Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista
La condena a Lázaro Báez y su familia por parte del Tribunal Oral N°4 ha lado lugar a una larga lista de interpretaciones. Desde el gobierno peronista de Alberto Fernández y en particular desde el kirchnerismo, se han alzado voces planteando que dicho fallo es parte de una campaña “de la derecha” con el objetivo final de perseguir a Cristina Fernández. Vuelven a escucharse argumentos por parte de periodistas oficialistas como Víctor Hugo Morales, en los que se habla de lawfare, donde supuestamente sectores del poder judicial utilizarían imputaciones de corrupción para ir contra gobiernos o políticos “progresistas”. Recordemos que, desde estos planteos, se afirmó hace unos pocos años que eso llegaba hasta la existencia de un nuevo tipo de “golpe de estado”, colocándose bajo esa figura al impeachment que destituyó a Dilma Rousseff en Brasil. No faltaron tampoco planteos como los del senador kirchnerista Oscar Parrilli, que llegó a decir que a Báez “lo condenan por morocho” o “por ser amigo de los Kirchner”. Otros, ante la imposibilidad evidente de defender los hechos delictivos de Báez, insisten en que no habría “conexión” alguna entre ellos y Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
La oposición patronal de Juntos por el Cambio “festeja” el fallo, ya que le permite utilizarlo electoralmente y ocultar sus propios casos de corrupción.
Frente a estos hechos y a planteos como los arriba mencionados, desde Izquierda Socialista queremos ser claros. Por supuesto que no tenemos ninguna confianza en una justicia patronal que se la ha pasado ocultando los casos de corrupción de grandes empresarios y políticos corruptos. Así como no tenemos nada que ver con los “festejos” que, al conocerse el fallo, hace Cambiemos, en cuyo interior hay personajes y episodios tan corruptos como los de la época kirchnerista. Bastaría mencionar los Panama Papers, el caso del Correo Argentino, los negociados de Nicky Caputo (el “amigo del alma” de Mauricio Macri) y Calcaterra, o la gigantesca corrupción de un endeudamiento externo que se utilizó (préstamo del FMI incluido) para financiar la fuga de capitales de los amigos del macrismo.
Pero los hechos son contundentes: Lázaro Báez fue condenado por hechos de corrupción que llegan a 55 millones de dólares. Esto incluye licitaciones truchas, coimas, obras no concluidas o incluso siquiera iniciadas, fuga de divisas, blanqueo en paraísos fiscales y un largo etcétera de desfalcos. En todos los casos íntimamente relacionados a contratos de obra pública del kirchnerismo, primero en la provincia de Santa Cruz y luego a nivel nacional.
Nosotros respetamos las expectativas que sectores de trabajadores todavía tengan en el peronismo y sus gobiernos. Pero esto no debe hacernos perder de vista la realidad: durante los doce años de los gobiernos kirchneristas se dieron innumerables casos de corrupción, apañados y con la complicidad plena del gobierno de entonces. Tal vez Lázaro Báez sea el caso más escandaloso, pero ahí también está Cristóbal López o la trágica corrupción que se dio en los ferrocarriles donde, con las complicidades de De Vido y Jaime, se terminó produciendo la masacre de Once. Esta es la realidad. No es producto de ninguna “campaña de la derecha”, lawfare, ni mucho menos intentos de debilitar a un supuesto “gobierno popular”.
Lamentablemente estos argumentos esgrimidos por sectores del kirchnerismo encontraron eco en los compañeros del PTS. En su nota “la derecha política y mediática eufórica tras la condena a Lázaro Báez por lavado de dinero” (www.laizquierdadiario.com, 25/2) el PTS se hace eco del planteo de que se trata de un caso de lawfare “para intentar complicar la situación política del oficialismo y de la misma vicepresidenta”. Más aún, sostiene que esto “esconde una operación política similar a la que hemos visto muchas veces en Latinoamérica” buscando perseguir y proscribir a “figuras políticas que no se subordinan completamente a los intereses del gran capital”.
Queremos debatir sinceramente con los compañeros. Con planteos de este tipo no se le está diciendo la verdad a los trabajadores. Acá no hay “maniobras de la derecha” ni mucho menos “golpe institucional” en curso. Más allá de los jueces o la propia oposición patronal de Cambiemos hay hechos concretos. Millones de dólares fueron desviados hacia negocios espurios, con la complicidad del gobierno peronista kirchnerista de entonces.
