Escribe Mercedes de Mendieta
Diputada nacional electa Izquierda Socialista FIT-U

El gobierno de Milei viene atacando los derechos de las personas con discapacidad desde una mirada reaccionaria y asistencialista como viene denunciando la Asamblea de Discas en Lucha. La motosierra del ultraderechista ha reducido en un 23% los fondos destinados a pensiones no contributivas por invalidez laboral para 2025, pasando de $3,034 billones a $2,355 billones. Además, se han interrumpido pagos a prestadores de servicios esenciales como transporte, centros de día e internaciones y hogares, dejando miles de personas sin acceso a prestaciones fundamentales y medicamentos. Si bien las pensiones de miseria y la precarización laboral de trabajadoras y trabajadores venían desde los anteriores gobiernos, la situación se agravó y es hoy crítica.
Con la excusa de aplicar una “auditoría” y nuevos obstáculos burocráticos para tramitar el CUD (certificado universal de discapacidad), se estima que podrían darse de baja hasta 200.000 pensiones. Las personas con discapacidad vienen denunciando las terribles condiciones para llevar adelante las auditorías médicas, con larguísimas colas y horas interminables de espera, y que se solicita documentación y actualización de estudios imposible de conseguir en los plazos solicitados. Esto sin contar que las pensiones no contributivas son de unos miserables $260.000, es decir de indigencia. Una persona con discapacidad que trabaja 4 horas por día en un Taller Protegido cobra 28.000 pesos por mes. A lo que se suma el incumplimiento del cupo laboral del 4%, que hoy se cumplen apenas en un 2%.
Lo mismo ocurre con quienes son prestadores de diversos servicios sociales. Por ejemplo, un transportista está cobrando $541 el litro de nafta, cuando sale más del doble, produciendo lo que trae consigo una reducción del servicio.
Ni hablar de la situación que atraviesan las y los acompañantes terapéuticos y otros trabajadores del sector, que cobran 3.000 pesos la hora, cobrando a 90 o 180 días, una barbaridad por dónde se lo mire. El nomenclador que rige sus salarios precarizados está completamente desfasado de la inflación y congelado desde diciembre de 2024, y en muchas cosas se denuncia que las obras sociales ni siquiera lo cumplen. Muchas patronales de centros y escuelas privadas retienen hasta el 50% de lo que paga el miserable nomenclador y están reduciendo personal.
Nada extraña de un gobierno que vocifera discursos de odio hacia las personas con discapacidad, usando términos como "idiota", "imbécil" y "débil mental".

¡Por una verdadera emergencia ya!
Este jueves 29 de mayo la Asamblea Discas en Lucha impulsa una Ranchada y Radio Abierta en la Plaza Congreso, en el marco de un paro de prestadores de 72hs que acompañaremos desde Izquierda Socialista. Entre los principales reclamos se encuentra la exigencia del tratamiento de la emergencia en discapacidad, que tiene dictamen de la Cámara de Diputados en base a un proyecto originario de Daniel Arroyo (UxP). Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) implicaría una erogación de entre $1,89 billones y $3,63 billones, equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI respectivamente. Es decir, estamos hablando de migajas si lo comparamos con los millones que se van al pago de la deuda externa.
Desde FIT-Unidad impulsamos un proyecto de fondo, no solo de emergencia, considerando insuficientes las medidas del dictamen. Por ejemplo, la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social propuesta es del 70% de un haber jubilatorio, cuando debería ser equivalente a una Canasta Básica Total para una persona adulta o, en el caso de ser Jefe/a de hogar, el equivalente a una Canasta Familiar. También que ningún trabajador de salud del sector de discapacidad debería cobrar menos que la canasta familiar y terminar con los retrasos en el pago de sus salarios y la retención de las obras sociales e instituciones.
Advertimos que con el nuevo pacto que el gobierno firmó con el FMI el ajuste sobre discapacidad se va profundizar. Así como ocurre con las y los jubilados, la discapacidad es una de las preferencias de la motosierra de Milei. El gobierno ya deja correr que ante una posible sanción de la emergencia vetaría la ley. Por eso creemos que la lucha de los colectivos de discapacidad y sus familias y de sus trabajadoras/os, tienen que unirse al conjunto de los reclamos de la clase trabajadora, exigiendo a la CGT y a las CTA un nuevo paro nacional de 36hs y un plan de lucha para tirar abajo el plan motosierra de Milei, los gobernadores y el FMI. Plata para las personas con discapacidad y las y los trabajadores del sector, no para el FMI.

