de la familia trabajadora, que ya no podrá estudiar, compartir tiempo con las y los hijos o siquiera garantizar retirarlos de la escuela a horario.

Todo esto por un salario “dinámico”, donde a partir de un básico miserable el resto quedaría atado a una “productividad” definida unilateralmente por la empresa. Y, por supuesto, transformando a cada trabajador o trabajadora en material descartable: aún con 20 o 30 años de antigüedad se podrá despedirlo por una suma miserable, abonada encima en cuotas.

Se trata de un proyecto profundamente antiobrero, que ataca cualquier forma de organización de la clase trabajadora. Virtualmente elimina el derecho de huelga al catalogar como “esenciales” a la mayoría de las actividades y criminaliza medidas de lucha como tomas, bloqueos o incluso la realización de asambleas. En síntesis, busca dividir a la clase trabajadora para dejar a cada uno o una sólo, sin derechos, frente a la patronal.

Un proyecto que no generará empleo ni blanqueará a los no registrados

El gobierno se apoya en el dato real de que una parte enorme de la clase trabajadora está no registrada y ya profundamente flexibilizada. Pero es una mentira que esta ley traerá más inversiones y empleo, y mucho menos que mejorará la vida de quienes hoy están en la informalidad.

En casi dos años de gestión, Milei aplicó medidas totalmente favorables a los empresarios. Les perdonaron hasta el 90% de las deudas por aportes patronales no pagados, les condonaron multas y les habilitaron un vergonzoso blanqueo de capitales, siempre con la excusa de que así “se generaría empleo”. La informalidad no bajó: aumentó. Y no sólo no se generaron nuevos puestos de trabajo, sino que el súper ajuste de Milei viene provocando el cierre de 30 empresas por día y 250 mil despidos en empleos registrados.

El objetivo real es que toda la clase trabajadora adopte el modelo ya impuesto en las aplicaciones. Un estudio reciente de la Fundación Encuentro sobre Rappi y Pedidos Ya muestra que para superar la línea de pobreza un repartidor debe completar 461 pedidos al mes, a un promedio de 2.553,60 pesos por pedido. Para lograrlo hay que trabajar 10 horas diarias, seis días a la semana, sin contar tiempos de espera, desperfectos de la bicicleta o moto ni enfermedad u otros inconvenientes, todos a cargo del trabajador o trabajadora. Sin obra social, sin aportes jubilatorios, sin seguro por accidentes y sin reconocimiento de relación laboral por parte de la empresa. No es casualidad que uno de los redactores del proyecto de Milei sea Julián de Diego, abogado de Rappi, una de estas empresas negreras.

¿Y la CGT?

La nueva conducción de la CGT mantiene vergonzosamente su pacto con el gobierno. Uno de sus secretarios generales, Jorge Sola, afirmó que están esperando “el llamado para una reunión”, esquivando pronunciar un rechazo abierto al proyecto del oficialismo: “vamos a ser estratégicos en la discusión parlamentaria” (Página/12, 11/11). Mientras tanto, Gerardo Martínez continúa avalando el “pacto de mayo”, el acuerdo entre gobernadores y patronales que legitima todo. El secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, también aportó lo suyo al declarar: “apostamos a que es necesaria en la Argentina una modernización del sistema laboral”. En concreto, la CGT apuesta a negociar para salvar sus privilegios en vez de pelear por los derechos conquistados por el pueblo trabajador en décadas de lucha.

Organicemos una gran campaña y exijamos paro nacional y plan de lucha

La reforma laboral esclavista puede derrotarse. El camino es la lucha, como lo demostraron las y los trabajadores del Garrahan. Tenemos que organizarnos: realizar reuniones de delegados, sacar pronunciamientos y convocar asambleas en cada lugar de trabajo. Debemos oponer al proyecto antiderechos del gobierno un programa inverso: registro de toda la fuerza laboral, prohibición de suspensiones y despidos, y reconocimiento pleno de derechos para las y los trabajadores flexibilizados. Esto es lo que plantea, por ejemplo, el proyecto presentado por el Frente de Izquierda Unidad.
Pero, sobre todo, tenemos que movilizarnos con la más amplia unidad de acción, como propone el sindicalismo combativo, mientras seguimos exigiendo a la CGT que rompa su pacto con el gobierno y convoque a un paro general y un plan de lucha contra esta reforma esclavista y contra la motosierra de Milei, Trump y los gobernadores.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

El eje central de la reforma laboral que prepara Milei es para redoblar las ganancias capitalistas de los grandes empresarios. La presenta como necesaria para que haya trabajo registrado diciendo que si se le quitan impuestos a las patronales vendrá el milagro. Pero tamaña mentira ha sido develada por el Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales (Ceics) en un reciente informe de septiembre de este año.

