Escribe Juan Carlos Giordano, Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Medios de comunicación, burócratas sindicales ligados al gobierno (CGT/CTA) y voceros de las patronales acusan a la izquierda de “romper la cuarentena”. El diario La Nación, por ejemplo, tituló este martes “La izquierda rompe la cuarentena con una protesta y amenaza con más conflictos”, poniendo la foto del Pollo Sobrero. Se refería a la radio abierta que hizo el sindicalismo combativo frente al Ministerio de Trabajo. Por otro lado, los autollamados “dirigentes progres” (burocracia sindical kirchnerista de la UTE -docentes  de Ctera en CABA-, ATE Capital y el Sindicato del Subte -Agtsyp-) no participaron de la movilización que llevó adelante Ademys contra la ley de ajuste de Larreta frente a la Legislatura porteña el pasado 7 de mayo, acusando “la irresponsabilidad” de la izquierda y del sindicalismo combativo. Se la pasaron años hablando contra Macri y cuando había que repudiar la ley Larreta-Macri se borraron. Y para agregar otro dato de color (además de los Daer, Gerardo Martínez, Cavalieri, Pignanelli o Caló, que siempre despotrican contra los que luchan), el secretario general de los docentes neuquinos (ATEN) y dirigente peronista de la burocracia Celeste nacional, Marcelo Guagliardo, tuiteó ante una marcha opositora: “Convocan a marchar rompiendo un aislamiento preventivo y obligatorio que ha demostrado salvar miles de vidas”, culpando al Frente de Izquierda. Guagliardo, cuando estaba Macri, decía que no se podía luchar porque la gente había votado a la derecha. 

Estos burócratas enarbolan un mentiroso discurso “sanitarista” y de defensa de “la salud” para intentar encubrir sus capitulaciones y complicidades con los gobiernos y las patronales. Siguiendo con este razonamiento, podemos decirles que precisamente el sindicalismo combativo y la izquierda fuimos quienes encabezamos y apoyamos en todos estos años los reclamos de los trabajadores y profesionales de la salud, no los burócratas traidores. 

Las patronales son las que exigen flexibilizar la cuarentena para aumentar sus ganancias y usar la pandemia para atacar al pueblo trabajador. Es lo que hizo Techint despidiendo a 1.450 trabajadores en la Argentina y encabezando la campaña en el norte de Italia diciendo “Italia no se detiene”, obligando a sus obreros a trabajar sin seguridad e higiene. El mismo Techint a quien el gobierno premia pagándole el 50% de los salarios, una multinacional que tiene enormes ganancias en decenas de países, y su dueño, Paolo Rocca, es el principal millonario argentino con una fortuna sideral. Otro tanto podemos decir de la patronal Mondelez, que a pesar de fabricar productos no esenciales, como son las golosinas, obligó a sus trabajadores a continuar trabajando en plena pandemia y una vez logrado el stock procedió a suspenderlos con rebaja salarial con el aval de Rodolfo Daer, el secretario general del Sindicato de la Alimentación, quien se limitó a decir “el capitalismo es así”. En Penta, por ejemplo, el gobierno llegó a reprimir salvajemente a los trabajadores porque “violaban la cuarentena” por pedir salario y sus puestos de trabajo.

Los trabajadores y la izquierda no rompemos la cuarentena, lo mismo hacen millones de trabajadores. Lo que sí exigimos es que no haya dos cuarentenas, una para los de arriba, con constantes privilegios, y otra que sufre el pueblo trabajador. Y señalamos claramente que quienes la rompen son las patronales explotadoras que empujan a sus trabajadores a movilizarse ante sus constantes ataques antiobreros, el gobierno (que empujó a millones de jubiladas y jubilados al borde de una tragedia para cobrar sus magras jubilaciones) y la burocracia sindical, que como correa de transmisión de las patronales en el movimiento obrero justifica las rebajas salariales diciendo que de esa forma “evitan” los despidos. 

