Escribe Mariano Barba

La proliferación de asentamientos auto convocados es la respuesta que buscan miles de familias neuquinas que no pueden acceder a un lote o vivienda dado los valores inmobiliarios sobrevaluados por la proximidad del yacimiento Vaca Muerta.  El reclamo es viable de resolverse si con la lucha se impone el loteo social de miles de hectáreas fiscales bajo administración del estado municipal, provincial y nacional que existen en el ejido de la capital. ¿Por qué no se destinan esas tierras a viviendas y loteos a precio de fomento? Porque tanto la actual intendencia a cargo del Movimiento Popular Neuquino, como la anterior a cargo de Cambiemos, se reservan los lotes para hacer negocios inmobiliarios con amigos del poder e inversionistas privados que están aterrizando en la provincia por lo atractivo de Vaca Muerta.

Una parte de las tomas están asentadas en esas tierras fiscales y otras en terrenos abandonados que pertenecen a familias millonarias de la zona que las recibieron a valores insignificantes y hoy pretenden hacer gran negocio inmobiliario.  Los vecinos ocupantes tienen gran claridad de esta situación por eso insisten en que se le entreguen esos terrenos, o se los traslade a otros con todos los servicios, de lo contrario están dispuestos a  permanecer en los mismos y exigir la provisión de los servicios públicos básicos como el agua, la luz, el gas y cloacas. El gobierno solicitó el desalojo de las ocupaciones y desde la fiscalía donde se tramita una mediación exige que dejen las tierras e impide que ingresen distintos elementos para consolidarse. Como respuesta los vecinos se han organizado con delegados por sectores y permanecen en los terrenos meticulosamente trazados donde aspiran a construirse su casa.

Desde la banca de Izquierda Socialista en el FIT-Unidad ejercida por Angélica Lagunas y la actividad de varios compañeros estamos acompañando a los vecinos en la gran rebelión por la tierra porque es parte de un reclamo central en esta provincia rica en gas y petróleo pero con más del 30% de pobreza. Varios proyectos presentamos en el concejo deliberante, entre ellos, el más importante, es la exigencia de declarar la Emergencia Habitacional que disponga de la construcción de los servicios públicos y entregar dos mil lotes semestrales a las familias empadronadas en las tomas y a las que figuran en los listados del registro provincial de aspirantes a una vivienda. Y para la toma asentada en terrenos baldíos abandonados pero de propiedad  privada exigimos que sean expropiados por razones de utilidad pública para la construcción de las viviendas de los ocupantes. La lucha está en pleno desarrollo.
    

Estamos próximas a un nuevo 8M y en varias ciudades del mundo ya se están preparando las acciones que una vez más, harán temblar la tierra. Porque somos las más precarizadas, las primeras despedidas, las que cargamos con doble o triple jornada laboral, las que todavía no podemos decidir sobre nuestro cuerpo. Organicemos una gran jornada por nuestros derechos.      

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense de Izquierda Socialista/FIT

Históricamente, el 8M nació como una fecha para unir a las trabajadoras del mundo en su lucha por mejorar las condiciones de vida. Si nos remontamos a su origen, vemos a las obreras textiles de Nueva York que en marzo de 1908 salieron masivamente a las calles a exigir la reducción de la jornada laboral, mejores salarios y el derecho al voto.

Con el correr del tiempo, hubo una resignificación de la fecha y sobre todo a partir de 1977 cuando la ONU elimina la palabra “trabajadora” del nombre con una clara intención de distorsionarla. Así es que pretendieron transformarla en un día para “halagar” a las mujeres con bombones, descuentos en shopping, productos de belleza, entre otros obsequios.

Pero a pesar de estos intentos, las mujeres y disidencias seguimos organizándonos porque estamos dispuestas a enfrentar los planes de ajuste y austeridad que pretenden descargar sobre nuestras espaldas todos los gobiernos del mundo. Por eso, tenemos un enorme desafío por delante este 8M y es el construir una jornada internacional de lucha: antipatriarcal, anticapitalista, anticlerical y antimperialista.

Los debates en la coordinación del 8M

El 3 de junio de 2015 en nuestro país hubo un antes y un después. La pelea contra las violencias machistas y los femicidios se popularizó a través del #NiUnaMenos. La pelea para que no nos maten por el solo hecho de ser mujeres, pasó a ser una lucha colectiva y mucho más potente, que supo marcar que la responsabilidad política de mantener el índice de un femicidio por día es de los gobiernos. Por eso exigimos políticas públicas con presupuesto.
Otro hito importante fue el 2018. La fuerza de la #MareaVerde copó las calles e instaló que el derecho al aborto es un derecho humano y que se tiene que respetar. Que quienes decidimos interrumpir un embarazo, no somos delincuentes como sostienen los sectores conservadores y eclesiásticos. Que tenemos un proyecto de ley (el de la Campaña) que ganó las calles y que plantea que el aborto voluntario debe ser legal, seguro y gratuito.

