Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

Como sucede en las últimas décadas, en la primavera se inicia una epidemia de dengue.  En cada año se supera el número de casos del anterior. Desde esta última primavera se han registrado en nuestro país 74.555 casos, un brutal aumento del 2.153% con respecto al mismo período del año pasado. En el mismo lapso hubo ya 47 víctimas fatales. Tenemos que reclamar al gobierno que tome medidas en forma urgente para combatir este flagelo.

En realidad, el dengue viene creciendo en toda la región de las Américas donde -según datos de la Oficina Panamericana de Salud (OPS)- en las siete primeras semanas de 2024 ya hubo 1.424.000 casos, 220% comparando con 2023 y más del 300% con respecto al promedio de los últimos cinco años. La causa de la epidemia radica en la irracionalidad de la explotación capitalista del continente. Ésta arrasa los bosques y selvas, altera el clima y calienta el planeta favoreciendo el desplazamiento tanto del virus (normalmente radicado en especies animales silvestres) como de los mosquitos que lo transportan que se alimentan de sangre de humanos y otros mamíferos. Estos insectos alcanzan las grandes aglomeraciones humanas de las ciudades e invaden los barrios más pobres donde logran instalarse favorecidos por la deficiente infraestructura edilicia, el hacinamiento y la escasez de medios de quienes padecen el mayor rigor de la explotación capitalista.

El gobierno ultraderechista no combate la epidemia

La epidemia se combate, por un lado, impidiendo la propagación del mosquito y protegiéndose con repelentes. Por otro lado, vacunando a los sectores de riesgo. Estas soluciones están impedidas por la política del brutal ajuste del gobierno de Milei a la salud. Los repelentes (producidos por multinacionales) están a valor dólar fuera del alcance popular. La vacuna, si bien está autorizada, no forma parte del programa de vacunación gratuita garantizado por el Estado. Está disponible para quien pueda pagar los 140.000 pesos del valor actual. Hasta Mirta Legrand llegó a decir en su espacio televisivo: “La gente no la puede comprar, el gobierno debe dar las vacunas contra el dengue”.

Lejos de eso, el ministro de Salud nacional, Mario Russo, no ha tomado ninguna medida activa para proteger a la población más expuesta y, menos aún, planea una campaña de vacunación. El gobernador peronista Axel Kicillof, gracias a que hace dos años fue derrotado por la lucha de los trabajadores en su intento de privatizar el Instituto Biológico Provincial Tomás Perón, pudo producir en esta dependencia estatal y distribuir repelentes en el sistema público de salud (aunque en insuficiente cantidad). Si hubiera triunfado su política de privatización, hoy debería pagar a valor dólar los repelentes.

Los fondos para pagar la deuda deben ser para vacunas y repelentes

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad denunciamos la política criminal de este gobierno ultraderechista y llamamos a luchar para imponer al gobierno que implemente un plan de vacunación gratuito contra el dengue. Llamamos a luchar para que el Estado garantice la producción de repelentes apoyándose en la capacidad instalada del sistema sanitario público, tanto de Nación como de provincias, afectando incluso a las empresas privadas del ramo. La distribución de repelentes deberá ser gratuita a las familias que lo necesiten. Los fondos que requiera este combate a la epidemia deberán salir del no pago de la deuda externa y de un impuesto a las grandes fortunas.

El gobierno ultraderechista de Milei está inmerso en medio de una profunda crisis política. No logró, hasta ahora, articular coherentemente ni siquiera con la oposición patronal “dialoguista” en el Congreso. Va y viene en peleas con los gobernadores, incluso con los más cercanos. Se le cayó la Ley Ómnibus y tiene capítulos enteros del DNU paralizados por la justicia.

El protocolo antipiquete de Bullrich fue desafiado varias veces por masivas movilizaciones, la más grande, sin duda, la del paro general del 24 de enero.

Sin embargo, y a pesar de estas debilidades el gobierno de La Libertad Avanza sigue adelante con su plan de guerra contra el pueblo trabajador, con el apoyo del FMI y de las grandes patronales. La inflación, que desde diciembre ya acumula más del 60% está pulverizando como nunca las jubilaciones y los salarios. El cierre de organismos públicos y la recesión va generando un crecimiento acelerado de la desocupación. La pobreza y la indigencia se multiplican. Los planes sociales también están congelados, la comida no llega a los comedores populares y se dan tarifazos en los servicios públicos. Prácticamente en forma diaria, el gobierno anuncia una nueva medida antipopular.  