Desde Izquierda Socialista sostenemos que los reclamos durante la cuarentena son absolutamente legítimos y necesarios, por eso vamos a continuar apoyándolos e impulsándolos con todos los recaudos sanitarios del caso, como se viene haciendo. La clase trabajadora ha demostrado su suficiente dignidad moral para hacerlo, como lo ha demostrado en todos estos meses ante una repudiable clase capitalista parasitaria y explotadora que ha hecho lo opuesto. 

Fue necesaria la lucha de los ferroviarios del Sarmiento para hacer retroceder a la empresa puesta por el gobierno, que los quería hacer trabajar sin higiene y seguridad. O la movilización de los trabajadores de Fate al Ministerio de Trabajo para lograr derrotar a su patronal multimillonaria de Madanes Quintanilla obligando al pago del 100% de sus salarios.

La mayoría de la población prioriza la salud y si es obligada a romper la cuarentena es culpa de que no se atienden sus urgentes necesidades, ante un gobierno que prioriza pagar la deuda externa y al día de hoy se niega a imponer un impuesto a la riqueza capitalista lo que permitiría otorgar un ingreso en medio de la pandemia como propone el Frente de Izquierda de $30.000 como mínimo para todo aquel que lo necesite.

Todos los gobiernos usan la pandemia para frenar las movilizaciones y acentuar la presencia policial represiva de la mano de las patronales y la burocracia sindical. Es lo que hay que seguir desenmascarando, rechazando sus falsas campañas y calumnias contra los que luchan y la izquierda.

Escribe José Castillo

Esta semana sigue el partido de póker de la renegociación de la deuda. “Hay disposición mutua para alcanzar un acuerdo”, dicen tanto los funcionarios del Ministerio de Economía como los voceros de los bonistas. Más allá de cómo termine esta anécdota de la renegociación, que tiene un final pautado para este viernes 22, pero, como ya se anticipa, “podría alargarse un poco más de mutuo acuerdo”, algunas cuestiones vienen quedando claras. Son las que queremos destacar.

Primero y principal, ya nadie esconde quiénes son los famosos “bonistas”. Acá no hay ningún jubilado ni pequeño ahorrista. Se trata de lo peor del establishment financiero internacional, los buitres de los buitres, los especuladores que sobrevuelan el mundo haciendo ganancias parasitarias colosales. Tienen nombre y apellido, e incluso se han agrupado en “clubes de acreedores” para así presionar y sacar mejor tajada. Así, los pesos pesados BlackRock y Fidelity encabezan el autodenominado Grupo Argentina Ad Hoc (Ad Hoc Bondholders Group), junto con otros buitres menores como Ashmore y T. Bowe Price. Los sigue el Comité de Acreedores de la Argentina (Bondholders Group) coordinado por otro gigante, Greylock Capital, al que se sumaron Gramercy y Fintech, dos “viejos conocidos”, que fueron los grandes ganadores de los canjes kirchneristas de 2005 y 2010, y ahora vienen por más. Y, por si todo esto fuera poco, queda un tercer club de acreedores, el Grupo Ad Hoc de Bonistas del Canje de la Argentina (Exchange Bondholders Group), donde están agrupados otros fondos de inversión que también participaron en los canjes 2005-2010, como Monarch, HBK Capital, Cyrus Capital Partners LP y VR Capital Group. Por fuera de estos “comités” o “clubes” de acreedores, también están al acecho otros grandes tenedores de deuda argentina, Pimco y Templeton.

¿En qué consiste la actual “negociación?