Por otra parte, nos parece muy equivocado definir a Cristina Fernández o a Amado Boudou como “figuras políticas que no se subordinan al gran capital”. Su gobierno, y el actual, se subordinaron y se subordinan a los monopolios del gas y petróleo, a los grandes laboratorios como el de Hugo Sigman o Richmond, a las megamineras, a los banqueros que “se la llevaban con pala” o los usureros de la deuda externa
Sostener que los casos de corrupción kirchnerista no existieron o que no hay que hablar de ellos o condenarlos porque “favorece a la derecha”, como se argumenta desde el oficialismo (argumento que también aparece en muchos planteos del PTS) es una posición que no le sirve a la clase trabajadora. Porque la corrupción no es simplemente “un tema de la derecha”. Perjudica a los que menos tienen: plata que debía haber ido para salario, trabajo, educación o salud termina en los bolsillos de empresarios y políticos patronales.
Es un hecho incontrastable la corrupción del peronismo kirchnerista, como así también la del macrismo posterior. Como antes la de Menem; y así podemos seguir una larga saga. Que se basa en que todos los políticos patronales gobiernan para los de arriba, y les favorecen sus negocios, usando para ello los propios fondos públicos y violando todas las leyes que ellos mismos dicen respetar.
La izquierda debe tener frente a esto una posición clara e independiente. Todos los corruptos, sean empresarios, políticos o burócratas sindicales, tienen que ir presos y devolver lo que se robaron. Así de simple, planteando incluso invertir la carga de la prueba, para que estos personajes deban ser ellos quién demuestren si el acrecentamiento de sus fortunas se hizo por medios legítimos o no.
Hechos como los de Báez no son más que otra demostración de la decadencia del capitalismo semicolonial al que se encuentra sometido nuestro país. De porqué no van más estos políticos patronales que se llenan los bolsillos, y llenan los de sus empresarios amigos, locales e internacionales. Por eso nosotros luchamos por una alternativa distinta, donde se liquide todos estos repugnantes negociados y el dinero vaya verdaderamente para que todos tengan salarios y jubilaciones dignos, para la atención a emergencias de salud pública como la pandemia, para la educación pública, para construir viviendas populares que den trabajo y terminen tanto con el desempleo como con el hacinamiento habitacional. En síntesis, para que gobiernen los trabajadores y no estos dirigentes patronales corruptos.
Desde hace nueve meses el oficialismo de Morales, en connivencia con el PJ, no acepta la renuncia del actual diputado Aldasoro, impidiendo así que el compañero Gastón Remy asuma su banca en la Cámara de Diputados de la provincia . Esta renuncia-asunción es parte del sistema de rotación que tradicionalmente utilizamos en el FIT para socializar los cargos entre las fuerzas al interior del frente. Sin embargo lo que los bloques mayoritarios de la UCR y el PJ, hacen con su negativa, no es sólo atacar a Gastón Remy, sino que atentan contra el Frente de Izquierda y su lógica de funcionamiento, ignorando a todos aquellos que al votar eligieron al FIT para que los represente.
La renuncia de Iñaki Aldasoro fue presentada en mayo y no la aceptaron, y a fines de 2020 se habían comprometido a aceptarla en la primer sesión del 2021, pero una vez más faltaron a su palabra y se negaron a tratar el tema. Los diputados del Frente de Izquierda, se presentaron en la Legislatura provincial, acompañados por simpatizantes y militantes, y quisieron ingresar al recinto, pero los esperaba un fuerte operativo policial, que con un cordón de efectivos y bicicletas, obstruía el acceso. La policía arremetió contra ellos, produciéndose un fuerte forcejeo, que terminó con golpes de palo, bicicletazos y gas pimienta, un terrible ataque que se encarnizó especialmente contra las mujeres que encabezaban el contingente.
El diputado electo Gastón Remy, y la diputada Natalia Morales, terminaron con politraumatismos por los golpes, y debieron recibir asistencia médica.
