Escribe Guido Poletti

Las audiencias públicas para autorizar aumentos en la tarifa del gas repitieron lo sucedido en oportunidades anteriores: centenares de usuarios, individuales y a través de asociaciones, trabajadores y la izquierda pronunciándose en contra. Pero la reunión resultó un mero trámite, porque los beneficios a las empresas ya están decididos. 

Nuestro diputado nacional por Izquierda Socialista Juan Carlos “Gringo” Giordano se solidarizó con los participantes en la audiencia y repudió el aumento que reclaman las empresas con la complicidad del gobierno. 

Giordano denunció que se les está reconociendo a estos pulpos un precio a boca de pozo definida por ellos mismos y totalmente por encima del verdadero costo de extracción y del valor internacional (piden una suba de 3,7 dólares por millón de BTU a 7,5, más del 100%). Denunció a los beneficiarios del denominado Plan Gas que van a recibir 5.000 millones de dólares de subsidios: Tecpetrol-Grupo Techint (Paolo Rocca), Pan American Energy (Bulgueroni), CGC (Hugo Eurnekian), la Francesa Total, Pampa Energía (Marcelo Mindlin) y Chevron, entre otros. Todos con el apoyo de los gobernadores de provincias petroleras y burócratas sindicales como Guillermo Pereyra que ya firmó la flexibilización laboral para los obreros de Vaca Muerta.

Giordano volvió a reafirmar la salida que postulamos desde la izquierda: anular las concesiones y reestatizar las privatizadas para que pasen a manos del Estado y sean puestas bajo control y gestión de sus trabajadoras y organizaciones de usuarios. Todo el sistema gasífero-petrolero debe ser parte de una gran empresa y una YPF 100% estatal que concentre la exploración, extracción, transporte y distribución garantizando el autoabastecimiento y un servicio eficiente y accesible para el pueblo trabajador.        

Escribe Guido Poletti

Siguen subiendo los combustibles. El incremento de la nafta y el gasoil ya dejó de ser noticia. Hace meses que, prácticamente cada quince días, vemos como cambian los valores en los surtidores. Cuestión que, sabemos, no afecta solamente al que tiene auto. Detrás de cada suba vienen los aumentos de las tarifas del transporte. Y luego, a los pocos días, con la excusa de que “subieron los costos del transporte”, las listas de precios vienen con el incremento incorporado. O sea que, directa o indirectamente, cada suba de los combustibles es un robo directo al bolsillo ya enflaquecido del pueblo trabajador. 

YPF, sociedad anónima con un 51% de mayoría estatal, toma sus decisiones a partir de órdenes directas del gobierno nacional. Por eso nadie puede hacerse el distraído. ¿Qué es lo que viene sucediendo? Que YPF “pica en punta” anunciando los aumentos, que entonces son copiados por las otras empresas del sector. YPF es quién le justifica y garantiza las mayores ganancias a los pulpos del sector. 

Un argumento más para estatizar YPF al 100%, rescindiendo todas las otras concesiones. Una YPF que, a la vez, sea manejada por sus propios trabajadores, al servicio de una política de desarrollo para beneficio de la clase trabajadora y no del saqueo y las superganancias de los pulpos transnacionales. 

Escribe Agustín Gigli, dirigente de Izquierda Socialista FIT-Unidad, Esquel-Chubut

Este lunes 22 de marzo, en el día mundial del agua, el diputado Nicolás del Caño de PTS presentó un proyecto de ley en el Congreso, según dicen, para “frenar la megaminería en todo el país”. Lo hizo acompañado de la firma de la diputada nacional Alcira Figueroa del Frente de Todos de Salta y sin que siquiera fuera anoticiado en la mesa nacional del Frente de Izquierda Unidad.

Desde Izquierda Socialista, atento el hecho consumado, estamos obligados a dar nuestra opinión ya que, lamentablemente, lo consideramos un proyecto equivocado.

En concreto, no se trata de que “prohíba la megaminería”, sino que sólo lo hace con algunas técnicas utilizadas habitualmente. Esto queda claro desde el propio título del mismo: “Prohibición del uso de sustancias químicas contaminantes en la megaminería metalífera y la minería a cielo abierto”. Es decir, el proyecto no es para terminar con la megaminería (ya que esta es más que la minería a cielo abierto) y el saqueo de nuestro suelo y bienes de uso común por parte de las multinacionales saqueadoras y contaminantes, sino del uso de sustancias contaminantes y de la explotación a cielo abierto.

El proyecto defiende una forma de explotación que es posible de realizar técnicamente. Algunos asambleístas también planean un marco regulatorio para que de esa manera la actividad no sea rentable económicamente para las multinacionales y así, estas defeccionen. Podría ser este el criterio que quiso utilizar el PTS, pero no lo explicita. Pero aunque sea así, también está equivocado. Es similar a las trampas que impulsan sectores afines a los gobiernos, particularmente del peronismo, para lograr la aprobación de una reglamentación con la que pueda comenzar la actividad y de ahí no salir nunca más. Por ejemplo, en la zonificación minera de Chubut que impulsa el gobierno, se prohíbe el uso de cianuro. Así, la explotación requerirá un poco más de inversión que deben hacer las empresas en pos de lograr la legitimidad y comenzar con la actividad. Pero eso ya es darle licencia al saqueo y por eso insistimos con la consigna que levanta masivamente el pueblo de Chubut: ¡No ES No! A todo proyecto megaminero, sea como sea.

