Escribe Guido Poletti

¿A quién beneficia la renegociación de la deuda en curso? A un puñado, reducidísimo, de grandes especuladores internacionales, todos situados en la crema del establishment financiero imperialista. Ellos solos acumulan el 35% del total de la deuda externa argentina y tienen el “poder de veto” en cualquier renegociación. Acá no hay ningún “pequeño ahorrista” ni “jubilado con bonos” perjudicado. 

Veamos. El más grande, el auténtico “director de la batuta” de la renegociación, es BlackRock. Se trata de un emporio de negocios financieros. Maneja fondos por 7,5 billones de dólares y tiene oficinas en treinta países, entre ellos la Argentina. Pasó a ser el número uno mundial de las finanzas en medio de la crisis de 2008, cuando absorbió a uno de los más grandes bancos de inversión de entonces, el británico Barclays. El titular de BlackRock, Larry Fink, figura entre los zares de las finanzas globales y es, obviamente, uno de los megamillonarios del planeta.

El segundo buitre es Templeton, que maneja fondos globales calculados en 850.000 millones de dólares. Si bien es el más antiguo de todos (nació en 1947), su desembarco en nuestro país se dio recién con el macrismo, en 2018, para convertirse rápidamente en uno de los mayores acreedores argentinos.

Después tenemos a Greylock Capital, creado en 1997 y con inversiones financieras en más de cien países. Su fundador es Hans Humes, líder del Comité Global de Tenedores de Bonos de Argentina (GCAB), uno de los principales grupos de buitres que amenazaba a nuestro país luego de que se dejó de pagar en 2001.

El cuarto gran especulador en danza es Fidelity, también con una larga “trayectoria” de hacer superganancias con la deuda externa argentina. Administrador de un fondo global de 1,5 billones de dólares, en 2005 Fidelity fue uno de los pulpos acreedores que cerraron el acuerdo del canje kirchnerista de ese año. En 2011 se transformaron en los grandes acreedores de la provincia de Buenos Aires al comprar los bonos BP21 lanzados por el entonces gobernador peronista Daniel Scioli. En enero de este año exigieron, y consiguieron, que el actual gobernador Kicillof les pague en efectivo un vencimiento de ese bono por 250 millones de dólares a costa de postergar un pago a los docentes de la provincia.

Finalmente, el quinto gran “acreedor” es Pacific Investment Management Company (Pimco), un megafondo con sede en California que maneja 2 billones de dólares, que fue uno de los acreedores amigos preferidos del macrismo en el período 2018-2019 y un especialista en comprar deuda “riesgosa”, pero con altas tasas de interés como retorno.

A estos superfondos de la ruleta financiera internacional se les debe la mayor parte de la deuda externa argentina. Hay que elegir. Les pagamos a ellos o priorizamos las más urgentes necesidades populares. 

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

Hay más de sesenta equipos en el mundo trabajando para crear una vacuna contra el coronavirus, pero van muy despacio. Una declaración de Bill Gates al New England Journal of Medicine explica esta lentitud: “Es necesario que los gobiernos pongan los fondos porque los productos para la pandemia son inversiones de muy alto riesgo; el financiamiento público minimizaría los riesgos para las empresas farmacéuticas y ayudaría a que se metieran en este tema con los dos pies”. Los capitalistas quieren que el Estado ponga los fondos y las empresas se lleven las ganancias. Para que el negocio sea completo, Gates remata: “Finalmente, los gobiernos deben financiar la compra y distribución de las vacunas a la población que la necesita”. Es decir, el Estado financia la producción y luego compra los productos a las empresas. La propuesta de Gates desnuda la verdad: no se avanza en las vacunas si no hay ganancia capitalista garantizada.

Los buenos negocios de la pandemia

La industria farmacéutica y de insumos médicos está viviendo un momento de esplendor. A mediados de marzo de 2020, mientras caían las Bolsas del planeta, los títulos de Alpha Pro Tech, fabricante de barbijos, se disparaban 232 por ciento. Co-Diagnostics subía sus acciones 1.370% gracias a su kit de diagnóstico del virus responsable de la pandemia. Cepheid, la principal fabricante mundial, vende su test a 19,80 dólares cuando su costo es de 3 dólares. Las acciones del laboratorio californiano Gilead trepaban 20% por las perspectivas del antiviral Remdesivir contra el Covid-19, investigación, a su vez, subsidiada por el gobierno norteamericano. El valor bursátil de Inovio Pharmaceuticals, apoyada por Bill Gates, escalaba 200% por su vacuna experimental INO-4800.

