Escribe Mariano Barba

Mónica Schlotthauer, delegada del Ferrocarril Sarmiento y diputada nacional electa por Izquierda Socialista/FIT Unidad junto a Mónica Méndez directiva de la Cicop llegaron a Neuquén en apoyo a esta enorme lucha. Fueron parte de la vigilia en la última mesa de negociación junto a una multitud que cantó y saltó para alentar a los delegados. Luego participaron de la movilización de los trabajadores ceramistas por el corte de luz a la fábrica Fasinpat que determinó el gobierno.  También viajaron 150 kilómetros, junto a Angélica Lagunas y otros militantes de Izquierda Socialista  al piquete de Fortín de Piedra en el corazón de la explotación petrolera. Por último visitaron hospitales de Rio Negro en lucha por el mismo reclamo salarial.

Por su parte, diariamente desde nuestro partido Izquierda Socialista participamos en las movilizaciones, vamos a los piquetes, acompañamos cada mesa de negociación y con aportes internos hemos aportado al fondo de huelga al igual que nuestro diputado Juan Carlos Giordano que aportó 30.000 pesos.

Como parte del apoyo a los trabajadores de salud, la Directivas y Minorías Multicolor de Aten han convocado para el miércoles un paro con marcha en el centro junto a los auto convocados y ceramistas.

Impulsado por el Frente de Izquierda Unidad se realizó un acto frente a la Casa de Neuquén (CABA) en apoyo a la lucha de las y los trabajadores de la Salud Pública de esa provincia. Quienes, en ese momento, esperaban reunirse con las autoridades locales para expresar sus reclamos. Tomaron la palabra en el acto Myriam Bregman (PTS), Pablo Giachello (PO), Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista), Guillermo Pacagnini (MST), Raúl Baigorria (trabajador de la Salud de Neuquén) y Ernesto Contreras (ATE Nacional).

Escribe Marcela Martín

Con una segunda ola que los especialistas aseguran que será más grave y con un sistema con alto porcentaje de camas críticas ocupadas, el 31 de marzo el gobierno despidió de distintos hospitales a 72 trabajadoras y trabajadores de la salud, algunos con diez años de antigüedad. Debilita servicios para privatizarlos y reduce gastos para pagar la enorme deuda externa provincial. El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) respondió con una intrascendente marcha de sus cuerpos orgánicos.

A mediados de 2020, con sindicatos como ATE y UTS, dos organizaciones de médicos, y varias agrupaciones sindicales, entre las que se encontraba Salud en Marcha, se formó la Multisectorial de Salud. Desde el inicio ATE, UTS y los médicos subordinaron su política de enfrentamiento al gobierno a lograr una “mesa de diálogo”, por eso se fueron negando desde fines de 2020 a llamar a movilizaciones unificadas y en las calles ante la intransigencia del gobernador.

Con una típica maniobra burocrática, dejaron de lado a todas las agrupaciones sindicales que les exigían la continuidad de las marchas unificadas en las calles en contra de su pelea hospital por hospital y sus paros aislados y con asistencia, algo que las bases rechazan porque las somete a los aprietes de los jefes y a la presión del enfermo. Así votaron un paro el 8 pasado, que fue débil y desigual por hospital. Varios días antes habían conseguido que el gobierno los convocara (cosa que festejaron exultantes), los escuchara y les contestara con estos despidos. Otra prueba de que con medidas divididas y sin un verdadero plan de lucha no se logrará derrotar el ajuste de Schiaretti en salud.

Por eso hay que exigirles a todos los sindicatos que actúan en la salud que convoquen a asambleas conjuntas en todos los hospitales para votar la continuidad del paro del día 8 y un plan de lucha con movilizaciones llamando a la solidaridad de la población. Las y los trabajadores de la salud de Neuquén son el ejemplo a seguir.

Escribe José Castillo

La política central del gobierno sigue siendo negociar con el FMI el tsunami de vencimientos que se vienen. Mientras tanto, ya solo con lo que se pagó el año pasado, se podría haber duplicado la ayuda social

En 2020, en medio de la pandemia, el gobierno de Alberto Fernández se la pasó renegociando la deuda externa desde que asumió, en diciembre de 2019, hasta agosto de 2020, cuando pactó con los pulpos internacionales privados, donde se firmó un acuerdo leonino con los primeros pagos que aparecerán en julio de este año. Luego se enfrascó en la negociación con el FMI, en la que todavía está metido. En ambos casos, lo mejor que puede lograr es patear los vencimientos más importantes un par de años para adelante, claro que a costa de más ajuste, entrega de la soberanía y sometimiento a monitoreos constantes del Fondo. 

