Escribe Leonardo Portorreal

Después de siete meses de luchar por cobrar su sueldo, las compañeras y compañeros de La Nirva lograron un compromiso de parte de la patronal ante el Ministerio de Trabajo para pagarles los salarios adeudados. Esta semana les abonaron el 20% del mes de abril y se fijó un cronograma hasta el 1° de junio para saldar la totalidad de la deuda, después de lo cual la fábrica volvería a trabajar. Como la empresa ya incumplió su palabra varias veces, ya que les pagaron con cheques sin fondos, van a continuar con el acampe en la puerta de la fábrica hasta que se cobre el ultimo peso de lo que les deben.

Este avance en la lucha es el fruto del largo y duro conflicto que vienen llevando hace meses, sin el acompañamiento de los dirigentes del Sindicato de Pasteleros, que en ningún momento apoyó las medidas de acción adoptadas. En estos siete meses sufrieron el despido de más de sesenta compañeros y la represión de parte de la policía de Espinoza y Kicillof que los desalojó de la puerta de la fábrica la semana pasada. Con la fuerza de las compañeras y compañeros y el apoyo solidario de organizaciones sociales y partidos de izquierda, de sindicatos como el Suteba La Matanza, los ferroviarios del Sarmiento o los compañeros de Textil Iberoamericana, se logró retomar el acampe y visibilizar en la última semana el conflicto en los medios de comunicación.

Felicitamos a las compañeras y los compañeros de La Nirva por su persistencia, por el avance que dieron en su pelea y nos seguimos poniendo a su disposición para todo lo que sea necesario a fin de ayudar a que esta lucha triunfe definitivamente.

Escribe Héctor Maldonado, delegado de Telecom-Cablevisión

Las patronales, con el silencio cómplice de Alberto Fernández y la CGT, están descargando la crisis mundial del Covid-19 en los trabajadores. Empresas como Telecom-Cablevisión, que reportan millonarias ganancias, quieren apretar aún más la tuerca bajando conquistas del convenio colectivo y extendiendo la jornada laboral.

Trabajadores telefónicos del área de supervisión de red de Telecom-Cablevisión hicimos una nota al sindicato Foetra Buenos Aires con el objetivo de reclamar que nos muestre el acta que firmaron con la empresa. Supuestamente, en dicha acta dice que la jornada laboral la quieren extender a nueve horas, no hay período de prueba de seis meses, ni habla de dar categorías en poco tiempo. Crea categorías que no están en el convenio, que llevan a la rebaja salarial.

 Reproducimos fragmentos de la nota enviada: “Todos sabemos que, hace un año aproximadamente [...] están negociando la reestructuración de nuestras funciones. Se intenta oficializar de forma legal la 'polifunción de tareas'. Ahora todos harán todo. Cómo se puede promover una rebaja de categoría, el pago de un plus por resarcimiento y una mochila salarial”.

Desde la agrupación Lista Roja queremos denunciar esta situación de mayor precariedad laboral y la complicidad entre nuestro sindicato y la empresa. Tenemos que seguir reclamando el acta y rechazando estos ataques a nuestras condiciones laborales. Llamamos a los trabajadores de Telecom-Cablevisión a seguir organizados. 

Movilización de jóvenes precarizados

El pasado viernes se realizaron diversas movilizaciones a lo largo del país convocadas por trabajadores precarizados e informales, jóvenes que trabajan para apps de deliveries, call centers y gastronomía que salieron a la calle para reclamar y visibilizar la problemática que los tiene como protagonistas. Piden el aumento de 100% en el pago de los envíos, un protocolo de medidas sanitarias por parte de las empresas y mejores condiciones laborales, como baños, ART, cobertura médica, entre otras reivindicaciones. Se están realizando asambleas virtuales en donde estamos interviniendo, en las que se votó participar de un paro internacional el próximo 29 de mayo, así como en todas las actividades programadas por el Plenario Sindical Combativo.

Córdoba y Santa Fe. Sigue el paro en el transporte

Los choferes del transporte de ambas provincias están peleando contra las patronales, que desde el inicio de la cuarentena adeudan salarios parcialmente. La ciudad de Córdoba se encuentra sin transporte urbano, ante la medida de fuerza iniciada por los choferes. En Santa Fe, con los trabajadores de paro por tiempo indeterminado, queda al descubierto el lobby que el intendente de Rosario Pablo Javkin, en medio del conflicto, sale a hacer públicamente por mayores subsidios para las empresas, a la vez que ataca la medida de fuerza que vienen realizando los trabajadores.

Comercio: Cavalieri rebaja salarios y las patronales van al auxilio del gobierno

El jerarca sindical de Comercio, en representación de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, estampó con su firma la entrega de los salarios con las cámaras del sector. Con el nombre de “Convenio de emergencia por suspensión de actividades para el sostenimiento de los puestos de trabajo y la actividad productiva”, se autoriza la reducción salarial de quienes no están en actividad por el aislamiento social y se avalan las suspensiones y los recortes al 75% del salario neto.