La sintetizamos: el gobierno argentino lanzó una oferta muy buena y amigable para estos pulpos acreedores (confesada así por los propios funcionarios), casi nada de quita de capital, intereses muy por encima de los que hoy se pagan en el mundo y un “período de gracia” (tiempo que transcurre hasta que se hacen los primeros pagos) de tres años. Todo muy lejos del discurso inicial de Alberto Fernández de “no podemos pagar con el hambre del pueblo”. Los buitres acreedores, por su parte, negocian fuerte y presionan porque no quieren ninguna quita de capital, más intereses y que se empiece a pagar antes de los tres años, más algún “premio extra”, como el que en su momento les dieron Kirchner y Lavagna en 2005, con los llamados cupones PBI, que generaban pagos adicionales de deuda si el país crecía más allá de un determinado porcentaje (en ese momento 3,2 por ciento).

La respuesta del gobierno es que está abierto y “flexible” para negociar todo. Traducido, acepta que se analice empezar a pagar antes de 2023, menos (o ninguna) quita de capital, más pago de intereses y discutir algún “premio” para los acreedores (incluyendo algún pago “al contado” en un momento próximo).

¿A dónde nos lleva todo esto?

La deuda es una auténtica bola de nieve de la que así no saldremos más. Vamos a dar un par de ejemplos didácticos: el próximo viernes vencen 503 millones de dólares de los bonos “globales” 21, 26 y 46. ¿De dónde salieron estos bonos? Fueron una emisión de Mauricio Macri en 2016 que generaron nueva deuda por un total de 14.500 millones de dólares. De hecho, entraron al país apenas 13.000 millones. Lo interesante es ver en qué se usó esa plata. La mayoría, 9.300 millones, fueron para pagarle a los holdouts, o sea a los fondos buitres que ya venían litigando contra la Argentina. Recordemos que ese famoso pago fue autorizado en los comienzos del gobierno de Macri con el voto positivo de la inmensa mayoría de la bancada peronista de entonces. Como vemos: deuda para pagar deuda anterior.

Sigamos el hilo del razonamiento, que nos llevará al segundo ejemplo ilustrativo. Los fondos buitres eran los que no habían aceptado los canjes kirchneristas de 2005 y 2010. ¿Era acaso que el resto de la deuda ya se había arreglado y, como sostenía la propaganda oficial de aquellos años, “nos habíamos desendeudado”? De ninguna manera, y como mejor muestra tenemos que ahora mismo, en la reestructuración, aparecen fondos como titulares de esos bonos 2005 y 2010, unidos en dos de los grandes grupos de acreedores que presionan por una “mejor propuesta”. Traducido, que se les pague más, con más intereses y en plazos más cortos.

Esto es apenas un pantallazo de la deuda que venimos pagando infinitamente. Deuda cuyo origen último está en la dictadura militar genocida, luego reconocida y renegociada por todos los gobiernos posteriores, sin excepción. “Canjeada” por Menem, primero, y por los Kirchner después. Siempre generando nuevos vencimientos, sumas de intereses sobre intereses, y provocando que, para “pagarla”, se tome nueva deuda de los pulpos del establishment, como en los casos citados. Pero además de organismos internacionales, centralmente el FMI, y otros, como el Banco Mundial y el BID. Incluso reconociendo deudas pendientes directamente con otros Estados, como el caso del llamado Club de París, que se originó en préstamos que los gobiernos europeos de entonces le hicieron a la dictadura de Videla.

En síntesis, de cualquier manera que termine este capítulo de renegociación de la deuda, nada se solucionará. Quedará una inmensa hipoteca a seguir pagando a estos mismos buitres. Y apenas será la antesala de otras dos “negociaciones”: la que se hará con los “tenedores de bonos bajo legislación local”, que en la mayoría de los casos son los mismos pulpos, en este caso encabezados por Fidelity. Y luego, la que vendrá con el Fondo Monetario Internacional, por nada más ni nada menos que 49.000 millones de dólares y donde el propio organismo ya anticipó que con ellos no corre ningún tipo de “quita”. Para que quede claro, todo esto implica miles de millones de dólares en pagos que ya quedan pautados de acá a los próximos cien años. Hambre, miseria, saqueo y marginación para cuatro generaciones del pueblo trabajador argentino.

