May 17, 2024 Last Updated 7:27 PM, May 17, 2024

Izquierda Socialista


Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

El presidente brindó en estos días una sorpresiva cadena nacional para justificar la falta de vacunas en el país. Lo que no dijo es que en la provincia de Buenos Aires se producen 24 millones de dosis mensuales de la vacuna AstraZeneca y que ninguna de ellas se usó en el país a pesar que el gobierno le compró 22 millones de dosis.

Garín es un partido ubicado en la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Allí, en el laboratorio mAxbience del Grupo Insud-Pharma, de propiedad del millonario empresario Hugo Sigman y bajo licencia de AstraZeneca, se producen alrededor de 20 millones de dosis que se envían a México a otro laboratorio, el Liomont, patrocinado por el magnate Carlos Slim -dueño del grupo Claro que actúa en la telefonía, entre otros-, que la fracciona y envasa para distribuirla por toda América Latina, menos Brasil, un negocio tripartito infernal que se lo quedan Sigman/Slim/AstraZeneca, mientras la vacuna no aparece para la población argentina.

Todo este recorrido es para mostrar al lector que la vacuna AstraZeneca (el principio activo) se produce aquí, pero no contamos con esas vacunas, provocando que millones de argentinos sigan arriesgando su vida con contagios o muertes cuando se podrían vacunar si hubiera una decisión política para ello.

Alberto Fernández cuando habló en el foro económico de Davos dijo que la vacuna tiene que ser un “bien público mundial”, pero no hace nada para lograrlo. Además, Argentina es firmante de un documento junto a 99 países encabezados por India y Sudáfrica que le piden a la Organización Mundial de Comercio (OMC) que se liberen las patentes para que las vacunas se puedan producir en cada país aprovechando su tecnología, científicos y demás recursos propios. ¿Qué hace el gobierno? Nada. Es cómplice.

¿Cómo puede ser que en Argentina se produzcan millones de dosis y no se destine gran parte de ellas para vacunar a los adultos mayores, personal de salud, docentes y trabajadoras y trabajadores esenciales? El sábado pasado hubo un ruidazo convocado por el Defensor de la Tercera Edad, Doctor Eugenio Semino, diciendo que los mayores adultos y grupos de riesgo “no queremos morir en silencio” antes de la llegada del frío y de una nueva ola de Covid. Es desesperante.

Cuando el presidente viajó a México visitó personalmente el laboratorio de Slim justo cuando se revelaba que el mismo tenía millones de dosis paradas porque no poseía los “insumos” para envasarla. ¡No tenía los frasquitos! O sea, es un laboratorio parásito. ¿No estaba enterado de esto Alberto Fernández?

También se conoció que AstraZeneca vendió millones de dosis a Estados Unidos y que el presidente Biden las tiene acaparadas sin usar, porque en el máximo país imperialista aún no han autorizado la misma. El periodista especializado en vacunas, Walter Goodbar reveló que el propio empresario argentino Hugo Sigman mandó 12,8 millones de vacunas a una planta de los Estados Unidos, porque AstraZeneca tiene una planta ociosa en Ohio, dado que la vacuna Oxford aún no fue autorizada en los Estados Unidos. ‘Nosotros no podemos dejar que siga saliendo el material’, sentenció Goodbar.

Las vacunas están en Garín, tienen que destinarse a quienes la necesiten de forma inmediata. Como propone el Doctor Medardo Ávila Vázquez en esta página (ver recuadro), “se deben incautar las vacunas de Oxford que Sigman tiene en Garín, envasarlas a través de la industria pública y/o contratando-alquilando los laboratorios privados que hagan falta y colocarlas (voluntariamente) en nuestra población”. Incluso en el país, hay una industria del vidrio centenaria donde el sector de envases, por ejemplo, trabaja entre el 60% y el 80% de su capacidad, la cual es necesario reactivar para producir los frascos necesarios para envasar las dosis que se producen en Garín y empezar a vacunar con ella a los esenciales acá. Laboratorios públicos tienen capacidad técnica y física para manejar productos biológicos inyectables, como el Instituto Biológico de La Plata o el Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, entre otros. Es falso que no se puedan envasar las vacunas que necesitamos, el conocimiento lo tienen nuestros institutos públicos y distintos laboratorios que fabrican insulina, adrenalina, morfinas y oncológicos endovenosos dentro del país.

El gobierno debe tomar esa medida en la emergencia, obligando al Grupo Insud a que destine la vacuna en el país bajo apercibimiento de estatizarlo, e iniciar una gran producción de vacunas para Argentina y América Latina unido a otros que lo quieran impulsar. Llamamos a seguir uniendo voces con este urgente reclamo.

