Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad
El gobierno ultraderechista de Milei quiere privatizar o desguazar Aerolíneas Argentinas. Le da lo mismo, su principal objetivo es hacerla desaparecer para que todo el negocio aéreo pase a manos de las multinacionales del sector. Hay que defender nuestra aerolínea de bandera y a las y los trabajadores.
Otra vez, como ya pasó en los ‘90, el negocio aerocomercial pasa a ser un coto de caza para los privatizadores. Con el voto positivo de la oposición patronal “dialoguista” (PRO, Encuentro Federal, radicalismo y unos cuantos “peronistas amigos”), el gobierno de La Libertad Avanza logró dictamen favorable para que se trate en el Congreso el proyecto de Ley de Privatización de Aerolíneas Argentinas. El sólo trámite de cómo se votó es todo un ejemplo de lo que está pasando con la oposición patronal: recordemos que Aerolíneas Argentinas figuraba en el listado de “empresas a privatizar” del proyecto de Ley Bases original (llamada en ese entonces Ley Ómnibus). Uno de los motivos por los cuáles Milei consiguió que finalmente su Ley fuera aprobada en junio pasado fue porque se había retirado del proyecto los puntos donde supuestamente las y los diputados y senadores de la oposición patronal no estaban de acuerdo. Entre ellos la privatización de Aerolíneas.
Ahora, ya con la Ley Bases aprobada, el gobierno ultraderechista vuelve con un proyecto específico de privatización de Aerolíneas y ¡sorpresa! Los mismos diputados que antes exigían que saliera del proyecto de Ley Ómnibus de diciembre ahora lo votan a favor. Un auténtico escándalo.
El mismo método que en los ‘90
El gobierno de Milei está actuando con Aerolíneas de la misma forma que operaba el peronismo menemista para ganar consenso y así privatizar. Primero se vacía la empresa pública, se las desfinancia, se golpea y provoca a sus trabajadoras y trabajadores, se le van sacando recursos, todo con el fin de que la empresa no pueda funcionar normalmente, se empiece a paralizar y entonces se busca que se genere un sentido común entre los usuarios, motorizado por los medios de comunicación amigos, a favor de la privatización.
Todo esto es lo que estamos viendo en estos últimos meses. Con auténticas provocaciones, con propuestas salariales de hambre, con despidos, se ataca a las y los trabajadores de la empresa, llevándolos a un conflicto largo y desgastante. Al mismo tiempo se le van quitando recursos históricos (como el hecho de que en el Aeroparque puedan pernoctar aviones de aerolíneas u otros servicios, que ahora son ofrecidos a la compañías de la competencia).
¿Quién y qué comprarían de Aerolíneas?
La realidad es que, hasta ahora, no aparecen compradores interesados en adquirir la totalidad de Aerolíneas Argentinas. Por eso el propio Milei ya empezó a hablar de “mandarla a la quiebra”, desguazando y rematando al mejor postor sus rutas más rentables.
Es que, por supuesto, ofrecer a una empresa transnacional del sector una ruta desde Buenos Aires a Miami, Nueva York, Madrid o Roma, es un negocio nada despreciable. O, más regionalmente, los vuelos a San Pablo u otras ciudades brasileñas. Sucede lo mismo con las rutas de cabotaje más rentables, vinculadas al turismo internacional: Iguazú, Calafate, Bariloche, Salta o Ushuaia.
Ahora bien, ¿quiénes suenan para esas rutas? Por un lado las locales low cost, como Jet Smart y Fly Bondy. Empresas que, nacidas al calor de los privilegios que le dio el macrismo, tienen el récord mundial de retrasos o cancelaciones. Y, peor aún, caminan constantemente por la cornisa por su falta de seguridad. Un ejemplo: este fin de semana un avión de Fly Bondi casi provoca un accidente en su aterrizaje en Aeroparque, tras lo cual ni siquiera fue revisado para averiguar si había sufrido algún deterioro o desperfecto, en cambio, fue “despachado” inmediatamente con pasajeros hacia Mendoza. Las otras empresas que aparecieron interesadas, por lo menos para las rutas de cabotaje y regionales, son la brasileña Gol, que se encuentra en convocatoria de acreedores en Estados Unidos y por lo tanto al borde de la quiebra, y LAN, la misma transnacional que, luego de pagarle a sus trabajadoras y trabajadores con fondos estatales en la primera parte de la pandemia, terminó cerrando, dejando a todas y todos en la calle y hasta robándose aviones (con el simple expediente de tapar con pintura la matrícula argentina y reemplazándola por una chilena).