El miércoles 28 de mayo las concejalas del Frente de Izquierda Unidad de Merlo Romina Ruocco (Izquierda Socialista) y Susana Verón (MST) presentaron en conjunto un proyecto de ordenanza para que el municipio encabezado por el intendente Gustavo Menéndez de respuesta por las graves consecuencias que miles de vecinas y vecinos sufrieron a causa de las inundaciones.

Dijo Romina Ruocco: “Miles vieron perder todo debido a causas evitables. Gobiernos provinciales y nacionales de distinto signo prometen obras para evitar las inundaciones y nunca cumplen. El municipio por su parte debió tomar medidas elementales que no tomó”.

En cuanto al proyecto presentado, Ruocco exclamó: "Proponemos que se declare de forma inmediata el estado de emergencia. La intendencia debe dar asistencia inmediata y reparar los daños sufridos por el temporal. Y más importante aún. Exigir al gobierno provincial y nacional que de una vez por todas se realicen las obras para evitar esta situación. Nada de plata al FMI. Necesitamos esos fondos para salud, educación, vivienda e infraestructura entre otras necesidades. En el caso del municipio los fondos para llevar adelante estas medidas se pueden obtener de impuestos a las grandes empresas radicadas en el distrito como Massalin, Pirelli, IMSA o Swift entre otras, que gozan de beneficios de todo tipo. Llamamos a las y los trabajadores del distrito a movilizarse por estas medidas".

Contacto:
Romina Ruocco
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Prensa de Izquierda Socialista:
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11 de mayo de 2025.

En el día en que en países de la región se celebra el Día de las Madres, mujeres de diferentes profesiones, oficios y geografías nos unimos para denunciar el crimen de Estado cometido contra Lourdia Jean Pierre, por el Estado dominicano, bajo el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), presidido por Luis Rafael Abinader.

El viernes 9 de mayo, a tempranas horas de la mañana, Lourdia inició labores de parto. La extrema violencia decretada y ejercida desde los estamentos e instituciones del Estado, en que se persigue con saña a las inmigrantes haitianas embarazadas para luego deportarlas, motivó que ella optara por alumbrar a su hijo en su vivienda, sola y carente de los recursos mínimos. Pocos minutos después de producirse el parto, murió desangrada.

Las autoridades policiales, presentes en el lugar, detuvieron al padre y al recién nacido y los entregaron a agentes de migración para que procedieran con su deportación. Ante la muerte de la madre, ordenaron mantener la vivienda cerrada con el cuerpo dentro, prohibiendo cualquier acercamiento. Ningún médico legista quiso ir a certificar la defunción. Fueron los vecinos quienes, con valentía y arrojo, dieron a conocer la muerte de Jean Pierre a través de un video y procuraron un rápido enterramiento, no libre del miedo a represalias.

La muerte de Lourdia Jean Pierre, así como la persecución, detención y deportación que se hace contra miles de mujeres inmigrantes haitianas embarazadas -madres- son acciones que incumplen las normas, leyes y protocolos establecidos nacional e internacionalmente, vulneran los Derechos Humanos más elementales y laceran la dignidad de las personas.

Asimismo, esta muerte y la campaña en contra de las mujeres inmigrantes gestantes que desde noviembre de 2021 implementó el gobierno dominicano, y que incluye otros casos de muerte de madres o de neonatos que no han sido de conocimiento público, constituyen crímenes de Estado a partir de la tortura, persecución y muerte, ejercidas por un conjunto de instituciones y agencias del Estado, de forma directa o indirecta.