Otra forma de beneficiarse es con las inversiones públicas. “Cada molécula aprobada por la FDA (ente federal que autoriza las drogas e insumos médicos en los Estados Unidos) entre 2010 y 2016 fue objeto de investigaciones científicas financiadas por el Estado a través del NIH (ente federal que regula la actividad en salud)”, según el grupo de defensa de Pacientes para Medicamentos Accesibles. El gobierno norteamericano gastó más de 100.000 millones de dólares en ese período facilitando también que las empresas disfrutaran del monopolio de la producción mediante la vigencia de las patentes.

Patentes: una traba al desarrollo

Las patentes, que garantizan la propiedad de los productos y los mecanismos de producción para cada empresa, son al mismo tiempo una traba porque impiden su difusión. El conocido economista capitalista Joseph Stiglitz reconoce que “el control monopólico de la tecnología utilizada en la detección del virus obstruye la rápida introducción de más kits de testeo, como también son un freno las patentes que posee la empresa 3M para barbijos N95 y otros elementos de protección”. Pone como ejemplo, también, la PCV13, vacuna para la neumonía que, al ser propiedad monopólica de Pfizer, es inalcanzable por su costo para gran parte de la población mundial. En India, por ejemplo, todos los años se registran más de 100.000 muertes infantiles evitables por neumonía, mientras que la vacuna le genera a Pfizer ingresos anuales por alrededor de 5.000 millones de dólares.

En las últimas décadas las multinacionales farmacéuticas lograron, por medio de las patentes, ampliar su monopolio sobre la producción de remedios a casi todos los países, aunque con grandes contradicciones. En 1997 el gobierno sudafricano, en su necesidad de hacer frente a la epidemia de sida, promulgó una ley que permitió suspender las patentes necesarias para proveer los remedios requeridos a pesar de la cerrada oposición de los Estados Unidos y las multinacionales. En 2001, durante la llamada crisis del ántrax, los Estados Unidos hicieron lo mismo, suspendieron la patente de la ciprofloxacina que poseía Bayer para todo el mundo. Se dio, entonces, la paradoja de que el país abanderado de la defensa de las patentes monopólicas de la industria farmacéutica apeló al recurso soberano que combatía en el resto del mundo.

Un mundo sin patentes sólo es posible sin propiedad burguesa

“Llevamos demasiado tiempo aceptando el mito de que el régimen de propiedad intelectual es necesario”, escribió recientemente Stiglitz. “Imaginemos un mundo en el que una red mundial de profesionales médicos monitorea la aparición de nuevas cepas de un virus contagioso, actualizan periódicamente la fórmula establecida de su vacuna y luego ponen esa información a disposición de compañías y países de todo el planeta… sin cuestiones de propiedad intelectual y sin monopolio farmacéutico…” Pero la norma es la realidad que él mismo denuncia, las leyes del capitalismo buscando aumentar la renta del capital, y que solo puede desaparecer con la desaparición de esas relaciones de propiedad.

El capitalismo es la traba que impide derrotar de un golpe a la pandemia. Hemos visto a la burguesía imperialista mundial implantar los planes de ajuste que destruyeron los sistemas de salud, incluso en sus propios países de origen; hemos presenciado su lucha contra las cuarentenas como en los Estados Unidos, Italia, Brasil y otros sin reparar en las muertes ni en la diseminación del virus; estamos viendo ahora cómo se realizan pingües negocios a costa de la necesidad de los pueblos y al mismo tiempo sigue recibiendo subsidios y privilegios del Estado con fondos que deberían ir al pueblo en cuarentena. Los trabajadores y el pueblo deberán avanzar hacia la estatización de los servicios de salud y la producción de insumos, remedios y vacunas. Bajo control de los trabajadores, deben ser puestos al servicio de la lucha contra la pandemia. Estas medidas, acompañadas con la suspensión de los pagos de la deuda externa y el impuesto a las grandes fortunas, permitirían acelerar la superación de la pandemia y liberar a la humanidad de la prolongación de estos horrores y sacrificio de vidas.

Escribe Mónica Méndez, secretaria de organización de la Cicop

En medio de una epidemia poco conocida, para la cual todavía no existen vacunas ni medicamentos comprobadamente eficaces, los trabajadores de la salud continuamos luchando, no solo contra el virus, sino para proteger nuestras vidas. A casi dos meses de iniciada la cuarentena, ni el gobierno ni las patronales de las clínicas privadas han prestado el debido cuidado a nuestra situación.   