Solo para “avanzar” en las negociaciones hasta ahora, el gobierno ya ajustó a los jubilados (con la eliminación de la fórmula previsional a fines de 2019 y su reemplazo por otra que no toma en cuenta la inflación). Y aprobó un presupuesto 2021 donde se eliminan todas las partidas de ayuda social para la pandemia que se habían dado en 2020. Así se tiene que interpretar la afirmación del presidente Alberto Fernández de que “no hace falta otro IFE”. ¡No hay otro IFE porque se comprometieron así en las negociaciones con el FMI!

Lo que se pagó en 2020

Mientras se daban todas estas idas y venidas, el gobierno siguió pagando los vencimientos de deuda. Sumaron, en todo el año pasado, 6.000 millones de dólares. 

Detengámonos a compararlo con el gasto social asignado por la pandemia en 2020 que, como todos sabemos, fue claramente insuficiente. 

Se pagaron tres cuotas del IFE de 10.000 pesos cada una a nueve millones de personas. El monto total fue de 270.000 millones de pesos (1.800 millones de dólares).

Por la tarjeta Alimentar, que reciben los titulares de la asignación universal por hijo con niños a cargo menores de 6 años, se pagaron entre 6.000 y 9.000 pesos por mes a 1,6 millones de familias. Son 144.000 millones de pesos (960 millones de dólares).

Se destinaron además 15.000 millones de pesos a comedores escolares (100 millones de dólares).

Los planes sociales, que fueron agrupados bajo el programa Potenciar Trabajo, representan medio salario mínimo por mes (8.400 pesos hasta septiembre y 9.450 pesos desde octubre a diciembre) para 800.000 beneficiarios. Fueron 83.430 millones de pesos (556 millones de dólares). 

Por las becas Progresar (destinadas a estudiantes primarios, secundarios y universitarios, con montos de 2.100 pesos mensuales para terminar primaria y secundaria y luego variable hasta 6.900 en los universitarios) se gastaron 10.000 millones de pesos (67 millones de dólares).

A todo esto podemos sumarle los 236.377 millones de pesos (1.575 millones de dólares) gastados en ATP por medio de los cuales el gobierno pagó hasta 50% del sueldo de 2,5 millones de trabajadores privados (aunque este ítem debemos tomarlo con pinzas porque en la práctica terminó siendo más un subsidio a las patronales, que así “se ahorraron” pagar salarios que una real ayuda para los trabajadores). 

Todos los rubros citados suman 5.058 millones de dólares. Por contrapartida, como vimos, en vencimientos de deuda en 2020 se pagaron 6.000 millones de dólares, ¡casi 1.000 millones más!. Queda clarísimo lo que queremos plantear, si solo en 2020 se hubieran suspendido esos pagos se podría haber más que duplicado la ayuda social a la pandemia.

¿Cuál es la salida?

Entramos en 2021 y ya se empezaron a pagar nuevos vencimientos, en febrero se pagaron, cash, más de 300 millones. Y, como dijimos, en el propio presupuesto de este año se plantea un fuerte ajuste para ofrendárselo al FMI. 

El gobierno del Frente de Todos hace gala de su doble discurso. Acusa del endeudamiento al macrismo, dice que “no se puede pagar al FMI”, pero mientras tanto sigue abonando vencimientos, cerró el acuerdo con los bonistas privados y avanza en las negociaciones con el Fondo. 

Estamos en medio de la segunda ola de la pandemia y de una crisis brutal con un crecimiento astronómico de desocupados y pobres. El ejemplo de lo que se podía haber hecho en 2020 es clarísimo. Por eso, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad insistimos, la única salida es dejar ya mismo de pagar la deuda externa, romper con el FMI y poner todos esos recursos al servicio de atender las más urgentes necesidades populares. 

Escribe Guido Poletti

La inflación de marzo, cuyo dato se conocerá el próximo jueves, volverá a estar en promedio alrededor de 4% (las proyecciones privadas dicen entre 3,9% y 4,5 por ciento). Con esto el gobierno acumula en el primer trimestre una suba de precios de 13%, cuando presupuestó para todo el año 2020 29 por ciento. 