Por esta represión la protesta se trasladó a la esquina de la legislatura, pero la policía amenazó con contravenciones y órdenes de desalojo. Queda claro que en el Jujuy de Gerardo Morales no hay democracia, ni libertad de opinión, ni derecho a la protesta.
El grado de ensañamiento de Gerardo Morales y su gobierno, contra los sectores populares, las mujeres, la juventud y la izquierda sobrepasa todos los limites. En esta oportunidad la asombrosa negativa a aceptar la renuncia de un diputado durante meses, y el posterior intento de silenciar el lógico reclamo, es un obsceno acto de autoritarismo que como broche final incluyó una fuerte represión.
Firmá el petitorio para repudiar la represión y para solicitar que se cumpla con el derecho del Frente de Izquierda a rotar sus bancas (petitorio aquí)
Izquierda Socialista Jujuy en el Frente de Izquierda Unidad
Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, con profundo dolor, comunicamos que en el día de la fecha ha fallecido nuestro compañero Martín Leandro Céspedes. Martín ha sido un compañero de larga trayectoria en nuestra corriente política. Fue siempre un militante apasionado y convencido que solo la clase trabajadora podía encontrar la solución a sus problemas. Participó activamente en la lucha del gremio UOCRA cuando se consiguió que el luchador y dirigente antiburocrático Juan Lincán ganara las elecciones a mediados de los 80, participó en la lucha para que los trabajadores del barrio 10 de diciembre pudieran acceder a un Plan de Viviendas Populares y en la lucha contra la burocracia en el gremio UNTER. Fue un obsesionado en construir el partido, una herramienta para que la clase trabajadora tuviera una alternativa política de izquierda y con independencia de clase. Esa pasión y obsesión, Martín la compartió como parte de la vida con su compañera Cristina y supieron transmitirla a sus tres hijos, a todos ellos acompañamos en el dolor de este difícil momento.
Hace casi un año, cuando comenzamos a analizar las consecuencias de la pandemia, Martín decía: "Con esta pandemia, los capitalistas se van a enriquecer más y los muertos los vamos a poner la clase trabajadora". Lamentablemente fue premonitorio y tuvo razón ya que el COVID acabó con su propia vida y continúa atacando a los más vulnerables agravado por la escasez de vacunas, la pelea de las multinacionales farmaceúticas por el mercado, sus patentes y convenios secretos son una traba para inmunizar a la población, a pesar del desarrollo científico y tecnológico alcanzado.
Martín ocupó cargos de responsabilidad en nuestro partido, fue candidato a Intendente de nuestra ciudad, a Diputado Nacional por Río Negro y muchas veces candidato a Concejal.
Mañana, sábado 27 de febrero, acompañaremos en caravana de autos los restos del compañero desde Cochería France (Onelli 126) hasta el cementerio municipal. Invitamos a todos aquellos que quieran sumarse, saludar a los familiares y despedirlo.
Compañero Martín Céspedes ¡Hasta el Socialismo Siempre!
Regional Bariloche. 26/02/2021
La pandemia causada por el Covid 19 ya ha ocasionado millones de muertos y contagiados en el mundo. Pero a pesar de que se descubrieron varias vacunas en tiempo record, millones observan azorados cómo el gran negocio capitalista que hay detrás de ellas por parte de un puñado de multinacionales farmacéuticas y laboratorios apañadas por los gobiernos imperialistas y capitalistas está impidiendo que haya una producción mundial suficiente para poder inmunizar de manera urgente a la población del planeta. Negocio que es amparado por el régimen de patentes y propiedad intelectual de medicamentos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que consiste en que cada una de esas empresas tiene exclusividad para producir y vender las mismas, cuando debería ser un derecho humano esencial y patrimonio de la humanidad para poder salvar a millones.
Esto sucede mientras el ministerio de Salud procedía a una “vacunación VIP” a sus amigos y allegados, lo que ha producido la renuncia del ministro Ginés Gonzales García y una crisis política nacional. Esto sucede en la Argentina, al igual que en Perú, Chile y otros países mientras la población trabajadora de estas naciones sufren las consecuencias de la pandemia sin perspectiva de una vacuna en el corto plazo.