Los pequeños avances conseguidos en cuanto a la provisión de elementos de protección para el personal obedecen al continuo reclamo de los trabajadores que sostienen una lucha permanente por sus derechos. Y donde son entregados nunca llegan en cantidades suficientes y continúan siendo de mala calidad, colocando en riesgo nuestras vidas. Hay denuncias concretas de estas irregularidades en municipios como Florencio Varela, Tigre y Lomas de Zamora y en muchas clínicas privadas. 

Tampoco hemos logrado los testeos masivos que venimos exigiendo para los trabajadores del sector. Y si bien hay más camas y respiradores, la cantidad de personal que ha entrado al sistema público de salud sigue siendo insuficiente. Por otra parte, el Ministerio de Salud continúa negándose a otorgar licencias a grupos de riesgo, como por ejemplo los mayores de 60 años, por lo que hemos tenido que lamentar víctimas innecesarias en nuestras filas y ver cómo continúa aumentando la curva del Covid-19 entre nuestros compañeros. 

La pandemia nos ha colocado en el centro de la escena. En este tiempo hemos recibido muchos gestos de solidaridad por parte de la población, sin embargo, ni el gobierno ni las patronales han demostrado el mismo reconocimiento. Ni en la provisión de elementos de protección ni mucho menos en recomponer nuestros bajísimos salarios. Solo la Cicop ha cerrado paritaria en la provincia de Buenos Aires y recibido el bono de 5.000 pesos, algo que todavía no se ha hecho efectivo al conjunto de los trabajadores de la salud.

Continuamos movilizados 

El 7 de mayo se realizaron diferentes actividades y expresiones de protesta en CABA y en algunas provincias como Córdoba, Santa Cruz y Chaco. El día 11 los compañeros del hospital Príncipe de Asturias, de Córdoba, repudiaron a la Secretaría de Salud por la ordenanza decretada por el intendente que recorta salarios y otros beneficios laborales. Ese mismo día los médicos municipales de La Matanza realizaron un “ruidazo” frente a la municipalidad por la recomposición salarial y contra la precariedad.  

En Posadas, Misiones, los trabajadores del hospital Madariaga repudiaron al ministro de Salud, Oscar Alarcón, por tratar de responsabilizar a los propios empleados de los contagios de Covid-19 en el sector. “Que se haga cargo de la falta de equipos de protección personal”, sentenciaron. Como si esto fuera poco, las empresas privadas de servicios médicos ya comenzaron a cargar el costo de la crisis sobre los profesionales de la salud. El sector privado avanzó en la última semana con recortes salariales y demoras en los pagos. El sanatorio Güemes es la prueba de esto, sus autoridades comunicaron que no abonarán de forma integral los sueldos de abril. 

Para el día 15 de mayo está marcada una nueva jornada de lucha. El gobierno no puede continuar mirando para otro lado y pensando que el “éxito” de su plan se resume al aislamiento social. Hay otro elemento determinante, que es el trabajo abnegado y silencioso que cumplimos los trabajadores del sector para apuntalar la salud pública. Nos mantendremos firmes en la exigencia por mejores condiciones de trabajo y salario y garantizando el funcionamiento de los comités de crisis para continuar aportando propuestas a esta complicada situación de la salud. 

El Socialista entrevistó a Marta Fernández, Dirigente de Cicop Hospital Estévez, Monovalente de Salud Mental para Mujeres sobre la situación en el hospital.

ES– ¿Qué características tiene un hospital monovalente de salud mental en esta pandemia? 

MF– Es una cuestión que venimos estudiando con los compañeros para tratar de caracterizar y ver cuáles eran las medidas más urgentes para la prevención. Como es un problema nuevo el que estamos enfrentando, estuvimos leyendo y hablando con infectólogos para prepararnos de la mejor forma. Llegamos a algunas conclusiones, nos parece que el hospital monovalente, que es un neuropsiquiátrico con una población que vive ahí de forma estable, es comparable con un geriátrico. Solo que sería un geriátrico gigante porque estamos hablando de seiscientas personas internadas. El monovalente atiende pacientes que viven ahí, que están internados, y hace consultas ambulatorias y tiene servicios de carácter ambulatorio, como hospital de día, servicio de niños, el IPAN, consultorios externos, o los grupos de prealta.

ES– ¿Tomaron algunas medidas a partir de esas constataciones? 