Pero esto no es lo peor, el rubro alimentos y bebidas, el que más pega en el bolsillo del trabajador, volvió a subir en marzo otro 6%, a lo que tenemos que sumarle el fuerte ascenso de todos los precios de los bienes vinculados con la educación en el comienzo de las clases.

El gobierno “hace como que lucha” contra la carestía, pero son todas bombas de humo. La guerra de frases entre la secretaria de Comercio, Paula Español, y las cámaras patronales no sirve de mucho, si no se aplican de verdad precios máximos y se los controla con todo el peso de la Ley de Abastecimiento (que autoriza a clausurar, incautar mercadería y hasta expropiar a quien viole las disposiciones). De lo contrario los artículos seguirán subiendo en las góndolas. Ni “precios máximos” ni “precios cuidados” lograrán evitarlo frente a empresarios que se ríen en la cara de las reglamentaciones, cambiando etiquetas, presentaciones, o poniendo 10 o 20 gramos más o menos para justificar que “no es el producto de la lista” y por lo tanto su precio no está congelado. 

El gobierno del Frente de Todos, además, aporta lo propio a la inflación, autorizando subas de aquellos precios que están regulados. Así, acaba de permitir un incremento de 18% en el gas en garrafa, el que consumen los sectores más pobres, allí donde no llega la red de gas natural. O, por dar otro ejemplo, autorizó otra suba de un 10% para las prepagas.

Salarios: lo que se perdió… y lo que se sigue perdiendo

Los trabajadores hemos perdido entre 25% y 30% del poder adquisitivo de nuestro salario en los últimos tres años. Hoy en día el salario promedio en nuestro país es de 42.000 pesos, cuando según los trabajadores de ATE Indec la canasta básica asciende a 88.729 pesos. ¡Más del doble! Todo esto empeorado por el hecho de que muchísimos trabajadores en negro o precarizados cobran mucho menos que ese promedio.

En 2021 la situación no va a mejorar. El gobierno de Alberto Fernández, con la complicidad de la burocracia sindical de la CGT y las CTA, promueve acuerdos paritarios que no superen 33% o 34% (y encima en cómodas cuotas), diciendo cínicamente que así habrá una “recuperación del poder adquisitivo” contra una hipotética inflación de 29%, cuando todos sabemos que el índice de suba de precios nunca va a ser menor a 40 por ciento.

Los jubilados son una vez más el pato de la boda

Se trata de “los ajustados de siempre”. Después de una vida de trabajo, quedan sometidos a ingresos de miseria. Con 4 millones y medio de jubilados cobrando la mínima de 20.500 pesos (y a lo sumo sumándole un bono no remunerativo de 1.500 pesos en abril y mayo), este monto apenas alcanza a cubrir un tercio de la canasta de la tercera edad, calculada en 64.039 pesos. Eso es peor aún si tomamos en cuenta que hay otro millón y medio que cobra pensiones no contributivas (por discapacidad), o la pensión universal para adultos mayores (PUAM) que está entre el 70% y el 80% de la mínima, recibiendo apenas 16.647 y 14.400 pesos respectivamente. 

La situación se completa con otros dos millones de jubilados que, percibiendo montos por encima de la mínima, tienen haberes cercanos a los 40.000 pesos, también por debajo de la canasta de la tercera edad. En síntesis, estamos hablando de 7 millones y medio de personas adultas mayores sumidas en la pobreza.

¿Cuál es la salida?

La situación es insostenible. Hay que exigir un inmediato aumento de emergencia de salarios, generalizado, para todas y todos los trabajadores, para que nadie gane menos que los 88.729 pesos del valor de la canasta familiar. Al mismo tiempo, hay que reabrir todas las paritarias, sin tope ni techo y plantear que todos los salarios deben actualizarse mensualmente de acuerdo con el costo de vida. 

Al mismo tiempo, ningún jubilado debe ganar menos que el valor de la canasta de la tercera edad, de 64.000 pesos, también actualizado mensualmente por inflación. Y se debe implementar el 82% móvil para que los haberes sean acordes a los de los salarios en actividad. 

A todo esto se le debe agregar una auténtica batalla contra los abusos de las patronales con los valores de los productos en las góndolas, fijando un control de precios máximos de verdad sobre todos los artículos de primera necesidad y aplicando las duras sanciones que establece la Ley de Abastecimiento para quienes la violen. 

De esta forma, estaremos dando pasos en serio para que la crisis la paguen quienes se están beneficiando con la emergencia y no el que la sufre, el pueblo trabajador.