Paradójicamente, buena parte de las grandes empresas y cadenas del rubro reducen salarios y acuden al gobierno para solventar un porcentaje del pago de los sueldos mediante la aplicación del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Despidos masivos en Open 25

La cadena de kioscos, de amplia distribución y con más de 450 locales en CABA y Buenos Aires, ha despedido a un centenar de trabajadores. La empresa, que tuvo un crecimiento exponencial en los últimos años, es conocida por sus prácticas negreras y de superexplotación. Jornadas de doce horas diarias, seis días a la semana, la rotación de los empleados por distintas sucursales y salarios por debajo del convenio de Comercio son un sello propio de Open 25. Ahora, argumentando la caída de ventas por la pandemia y a pesar de facturar cientos de millones en los últimos tiempos, ha pasado por alto –como tantas otras patronales– el decreto de prohibición de despidos y suspensiones y dejó a doscientos trabajadores en la calle.

Despidos de contratista de Edesur y de Edenor

La empresa Rowing, una de las principales contratistas de Edesur y Edenor, viene despidiendo trabajadores hace semanas en la zona sur del Gran Buenos Aires.

Pagos parciales de salarios, arbitrariedades en la liquidación del valor de la hora trabajada y un espaldarazo generalizado de los dirigentes burocráticos de Luz y Fuerza, sumado a jornadas sin condiciones mínimas de seguridad, despidos y suspensiones arbitrarias, se ha convertido en la habitualidad de los trabajadores del sector.

Conductores de Plusmar se autoconvocaron contra la rebaja salarial y los despidos

El martes pasado, en la terminal de Barracas de la empresa Plusmar se autoconvocaron los choferes de media y larga distancia porque la patronal no les pagó a los seiscientos trabajadores efectivos los salarios de marzo y abril y despidió a 150 contratados. 

La conducción de Roberto Fernández, de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), fue duramente criticada y los delegados brillaron por su ausencia por su total complicidad con la patronal. 

Se llevó el reclamo por el pago de los salarios adeudados y por la continuidad laboral de los 150 contratados al Ministerio de Trabajo. 

Los trabajadores de Plusmar denuncian que la patronal busca flexibilizar el convenio de trabajo 460/73, que contiene importantes conquistas para los choferes de media y larga distancia. Desde Izquierda Socialista estuvimos presentes dando todo nuestro apoyo a los reclamos.

Escribe Daniela Vergara, secretaria de Cultura de Amsafe Rosario

El responsable del secuestro, desaparición y asesinato del periodista y escritor Rodolfo Walsh, Gonzalo “Chispa” Sánchez, de 69 años, fue detenido en Brasil en la ciudad Paraty, de Río de Janeiro, y extraditado a nuestro país. Estaba prófugo de la Justicia por la causa ESMA, acusado de participar en los vuelos de la muerte junto con Alfredo Astiz. 

Recordemos que Rodolfo Walsh fue asesinado por la dictadura el 25 de marzo de 1977 después de publicar su “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar”, en la que denunciaba la política económica impuesta por el terrorismo de Estado para aniquilar a la clase obrera y sus luchas. En ella mencionaba la terrible inflación, las políticas de sumisión al Fondo Monetario y a los grandes monopolios, la desnacionalización de los bancos y la generación de una deuda externa usuraria, ilegítima e ilegal que, recordemos, todavía estamos pagando (y que hoy está siendo “renegociada” por el gobierno). Deuda externa que, denunciaba Walsh, era parte del proyecto económico de ese gobierno genocida, al servicio de los grandes grupos económicos que se beneficiaron con la dictadura. Justamente, el día que Rodolfo enviaba su carta de denuncia, fue interceptado por la patota de Chispa Sánchez y, tras ser asesinado en plena calle, su cuerpo fue llevado a la ESMA y luego desaparecido.

Condenas a perpetua en la causa Feced III/IV de la ciudad de Rosario

En la misma semana que se produjo la extradición de Chispa Sánchez, se dio otro tremendo avance en la lucha contra la impunidad, en este caso directamente vinculado a nuestra ciudad de Rosario.

Las causas llevan el nombre de Agustín Feced, el represor que murió en 1986. Junto con él actuaba “su patota”, que operaba en el centro clandestino de detención Servicio de Informaciones, que funcionó durante la última dictadura militar, cívica y eclesiástica en pleno centro de la ciudad de Rosario. Esta causa tiene 188 víctimas.

El pasado 14 de mayo el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario dio un fallo inédito: seis condenas a prisión perpetua, pero además incorporó por primera vez en los tribunales de Rosario a la violación como delito de lesa humanidad. Para que ello fuera posible, tenemos que reivindicar el valor de las compañeras que lo han denunciado, ya que los torturadores en infinidades de procesos cometieron violaciones a las secuestradas, mujeres y jóvenes embarazadas.

