Escribe José Castillo

Lo expresó en forma muy clara Rodolfo Walsh, en su “Carta abierta a la Junta Militar” escrita a un año del comienzo de la dictadura y en los días previos a su desaparición; el golpe genocida y el plan siniestro y sistemático de muertes, torturas y desapariciones tenía un objetivo concreto: implantar un modelo económico de exclusión, hambre y miseria, al servicio de los negocios de los grandes capitalistas.

Hoy, a 41 años, el gobierno ultraderechista de Milei no sólo es negacionista de los crímenes de la dictadura, sino que tiene exactamente los mismos objetivos.

Martínez de Hoz asumió como ministro de Economía de Videla y dio su primer discurso el 2 de abril de 1976. Todavía se pueden ver fragmentos en youtube: “se abre un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante en la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas”. ¡Cualquier similitud con los discursos de Milei o su ministro Luis “Toto” Caputo no es pura coincidencia!

Pero es mucho más que exclusivamente lo discursivo. Martínez de Hoz procedió a “liberar” (así se dijo) las tarifas de los servicios públicos (hoy lo llamaríamos tarifazo), el dólar (hoy diríamos devaluación), los controles de precios (las empresas aprovecharon para aumentar todo salvajemente). ¿Adivinen que quedó congelado, o con incrementos mínimos que no cubrieron ni de lejos la fenomenal inflación que se desató? Obviamente, los salarios y las jubilaciones. Sólo en 1976, las y los trabajadores perdieron el 40% de su poder adquisitivo. Eso fue garantizado mediante la prohibición de toda actividad gremial y la más feroz y despiadada represión sobre el activismo, con miles de desaparecidos, muchos de ellos llevados desde las propias puertas de fábricas, con grandes patronales que se prestaron gustosas a ofrecer a los grupos de tareas listados elaborados por las oficinas de personal donde constaban los delegados y activistas y hasta, en varios casos, autorizando la instalación de campos de concentración dentro de sus propios predios.

Martínez de Hoz posteriormente liberalizó las tasas de interés y todo el negocio bancario (de nuevo, similar a como ahora lo plantea Caputo), creando la ley de entidades financieras que aún hoy está vigente, que permite a los bancos prácticamente cualquier maniobra especulativa para realizar sus superganancias.

Esto se acompañó con una liberalización total del comercio exterior, lo que generó un enorme ingreso de productos importados de todo tipo, con la excusa de “bajar los precios” (¡otra vez, igual a lo que acaba de plantear el ministro Caputo en estos días!). Es educativo ver como terminó, ya que los precios no bajaron, pero sí esa inundación de importados hizo quebrar a miles de fábricas, destruyendo sectores enteros de la industria y provocando miles de desocupados.

Martínez de Hoz, por último, al igual de lo que está haciendo ahora “Toto” Caputo, atrasó el dólar, generando una fenomenal bicicleta financiera y un enorme endeudamiento, base de lo que después sería nuestra ilegal, inmoral e impagable deuda externa.

En síntesis, dos planes económicos gemelos, ambos de guerra contra el pueblo trabajador y al servicio de las grandes empresas. Una razón más para marchar este 24 de marzo, exigiendo memoria, verdad y justicia y repudiando al actual gobierno negacionista y hambreador.

* Encontrarás mucho más material sobre los orígenes del proceso de endeudamiento en la revista Deuda externa. Colonización, miseria y corrupción. Editorial El Socialista. 2010

Escribe Adolfo Santos, fue miembro del PST y hoy es dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad
 
En el marco de la movilización para reafirmar nuestro compromiso contra la impunidad de ayer y de hoy, este 24 de marzo también marchamos para recordar y rendir homenaje a la memoria de las más de cien compañeras y compañeros asesinados y desaparecidos de nuestra corriente. Eran jóvenes, estudiantes, delegados, dirigentas y dirigentes políticos, incansables constructores del glorioso Partido Socialista de los Trabajadores (PST), antecesor de Izquierda Socialista.

