Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

“La Ley de Glaciares no se toca”. Bajo esa consigna, casi un centenar de representantes de asambleas y organizaciones (desde Tierra del Fuego hasta Jujuy) acordamos impulsar una campaña unitaria para enfrentar la avanzada extractivista. La Asamblea surgió por impulso de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones como reacción al discurso de Javier Milei, quien, en paralelo al anuncio del tratado bilateral con los Estados Unidos, adelantó que presentará un proyecto para terminar con la protección legislativa de los glaciares. ¿Qué está en juego y por qué debería importarle a las y los trabajadores de todo el país?

Porque Donald Trump así lo demanda

Todas las provincias atravesadas por la Cordillera de los Andes tienen glaciares en sus territorios: son 16.968 glaciares, una de las principales fuentes de agua potable del país, ya que alimentan los ríos de los que se extrae para consumo humano. De por sí, los glaciares están hoy amenazados por el calentamiento global, que acelera los procesos de deshielo. Eso ya amerita preocupación, pero además se suman los intentos de empresas mineras por intervenir sobre los ecosistemas que les dan vida, ya sea extrayendo agua o desechando químicos contaminantes.

La existencia de la Ley de Glaciares sólo se explica por las luchas en defensa del agua, la vida y los territorios. En 2008, ante su primera aprobación, Cristina Fernández la vetó a pedido de multinacionales como Barrick Gold, interesada en avanzar con la megaminería sobre glaciares en San Juan. La insistencia de la movilización permitió que en 2010 se aprobara definitivamente en su redacción original, a pesar de las maniobras de funcionarios como Daniel Filmus, que buscaron en el Congreso una versión “intermedia”. Desde entonces, la Ley 26.639 estuvo siempre en la mira de las empresas mineras y de los gobiernos provinciales que buscan avanzar sobre el 1% del territorio nacional alcanzado por su redacción. Incluso su modificación integró el primer proyecto de “Ley Bases” de Milei.

Entonces, si los gobernadores (peronistas, radicales, del PRO o de partidos provinciales) siempre quisieron tirar abajo la Ley de Glaciares, ¿por qué ahora? ¿Por qué Milei habla de glaciares y periglaciares en sus discursos?

El anuncio del presidente se dio en simultáneo con la confirmación, por parte de Estados Unidos, del avance de un tratado comercial con nuestro país. En ese marco, el capítulo “ambiental” del acuerdo plantea “fomentar una economía más eficiente en el uso de recursos, incluso en el sector de minerales críticos”. Las palabras clave son eficiente y minerales críticos. No hay ninguna preocupación ambiental: se trata de garantizar recursos estratégicos para los Estados Unidos. Y ahí encaja el anuncio de modificar la Ley de Glaciares: necesitan “eficiencia” para reventar esas reservas de agua. Para despejar dudas, la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) ubicó la Ley de Glaciares entre sus principales “preocupaciones legislativas”, junto con la reforma laboral y el Presupuesto 2026 (Infobae, 11/11/2025).

Tenemos que frenarlos

El gobierno pretende que cada provincia determine su propia definición de “glaciar” y “periglaciar”, lo que permitiría favorecer a la multinacional de turno. Frente a eso, la Asamblea discutió defender la Ley de Glaciares tal como está y rechazar cualquier negociación posibilista que abra, por otra vía, la puerta a las mineras.

En estas horas, el pueblo de Mendoza está dando pelea contra el avance minero. En todo el país existe una enorme experiencia de luchas ambientales que debemos recuperar, coordinar y unificar para frenar esta ofensiva. Eso es lo que buscamos organizar con la campaña que acabamos de poner en pie.

Sumate, junto a Ambiente en Lucha, a defender los glaciares en todo el país. La Ley de Glaciares no se toca. El próximo 4 de diciembre salimos a las calles.

Escribe Mariano Barba

A un mes de la derrota electoral, la crisis interna del peronismo se profundiza. El debate interno muestra una gran dispersión de sectores y choques que se manifiestan públicamente, sin una salida a la vista. El desastroso gobierno de Alberto Cristina y Massa profundizó la debacle. 

En medio de esta crisis, surge la pregunta: ¿En el peronismo están discutiendo cómo encabezar la resistencia contra las medidas de ajuste de Javier Milei o se trata de una pelea por el control del aparato mientras negocian con el gobierno? En la nueva composición del Congreso, el peronismo quedó con 97 diputados, varios de los cuales ya se encaminan a formar bloques separados. 