Ante esto emitimos la presente declaración del FIT Unidad, impulsando una campaña de lucha, en consonancia con la campaña mundial en curso impulsada por distintas organizaciones exigiendo que no rijan las patentes médicas para las vacunas y medicamentos para combatir el Covid-19. Rechazando a su vez el repugnante secretismo y los sistemas de “confidencialidad” de los gobiernos, centralmente por parte de EEUU, Canadá, Inglaterra, la Unión Europea, celebrando contratos con pagos por adelantado para garantizarse la vacuna para esos países, incluso en cantidades que superan varias veces a la de su población, impidiendo el derecho a otros países semicoloniales que puedan acceder a la vacuna para todas sus poblaciones. La Unión Europea, por ejemplo, compró dosis que triplican su población, mientras países del continente africano o de América Latina quedan completamente rezagados. O Israel, país que algunos ponen de ejemplo por encabezar el ránking de vacunación, cuando no se ha vacunado a casi nadie del pueblo palestino.
Las patentes y la propiedad intelectual no son nada más que la apropiación privada por parte de multinacionales imperialistas de un bien común, como lo es el conocimiento científico y técnico que se ha ido acumulando durante décadas producto de múltiples investigaciones en diferentes países (en universidades, hospitales o centros de investigación de todo el planeta) financiado centralmente con millones de dólares con dinero público. Esa propiedad monopólica está provocando todo tipo de crueldades, consecuencia directa de un capitalismo imperialista que se guía por la ganancia privada. Un sistema anárquico e irracional, todo lo contrario a la cooperación internacional para la producción y planificación imprescindibles en función de las necesidades sociales de los pueblos del mundo para que la vacuna se produzca y llegue a todas las personas sin distinción. La lucha consecuente para terminar con la pandemia adquiere características sociales y políticas muy definidas.
La lucha por la liberación de las patentes, y para que se implemente un plan masivo de producción de vacunas, debe ser financiado por el no pago de la deuda externa y un verdadero impuesto a las ganancias a multinacionales, bancos y grandes capitalistas como lo venimos proponiendo desde el FIT Unidad para Argentina, entre otras medidas. Esta es la tarea que está planteada como necesidad urgente ante la catástrofe de la pandemia. La lucha por conquistar la vacunación masiva, es la lucha contra el sistema mismo que apoya su existencia en la propiedad privada, en este caso, de las patentes, atentando contra la salud de toda la humanidad.
Por eso saludamos la campaña que vienen impulsando distintas organizaciones como Médicos Sin Fronteras para que “no haya patentes médicas y que las vacunas, medicamentos y diagnósticos para el COVID-19 lleguen realmente a todas las personas del mundo”, reclamando a los gobiernos la exención de patentes, de métodos de diagnóstico, tratamientos y vacunas.
Luchar contra las patentes para vacunas y medicamentos que son patrimonio de la humanidad es una tarea clave. Como fueron los casos de la vacuna Salk contra la poliomielitis y la penicilina, cuyos inventores Jonas Salk y Alexander Fleming, respectivamente, no patentaron dichas vacunas y medicamentos, o antecedentes de India y Brasil que sorteando las patentes pudieron producir medicamentos para combatir el HIV/Sida.
Por el contenido de esta lucha, que afecta directamente los cimientos de la sociedad capitalista, basada en la propiedad privada de los medios de producción y en la transformación en mercancía de toda la producción social, le cabe a los trabajadores y sus organizaciones políticas y sindicales, comités de lucha, etc., en todo el mundo tomar la iniciativa para que se anulen las leyes de patentes, se nacionalicen los laboratorios y se establezca un plan coordinado de producción y distribución de las vacunas y de todos los insumos médicos necesarios para enfrentar la pandemia. En Argentina la burocracia sindical opera en un rumbo contrario, ya que está asociada con el manejo de la sobras sociales a los intereses que manejan la medicina privada y los grandes laboratorios, mientras que muchos de sus dirigentes, como Hugo Moyano y parte de su familia, escandalosamente entraron en el selecto grupo de privilegiados que se inocularon con las “vacunas vip”.