Todos unidos a favor de pagar. Solo nos oponemos desde la izquierda

A pesar de que decenas de economistas, estudiosos del tema del endeudamiento y líderes sociales de todo el mundo salen permanentemente a alertar sobre las consecuencias de endeudamientos astronómicos como el argentino y la imposibilidad de pagarlos, existe actualmente una macabra coincidencia política: el gobierno peronista, la oposición de Juntos por el Cambio, las centrales patronales, la burocracia de la CGT y las CTA, todos, sin excepción, están por pagar, diciendo que lo peor que nos puede pasar es “caer en default”. A este coro se sumó en estos días la Iglesia Católica, en la voz de Stefano Zamagni, presidente de la Academia de Ciencias Sociales del Vaticano, quien sostuvo en una reciente teleconferencia organizada por la Universidad de Tres de Febrero que hay que “convencer a algunos bancos de aceptar el plan de reestructuración, en especial al fondo BlackRock, que tiene una fuerza de trillones de dólares”.

Del otro lado quedamos solamente la izquierda y el sindicalismo combativo. Insistiendo una y otra vez que así nos hundiremos una vez más, que no podemos pagar ni ahora, ni en 2024, ni nunca. Que la única salida es dejar de pagar inmediatamente esta ilegal, inmoral e ilegítima deuda externa, romper con el FMI y el resto de los organismos financieros internacionales. Si los pulpos del establishment forman clubes de acreedores, nosotros tenemos que llamar a conformar un gran club de deudores a todos los países de Latinoamérica, siguiendo el ejemplo de lo hecho por varios países africanos, que se juntaron para plantear la condonación total de sus deudas externas. En medio de la emergencia de la pandemia del coronavirus, más que nunca se impone utilizar todos esos recursos que hoy están yendo a manos de los buitres especuladores para destinarlos a un gran fondo de emergencia y así atender las más urgentes necesidades sanitarias y de la crisis social. 

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

Cuando Ismael Carranza, junto con otros once vecinos del barrio Padre Mugica, subió al micro que lo llevaría al parador de aislamiento preparado por las autoridades, le dijeron que era para hacerles los análisis para Covid-19 y que en cinco horas volverían. En el destino había otros alojados, en espera de resultados. Un día después seguían esperando, juntos, sin que nadie los hubiera separado. En esas veinticuatro horas no hubo atención médica ni de enfermería, ni siquiera recibieron agua. En los baños se acabó rápidamente el jabón y el papel. Eso sí, les llevaron comida. “¿Por qué a nosotros no nos llevan a un hotel para estar cómodos y realmente aislados? Para esto nos hubieran dejado en casa”, dijo Ismael en un audio que recibió su familia.

Elsa, enfermera, madre de dos hijos, recordaba que dos meses antes decenas de pasajeros de Buquebus fueron aislados en ocho cómodos hoteles porteños, a cargo de la Ciudad de Buenos Aires, por la presencia de un caso sospechoso a bordo. Sin embargo, ahora, ante una explosión de contagio, ese precario alojamiento era lo que se les ofrecía a los vecinos de la antigua Villa 31. Flagrante inequidad a que son sometidos los habitantes de barrios cuya pobreza y desamparo se disimula con la denominación de “barrios vulnerables”.

La pandemia no ataca a todos por igual

 Comenzó en los sectores sociales que podían viajar al exterior y que viven en los barrios más acomodados de Buenos Aires, pero ahora está encontrando su ubicación social: la clase trabajadora y sectores populares. Las estadísticas son contundentes, el Boletín Epidemiológico Semanal de la Ciudad del 9 de abril de este año mostraba a las comunas 2 (Recoleta), 3 (Balvanera y San Cristóbal), 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez) y 14 (Palermo), de clase alta y media, como las que registraban la mayor cantidad de casos. Apenas un mes después la fórmula se invirtió. El 15 de mayo la misma fuente informa que la mayor cantidad de casos confirmados reside ahora en las comunas 1 y 7. En la comuna 1 se encuentra el barrio Padre Mugica (ex Villa 31 y 31 bis) y en la comuna 7, el barrio Padre Rodolfo Ricciardelli (ex Villa 11-14).