 


Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

“Se deben incautar las vacunas de Oxford que Sigman tiene en Garín, envasarlas a través de la industria pública y/o contratando o alquilando los laboratorios privados que hagan falta y colocarlas en nuestra población. No podemos seguir vacilando y simulando que vacunamos con pequeñas cantidades de dosis mientras en nuestras narices se llevan las vacunas de nuestros pacientes.” Esto dice muy acertadamente Medardo Ávila Vázquez, médico, ex Subsecretario de Salud de la Ciudad de Córdoba y Coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud (LaNuevaMañana, 23/03/2021).

Como argumento a su postura el profesional agrega: “El gobierno italiano incautó un cargamento de 250.000 dosis que AstraZeneca enviaba a Australia y se las colocó a su población denunciando que no podían permitir que vacunas fabricadas en su país se enviaran a otros”.

Ávila Vázquez, de esta manera, sale al cruce con una tercera opción, opuesta tanto a la del gobierno como a la que predica Juntos por el Cambio. Dice: “La oposición, desde su manual neoliberal reclama liberar el acceso, que provincias y municipios compren por su lado lo que consigan y que las personas compren su vacuna a sus cadenas de farmacias amiga o por prepaga u obra social premiun, replicando un modelo criminal para la salud colectiva. Por otro lado, el gobierno nacional trata de conseguir remanentes de vacunas intentando quedar bien con Dios y con el Diablo cuando la pandemia quema, está atrapado en las miserias de una distribución nebulosa […]”. Saludamos al profesional por su valioso planteo.



El congresista Enrique Fernández Chacón, del Partido de los Trabajadores Uníos de Perú*, presentó ante el Congreso un proyecto de ley por la suspensión de las patentes de las vacunas contra el Covid-19.

En los fundamentos, Chacón denuncia que para contener la primera ola de contagios, cuando no existían vacunas contra la pandemia, las medidas de distanciamiento social y “cuarentena” fueron necesarias, pero muy mal gestionadas, condenando al pueblo trabajador a una “cuarentena de hambre” que no logró evitar el colapso del sistema sanitario, pero sí generó un crecimiento del desempleo y del hambre. Pasados los meses, Perú enfrenta la segunda ola de la pandemia con los mismos problemas del inicio, la crisis del oxígeno medicinal y la falta de camas UCI, pero en un contexto donde existe la posibilidad de obtener las vacunas contra el Covid-19, algo que no está garantizado.

Lamentablemente, el gobierno de Sagasti ha sido incapaz de adquirir las dosis suficientes para vacunar a toda la población. Esa incapacidad no solo tiene que ver con la ineficiencia en la gestión y los manejos corruptos del gobierno, sino también con la existencia de un esquema capitalista perverso de patentes que impide la libre producción y distribución de vacunas que la humanidad necesita. Un puñado de multinacionales farmacéuticas y laboratorios vienen privando a millones del derecho esencial a curarse al impedir la producción de vacunas a gran escala en virtud de la existencia de un esquema que impide la libre producción y distribución de vacunas que la humanidad necesita.

En Perú esa situación ha costado la muerte de decenas de miles personas. El fracaso en los planes de vacunación es responsabilidad de los gobiernos y los grandes laboratorios que limitan la producción de vacunas a las cantidades que tengan vendidas y pagadas. Estas prácticas criminales son avaladas por los gobiernos capitalistas que consienten el secretismo de los contratos, eximen de responsabilidades por efectos adversos a los laboratorios y los blindan contra los sistemas judiciales nacionales.

Por estos motivos presentamos este proyecto de ley que impulsa la suspensión de las patentes de vacunas contra el Covid-19. Mientras tanto, expresa Fernández Chacón, continuaremos luchando por una salida de fondo, por la abolición definitiva de todas las patentes y un sistema nacional único de salud, estatizando los laboratorios, la industria farmacéutica y la medicina privada poniéndolos bajo control y gestión de sus trabajadoras y trabajadores para terminar con el negocio capitalista de la salud y poder brindar una salud pública, universal, gratuita y de excelencia.

Corresponsal

*Sección peruana de la UIT-CI. Ver el proyecto completo en uit-ci.org

 

 

Escribe Adolfo Santos

Frente a un proceso de vacunación mundial profundamente desigual, desde Izquierda Socialista y la UIT-CI, continuamos impulsando la campaña internacional por el fin de las patentes del Covid-19. Mientras que los dieciocho países más ricos, entre ellos las principales potencias imperialistas, acaparan el 88% de las vacunas aplicadas, ciento treinta naciones pobres aún no las recibieron.