Algunos de sus gobernadores abren negociaciones por el presupuesto nacional tratando de arañar fondos para sus provincias. Es el caso de los gobernadores del “Norte Grande”, que se reúnen por separado para negociar directamente con el ministro Diego Santilli. Así actúan Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca). Sus senadores y diputados pueden ser claves para aprobar el presupuesto del ajuste y las reformas laboral y tributaria.

Por otro lado, están los cuatro gobernadores peronistas que no firmaron el Pacto de Mayo, pero que ahora reclaman ser atendidos por Santilli. Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) -quien declaró que Cristina “lo tiene harto”, Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Estos últimos, junto a Sergio Ziliotto (La Pampa), se coordinan por fuera de la tutela de Cristina en otra batalla por el control del aparato del Partido Justicialista.

La principal pelea tiene su epicentro en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo encabezado por Máximo Kirchner y Cristina choca con Kicillof. En esa interna interviene Sergio Massa, que busca mediar para reposicionarse como posible candidato presidencial en 2027.

¿El peronismo es la salida? 

En este marco de división interna, las distintas alas del peronismo no ofrecen ninguna alternativa al servicio de las y los trabajadores. Si nos llevamos por sus discursos, siguen manifestando que son opositores a Milei, y lo enfrentaron electoralmente con frases fuertes. En cambio, si los analizamos por la política práctica que llevaron adelante en los dos primeros años del gobierno ultraderechista, vemos que primó la negociación y no el apoyo a las luchas; y varios gobernadores peronistas, a través de sus parlamentarios, dieron quórum y votos para aprobar la Ley Bases de Milei. Con un agravante, la CGT, que responde al peronismo, luego de cada paro, se mandó a cuarteles de invierno, afectando la continuidad de las luchas y reclamos de la clase trabajadora.
 
Con la nueva composición del Congreso a partir del 10 de diciembre, Milei va a apretar el acelerador para que pasen varias reformas anti derechos. ¿Qué hará el peronismo? Cristina critica a Milei todos los días, pero al mismo tiempo ya expresó que hay que “rever el rol del Estado” y “actualizar” las relaciones laborales. Y Kicillof, el principal gobernador justicialista, anunció un presupuesto para 2026 con salarios de pobreza y pidiendo un nuevo endeudamiento por 3 mil millones de dólares para beneficiar a empresarios amigos. Mientras tanto, Juan Grabois, que se presenta como la “pata izquierda”, permanece dentro del peronismo defendiendo a Cristina como su referente indiscutible. Y la CGT sigue priorizando el pacto con el gobierno y no organizando la pelea contra las reformas. El peronismo y sus distintas alas ya no son salida ni alternativa para cambios profundos en un país totalmente en crisis. 

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda, proponemos, un plan económico obrero y popular de emergencia, opuesto a la motosierra de Milei y al ajuste de los gobernadores. Un plan que empiece por dejar de pagar la deuda al FMI y a los buitres acreedores, terminar con los despidos, recuperar las empresas privatizadas y garantizar que la explotación de las riquezas quede en el país. Seguiremos junto a la clase trabajadora apoyando sus luchas e invitándolos a sumarse a la construcción de esta alternativa socialista.

Escribe Pablo Delverde

El fútbol profesional argentino no deja de sorprender con escándalos. Con su lógica de verticalismo extremo, muchos de ellos están ligados a la conducción de la AFA, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia y su hombre fuerte, el tesorero Pablo Toviggino, operador político y disciplinario del Consejo Federal.

El Comité Ejecutivo resolvió sorpresivamente entregar el título de campeón de la Liga Profesional 2025 a Rosario Central por haber terminado primero en la tabla anual. La tensión aumentó cuando los jugadores de Estudiantes de La Plata, obligados a hacer un “pasillo de honor”, decidieron darle la espalda al ingreso del equipo rosarino en señal de protesta.

Este episodio expuso la acumulación de arbitrajes polémicos y fallos disciplinarios que, desde la Primera C y el Torneo Federal hasta la Liga Profesional, se repiten semana a semana. El caso Barracas Central es un ejemplo estructural: un club históricamente menor que escaló categorías al ritmo de decisiones que generaron sospechas en todo el fútbol argentino.

Además, en las últimas semanas, la financiera Sur Finanzas (señalada como cercana al entorno dirigencial) quedó bajo investigación de la DGI por presunto lavado de dinero y evasión fiscal. Habría movido 818 mil millones de pesos por fuera del sistema bancario mediante operaciones con identidades sin capacidad económica real. Sur Finanzas, además, se había convertido en sponsor de clubes de primera y del Ascenso, así como de la Liga Profesional, consolidando un vínculo entre negocios poco claros y la estructura del fútbol profesional.

¿Hay dos bandos frente a este problema?