Con una política al servicio de la clase trabajadora y el socialismo, el PST fue un baluarte en la lucha contra el “pacto social” con los empresarios, para ajustar a los trabajadores, que implementaban los gobiernos peronistas desde 1973. Desde esa trinchera combatimos a la burocracia sindical, que era un agente del gobierno entre las y los trabajadores, de Cámpora primero y Perón después. Por eso, no es casual que los primeros ataques a nuestro partido hayan comenzado antes del golpe de 1976.

En la madrugada del 7 de mayo de 1974, sufrimos el primer asesinato, cuando nuestro compañero Inocencio “Indio” Fernández salía de su casa en Maschwitz para ir a su trabajo en la fundición Cormasa, donde era subdelegado y se enfrentaba a la burocracia de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Fue asesinado con un tiro de Itaka que le destrozó el pecho y su cuerpo semicalcinado, envuelto en un colchón incendiado, apareció en Campana.

Unos días después, el 29 de mayo, un grupo armado integrado por miembros de la Triple A y de la burocracia sindical de la UOM, atacó a balazos el local del PST de la localidad de Pacheco. En un hecho que tuvo repercusión nacional y quedaría recordado como “La Masacre de Pacheco”, fueron asesinados tres compañeros de reconocida actividad política sindical. Era la reacción fascista contra la combativa vanguardia de la zona norte, en donde el PST tenía influencia en una amplia franja del movimiento obrero.

Así sucedieron los primeros intentos de las bandas fascistas, integradas por sicarios de la burocracia sindical y sectores del gobierno peronista, para detener el fuerte ascenso obrero y popular iniciado con el Cordobazo que le impedía aplicar los planes patronales al gobierno peronista. En 1974, comenzaron a actuar con inusitada violencia contra la Juventud Peronista, los Montoneros y la izquierda entre quienes el PST cumplía un papel destacado en el enfrentamiento al gobierno y a la burocracia sindical. A fines de ese año, otros tres compañeros serían asesinados en un mismo día, entre ellos Cesar Robles, dirigente nacional de nuestro partido.

En septiembre de 1975 ocho militantes del PST de La Plata fueron secuestrados, torturados y fusilados. La nueva masacre por parte de las bandas fascistas, buscaba amedrentar al activismo que venía protagonizando una serie de importantes luchas. Petroquímica Sudamericana, Propulsora Siderúrgica, Astillero Río Santiago, reparticiones estatales y trabajadores y estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), eran un ejemplo de organización y lucha. En esos enfrentamientos, la militancia del PST tuvo una importante participación, de forma directa o impulsando la solidaridad obrera, estudiantil y popular con la perspectiva de luchar por una Argentina y un mundo socialista.

En marzo de 1976 llegaron los largos años de dictadura militar donde el PST continuó resistiendo junto a la clase trabajadora en la más estricta clandestinidad. Cambiaron las condiciones de militancia, fuimos proscriptos y perseguidos, pero continuamos en las luchas sindicales, editamos nuestro periódico y participamos de las restringidas posibilidades de reorganizar el movimiento obrero y los organismos de derechos humanos. Fue una actividad difícil que nos costó más de un centenar de vidas de valiosas y valiosos compañeros. Los recordamos con orgullo y decimos que fueron grandes, no por sus méritos personales, que sin duda los tenían, sino porque ofrecieron sus vidas al servicio de un proyecto inmenso, la lucha por la construcción de una Argentina y un mundo socialista.

Escribe José Castillo

El gobierno de Milei está inmerso en una crisis inédita para una nueva administración. No pudo impedir que el DNU fuera rechazado en el Senado. Así como hace pocas semanas se peleaba con los gobernadores “dialoguistas”, ahora lo hace con la propia vicepresidenta Villarruel. Una muestra de que, aunque sigue atacando al pueblo trabajador, lo hace desde una tremenda debilidad y se lo puede enfrentar y derrotar el plan motosierra.