MF– Lo primero que se hizo fue suspender todo lo que era ambulatorio, y las visitas también. Pedimos que se formara un comité de crisis en el hospital para poder consensuar con otros dos gremios que actúan en el sector. Fue bueno porque el personal está dividido por dos leyes, una que nuclea enfermería, el personal de mantenimiento, administración, etcétera. Y otra ley que nuclea a los profesionales. Fue positivo juntarse con los otros gremios y poder formar el comité de crisis para plantear una serie de medidas.

ES– ¿Qué medidas de prevención han adoptado? 

MF– Desde la seccional de la Cicop, después de discutir y hablar con los otros compañeros, decidimos que había que aislar a la población. Siguiendo la comparación con un geriátrico, todo el cuidado y la prevención tenían que estar puestos en la gente que circulaba, o sea los trabajadores. Adoptamos medidas de prevención como la toma de temperatura. Todo eso salió del comité de crisis y de la organización de los trabajadores. Otro aspecto es sobre la rotación, algo que pudimos hacer junto con los otros gremios dentro del comité de crisis. La dirección del hospital estuvo a favor porque había que evitar la circulación de gente. Se dividió casi todo el hospital en dos grandes grupos de trabajo con una rotación semanal, una semana el equipo A y a la siguiente el equipo B. Organizar eso fue terrible porque además tenés que sumarle los problemas que aparecen. Afloran todas las falencias habidas y por haber ya desde antes de la pandemia, principalmente la falta de personal.

ES– ¿Hay algún otro problema de salud a tener en cuenta además del coronavirus? 

MF– Todavía no tenemos casos de Covid-19, sí tenemos dengue. Igualmente los protocolos son dinámicos, esto es otra cosa que tuvimos que armar nosotros. En los monovalentes los trabajadores armamos los protocolos porque desde el ministerio no se bajó nada, y era una gran preocupación. El otro problema era la actitud de la dirección, que decía: “No, acá no va a pasar, no va a entrar, vamos a hacer todo lo posible, pero no va a entrar”. Y nos parecía que eso era errado, desde Cicop entonces colocamos en el comité de crisis todos los escenarios posibles frente a la pandemia. Lo discutimos entre los trabajadores y lo pudimos plasmar en propuestas. Así logramos ser escuchados y que empiecen a pensar en escenarios posibles, y de ahí salieron los cortes, que vamos a evitar la circulación, la organización de los equipos de trabajo para que roten y la sala de aislamiento, que tampoco tenían prevista. Todavía falta mucho y ahora estamos trabajando con los protocolos de dengue. 

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

Eclipsada por la pandemia del nuevo coronavirus, la epidemia de dengue sigue sin embargo acumulando casos en nuestro país. El virus del dengue no se contagia en forma directa sino a través de un vector, el mosquito de la especie Aedes aegypti. Como tampoco se ha logrado crear una vacuna, se combate la epidemia impidiendo la propagación del mosquito. El Aedes se ha acostumbrado a nuestra zona, es endémico, pero el virus del dengue llega cada tanto, cuando hay epidemias en la región, como ahora en Paraguay.

En la Argentina, en la presente temporada 2019/2020, se notificaron 52.594 casos con sospecha de dengue, según el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación. Se registraron entre confirmados y probables 22.320 casos autóctonos, otros 1.475 con antecedente de viaje y hay 1.969 casos en investigación. Se trata del brote más importante desde 2016. 

La provincia de Misiones registra la mayor incidencia acumulada del período con 236,5 casos por cada 100.000 habitantes, seguida por Jujuy, La Rioja y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con tasas de 225,8, 198,5 y 158 respectivamente. Los registros de la Ciudad de Buenos Aires permiten saber que el 8 de mayo se registraba un total de 6.498 infectados y que los barrios con mayor tasa cada 100.000 habitantes eran los que correspondían a las zonas sur y sudoeste de la ciudad.

Estos números, aparentemente áridos, en realidad están mostrando una conclusión social: la mayor concentración de casos está en los barrios más modestos de la ciudad, los que tienen menor proporción de servicios e infraestructura. Son los barrios olvidados del gobierno de Larreta y donde es más necesaria la higiene urbana y el saneamiento ambiental para impedir la proliferación de mosquitos. La acción preventiva debe empezar en la temporada fría y “no en el verano, cuando ya hay dengue”, dicen los especialistas. Una epidemia invisible que hace visible el desinterés del gobierno por los problemas que complican aún más la vida de los trabajadores.