Dicho informe, titulado “el ahorro de la burguesía por no registrar a sus empleados”, indica que en treinta años (entre 1994 y 2024) las patronales hicieron fabulosas ganancias contratando personal no registrado y por el beneficio del que gozaron por la rebaja de las contribuciones patronales, afectando de esta manera a las cajas jubilatorias. De esta manera, se apropiaron de 561 mil millones de dólares (18 mil millones de dólares anuales) discriminados de la siguiente manera: 282 mil millones de dólares al quedarse con la diferencia por el pago de un menor salario al no registrar personal y otros 279 mil millones de dólares por el ahorro que hicieron por la rebaja de las contribuciones patronales. Es decir, se quedaron con un monto similar a todo un PBI anual.

Otra revelación señala que por los famosos Tickets Canasta que se aplicaron en los años ‘90 (donde se pagó un 13% del salario con bonos, no remunerativos, es decir, sin que se hagan los aportes al sistema previsional y a las obras sociales), desde 1990 a 2007 hubo una apropiación patronal de 21 mil millones de dólares. ¿Dónde fue a parar toda esta plata? ¿A más fábricas, empleo o salarios dignos? No. Fueron a los bolsillos de las patronales. Prueba que el capitalismo es robo y superexplotación obrera, no trabajo y empleo.

*Foto de tapa Marcos Galperín de MercadoLibre y Paolo Rocca de Techint
 

El Frente de Izquierda Unidad presentó un proyecto de ley alternativo a la propuesta de reforma laboral esclavista impulsada por Javier Milei y sus cómplices. En el mismo postula medidas de fondo para garantizar los derechos de las y los trabajadores, empleo registrado, trabajo genuino y salarios y jubilaciones dignas.

Ante la grave situación de desocupación, informalidad, precarización y pérdida de derechos laborales, el proyecto declara la Emergencia Laboral Nacional y Promoción del Empleo Formal. Durante ese período, el Poder Ejecutivo Nacional deberá garantizar empleo estable, formal y con derechos. Para eso debe derogar todas las normas que hayan profundizado la precarización laboral. Se anula el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y todas sus disposiciones en materia laboral, así como las leyes y decretos de flexibilización dictados durante la última dictadura militar.

Durante la vigencia de esta ley se prohíben los despidos sin justa causa y las suspensiones, tanto en el sector público como en el privado. También se dispone el pase inmediato a planta permanente de la totalidad de trabajadores precarizados, contratados, tercerizados, becarios y monotributistas.

Para generar empleo, el proyecto propone la creación de un Plan Nacional de Obras Públicas, Vivienda y Urbanización Popular, con el objetivo de generar trabajo genuino, mejorar la infraestructura, urbanizar villas y asentamientos y construir 500 mil viviendas populares, lo que permitiría crear más de dos millones de nuevos puestos de trabajo. Impulsa además el Programa de Primer Empleo Joven sin Precarización, dirigido a trabajadoras y trabajadores de 18 a 25 años, y establece una jornada laboral máxima de seis horas diarias o treinta semanales, sin reducción salarial.

El proyecto del Frente de Izquierda Unidad también plantea un aumento general de salarios, jubilaciones y programas sociales para equipararlos al valor de la canasta familiar, con actualización automática mensual según el índice de inflación. El Salario Mínimo, Vital y Móvil no podrá ser inferior al costo total de la canasta familiar publicada mensualmente por las y los trabajadores y técnicos de ATE-Indec.

En relación con las jubilaciones, entre otras medidas, se exige la restitución de la totalidad de los aportes patronales a la seguridad social eliminados por gobiernos anteriores. A su vez, se establece la movilidad jubilatoria al 82% móvil real y se dispone que todos los fondos y sistemas previsionales sean administrados bajo el estricto control de jubilados y trabajadores, mediante comisiones de representantes electas democráticamente.

Para las y los trabajadores de plataformas digitales, se reconoce la relación laboral de dependencia entre las empresas y sus trabajadoras y trabajadores. Se establecen derechos básicos: jornada máxima de seis horas diarias o treinta semanales, provisión empresarial de todos los elementos de trabajo, derecho a vacaciones, licencias por enfermedad y accidentes, cobertura previsional y sindicalización reconocida por las empresas.

Para financiar este proyecto se propone la creación de un impuesto extraordinario y permanente a la renta financiera, a las grandes fortunas, bancos, multinacionales y terratenientes. Estos fondos se incrementan con la suspensión de todo pago de la deuda externa. Los recursos obtenidos se destinarán a los gastos derivados de esta iniciativa.

Finalmente, se prohíbe al Poder Ejecutivo interferir en la actividad de las organizaciones sindicales y en las formas de organización que elijan libremente las y los trabajadores. Tampoco podrá regimentar el derecho de huelga ni la participación en la vida sindical.

El proyecto lleva la firma de los cinco diputados nacionales del FIT-U: Juan Carlos Giordano, Mercedes de Mendieta, Vilma Ripoll, Christian Castillo y Alejandro Vilca.