La prisión perpetua fue para seis represores: José R. Lofiego (que, estando actualmente preso, solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria por el coronavirus, que le fue denegado); Mario A. Marcote, violador sistemático del Servicio de Informaciones, José C. Scortechini, Ramón R. Vergara, Ernesto Vallejos y  Ramón A. Ibarra, este último involucrado directamente en la detención, encarcelamiento y tortura de padres, madres y docentes, muchos de ellos miembros de la dirección y cooperadora de la Biblioteca “Constancio .C Vigil” (todo un aniquilamiento de un proyecto educativo, con el irreparable robo de sus bienes). 

Aclaremos también que en la causa Feced III estaba contenido el juicio al cura Eugenio Zitelli (ya fallecido). Cómplice de la dictadura, ex capellán de la Policía de Santa Fe hasta 1983, estaba acusado de participar de sesiones de torturas de al menos catorce víctimas. Una razón más para avanzar en la necesidad de juzgar también a los cómplices civiles de la dictadura, tanto miembros de la iglesia, como empresarios o burócratas sindicales.

La extradición del responsable del secuestro, asesinato y desaparición de Rodolfo Walsh y las condenas de la causa Feced III/IV nos refuerzan en el compromiso de seguir la lucha. Reafirmamos que no hay ningún motivo para “dar vuelta la página” (expresión de reconciliación usada por Alberto Fernández antes del 24 de marzo luego de haberse entrevistado con el papa Francisco).  Por el contrario, nosotros no perdonamos, no olvidamos y no nos reconciliamos, sino que seguimos exigiendo memoria, verdad y justicia.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Con la pandemia se complica aún más el problema de las mujeres que están obligadas a abortar en la clandestinidad. Un reciente informe de la ONU, titulado “Millones de mujeres sufrirán embarazos no deseados durante la pandemia de coronavirus”, alerta sobre esta problemática a nivel mundial, en la que por falta de acceso a métodos anticonceptivos habrá unos siete millones de embarazos no deseados en los próximos meses. En la misma investigación (con una proyección de seis meses de confinamiento) analizan que serán unas 47 millones de mujeres quienes no accederán a los anticonceptivos y, a la vez, por el aumento de la violencia de género, habrá unos 31 millones de abusos adicionales. Es urgente que se tomen medidas al respecto para así evitar esta otra cara de la pandemia.

La lucha por acceder a los métodos anticonceptivos, a la educación sexual y por el derecho al aborto es una pelea constante que desde el feminismo venimos dando contra los gobiernos y las iglesias. Es más, algunos gobernantes se aprovechan de la pandemia para intentar avanzar en la restricción de lo ya conquistado, como sucedió en Polonia hace unas semanas. Allí, por iniciativa de legisladores ultraconservadores en el Parlamento, intentan restringir el aborto y penalizar a quienes promuevan la educación sexual a niños, niñas y adolescentes. Por supuesto que las polacas están en estado de alerta y no van a permitir semejante atropello. 

Recordemos que en nuestro país el aborto voluntario sigue siendo ilegal y los abortos por las causales que existen desde 1921 son de difícil cumplimiento por las trabas de las iglesias y demás sectores antiderechos. En este contexto, las personas con posibilidad de gestar que no quieren continuar con un embarazo durante la cuarentena tienen mayores dificultades para acceder a un aborto. 

Quince años de lucha por el aborto legal

El 28 de mayo es una fecha clave en el calendario feminista porque es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y, hace quince años, se lanzaba en nuestro país la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Dos años después, en 2007, se presentaba en el Congreso el primer proyecto de ley para legalizar el aborto voluntario, que fue cajoneado sistemáticamente hasta 2018, cuando se logró que se abriera el debate. Sin embargo, fueron legisladorxs del PJ, la UCR, kirchneristas y de Cambiemos quienes en alianza con las iglesias votaron en contra, negando un derecho elemental para decidir sobre nuestro futuro.

Como no bajamos los brazos y seguimos dando la pelea, el año pasado, por octava vez, volvimos a presentar el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) elaborado por la Campaña. Este es nuestro proyecto, el que fue discutido con las organizaciones feministas y que recupera el debate parlamentario de 2018, el de la #MareaVerde que conquistó las calles y ganó la despenalización social. Este proyecto tiene actualmente estado parlamentario y cuenta con las firmas de legisladorxs de todos los bloques políticos. Sin embargo, Alberto Fernández decidió impulsar otro proyecto –no el de la Campaña– que lo viene anunciando desde el 1° de marzo, pero al día de hoy seguimos sin conocer su redacción. Desde Isadora e Izquierda Socialista insistimos en que el aborto debe ser ley y para eso debe aprobarse inmediatamente el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.