El artículo 1° dice “se prohíbe en el territorio nacional el uso de sustancias químicas como […]”, y enumera un listado de sustancias que ni siquiera sabemos si es lo suficientemente exhaustivo. Pero aunque lo sea, lo que sí sabemos es que la actividad extractiva y saqueadora puede realizarse sin la utilización de estas sustancias. Así sucede en Bajo de La Alumbrera, Catamarca, donde la roca triturada es procesada (lixiviado) fuera de la Argentina. En este emprendimiento, la roca es transportada primero por un mineraloducto construido especialmente hasta Tucumán, luego en tren a Santa Fe y por último es exportada en barco. La Alumbrera realiza una actividad que estaría permitida por el artículo 1° del proyecto del PTS, contaminaría un poco menos, pero no elimina la contaminación y menos el saqueo de nuestras riquezas.

El artículo 3° prohíbe la explotación minera a cielo abierto, pero deja la posibilidad de la explotación de la minería por galerías. El proyecto del Cordón Esquel planteaba inicialmente la explotación mixta (cielo abierto por arriba mientras desde abajo se comenzaba por galerías). Luego de nuestra gran lucha fue modificado y rebautizado como Suyai, con la intención de lograr licencia social, planteando la explotación total por galerías. También lo rechazamos. Pero ahora con este proyecto del PTS se permitiría la explotación del emblemático cordón Esquel, si es que se combina con la tecnología de La Alumbrera (la exportación del material extraído sin proceso de lixiviación in situ). En concreto, permitir el comienzo de una actividad minera en la ciudad de Esquel, sería el fin de todo el proceso nacional de lucha contra las megamineras.

El artículo 2° plantea que “las empresas que a la fecha posean la titularidad de concesiones de yacimientos minerales metalíferos deberán adecuar sus procedimientos a las exigencias de la presente ley”.  Es decir, permite que sigan las concesiones, en todo caso propone “readecuar” su actividad, cuando lo que hay que hacer es expulsarlas porque son sinónimo de saqueo y contaminación. Desde la izquierda siempre luchamos planteando que se vayan las multinacionales saqueadoras, que se roban nuestra riqueza, hacen millones de dólares de superganancias y encima destruyen el ambiente: eso está planteado para la Barrick, para la Alumbrera de Catamarca y otras mineras privadas; para Chevrón con el fracking y también para la Pan American Silver que quiere instalarse en Chubut. No solo por contaminante sino porque está al servicio del saqueo, del oro, plata y otros metales preciosos o estratégicos. ¿Cómo no lo vamos a plantear cuando se trata de hacer un proyecto de ley?

Desde Izquierda Socialista estamos por la estatización de todo el negocio minero, que debe realizarse gestionado por sus trabajadores y en acuerdo con las comunidades involucradas. Para que haya una producción minera planificada que le sirva al país, al pueblo trabajador y que no contamine. En el caso de la megaminería, no se trata de prohibir algunas sustancias o técnicas específicas, sino la megaminería como tal, ya que es imposible que esta no sea contaminante y destructiva del ambiente.

Llamamos a la reflexión a los compañeros del PTS. Su proyecto está equivocado, alejado de los planteos programáticos de la izquierda en el tema y contrario al propio reclamo de la lucha chubutense.

Escribe José Castillo

El gobierno peronista de Alberto Fernández, en complicidad con los gobernadores de las provincias involucradas, se apresta a profundizar el saqueo y la entrega sobre la hidrovía del Paraná. Todo al servicio de los negocios y las superganancias de los pulpos multinacionales agroexportadores.

El 30 de abril vence la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, una virtual privatización del río Paraná, realizada por Menem en 1995 y prorrogada, coimas y escándalo mediante -es una de las causas de los “cuadernos”- por el kirchnerismo en 2010. Incluye todas las actividades de dragado y balizamiento del río Paraná desde su cruce con el Paraguay hasta la desembocadura en el río de la Plata. Con la actual concesión, en manos de la empresa Hidrovía S.A, una asociación entre la belga Jan de Nul N.V. y Emepa S.A., propiedad de Gabriel Romero,uno de los más corruptos empresarios argentinos del transporte (dueño de Ferrovías), nuestro país viene entregando su soberanía sobre un espacio vital. Por la hidrovía Paraná sale el 70% de nuestras exportaciones, con un tráfico de seis mil barcos al año, además de ser parte estratégica de una de las reservas de agua más grandes del planeta, el Acuífero Guaraní. El saqueo y la privatización del Paraná no se limita a la hidrovía, a ello hay que sumarle las veintinueve terminales portuarias en manos de los grandes grupos transnacionales de la agroexportación: ADM, Dreyfuss, Cargill, Cofco, entre otras, y el hecho de que también se ha destruido nuestra marina mercante, por lo que el 95% de los embarques se hace con buques que pertenecen a empresas extranjeras. 