¿Cómo se vive en las villas? Radiografía del conurbano bonaerense

El Relevamiento Nacional de Barrios Populares realizado en 2017 revela que en todo el país existen 4.228 barrios populares, que en conjunto ocupan un total de 330 kilómetros cuadrados. Esto es una superficie más grande que toda la ciudad de Buenos Aires, cuya extensión es de 203 kilómetros cuadrados. Alrededor de 1.600 asentamientos se encuentran en el conurbano bonaerense. El relevamiento refleja también que más de 3.000.000 de personas (un total de 800.000 familias, la mitad de las cuales se encuentra en el conurbano) habitan en villas o asentamientos informales, una población algo inferior a la de la provincia de Córdoba o Santa Fe. Si bien no hay cifras que representen la totalidad, un estudio reciente realizado en el sur del conurbano bonaerense brinda datos reveladores de la situación de deterioro social de estos barrios. En el segundo semestre de 2019 la incidencia de la pobreza alcanzaba al 40,5% de su población, 5 puntos porcentuales por encima del promedio nacional. A su vez, para el cuarto trimestre de 2019, la desocupación era de 10,8%, contra 8,9% del promedio nacional (Indec, 2020). Las condiciones sociales de sus habitantes y la falta de servicios de agua, cloacas, electricidad y gas son similares en los barrios de todo el país.

Sin agua no hay prevención de contagio

La misma Elsa nos dice: “Había mil millones asignados para invertir en el agua. Pero pasó que el acueducto, que era para el barrio, fue aprovechado por la nueva sede del Ministerio de Educación de la Ciudad, un local de McDonald’s y la empresa Flechabus, en cuyo playón se lavan los coches con mangueras de alta presión. Por eso en el barrio no hay presión de agua, hay cortes rotativos por sector y a veces días y días sin agua. Eso va en perjuicio nuestro, hay más proliferación de bacterias y más enfermedades. La Justicia hizo lugar a un reclamo y dijo que era insuficiente la provisión de agua y que el Gobierno de la Ciudad debía proveerla, pero mandan un camión de 7.000 litros por barrio, que alcanza solo para 140 personas”. Esta carencia de agua, vital para la prevención, junto con las otras carencias y malas condiciones de vida, explica en parte que un laboratorio de la UBA haya detectado que el número de personas a quienes transmite el virus un infectado se haya duplicado de 1,2 a 2,3.

La explosión de casos en el barrio Padre Mugica se llevó la vida de dos referentes de los vecinos: Ramona Medina, dirigente de La Poderosa, y Víctor Giracoy, de raigambre radical, que desde hace veinticinco años comandaba el comedor Estrella de Belén.

También los pueblos originarios

Chaco, una de las provincias más castigadas, registra 556 casos positivos de coronavirus, de los cuales el 80% corresponde a la ciudad de Resistencia. Además, de ese total, 98 son pacientes de los pueblos originarios. En las últimas semanas se observa un incremento de la cantidad de confirmados, principalmente a partir de la transmisión comunitaria en los barrios Toba y Chillili de la ciudad de Resistencia.

Responsabilidad por las muertes evitables

Hay una disputa mediática entre el Gobierno de la Ciudad de Cambiemos con el nacional y el de la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos. La existencia de las villas con sus carencias de servicios elementales, el deterioro del sistema de salud y la falta de previsión es común a todos los gobiernos de turno. La responsabilidad ante este crimen social es compartida. Para hacer frente a la crisis sanitaria se requieren las medidas que el gobierno de Larreta, el de Kicillof y el de Fernández se niegan a tomar: un fondo de emergencia sobre la base de un impuesto a las grandes riquezas y el no pago de la deuda externa para garantizar recursos económicos para solventar el aislamiento con un subsidio de  30.000 pesos a cada trabajador, combatir el hambre y también fortalecer el sistema de salud.