El gobierno de La Libertad Avanza sigue cosechando derrotas políticas. Cada vez que hubo una marcha masiva, tuvo que retroceder con el protocolo antipiquete de Bullrich (una nueva demostración de eso se dio con el 8M). Ya había tenido que retirar la ley Ómnibus, que iba camino a una derrota catastrófica en Diputados. Ahora se sumó que, finalmente, el DNU se trató en el Senado y fue rechazado. El mero hecho de que finalmente se haya realizado la sesión del Senado que terminó en el rechazo, expuso una nueva pelea en el seno del gobierno: entre el presidente Milei y su vice, Victoria Villarruel.

No es la primera. Ya el gobierno de Milei suma una cantidad inédita de renuncias y despidos de altos funcionarios para un mandato tan corto. A principios de marzo hubo una enorme sangría en el ministerio de Capital Humano, con las salidas de varios funcionarios, entre ellos Rodrigo Aybar, responsable de los recortes en el plan Potenciar Trabajo, el subsecretario de políticas sociales Pablo Rodrigué y el director administrativo Agustín Sánchez Sorondo. En el ministerio de Seguridad, se había ido Sebastián García de Luca, secretario de Articulación Federal, en desacuerdo con el ataque de Milei al gobernador de Chubut. En las últimas días fue despedido Omar Yasin, secretario de Trabajo, a lo que se sumaron las renuncias de Armando Guibert, secretario de Transformación del Estado, Julián Suárez, director de fiscalización pesquera y Geraldine Calvella, titular del Renaper, entre otros.

El acuerdo con los gobernadores: cada vez más crisis

A lo largo de todo enero y febrero se fue desarrollando y acrecentando hasta el estallido las peleas entre el presidente y su círculo íntimo (encabezado por su hermana Karina) con todo el arco de la “oposición patronal dialoguista”, y en particular con los gobernadores. Que llegó a su máxima expresión con la amenaza, luego retirada, del mandatario de Chubut de “cortarle” el gas y el petróleo a la Nación.

El gobierno de Milei pareció dar una señal de tregua con su propuesta de lanzamiento del Pacto de Mayo, pero rápidamente quedó claro que este quedaba subordinado a que las provincias primero avalen la ley Ómnibus y aceptaran la continuidad del ajuste en las provincias, con un gobierno nacional que se sigue negando a enviarle a éstas los fondos que les corresponden. Con lo que el citado pacto hoy está objetivamente en crisis.

Milei, al mismo tiempo, sigue actuando en forma personalista y mesiánica. Prioriza twittear e insultar a diputados y senadores, incluso a quienes debería seducir para construir mayorías y lograr que les aprueben las leyes. Muchas veces destruye lo que algunos de sus ministros (como Guillermo Francos) construyen con trabajosas negociaciones

Divisiones en las patronales

¿Qué expresa todo esto? Que en los hechos hay una fuerte división en la patronal argentina acerca de qué es lo que hay que hacer. Por supuesto que las grandes empresas locales, las transnacionales, el FMI y el imperialismo yanqui apoyan a Milei y su plan de ajuste. Están de acuerdo con la flexibilización laboral, la prioridad para los pagos de deuda externa y que se abran nuevos negocios vía el saqueo de nuestras riquezas. Incluso algunas patronales, como los grupos encabezados por Paolo Rocca y Eduardo Eurnekián, avanzan tomando el control de cargos importantes en el gobierno. Pero la gran mayoría, incluido los funcionarios del propio FMI, tienen dudas sobre la viabilidad política y social del programa de Milei. En concreto, miedo a la reacción obrera y popular. Lo mismo expresa, muy claramente la Iglesia Católica y el propio papa Francisco.

También existe un sector de la patronal que, afectado por las características salvajes del ajuste, directamente está en contra. Ello se expresa en las economías regionales, las pymes y, en general, en muchas empresas que, dependiendo exclusivamente del mercado interno, ven derrumbarse sus ventas. Las críticas a Milei incluso de gobernadores e intendentes que, previamente, aparecían como los más cercanos (como Ignacio Torres de Chubut o el intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro, ambos de PRO) expresan estas contradicciones.