La contrapartida a todo esto es que también crecen las luchas y la organización para enfrentar al plan motosierra. Es algo que viene sucediendo prácticamente desde el primer día de este gobierno ultraderechista. Trabajadoras y trabajadores de diversos gremios salen a la pelea por su salario (docentes, sanidad, aeronáuticos, metalúrgicos, estatales, entre otros). Otros pelean por evitar cierres o privatizaciones, como las y los trabajadores de Télam, o los ferroviarios del Sarmiento junto a la Comisión Salvemos al Tren. La juventud se organiza contra el aumento del transporte y protagoniza “Molinetazos”. Sigue la lucha del movimiento en defensa del ambiente. Unidxs por la Cultura continúa movilizándose y se hace presente en cada lucha. En varias localidades nacen y crecen las asambleas barriales,  El movimiento de mujeres se apresta a protagonizar un masivo 8M. Y seguramente tendremos una enorme movilización el próximo 24 de marzo, en otro aniversario del golpe genocida.

Sin duda, una gran tarea es coordinar todas estas peleas, para ayudar a que ganen. Salir a luchar unitariamente, sin sectarismo, con todo aquel que se oponga al plan motosierra. En este marco, es muy importante seguir exigiendo a la CGT y las CTA que llamen ya mismo a un nuevo paro general y a un plan de lucha. Cosa que lamentablemente, no es lo que está sucediendo, ya que dicen que “esto no se resuelve contestando con un paro general” y apela a tener confianza en que los gobernadores frenarán el plan de La Libertad Avanza. Y esto a pesar de que Milei insiste, como hizo en su discurso del 1° de marzo, no sólo con el ajuste en curso, sino en anunciar avanzar en la flexibilización laboral, la reforma jubilatoria, los cierres de organismos públicos y las privatizaciones.

La bronca y los conflictos crecientes hacen que muchos, hasta el FMI, se pregunten si este ajuste es “viable” o si todo terminará estallando. El resultado dependerá de lo que sucede en las calles, en las luchas, en los paros y movilizaciones, que hay que hacerlas cada vez más masivas y coordinarlas.

Pero también es fundamental dar respuestas políticas. Porque Milei dice que su plan motosierra es la única salida. Miles que ya no soportan el ajuste y salen a luchar contra él se preguntan cuál es la opción a todo esto. Respondemos que, sin duda, no es volver al peronismo, cuyo gobierno nos llevó a este desastre, y terminó generando que, equivocadamente, millones por bronca votaran al ultraderechista de Milei. La alternativa, en cambio, es la que proponemos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad: que gobiernen los que nunca lo han hecho y no tienen complicidades con el ajuste, las y los trabajadores y la izquierda. Para poner en marcha un programa diferente, opuesto por el vértice al actual, obrero y popular, que priorice las más urgentes necesidades populares y no a los buitres acreedores. Por eso decimos que ese plan alternativo debe comenzar por suspender inmediatamente todos los pagos de la deuda externa y romper con el FMI. En vez de darle más privilegios a las grandes empresas, tiene que ponerle fuertes impuestos. Se debe plantear terminar con la especulación y la fuga de capitales, nacionalizando la banca y el comercio exterior. Hay que reestatizar las privatizadas para ponerlas a funcionar bajo gestión de sus trabajadores y usuarios. Y, por supuesto, empezar por otorgar un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones, para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar. Todas estas medidas, como un primer paso para avanzar hacia una Argentina socialista, donde impere la más plena democracia para el pueblo trabajador.

Escribe José Castillo

El ajuste salvaje de Milei llegó a las provincias, generando roces con los gobernadores. Estos, amagaron rebelarse, pero salieron a negociar. Milei les ofrece ahora un “pacto” para mayo, a costa de profundizar el plan de guerra contra las y los trabajadores.  Pero la crisis política sigue su curso.

Hace un par de semanas, Milei salió derrotado con la Ley Ómnibus. Una demostración de que, pese a que es un gobierno con menos de tres meses, del apoyo del FMI, del imperialismo yanqui y de los grandes empresarios, tiene un fuerte y creciente repudio popular, y una debilidad que le señalan los mismos que lo aplauden: ¿lograrán hacer pasar este ajuste? ¿serán capaces de hacer pasar la reforma laboral, la jubilatoria, las privatizaciones? La segunda del FMI, Gita Gopinath, vino especialmente a nuestro país para plantearle al gobierno que tienen que “ampliar su base política de sustentación”.

