La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su rechazo a las declaraciones del Ministro de Educación de la Nación Alejandro Finocchiaro, quien en el marco de las jornadas de reflexión por la desaparición de Santiago Maldonado y el Día del Detenido Desaparecido, realizadas en las escuelas de todo el país durante la última semana del mes de agosto, sostuvo entre otras cosas que los maestros y maestras “usan a los chicos” para “hacer política” con la desaparición forzada del joven, ocurrida en el marco de la represión a la comunidad Pu Lof Cushamen de la localidad de Esquel, en la provincia de Chubut, a manos de la Gendarmería Nacional.

Rechazar asimismo cualquier intento de censura, amenaza y violentamiento de la libertad de cátedra y de opinión en las escuelas y manifestar su apoyo a la docencia, que asumió el compromiso de debatir sobre estos gravísimos hechos junto a los estudiantes y sus familias, tal como lo indican los contenidos y lineamientos curriculares elaborados por el Ministerio de Educación de la Nación, que orientan en Argentina la labor de la docencia.

Señor presidente:

Atendiendo a que los derechos humanos constituyen lineamientos curriculares para la docencia en Argentina, durante la última semana del mes de agosto, en el marco de la desaparición del joven Santiago Maldonado y del Día Internacional del Detenido Desaparecido, los maestros y maestras del país impulsaron, junto a la comunidad educativa, jornadas de reflexión.

Las actividades que contemplaron dichas jornadas, que fueron promovidas por la Confederación de Trabajadores de la Educación Argentina (CTERA), sus sindicatos de base y delegados que la integran, fueron impulsadas en todas las escuelas y como es habitual, contaron con un cuadernillo dirigido a la docencia, con propuestas didácticas para el trabajo en el aula, que surgen de los diseños curriculares que elabora el propio Estado, a través del Ministerio de Educación.

Partiendo de la enorme tradición de lucha que existe en Argentina contra la impunidad a los genocidas y por los derechos y las libertades democráticas, y a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, ocurrida en el marco de la brutal represión de la Gendarmería Nacional a la comunidad Pu Lof Cushamen de la provincia de Chubut, la docencia propuso debatir en las aulas sobre su desaparición forzosa, tal como la considera la fiscal Silvina Avila.

Cabe destacar al respecto que, en el marco de la enorme crisis política que abrió su desaparición, estas jornadas recibieron también un amplio apoyo de toda la comunidad educativa. Sin embargo, a pesar de este masivo apoyo, distintos funcionarios del gobierno de Cambiemos condenaron la práctica de la docencia y la acusaron de “hacer política” con la desaparición del joven, hecho que ocurre días antes de la movilización convocada para por un amplísimo arco de organizaciones de todo el país para exigir al Estado Nacional por su inmediata aparición con vida.

En este sentido fueron, por ejemplo, las declaraciones del Ministro de Educación de la Nación Alejandro Finocchiaro, quien sostuvo que los maestros y maestras “usan a los chicos” para “hacer política” de manera “canallesca”, afirmó que los cuadernillos “banalizan la tragedia más grande de nuestro país, que fue la dictadura” y sugirió que los docentes que se “excedan” podrían ser sancionados por los directores de las escuelas donde trabajan, buscando generar así un clima de amenaza, persecución y condena, tanto a su labor educativa como de la lucha por su aparición con vida, por la que también reclaman innumerables organismos y personalidades en todo el país y en el mundo.

Las preocupantes declaraciones de Finocchiaro, a las que se sumaron las de el titular del Sistema Federal de Medios Público Hernán Lombardi y las de la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, no tardaron en alentar este procedimiento, y aunque las jornadas contaron con un contundente apoyo de la comunidad educativa, fueron denunciados casos puntuales de sanción a la docencia por parte de autoridades escolares, como sucedió en la Escuela N°6 de San Isidro, donde una profesora fue apercibida con un acta por la Dirección de la Escuela.

Señalamos por ello con preocupación que las declaraciones del funcionario atentan contra el pleno ejercicio de la libertad de cátedra y de opinión así como del derecho a enseñar y aprender sobre los derechos humanos y las libertades democráticas, que protegen -entre otras- la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que desde 1990 tiene fuerza de Ley en nuestro país y fue incluida en la Constitución Nacional en 1994, y la Ley de Educación Nacional N° 26.206. Con la misma preocupación, destacamos que, como indica esta norma en su artículo 92, forman “parte de los contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones”, entre otros, “el ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden constitucional y terminaron instaurando el terrorismo de Estado, con el objeto de generar en los/as alumnos/as reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos, en concordancia con lo dispuesto por la Ley N° 25.633”.

Finalmente, advertimos que la desaparición de Santiago Maldonado preocupa a toda la comunidad educativa, y defendemos por ello que las escuelas asuman el compromiso de debatir junto a los estudiantes y sus familias, tal como lo indican nuestros contenidos curriculares, sobre este gravísimo hecho que atenta contra los derechos humanos más elementales.

Es por ello que rechazamos las mencionadas declaraciones y manifestamos nuestro repudio a todo intento de censura, amenaza y violentamiento a la libertad de cátedra y de opinión, de las que depende en que las escuelas sean verdaderos ámbitos de conocimiento.

Por los motivos expuestos, y por los que desarrollaremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.