Ver texto completo del Proyecto de Ley en www.izquierdasocialista.org.ar

El 18 de noviembre, en la sede del Sindicato Químico y Petroquímico de Río Tercero, se realizó un plenario de sindicatos combativos con la presencia de distintas delegaciones. Participaron los químicos y petroquímicos de Río Tercero, que siguen desarrollando la pelea en defensa de los puestos de trabajo y contra el vaciamiento; la combativa docencia de UEPC Capital y docentes autoconvocados de Río Tercero; el Sutna; ATE-CTA; Aceiteros de Tancacha; la Junta Interna de ATE Conicet; y Judiciales de la oposición que vienen de una rebelión salarial. También estuvieron organizaciones sociales, de jubilados, feministas y estudiantiles, entre otras.

Desde nuestra corriente sindical A Luchar, parte del Plenario Nacional del Sindicalismo Combativo, los Movimientos Piqueteros y Jubilados en Lucha referenciados, entre otros, por Rubén “Pollo” Sobrero, fuimos parte del plenario y llevamos nuestras posiciones en torno a la necesidad de organizarnos amplia y unitariamente para enfrentar la reforma laboral esclavista impulsada por Javier Milei, los gobernadores, el Fondo Monetario Internacional y las patronales.

Planteamos también la exigencia a la burocracia sindical peronista de la CGT para que rompa el pacto que mantiene con el gobierno. Reclamamos que abandone la búsqueda de una negociación de la reforma laboral y convoque a asambleas en todos los lugares de trabajo, con el fin de avanzar hacia la preparación de un paro nacional como parte de un plan de lucha que permita derrotar la reforma. Esta política de la CGT coincide incluso con sectores de Fuerza Patria que, como Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, promueven una supuesta modernización laboral que esconde un ataque sin precedentes contra las y los trabajadores.

Asimismo, sostuvimos que el reciente triunfo de Milei, que hoy lo envalentona para avanzar rápidamente con reformas estructurales, no es un cheque en blanco. Los triunfos del Garrahan y la reapertura de paritarias conquistadas tras meses de paros y movilización de la combativa docencia de Adosac Santa Cruz demuestran que es posible enfrentar al gobierno y arrancarle conquistas.

La diversidad de organizaciones reflejó debates y matices interesantes, pero predominó la unidad en torno a la necesidad de desarrollar una gran campaña y un plan de lucha contra la reforma laboral y contra todo el plan motosierra.

Como parte de esa campaña, se resolvió marchar en el marco de las jornadas del 19 y 20 de diciembre, aniversario del Argentinazo, y realizar una acción el día que se presente la ley en el Congreso Nacional.

En una declaración pública, la Mesa de Coordinación del Plenario del Sindicalismo Combativo, los Movimientos Piqueteros y Jubiladas y Jubilados en Lucha se pronunció contra la propuesta de reforma laboral de Javier Milei, el FMI, los gobernadores y las patronales. Señalaron que es falso el argumento de que la reforma permitirá blanquear a las y los trabajadores no registrados, precarizados, o generar empleo formal. Afirman que su único propósito es profundizar el ajuste. Para el sindicalismo combativo, este proyecto nefasto pretende que todas y todos quedemos sometidos a condiciones de precarización, sin derechos ni estabilidad laboral. Las “reformas estructurales” buscan ampliar beneficios al capital.

La declaración denuncia la responsabilidad de los gobernadores que aplican el ajuste de la motosierra y la licuadora en todas las provincias. Esto incluye no sólo a la “oposición dialoguista”, sino también al peronismo, con figuras como Osvaldo Jaldo en Tucumán y Raúl Jalil en Catamarca, que llaman a apoyar la reforma laboral. También denuncian la complicidad de la burocracia sindical con el gobierno de Milei, ya sea firmando paritarias a la baja o sentándose a negociar la reforma con Gerardo Martínez. Para el Plenario del Sindicalismo Combativo, los Movimientos Piqueteros y Jubilados en Lucha, la CGT no cumple ningún rol en la organización de la lucha y termina formando parte del dispositivo de gobernabilidad de Milei hasta 2027, además de alinearse con la interna del peronismo.

La reforma laboral que impulsa el gobierno, sostiene la declaración, amplía la jornada laboral, flexibiliza convenios y reduce costos empresariales. Incorpora el concepto de “salario dinámico”, es decir, atado a la productividad, lo que implica mayor superexplotación. Entre los principales retrocesos se destacan la creación de bancos de horas que eliminan las horas extras, las modificaciones regresivas en las indemnizaciones y los cambios en el régimen de vacaciones. La reforma no genera trabajo genuino: profundiza la destrucción del empleo.

Es una reforma esclavista. Tenemos que organizarnos para derrotarla mediante una gran campaña nacional contra la reforma laboral. Desde el Plenario del Sindicalismo Combativo, los Movimientos Piqueteros y Jubilados en Lucha planteamos impulsar la coordinación y la organización desde abajo para frenar el proyecto de Milei. Exigimos que la CGT rompa su pacto con el gobierno. Necesitamos un paro activo y un plan de lucha nacional de la CGT y las CTA para derrotar la reforma laboral esclavista y el plan motosierra de Milei, Donald Trump y el FMI. La victoria del Garrahan, lograda mediante un plan de lucha y movilización consecuentes, demuestra que se puede quebrar el brazo al gobierno.

Lea el texto completo de la declaración en www.izquierdasocialista.org