La hidrovía Paraná-Paraguay es un eslabón fundamental del saqueo y la semicolonización que se viene dando desde hace décadas sobre nuestros recursos. El Paraná es el tercer río navegable del mundo en su extensión. Sin embargo, nuestro país no tiene ningún tipo de control sobre él ni sobre la mayoría de los puertos en su ribera. Desde la destrucción de la estatal Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA) ni siquiera los buques mercantes que circulan son argentinos. La privatizada hidrovía es campo fértil para todo tipo de maniobras de saqueo, que incluye la fuga de divisas (se calcula que se evaden 20.000 millones de dólares al año) y el contrabando de granos (como se vio en forma flagrante en el caso Vicentin).

El gobierno de Fernández alienta una nueva concesión más saqueadora que la anterior

Frente al vencimiento de la concesión, se discute su prórroga o la contratación de una nueva administración. Pero todas las propuestas en danza apuntan a la continuidad del saqueo de nuestros recursos y la depredación del río. Desde aquellos que plantean mantener los mismos empresarios que tienen la concesión hasta los que hablan de rescisión. Entre estos últimos, el Ministerio de Transporte de la Nación, junto con los gobernadores de las provincias involucradas, apuntan a crear un ente interprovincial que se haga formalmente cargo de la hidrovía con el objetivo explícito de entregar la concesión a nuevos pulpos transnacionales. Se trataría de avanzar en un nuevo proyecto donde se dragaría con mayor profundidad, se rectificaría y ensancharía el río ampliando el señalamiento y el balizado. Detrás de esta supuesta “modernización” se busca transformar el Paraná en una verdadera autopista fluvial donde puedan circular miles de barcos mercantes, incluso de gran calado. Todo al servicio de facilitar la salida de los productos del complejo agroexportador, un beneficio a la medida de las transnacionales monopólicas. Una ruta modernizada para el saqueo y, a la vez, para la destrucción absoluta del ecosistema asociado al Paraná, su acuífero y la cuenca que desemboca en el río de la Plata.

Basta de privatización y depredación del río Paraná

Tenemos que recuperar nuestra soberanía sobre el río y a la vez preservar la flora, la fauna y la biodiversidad, tanto acuática como de las áreas ribereñas. Por eso decimos ¡no a la entrega de la hidrovía! El río debe ser primero para el disfrute del pueblo trabajador que vive en las ciudades y las poblaciones ribereñas. También como vía de transporte fluvial, pero de forma sustentable y al servicio de poder aprovechar plenamente nuestros recursos, no para el saqueo de los monopolios transnacionales. Por eso la única salida pasa por la reestatización de todas las actividades de dragado, balizamiento y control del transporte marítimo sobre el río Paraná, que debe pasar a ser gestionado por un ente con control de los trabajadores de las actividades involucradas y de las poblaciones ribereñas. Al mismo tiempo hay que reestatizar también todos los puertos privatizados, hoy en manos de los monopolios agroexportadores. 

Todo esto debe ser orientado a terminar con el saqueo de nuestros recursos que se viene produciendo por el virtual monopolio del comercio exterior por parte de las transnacionales citadas. Hay que recrear una empresa estatal de marina mercante, como la vieja ELMA, que construya y administre la actividad. Y, por sobre todo, se impone la nacionalización del comercio exterior y la recreación de todos los organismos de control respectivos, como las juntas nacionales de granos y de carnes.

Desde 1993, se celebra cada 22 de marzo el Día Mundial del Agua. Sin embargo, pese a que hace ya casi treinta años que existe ese día “de concientización”, 2.200 millones de personas, casi un tercio de la población mundial, no tienen acceso a este recurso vital y otras 4.200 millones viven sin servicios sanitarios adecuados.

El agua se va transformando, cada día más, en una mercancía que hay comprar en el mercado. Llegó al extremo de que, el año pasado, empezó a cotizar en las Bolsas de valores mundiales, como el oro, la soja o el trigo. 

Nuestro país no es ajeno a esta apropiación del agua por parte de las transnacionales. Poblaciones enteras ven la contaminación de ríos, lagos y lagunas, producto del uso que hacen la megaminería y el fracking. Ríos fundamentales como el Paraná son privatizados y saqueados con proyectos como el de la hidrovía. Y el pueblo trabajador ve cómo se privatiza y cierra incluso el mínimo acceso al río para esparcimiento, como sucede en la ciudad de Buenos Aires. 

Por eso, el pasado 22, miles nos movilizamos a Plaza de Mayo y a las principales plazas del país. En la ciudad de Buenos Aires se realizó una importante manifestación unitaria de la que participamos con la coordinadora Basta de Falsas Soluciones y con Ambiente en Lucha. Un eslabón más en la lucha por la defensa del ambiente, que crece día a día. 

Corresponsal