Escribe Jorge Adaro, secretario adjunto Ademys-CABA

Luego de la radio abierta y el acto que realizamos frente al Ministerio de Trabajo, desde el Plenario del Sindicalismo Combativo estamos llamando a todos los sectores que lo integramos, a los trabajadores en lucha y a los nuevos dirigentes, delegados y activistas antiburocráticos a un plenario nacional abierto que realizaremos el miércoles 27 a las 17 de manera virtual. Participarán centenares de luchadores, como los que figuran en la foto que ilustra esta nota, Rubén “Pollo” Sobrero (ferroviarios), Alejandro Crespo (Sutna), Angélica Lagunas (ATEN), Alejandro López (ceramistas), Mariana Scayola (Ademys) y Guillermo Pacagnini (Cicop), entre otros.

Acabamos de realizar un acto del Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC) frente al Ministerio de Trabajo de la Nación, con una radio abierta que se transmitió a todo el país. Esta importante acción callejera, en plena pandemia, tuvimos que convocarla para dar una respuesta al fuerte ajuste que el gobierno nacional, los gobernadores y las patronales están aplicando contra los trabajadores y el pueblo. Y ante el hecho de que la burocracia sindical de la CGT y las CTA ha pactado con el gobierno y la UIA la rebaja salarial, abandonando a todos los trabajadores que estamos en conflicto.

En el acto hablamos integrantes de la Mesa Nacional del PSC y dirigentes de nuestros gremios, como nuestro compañero dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero, Alejandro Crespo, Guillermo Pacagnini e Ileana Celotto (AGD-UBA), entre otros.

Estuvieron presentes, saludaron y enviaron saludos dirigentes del PSC como Alejandro López y Angélica Lagunas, de Neuquén; los diputados del FIT Unidad y dirigentes sindicales Romina del Plá (Suteba La Matanza), Mónica Schlotthauer (delegada del Sarmiento) y Claudio Dellecarbonara (delegado Subte). También representantes de algunas de las luchas que están en curso, como los compañeros de La Nirva, mineros de Neuquén, enfermeros de la Interhospitalaria de CABA, del Hospital Italiano, médicos residentes y concurrentes, repartidores precarizados y de comidas rápidas, municipales de Jesús María -Córdoba-,  los de salud reincorporados en Tigre, docentes de Santa Cruz, Textil Iberoamericana, Frigorífico Penta, jubilados de Utjel y movimientos de desocupados, entre otros, confirmando la necesidad de unificar y coordinar las luchas en curso.

Mi compañero Rubén “Pollo” Sobrero saludó las luchas en curso y repudió la falsa campaña que hacen el gobierno y la burocracia contra los luchadores y la izquierda diciendo que con el sindicalismo combativo rompemos la cuarentena. “No somos los trabajadores los que rompemos la cuarentena. Son las patronales que nos empujan a salir a protestar ante las rebajas salariales, suspensiones y despidos o la falta de medidas de higiene y seguridad, con la complicidad de la burocracia de la CGT y el gobierno. Los reclamos durante la cuarentena son absolutamente legítimos y necesarios ante la rebaja salarial de 25%, la falta de comida, o los miserables 10.000 pesos a quienes hacen changas, mientras el gobierno pagó la semana pasada 320 millones de dólares de deuda externa y se niega a imponer un impuesto a la riqueza a Techint y a los grandes empresarios”.