La experiencia de la Aerolíneas privatizada
¿Qué pasó cuándo la empresa fue privatizada en los ‘90? Fue adquirida por empresas del Estado Español, primero Iberia, que vendió aviones, oficinas comerciales en las principales ciudades del mundo, y prácticamente la vació. Las anécdotas llegan hasta el extremo de que los aviones salían con cubiertas nuevas de Ezeiza y al llegar a Barajas se las cambiaba por otras usadas, quedando las nuevas para los aviones de Iberia. Se llegó así hasta una situación de virtual quiebra, y sólo se evitó el cierre por la lucha de las y los trabajadores de la empresa.
Luego se adueñó de Aerolíneas el Grupo Marsans, también español que continuó con el vaciamiento de lo que quedaba. Finalmente, si la empresa no hubiera sido reestatizada, sin duda habría desaparecido. El Grupo Marsans dejó a Aerolíneas con un déficit que costó años revertir.
En los años de Aerolíneas privatizada, se entregó el negocio de cabotaje a empresas privadas. Todos terminaron mal. LAPA culminó con el terrible accidente de 1999, muy bien documentado en Whisky-Romeo-Zulu por Enrique Piñeyro. Austral también vivió dos tragedias, la de Fray Bentos en 1997 y la de 1995 en Sierra Grande, cuando se abrió una puerta en pleno vuelo y murió una azafata. Southern Winds terminó envuelta en escándalos de tráfico de drogas con los aviones de la compañía.
¿Cuál es la salida?
Hay que defender nuestra aerolínea de bandera. La necesitamos para cubrir todo el territorio nacional y que ninguna región quede aislada. Para que se puedan atender emergencias sanitarias, climáticas o de cualquier tipo. También para mover con velocidad los bienes que produce nuestro país hacia otras zonas geográficas que se requiera. Pero, por sobre, para que el pueblo trabajador acceda al derecho de viajar más rápido y que, en pleno siglo XXI, volar deje de ser un privilegio para ricos. Las rutas internacionales más rentables, tanto internacionales como de cabotaje, juntamente con la Carga Internacional, deben servir para subsidiar al resto de los vuelos, que así podrán contar con tarifas populares y accesibles y las frecuencias adecuadas.
La experiencia de la reestatización de los últimos años nos indica que, ante todo, la gestión de la empresa debe pasar a manos de sus propias trabajadoras y trabajadores, y no estar más en manos de burócratas que utilicen la empresa como caja para sus negocios políticos, como sucedió con La Cámpora durante varios años.
Pero también que, por tratarse de un servicio público, el criterio no debe ser el de la rentabilidad privada o la ganancia y por lo tanto, el estado nacional debe proveer el financiamiento necesario. Y, por sobre todo, que se le debe garantizar el monopolio y la prioridad en aeropuertos, servicios de rampa, hangares, centros de entrenamiento y de revisión técnica que hoy se la regalan a otras empresas.
Aerolíneas Argentinas ya fue privatizada una vez. Sus trabajadoras y trabajadores evitaron que ello terminara en la quiebra y desaparición de la empresa. Luego, la continuidad de la pelea, permitió alcanzar la reestatización. Hoy, con la misma fuerza, con el apoyo de todos los sectores en lucha y del conjunto del pueblo trabajador, tenemos en la defensa de Aerolíneas como empresa estatal y línea de bandera un capítulo importante de la pelea por derrotar el plan motosierra de Milei y el FMI. Por eso, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad rechazamos la privatización y con nuestra diputada nacional Mónica Schlotthauer y el resto de la bancada estamos elaborando un proyecto para sumarnos a la lucha en defensa de Aerolíneas Argentinas. Proponemos que sea 100% estatal y gestionada democráticamente por sus trabajadoras y trabajadores, como parte de un sistema de transporte único e integrado en manos del Estado, en función del desarrollo del país y en beneficio del pueblo trabajador.