Ambos reclamos siguen más vigentes que nunca en 2020. Porque a pesar del alto nivel de movilización que hemos logrado, los gobiernos siguen haciendo oídos sordos a nuestros reclamos. Por ejemplo, del presupuesto nacional se destinan solo once pesos por mujer por año para combatir la violencia de género. Es el mismo presupuesto que dejó Macri en 2019 y que Alberto Fernández continúa. Una miseria si lo comparamos con los millones de dólares que se llevan del país los especuladores y buitres en concepto de pago de intereses de la deuda externa.

Otro tanto pasa con los sectores oscurantistas y conservadores como la iglesia católica y las evangélicas que tienen privilegios (no solo económicos) y deciden sobre la política y rumbo del país. Tanto es así, que Fernández se fue a negociar al Vaticano la salud de las mujeres. Por eso, en vez de apoyar el proyecto de la Campaña nacional por el derecho al aborto que tiene estado parlamentario, manda uno propio, negociado con la iglesia, enemiga histórica de las mujeres.
No debemos dejarnos engañar por el doble discurso del gobierno que crea nuevos ministerios cual espejitos de colores pero que sin presupuesto no van a poder hacer mucho. Desde Isadora e Izquierda Socialista-FIT, este 8M decimos que si la deuda es con nosotras, no hay que pagarle ni un centavo al FMI y desconocer toda la deuda externa porque es ilegítima, inmoral e impagable. Insistimos en que todo ese dineral vaya a salud, educación, vivienda, salario y a combatir la violencia de género. ¡Sumate a las actividades de Isadora y marchá con nosotras en todo el país!

Escribe Mercedes de Mendieta, legisladora porteña electa por Izquierda Socialista/FIT

Luz Aimé es una joven trans criminalizada por la justicia patriarcal, por su condición de género, migrante y pobre. El 20 de febrero comienza en el tribunal criminal N°8 de la CABA  el juicio en que está procesada en un crimen que no cometió. En ese marco, se está impulsando una campaña por su absolución que desde Isadora, mujeres en lucha estamos acompañando.

Luz llegó a Buenos Aires desde su provincia natal Salta en el año 2017, con expectativas de mejorar su calidad de vida, eso la motivó a comenzar sus estudios en el Mocha Celis, un bachillerato popular. Desde los 13 años es trabajadora sexual, condición que la llevó a sufrir diversos ataques y situaciones de extrema violencia. Como resultado de uno de esos episodios de odio, Luz perdió la visión de un ojo, mientras que el otro le quedó dañado de forma parcial.
En julio de 2018, la joven de 22 años fue involucrada en una causa que no cometió y presa. Luego de ocho meses en el penal y de reiterados pedidos de la defensa, le otorgaron la prisión domiciliaria fundamentada por la discapacidad visual severa que padece, las pésimas condiciones materiales del penal y los incumplimientos sanitarios. Desde ese momento, se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en el Hotel Gondolin, asociación civil gestionada por mujeres trans y travestis, donde residía previo a su detención.

Luz enfrenta un juicio injusto atravesado por una cadena de violencias que vive el colectivo trans-travesti. La expectativa de vida de una persona trans en el país es de 35 años, sometidos a violencias estructurales como la falta de acceso a la educación, la salud, la vivienda, la estigmatización, la persecución y la represión. En el caso de ser condenada Luz podría recibir cadena perpetua. Por eso, desde las organizaciones feministas tenemos que difundir y acompañar la campaña por la absolución de Luz y el fin de la persecución y criminalización del colectivo trans-travesti.

La diputada Mercedes Trimarchi, junto a compañeras de Isadora (SUR) en el primer día del juicio por el femicidio de Anahí Benitez en Lomas de Zamora

Condenado en 2011 a 22 años y 6 meses de prisión por crímenes de lesa humanidad solo cumplió 8 años de condena. Fue liberado a pesar de las pericias que lo consideran un peligro para terceros. Reside en Nother 602, Dto1, Adrogué.
Viernes 21 de febrero a las 17. Convocan organizaciones políticas y sociales.