El bloque del Frente de Izquierda Unidad en el Congreso Nacional presentó un proyecto de resolución para repudiar la judicialización de la protesta en Jujuy contra activistas que fueron parte de las movilizaciones contra la reforma constitucional provincial.

La diputada de Izquierda Socialista, Mónica Schlotthauer (foto de portada) fue una de las firmantes.

6324-D-2024 -  23 de octubre de 2024
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La H. Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE

Repudio a la judicialización de la protesta en Jujuy
Manifestar nuestro profundo repudio a la decisión de la justicia jujeña, de elevar a juicio la causa del “20 Junio” donde se acusa arbitrariamente a distintos dirigentes sociales y políticos de la provincia por el hecho de ejercer el legítimo derecho a la libertad de expresión y a la protesta social, en este caso en rechazo a la Reforma Constitucional del gobierno provincial encabezado en su momento por el ex gobernador Gerardo Morales, en una clara persecución política, reclamando la anulación de dicha causa.

Fundamentos
En junio del año 2023, con un masivo rechazo callejero y popular, el gobierno radical de Jujuy y sus bloques aliados del PJ aprobaron a espaldas de pueblo una Reforma de la Constitución provincial en medio de una sesión repleta de irregularidades y ataques contra los derechos más elementales de las trabajadoras y trabajadores de la provincia, las mujeres y diversidades y los pueblos originarios, que salieron a ejercer su derecho a la protesta. La respuesta al rechazo de esa reaccionaria medida fue una brutal represión, condenada por organismos de derechos humanos y referentes de todas las latitudes, con detenciones ilegales por orden del entonces Gobernador Gerardo Morales (UCR). A posteriori la Justicia, en connivencia con el poder político y económico tejióla judicialización de dirigentes sociales y políticos con el fin de aleccionar al pueblo trabajador y pobre de la provincia.
En una quirúrgica selección imputaron a Miguel Ángel Ramos, Santiago Zamora, Leonardo Alejandro Rosales, Walter Armando Puca, Gabriel Taboada, Martin Antonio Abad, Francisco Emilio Lyonnet, Luis Santiago Zalazar, José Ivan Blacutt (dirigente de Izquierda Socialista en el FIT Unidad), Gabino Cruz, José Darío Donaire, José Luis Leopoldo Vilca, Nelson Javier Mamani, Mayuk Nasib Mamani, Héctor Luis Gerónimo, Walter Damián Brizuela, Dan Leonel Liborio, Gonzalo José Marino Diaz, Nahuel Tomás Herrera, Rivero Lautaro Joaquín, todos ellos dirigentes políticos y sociales.
Ahora, más de un año después de los hechos represivos, se reaviva esta causa escandalosa que sin pruebas ni argumentos en un claro hecho de criminalización y judicialización del derecho a la libertad de expresión y la protesta social-, pretende hacer escarmentar a quienes salieron a reclamar junto a la docencia, las comunidades originarias, los municipales y todo un pueblo contra la reforma de la UCR y el PJ provincial.
Según sus dichos, el Juez Rodolfo Fernández los eleva a juicio porque entiende formalmente que la causa “es correcta” aunque en realidad se trate de una acusación que en cualquier otra circunstancia sería inadmisible por no describir los hechos ni las conductas atribuidas a los imputados, entre otras cosas.
De ninguna manera se puede permitir este tipo de retroceso en materia de derechos. Las acciones del ex gobernador Morales y el ahora titular del ejecutivo Carlos Sadir van en consonancia con la política represiva del presidente Javier Milei y la ministra Patricia Bullrich, que de la mano de protocolos represivos, nos quiere hacer vivir como si estuviéramos en dictadura.
Rechazamos todo intento por criminalizar el derecho a la libertad de expresión y a la protesta social y llamamos a impulsar una gran campaña por la absolución de los compañeros. Decimos que lo que se judicializa no son solo veinte luchadores y luchadoras sino también
las acciones legítimas y constitucionales que impulsaron y siguen impulsando, como los cortes de rutas, marchas y paros, que enfrentó a una reforma constitucional que intentaba dejar a la provincia de Jujuy indefensa ante el saqueo.
Desde el Frente de Izquierda-Unidad exigimos el cese de la persecución a quienes hoy son judicializados injustamente, que se anulen todas las causas y que, por el contrario, se juzgue a Gerardo Morales y a sus cómplices en el gobierno, por la ola persecutoria y represiva que se desató, en un intento desesperado e infructuoso de silenciar la lucha contra la reforma constitucional reaccionaria que dejó herido al régimen jujeño y permitió volver a ejercer el derecho a la protesta en calles y rutas de toda la provincia.
Por todo lo expuesto pedimos la aprobación de este proyecto de resolución.