La crisis con los gobernadores

Milei se jacta de haber logrado en enero, el mayor recorte de gasto público de la historia. Es cierto: lo hicieron centralmente hambreando a las y los jubilados, recortando salarios estatales. Una parte importante de ese ajuste se plasmó no enviando fondos a las provincias. Que, precisemos, no es para “las provincias” en general, sino bien en concreto, para los docentes, tal el caso del Fonid, o para políticas sociales específicas.

¿Cómo reaccionaron los gobernadores? Estos, de distinto signo político (radicales, PRO, peronistas o de partidos provinciales) tuvieron una reacción que, más allá de los matices, fue similar. Por un lado, comenzaron a implementar el ajuste en sus propias provincias (notable, por ejemplo, en la forma en que se están dando las discusiones sobre los salarios docentes). Por el otro, salieron a protestar contra el gobierno nacional, buscando desviar hacia allí la presión por la bronca popular y también de sectores patronales de sus propias economías regionales afectados por el ajuste.

El caso que ganó más notoriedad fue el de Ignacio Torres, de Chubut. Asfixiado por el recorte del gobierno de Milei, llegó a amenazar con cortar el suministro de gas y petróleo al resto del país si no se le giraba los fondos. Llamó la atención por la radicalidad del planteo, y más aún por tratarse de un gobernador del PRO, alineado hasta días antes con el sector más cercano al gobierno. Recibió el apoyo de 22 de los 23 gobernadores e incluso del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri (sólo mantuvo silencio el gobernador peronista tucumano Osvaldo Jaldo), desnudando la debilidad del gobierno de Milei. Claro que, como era de esperar, bastó un simple fallo de la justicia local obligando a volver a enviar esos fondos a Chubut para que se terminara la “combatividad” del gobernador chubutense, y todo volviera a su cauce.

El “pacto de Mayo”

El presidente Milei, en su discurso del 1° de marzo, llamó a firmar un pacto con los gobernadores el 25 de mayo en Córdoba. A cambio de la promesa de algunos fondos para las provincias (que provendrían, luego se supo, de volver a imponer el impuesto a las ganancias sobre los salarios), los gobernadores deberían apoyar el reenvío al Congreso de la Ley Ómnibus. Y un paquete de 10 puntos que contiene, entre otros, la “inviolabilidad de la propiedad privada”, privatizaciones, terminar con los convenios colectivos por rama, pasando a “por empresa” y la vuelta de un sistema de jubilación privada. Ya la mitad de los gobernadores corrieron a decir que estaban de acuerdo con este auténtico pacto contra el pueblo trabajador.

Pero, ni de lejos, esto quiere decir que se haya cerrado la crisis política. El gobierno sigue teniendo una relación con la oposición patronal muy complicada, producto de su propia debilidad (no tiene un solo gobernador propio y sus bancadas legislativas son muy minoritarias), de la propia crisis de los partidos patronales y, sobre todo, de la bronca popular creciente que presiona por todos lados.

¿Cuál es la salida?

Obviamente que no podemos tener ninguna confianza en los gobernadores ni en los bloques legislativos de los partidos patronales opositores. Tampoco en el accionar de la Corte Suprema y los jueces. La pelea contra el plan de ultraderecha de Milei se definirá con la lucha obrera y popular.

Se puede ganar. Es posible derrotar este plan de guerra contra el pueblo trabajador. Lo demostró la caída de la Ley Ómnibus, tras el paro del 24 de enero y las movilizaciones que se dieron. Pero, así como Milei pega fuerte en lo que se propone, la respuesta debe ser del mismo tenor. Es más necesario que nunca que la CGT y las CTA llamen a un nuevo paro nacional y a un plan de lucha que permita unificar todas las luchas sectoriales hoy dispersas. A la vez, frente a gobernadores que negocian y llevan adelante su propio ajuste en las provincias y a un peronismo que viene de gobernar y llevarnos al desastre, tenemos que reafirmar que la única salida es la que proponemos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad: un plan económico distinto, opuesto por el vértice al actual, que arranque de dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI. Que, en vez de otorgar más privilegios a las grandes empresas, les ponga fuertes impuestos. Con el objetivo de poner todos esos recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares de salarios y jubilaciones dignas, trabajo genuino, salud, educación y vivienda.