Decimos basta ya a un Estado y élites gobernantes feminicidas y racistas, que han hecho de las mujeres negras -inmigrantes, dominicanas de ascendencia haitiana y dominicanas- un objetivo militar, centro de la promoción del odio, el aumento de la injusticia, la aplicación de fuerza y violencia injustificadas e ilegales y una excusa para encubrir la total ausencia del Estado de derecho. Basta ya a las políticas de violencia y deshumanización en República Dominicana contra las mujeres, niños, niñas y hombres por su origen, raza y clase.

Denunciamos estos hechos ante la comunidad internacional para su conocimiento y actuación, dado el régimen fascista y de privación de derechos que impera en República Dominicana, sustentado bajo el racismo, el antihaitianismo, el clasismo y el patriarcalismo. Régimen en que los tres poderes del Estado actúan al unísono.

FIRMÁ AQUÍ

Sobrero le reclamó un nuevo paro general a la CGT tras el anuncio del gobierno de eliminar el derecho a huelga. “No hay lugar para las medias tintas, hace falta un nuevo paro de 36 horas para frenar esta barbaridad”, graficó el Secretario General de la combativa Unión Ferroviaria Oeste, dirigente nacional de la corriente sindical A Luchar y de Izquierda Socialista, quien formuló estas declaraciones desde Tierra del Fuego donde viajó para solidarizarse con los obreros de la UOM en lucha contra los despidos y el paro provincial que está en curso en la isla.

“Los trabajadores logramos nuestras conquistas y las defendemos con democracia sindical, lucha, movilización y huelga, eso es lo que quiere liquidar el gobierno y lo tenemos que impedir. La CGT no se puede limitar a presentar un recurso de amparo. Si en un comunicado dijo que no va a permanecer en silencio y que dará batalla en los tribunales, en la calle y en los lugares de trabajo, entonces tiene que convocar a un nuevo paro de 36 horas y a un plan de lucha nacional para tirar abajo este decretazo”, fustigó Sobrero.

El gobierno avanza en este ataque que ya estaba originariamente en el DNU 70/23, el que fue suspendido por inconstitucional. Ahora sacó el DNU 340/2025, desregulando a la marina mercante y aprovechando para incluir otras actividades. Se amplían las actividades “esenciales” (servicios sanitarios y hospitalarios; producción y distribución de agua potable y energía eléctrica; servicios telefónicos y control aéreo) e instauró la figura de “servicios trascendentales”) e incorporan las denominadas “trascendentales”, la industria de la alimentación, metalúrgica, medicamentos y construcción, funcionamiento de bancos, transporte, comercios, gastronómicos, cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial, aeronáutica comercial y el control de tráfico portuario, servicios aduaneros y migratorios, transporte y distribución de gas y otros combustibles. Esto obliga a prestar servicios en un 75% de la fuerza laboral en los primeros y el 50% en los segundos, un verdadero cercenamiento al derecho de huelga de conjunto.

Sobrero agregó: “Este gobierno que está destruyendo todo con su plan motosierra ahora denomina “esencial” a muchas de las actividades solo para atacar los derechos laborales y el legítimo derecho a la protesta. Una barbaridad, todo ejecutado de la mano del FMI”.

Sobrero finalizó: “El paro y plan de lucha que le exigimos a la CGT tiene que ser también por un aumento inmediato de salarios y jubilaciones y contra los despidos. Estamos ante un gobierno ultraderechista que redobla la apuesta, entonces el movimiento obrero tiene que hacer lo mismo.”

Contacto
Rubén “Pollo” Sobrero: 11 6422-6661
Prensa de Izquierda Socialista: 011 15-6054-0129

Sobrero llevó la solidaridad de las y los ferroviarios, la corriente sindical A Luchar e Izquierda Socialista/FIT Unidad a las y los trabajadores metalúrgicos.

El dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero, otro de los líderes gremiales presentes en el acto en Río Grande, declaró: “No venimos al acto, venimos a ponernos a disposición para que este conflicto se nacionalice y llegue a cada rincón del país. Es una falta de respeto decir que esta provincia es un parque de diversiones. Pero esto no es un circo, estos son trabajadores que quieren trabajar y vivir dignamente de su sueldo”.

Nota completa en https://izq.ar/1v0