Los países más beneficiados con el reparto privilegiado de vacunas son Israel, que ya inmunizó de forma completa a 46% de su población, y los Estados Unidos,  donde se vacunó al menos con una dosis a 23% de su población y compró 1.300 millones de vacunas, cantidad suficiente para vacunar con dos dosis al doble de su población. 

Mientras tanto, hay países que sufren una situación acuciante. Es el caso de México, que solo logró inocular a 0,44% de su población y tuvo que avenirse a las exigencias del imperialismo yanqui. A cambio de recibir 2,7 millones de vacunas de AstraZeneca, a ser devueltas, López Obrador aceptó el vergonzoso compromiso de frenar el flujo migratorio de mexicanos en las fronteras estadounidenses.

En Brasil se vive una catástrofe sanitaria. Con picos de 3 mil muertos diarios, totaliza una cifra de casi 300.000 decesos. Mientras una cepa del virus originada en el Amazonas hace estragos entre el pueblo brasilero, sólo 2,5% de la población recibió al menos una dosis de la vacuna. Una situación similar se vive en Chile pese a que inocularon a un porcentaje mayor de la población.

Pero la escasez de vacunas no afecta solamente a los países del llamado “tercer mundo”. Países como Italia, España y Alemania, la sufren. En el mundo solo se produjeron 400 millones de dosis, cantidad que alcanza para inmunizar apenas 200 millones de personas, el equivalente a 2,6% de la población mundial. Los principales pulpos farmacéuticos mundiales cuentan con la complicidad de los gobiernos capitalistas de todo el mundo, quienes cuidan su fabuloso negocio negándose a  aplicar la liberación de patentes, lo que permitiría producir vacunas con mayor celeridad.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad impulsamos esta campaña nacional e internacional por la liberación de las patentes. Por su parte, nuestro diputado nacional, Juan Carlos Giordano, presentó un proyecto de ley en el mismo sentido. De la misma forma, Médicos Sin Fronteras y otras personalidades y organizaciones, han sacado pronunciamientos e impulsando distintas acciones para que se desconozcan las patentes. Con esta campaña y estas acciones, queremos impulsar un movimiento capaz de conquistar vacunas para todas y todos. Por eso le pedimos que se sume.

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Escribe Pablo Almeida, legislador porteño Izquierda Socialista/FIT Unidad

El gobierno de la CABA busca flexibilizar los protocolos para las clases presenciales en todos los niveles educativos. La ministra de Educación Soledad Acuña, un mes después de una apresurada vuelta a la presencialidad, vuelve a la carga con una de sus clásicas recorridas mediáticas intentando instalar en la agenda la posibilidad de producir cambios en los protocolos sanitarios en las escuelas.

Como correctamente denuncia el combativo gremio de la docencia porteña Ademys, con estadísticas amañadas, Acuña intenta voltear de un plumazo las medidas de cuidado que debieron ser adoptadas para adaptar la presencialidad a una infraestructura escolar que ya resultaba deficitaria antes de la pandemia.

La ministra declaró: “A nivel epidemiológico pudimos corroborar que las escuelas no son lugares donde el virus se propaga”. Así, sin ningún dato ni evidencia que la respalde, busca instalar la idea de que las y los estudiantes podrían concurrir a clases casi con normalidad. 

Para el Gobierno de la Ciudad y su ministra la cifra de más de 1.200 contagios de integrantes de la comunidad escolar desde la vuelta a la presencialidad es una cifra despreciable. Tampoco entra en su radar el inocultable crecimiento de la curva de contagios a nivel general en la ciudad desde el inicio de las clases hasta hoy.

Cualquiera que no conozca a la ministra Acuña y al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta podría pensar que lo que sucede es simplemente una mala lectura de los datos y un intento genuino y honesto de avanzar con la normalización de la educación. Pero nada de esto es así. Lo que buscan es que las escuelas cumplan la función de guarderías donde madres y padres dejemos a nuestros hijos y que de esta forma nadie esté dispensado, total ni parcialmente, de realizar sus tareas laborales.

Responden de esta forma a un reclamo que todas las patronales del país vienen realizando hace meses.

Y buscan también seguir avanzando con el ajuste en la educación. Si los niños pueden volver a estar todos juntos en un aula, entonces, como irresponsablemente dijo la ministra, el Gobierno de la Ciudad no tiene que invertir en reformas edilicias ni en ampliación y mucho menos en la construcción de escuelas. Ni tiene que invertir en la cobertura de nuevos cargos docentes y de personal auxiliar.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad, desde nuestra bancada en la Legislatura porteña, hacemos nuestra la pelea de la docencia junto a madres, padres y el conjunto de la comunidad educativa contra este nuevo atropello del Gobierno de la Ciudad.


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