Un auténtico manifiesto contra el pueblo trabajador. Aquí lo “traducimos”:

“1. La inviolabilidad de la propiedad privada”
 Prohibición a reestatizar. Vía libre para que las patronales hagan lo que quieran, fijen precios abusivos y obtengan super-ganancias.

“2. El equilibrio fiscal innegociable.
3. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno.”
Seguir el ajuste del gasto a costa del hambre de las y los jubilados, salarios a la baja y destrucción de la salud y la educación públicas.

“4. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.
 5. La re discusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual.”
Menos impuestos a los ricos y a las grandes empresas. Ajustar el gasto provincial, en particular salud y educación.

“6. Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.”
Más saqueo y destrucción ambiental.

“9. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados.”
Reducir la representación de las minorías y en particular de la izquierda.

“10. La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global.”
Liquidar la industria nacional, cerrar miles de empresas y aumentar el desempleo.

El punto 7, liquidar las conquistas de la clase trabajadora

La propuesta dice textualmente:
“7. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.”

Se trata de la más absoluta flexibilización laboral y la derogación de todas las conquistas que logró la clase trabajadora en 100 años de lucha. Y una en particular: el convenio colectivo por rama de producción. Milei en su discurso dijo expresamente que va a reemplazarlo por otro “por empresa”, un viejo deseo patronal para atomizar a la clase trabajadora y quitarle poder de negociación.

El punto 8: vuelve la jubilación privada

Dice el texto:
“8. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación.”

Detrás de la palabra “sustentable” está seguir hambreando a jubiladas y jubilados, aumentar la edad de retiro, liquidar los regímenes especiales (empezando por el docente) e impedir que se jubilen aquellos que no tengan los años de aporte.

Pero también aparece el planteo de volver a la jubilación privada, como en los ‘90 con las trístemente célebres AFJP, y aún peor, ya que ahora se habla de un sistema de seguros privados que no garantizarán ni siquiera un haber mínimo.

Escribe José Castillo

¿Cual es el principal objetivo del plan “motosierra” y “licuadora” de Milei? Nunca nos cansamos de repetirlo: garantizar los pagos de deuda externa y cumplir con las exigencias del FMI.
El gobierno se jacta del super-ajuste realizado en enero. Veamos los números. El gasto primario (esto antes, antes de contar los pagos de deuda) se redujo un 39,4% interanual. El mayor recorte fue sobre jubilaciones y pensiones. Luego le siguieron la baja de subsidios que redundaron en los tarifazos, salarios públicos y planes sociales pulverizados y un virtual congelamiento en transferencias a las provincias (que terminaron pagando los docentes, con la caída del Fonid). Pero mientras todo esto caía el pago de intereses de la deuda se incrementó en un 26%. Conclusión: hambre para el pueblo trabajador y más plata (que evidentemente “hay”) para los buitres acreedores y el FMI.

En este marco se dio la visita relámpago el 21 y 22 de febrero último, de la Primera Subdirectora Gerente del FMI, Gita Gopinath. Aplaudió el ajuste, mientras cínicamente afirmaba que “hay que sostener a los sectores más vulnerables”. Lo que entre líneas estaba expresando Gopinath es la duda del propio Fondo (como la de muchos grandes empresarios y asesores del establishment) de si Milei es capaz de hacer pasar semejante ajuste. Por eso insistía en recomendarle al gobierno que buscara más “sustentabilidad política”, léase que tratase de conseguir aliados en la oposición patronal. Claro que, al mismo tiempo, ante el pedido del gobierno, aclaró que por ahora no habría un dólar más para la Argentina y que el gobierno tenía que limitarse a cumplir religiosamente con los vencimientos que se van dando.
Unos días después, Luis “Toto” Caputo, en la reunión de ministros de Economía del G20 que se realizó en Brasil, se juntó con la titular del Fondo, Kristalina Georgieva. Ahí se repitió la escena: felicitaciones por llevar adelante un ajuste más duro aún que el exigido por el organismo, dudas sobre “si es sustentable política y socialmente” (traducido: si no estalla todo producto de la protesta popular) y negativas a soltar un sólo peso más.

No hay que confundirse. El plan de Milei no consiste en “sacrificarse hoy para salir de la crisis mañana”. Es, repetido y aumentado (muy aumentado) el saqueo de seguir pagando una deuda ilegal, ilegítima, inmoral e impagable, bajo la atenta mirada de quien “hace de policía” y exige el ajuste para este fin: el Fondo Monetario Internacional.