¿Por qué, a pesar de toda esta crisis que se profundiza, Milei sigue a la ofensiva con el ajuste? Sus puntos fuertes son paradójicamente, la existencia de una oposición patronal “dialoguista” que, a pesar de los insultos y desplantes del gobierno, sigue buscando caminos para “ayudarlo” y votar leyes. Y la memoria popular fresca de que el anterior gobierno peronista también llevó adelante un plan de ajuste al servicio del FMI a costa del pueblo trabajador.

Por eso insistimos, al plan motosierra de Milei, tenemos que oponerle un plan distinto, obrero y popular, que arranque de dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI para poner todo ese dinero al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares y una nueva alternativa política, como la que postulamos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad: que gobiernen las y los trabajadores y la izquierda, en camino a una Argentina socialista.

Escribe José Castillo

El gobierno de Milei sigue repartiendo cargos estratégicos a sus empresarios amigos. El Grupo Techint, de Paolo Rocca, está entre los más favorecidos. Ya se había quedado con el máximo cargo en YPF, a través de la designación de Horacio Daniel Marín, de Tecpetrol, la petrolera competidora de YPF, como presidente del directorio y a la vez gerente general de la compañía.

Ahora Techint ganó otro puesto clave: Julio Cordero ha sido designado secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se trata del principal abogado laboralista del Grupo de Paolo Rocca. Rabiosamente antiobrero,  fue el propio Cordero quien salió hace un año a oponerse a cualquier legislación de reducción de la jornada de trabajo. También quién, hace pocas semanas, hizo fracasar la reunión del Consejo del salario mínimo. Detrás de su nombramiento está, sin duda, la política del grupo Techint de declararle la guerra a sus propios trabajadores, lo que ha provocado una serie de huelgas en Siderar, una de las principales empresas de Rocca.

Un nombramiento que refuerza que el plan económico de Milei es una auténtica declaración de guerra contra el pueblo trabajador.

Escribe José Castillo

Después de la derrota sufrida a mediados de febrero por la Ley Ómnibus “original”, el gobierno vuelve a la carga, presentando otra que, más acotada y con menos artículos (269 artículos en vez de 650), sigue conservando lo central de la anterior.

Este nuevo proyecto, que algunos llaman irónicamente ley “Traffic”, contiene una declaración de “emergencia” con facultades delegadas para Milei por un año, tiempo de sobra para que el presidente ultraderechista lleve a cabo su cometido. También incluye la reforma laboral que fue suspendida por la justicia cuando apareció planteada en el DNU, que implica de hecho una virtual eliminación de todos los derechos conquistados por las y los trabajadores en las últimas décadas. Se insiste, asimismo, con la privatización de empresas públicas, creándose un nuevo listado. Se plantea así la privatización total de Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina y Radio y Televisión Argentina, y la privatización o concesión de otras como el Banco Nación, Yacimientos Carboníferos, Aysa, Correo, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora ferroviaria, Corredores viales, Empresa Argentina de soluciones satelitales y Nucleoeléctrica Argentina,

La nueva ley insiste en ajustar salvajemente a las y los jubilados, incluyendo una nueva fórmula previsional a partir de abril donde las jubilaciones no recuperan ni la mitad de lo que perdieron desde diciembre a esta parte. Aclaremos que, ante la duda de que la ley pueda ser aprobada, el gobierno ultraderechista de Milei se cubre anunciando que va a enviar la nueva fórmula jubilatoria a la vez por medio de un nuevo DNU.

También el proyecto de ley incluye la “liberalización del mercado energético”, a medida de los grandes pulpos del gas y del petróleo, así como un paquete de medidas para “promover inversiones” que son una auténtica invitación al saqueo de nuestros recursos en todos los campos (incluyendo megaminería, litio, etcétera).

Por fuera de la Ley Ómnibus, pero como ofrecimiento de “contrapartida” a los gobernadores, se le ofrece restituir el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, o sea el “impuesto al salario”, que pasarían a pagarlo todo trabajador o trabajadora que gane más de un millón de pesos si es soltero o un millón y medio si es casado. O sea, una virtual nueva confiscación al bolsillo popular.

En síntesis, una nueva ley, más chica, que conserva lo esencial de la anterior: las reformas estructurales del plan de guerra de Milei contra el pueblo trabajador.