Una coalición de 99 países liderada por India y Sudáfrica ha solicitado a la Organización Mundial del Comercio que ceda los derechos de propiedad intelectual para que los fabricantes de medicamentos genéricos puedan comenzar a producir las vacunas. Lo mismo viene reclamando Médicos sin Fronteras, la reconocida ONG Oxfam y Amnesty, entre otras. Si bien se trata de un planteo limitado, que se explica por las ataduras de esos mismos estados a los intereses generales del capital, el gobierno argentino, firmante de esta declaración, no hace nada al respecto. Por el contrario, aprobó la ley 27573 -con la rotunda oposición del FIT Unidad-, para darle impunidad e inmunidad a las multinacionales y renunciar a los tribunales locales en caso de juicios y controversias, ley aprobada por el peronismo del Frente de Todos y sus aliados, y la mayoría de la oposición patronal de Juntos por el Cambio, es decir, los diputados que responden a Macri, Larreta, Patricia Bullrich y Carrió.
El presidente Alberto Fernández dijo en el Foro de Davos que la vacuna debe ser un “bien público global” pero ni siquiera se ha pronunciado por la eliminación de la ley de patentes. Es más. El gobierno dice que la vacuna AstraZeneca se produce en Argentina, pero al servicio del Grupo Insud-Pharma (del millonario empresario Sigman) en acuerdo con el magnate mexicano Carlos Slim.
En la Argentina hay al menos seis proyectos en curso de fabricación de las vacunas con muy poco o nulo financiamiento del Estado, y una parte de las de Oxford-Astra-Zeneca ya se están produciendo en el laboratorio mAxience (del magnate amigo del gobierno Hugo Sigman), pero el gobierno ni siquiera se garantizó que un gran porcentaje de estas últimas queden en el país llevándoselas el laboratorio a México para su envasado. La humanidad no puede quedar al arbitrio de un puñado de empresas cuya única lógica es maximizar sus ganancias. Es necesario luchar por un plan de producción y distribución de vacunas gratis para la Argentina y los países que lo necesiten, al igual que la distribución masiva de plasma, suero equino y todos los medicamentos necesarios para impedir muertes evitables por el Covid-19, en la línea de desconocer el derecho de patentes y de propiedad intelectual convocando a los pueblos de otras naciones a impulsarlo mancomunadamente.
De esta manera impulsamos y nos sumamos a las distintas iniciativas que apunten a movilizar por esta exigencia, llamando a que se pongan todos los recursos económicos, humanos, tecnológicos y de infraestructura para lograr una producción a gran escala de la vacuna y de los medicamentos paliativos, declarándolos de utilidad pública, incluso interviniendo laboratorios y farmacéuticas privadas extranjeras y del país, a fin de contar con todos los insumos y tecnología necesarios bajo control de lxs trabajadorxs y usuarios. Para poner en pie un plan de vacunación universal, gratuita, que sea parte del plan anual de vacunación y poder avanzar hacia la inmunidad colectiva.
Junto con esta pelea, sostenemos una salida global y de fondo, que pasa por la abolición definitiva de todas las patentes y por un sistema nacional único de salud, estatizando los laboratorios, la industria farmacéutica y la medicina privada poniéndolos bajo control y gestión de sus trabajadoras y trabajadores para terminar con el negocio capitalista de la salud y así poder garantizar al pueblo trabajador el disfrute de una salud pública, universal, gratuita y de excelencia, es decir, terminar con el régimen que impone esta situación acusiante a la humanidad.
En ese marco convocamos a luchar en común con todos aquellos que reclaman contra las patentes, por vacunas gratuitas para todxs y un plan de emergencia mundial con libertad de producción en cada país. Llamando a la más amplia unidad para impulsarla, denunciando a las grandes multinacionales farmacéuticas y laboratorios que hacen negocios con la necesidad acuciante de millones.
Llamamos a lograr miles de pronunciamientos y a impulsar unitariamente distintas iniciativas, protestas y movilizaciones a tal fin, impulsando un gran movimiento, coordinando con internas, cuerpos de delegados y sindicatos y distintas organizaciones obreras, populares y de DDHH, personalidades, partidos de izquierda, organizaciones sociales, estudiantiles y de mujeres fomentando también iniciativas de coordinación internacional para tal fin.