La crisis actual del fútbol argentino aparece como un punto de supuesto enfrentamiento  entre el gobierno nacional ultraderechista y la conducción de la AFA. Pero ambos plantean modelos de poder con consecuencias profundas para el deporte que es pasión de multitudes.

Por un lado, la estructura Tapia-Toviggino, sostenida en un modelo mafioso con falta de transparencia y un sistema de favores que concentra el poder en una o dos personas. Una conducción que opera sin ningún mecanismo democrático y que sostiene vínculos económicos absolutamente turbios.
Por el otro, están los sectores que impulsan una mayor privatización del fútbol a través de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) incluido el gobierno de Milei. Presentadas como una modernización necesaria, las SAD buscan abiertamente convertir clubes sociales en empresas, abrir la puerta a grupos económicos y desmantelar el carácter popular del deporte.

Ambas caras representan un mismo riesgo: una profundización en la ya existente mercantilización del fútbol argentino. Mientras un sector funciona bajo una lógica de poder mafioso y verticalista, el otro propone entregar los clubes a fondos privados y grandes empresarios.
Queda claro que ninguno de estos dos modelos sirve para hacer avanzar ni al fútbol ni al deporte, que son una inmensa pasión popular de masas en nuestro país.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional Izquierda Socialista/FIT-Unidad

Licitaciones truchas, sobreprecios y coimas armaron un circuito privado de negocios sobre el presupuesto de discapacidad. La investigación apunta a un entramado que llega hasta el corazón del gobierno ultraderechista.

Mientras el gobierno de Javier Milei se niega a aplicar la emergencia en discapacidad, aun con miles de personas sin cobertura, sin prestaciones garantizadas y con instituciones al borde del colapso, avanza la causa judicial contra Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidades (Andis), varios funcionarios del organismo y una red de empresarios favorecidos por el más crudo capitalismo de amigos.

La causa, a cargo del fiscal Franco Picardi y del juez Sebastián Casanello, investiga un entramado de licitaciones fraudulentas, sobreprecios escandalosos y retornos ilegales. Entre los quince imputados ya citados se destacan figuras centrales como Spagnuolo; Daniel Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud; Miguel Ángel Calvete, operador farmacéutico; y un actor clave: Pablo Atchabahian, médico y empresario detenido con prisión domiciliaria en Mendoza.

La investigación expone un mecanismo de negocios privados montado sobre el dinero destinado a las personas con discapacidad. Un saqueo organizado que desnuda la verdadera cara del proyecto libertario: ajuste brutal para los más vulnerables y privilegios para un puñado de empresarios y funcionarios que no puede quedar impune.

Se trata de un desvío estimado en 37 mil millones de pesos a través de licitaciones fraudulentas gestionadas por sólo cuatro droguerías. Según el fiscal, existía una estructura aceitada: compras fragmentadas para simular competencia, sobreprecios de hasta veinte veces el valor real y coimas del 5% al 8% a cambio de contratos de productos de alto costo destinados a personas con discapacidad.

El núcleo corrupto operó mediante licitaciones “reducidas”: se habría convocado únicamente a cuatro droguerías (Profarma, Génesis, New Farma y Floresta) íntimamente vinculadas con los imputados, para repartir contratos con sobreprecios astronómicos. Además, los audios incautados revelarían una tasa adicional de retornos ilegales: un 3% del valor de algunos contratos habría sido destinado a Karina Milei, hermana del presidente, según la acusación.

La complicidad entre funcionarios, empresarios y droguerías demuestra que el saqueo no sólo roba recursos: se ejecuta mientras se atacan los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, así como los de prestadores y trabajadores del sector, que ya están en condiciones de completa precariedad y pobreza. Se les cae la careta a quienes decían que iban a terminar con los “curros del Estado”: se hicieron del Estado para montar sus propios curros. Con Milei, la corrupción avanza.

Karina la “cajera” bajo la impunidad selectiva

Uno de los nudos de esta red de corrupción es Miguel Ángel Calvete, a quien el fiscal describe como un “director paraestatal”. Aunque no ocupa ningún cargo formal en la Andis, ejercía influencia directa en adjudicaciones a proveedores. Su hija, Ornella Calvete, renunció días atrás a su puesto como directora de Desarrollo Regional y Sectorial en el Ministerio de Economía después de que la Justicia encontrara 700 mil dólares en efectivo en su departamento durante un allanamiento. En los chats incautados surge un dato clave: Calvete padre le dice a su hija que “con el 3% a KM está perfecto”, en referencia a Karina.