Frente de Izquierda Unidad
(PTS, PO, Izquierda Socialista, MST)
El femicidio de Úrsula confirmó la responsabilidad estatal ante la violencia machista. Se vio nuevamente en el accionar de la Policía Bonaerense: una institución no sólo repleta de agentes denunciados por cometer este flagelo, sino que también los encubre para garantizar impunidad. Y no es una cuestión de “capacitación de género”: lo mismo hace con las redes de trata, del narcotráfico, del gatillo fácil, del gran delito, y si es necesario, lo impone con represión. Es su función, y también se vio ante la protesta de familiares y amigues de Úrsula frente a la comisaría donde revistaba el femicida Matías Martínez.
Las declaraciones de Sergio Berni, que “no entiende” por qué el pueblo de Rojas se manifestó ante la comisaría si "la policía no tiene nada que ver", despertaron un repudio enorme. Pero el gobierno de Axel Kicillof volvió a darle su apoyo el mismo día (con un acto de entrega de más patrulleros) y las ministras de Género Elizabeth Gómez Alcorta y Estela Díaz lo convalidaron. Ambas se dicen feministas, pero su gestión está muy lejos de dar respuesta a los reclamos del movimiento de mujeres y disidencias.
Mientras en las calles se reclama justicia para Úrsula y para todas, mientras se exige que cese la represión y la impunidad, mientras se demandan refugios, viviendas, trabajo para paliar al menos la situación de las víctimas, para garantizar que puedan salir de la situación en que se encuentran, la policía de Berni y Kicillof sigue en acción y el gobierno de Alberto Fernández crea nuevos organismos de “coordinación de ministerios” para atender las consecuencias de los hechos consumados, no para prevenirlos. Es lo que sucede con el anuncio de un nuevo Consejo Federal contra los femicidios y travesticidios. ¿Qué cambia? Mucha sarasa, pero poco o ningún efecto real. La proliferación de organismos y ministerios bajo dirección gubernamental no puede ocultar el fracaso de la demagogia: en los hechos, no se destina presupuesto ni se garantizan políticas públicas elementales, que impacten verdaderamente en la situación de quienes sufren la violencia de género. El doble discurso del gobierno queda a la vista.
Dieciocho denuncias contra Martínez no bastaron para evitar el femicidio de Úrsula. Tampoco las estadísticas que muestran que uno de cada cinco femicidios lo comete un agente o ex agente de las fuerzas de seguridad. Que la justicia es otra institución con responsabilidad, no quedan dudas. Mientras jueces que son electos a dedo y cobran como empresarios archivan las denuncias y garantizan la impunidad, los bloques del Frente de Todos y Cambiemos hacen lo suyo: garantizan un presupuesto de ajuste para pagar millones al FMI, pero no para atender la violencia de género, para destinar los recursos del Estado a construir viviendas o refugios, o para terminar con la precarización de las trabajadoras de los programas de atención. Ahí también está la responsabilidad del Estado, de los gobiernos de turno y de los partidos que sostienen este sistema.
Desde el Frente de Izquierda - Unidad denunciamos el carácter clasista y patriarcal del Estado capitalista y de todas sus instituciones, como la justicia y la policía, que reproducen, legitiman y justifican constantemente la misoginia, la desigualdad y la opresión. Para lograr Ni Una Menos no alcanza con crear más organismos o con reformas parciales. Entre otras medidas, hay que elegir los jueces y fiscales por voto popular, disolver el aparato represivo y aumentar el presupuesto para atender la violencia de género. La lucha contra el patriarcado está más vigente que nunca y lo tiraremos junto con el capitalismo.
Es necesario un gran movimiento de lucha, organizado democráticamente, independiente y en las calles, que haga temblar la tierra. Para lograrlo, para reclamar justicia e imponer nuestras demandas, este 17 de febrero nos manifestamos en todo el país y llamamos a los sindicatos, centros de estudiantes, organizaciones sociales, de derechos humanos, de mujeres y disidencias, a poner en pie un gran movimiento por Justicia para Úrsula y para todas.
Justicia por Úrsula y por todas. Ni Una Menos.
Estado, gobierno, justicia y policía son responsables. Fuera Berni.
Plata para prevención y asistencia a las víctimas, no para la represión y el FMI.
Frente de Izquierda - Unidad
Agrupación de mujeres y disidencias Pan y Rosas (PTS e independientes)
Plenario de Trabajadoras (PO)
Isadora, Mujeres en Lucha (IS)
Juntas a la Izquierda (MST)