Sin embargo, la secretaria general de la Presidencia aparece mencionada en el expediente como destinataria de retornos ilegales pero no figura imputada. Su colaborador Eduardo Menem, señalado por Spagnuolo en los audios, tampoco. Esa omisión es decisiva: muestra los límites de una justicia patronal que evita avanzar sobre el triángulo de poder.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad hemos denunciado, desde la filtración de los audios de Spagnuolo, las redes de corrupción y el rol de Karina Milei y el clan Menem junto con el resto de los funcionarios y empresarios implicados. Exigimos que todos los corruptos vayan presos y devuelvan el dinero que se robaron. Y seguiremos acompañando al colectivo de discapacidad, sus familias y trabajadores en la lucha por la aplicación efectiva de la emergencia en discapacidad y por todos sus reclamos.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional Izquierda Socialista/FIT-Unidad

El informe del Congreso confirma que Javier Milei fue clave para la maniobra que hizo estallar la criptomoneda $LIBRA. Sobran pruebas, pero la impunidad sigue blindando al presidente.

La comisión investigadora de la Cámara de Diputados presentó su informe final sobre el caso $LIBRA, la estafa que tiene a Javier Milei y a su entorno más cercano en el ojo del huracán pero que aún se mantiene en la impunidad. Se confirmó lo que venimos denunciando: entre estúpido y corrupto, Milei es lo segundo.

Luego de tres meses de investigación, el documento (de más de 200 páginas) concluye que Milei brindó una “colaboración imprescindible” para que la criptomoneda explotara en demanda antes de desplomarse, generando pérdidas millonarias para miles de usuarios. Según el informe, lo ocurrido el 14 de febrero de 2025 es compatible con “una presunta estafa”, y sin el mensaje del presidente desde su cuenta oficial en X (ex Twitter) la maniobra no hubiera sido posible. Fue la promoción presidencial la que disparó la demanda, lo que benefició a un puñado de billeteras privilegiadas: 114.410 usuarios perdieron dinero (muchos entre 10 y 100 mil dólares) mientras sólo 36 billeteras ganaron más de 1 millón de dólares cada una gracias a información privilegiada.

La cronología de una estafa anunciada

El informe detalla reuniones previas entre Milei, su hermana Karina Milei y los impulsores de $LIBRA, además de vínculos financieros entre los involucrados, entre ellos Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

Entre las nuevas pruebas aportadas por la comisión, obtenidas tras solicitar información a plataformas de criptomonedas (exchange) como Binance, Gate.io y OKX, se destaca la identificación de algunas billeteras virtuales vinculadas a la estafa $LIBRA. Esas billeteras apuntan directamente a Novelli, Terrones Godoy, Sergio Morales y Hayden Davis. Al analizar sus transacciones, se comprobó que hubo movimientos entre ellos el 30 de enero de 2025, fecha en que Davis fue fotografiado con Milei en la Casa Rosada. También detectaron operaciones entre billeteras vinculadas a $LIBRA con los montos exactos mencionados en el “presunto acuerdo de cooperación” difundido por periodistas, que detallaba un pago inicial de 300 mil dólares y luego 250 mil dólares mensuales. La comisión encontró transacciones por esos valores exactos.

Además, elaboró una cronología en la que se identificó que Novelli recibió grandes sumas en billeteras virtuales justo antes de abrir cajas de seguridad en un banco. Esas cajas se hicieron conocidas tras la filtración de imágenes donde se veía a la madre y la hermana de Novelli retirando bolsos luego del estallido del caso $LIBRA, después del 14 de febrero.

Sobran las pruebas pero reina la impunidad

Las conclusiones de la comisión incluyen que el Congreso evalúe “la posibilidad de iniciar un juicio político al presidente” y que se denuncie penalmente a “los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional que sistemáticamente se negaron a colaborar con la investigación”. El informe final fue remitido para ser incorporado como prueba en la causa que llevan adelante el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano, quienes también se negaron sistemáticamente a colaborar con la comisión.

Aunque las pruebas sobran y el camino de la gran estafa $LIBRA quedó nuevamente al descubierto, mostrando la responsabilidad directa de Milei, Karina Milei y los mercenarios financieros Novelli, Terrones Godoy y Davis, lo que impera es una justicia patronal que garantiza la impunidad ante un escándalo de corrupción internacional encabezado por el presidente. Tampoco vemos perspectivas de que avance la recomendación de iniciar un juicio político a Milei, propuesta que desde Izquierda Socialista impulsamos desde el primer momento, acompañándola con el llamado a la movilización popular.

Seguiremos exigiendo que avance la investigación y que se termine con la impunidad de Milei estafador, y lucharemos para poner fin a la corrupción estructural de este régimen y del sistema capitalista.