En nombre de Ademys saludé a los sectores en lucha presentes y a los que no podían estar físicamente, como los estatales de Chubut y los choferes de Plusmar. Llamé a que sigamos avanzando en la organización y unidad de los que luchamos contra el ajuste y la burocracia. Tenemos el gran desafío de que todos los que estuvieron y saludaron el acto participen del plenario virtual que haremos el 27 de mayo como PSC. Que participen para hacer conocer sus conflictos y conocer a otros luchadores y otros conflictos. Que nos comuniquemos en todo el país con quienes están en lucha y con los dirigentes antiburocráticos que quieren recuperar los gremios para la democracia sindical y la defensa de los trabajadores. Para que todos juntos resolvamos qué medidas de acción tomamos para enfrentar los ajustes de los gobiernos y las patronales. Para que la crisis del coronavirus no la paguemos los trabajadores y el pueblo, que no se arriesguen más nuestras vidas para garantizar las ganancias de los empresarios y las multinacionales. Que los millones de dólares que se están usando para pagar la deuda externa se usen para resolver los enormes problemas que la pandemia genera en nuestras familias, para invertir lo que sea necesario en salud, en los hospitales públicos, en prevención, comida, para evitar hambre y muertes.

Tenemos que seguir fortaleciendo el PSC ante la tremenda traición de los burócratas sindicales que transan con el gobierno y las patronales para fortalecer un polo alternativo que promueva una nueva dirección en todo el movimiento obrero. Esa es la tarea del momento. Hicimos la radio abierta y construimos el PSC con ese objetivo fundamental, buscamos ampliarlo y desarrollarlo. Por eso llamamos a participar desde todo el país en el plenario del miércoles 27 a todos los que quieran coordinar las luchas y buscar una salida obrera a la crisis.

Escribe Mariano Barba

Pese a la represión, continúa con firmeza la lucha de los 238 mineros de Andacollo (norte neuquino, a 500 km de la capital) que trabajan en la mina de oro y plata. Reclaman el pago de dos sueldos caídos y la continuidad laboral. Al corte de la ruta nacional 22 que realizan desde hace quince días cercano a la capital neuquina, se suma el puesto de control que tienen instalado a la entrada de la mina cuidando las máquinas. Desde el último sábado treinta y tres mineros llegaron, en varias camionetas y trafics, burlando el control de la gendarmería por el desierto, y se instalaron en la ciudad capital, frente a la fiscalía que oficia de mediadora entre los trabajadores y el gobierno. Llevan dos meses y medio sin cobrar los haberes y la empresa yanqui Trident se declaró en convocatoria de acreedores y no está operando la explotación desde fines del año pasado. Esto significa que los trabajadores están prácticamente abandonados, sin perspectiva de continuidad laboral.

El gobierno del MPN es cómplice porque nunca controló la concesión a Triden ni la obligó a depositar el millón de dólares del contrato que hubiera permitido pagarles los sueldos por ocho meses a todos los obreros. A esta altura el gobierno debería tomar la administración estatal de la mina y garantizar la continuidad laboral.

El gobierno, como solución, apenas ofrece 20.000 pesos mensuales durante seis meses y no les garantiza la continuidad laboral. Por eso, día tras días los trabajadores rechazan esos “ofrecimientos”, mientras el gobierno endurece el cerco sobre ellos, generando verdaderos ghettos sobre los campamentos, tanto en la ruta 22 como en la capital. En este último, el domingo pasado, la policía impedía, por orden del fiscal, el ingreso de agua, alimentos y baños, una conducta inhumana y delictiva siendo que están acampando sobre asfalto y sin acceso a ningún inmueble. Fue una verdadera lucha, que encabezó nuestra concejala Angélica Lagunas, para que se permita el ingreso de esos elementos vitales. Cerca de la noche de ese domingo, entró por primera vez el agua, los alimentos y el acceso a un baño de la universidad próxima al campamento. Gran repercusión pública tuvo este evento, que fue festejado masivamente en las ciudades de donde provienen los mineros.

Para fortalecer su lucha, desde la Multisectorial organizada por el sindicalismo combativo de los ceramistas, docentes y otras organizaciones, se realizó una caravana el día viernes hacia el corte de ruta de los mineros, que próxima a llegar fue interceptada por la policía, obligando a que una delegación de los mineros se acercara y se organizara un acto de apoyo a su lucha y de repudio a la represión. Por último, este martes 19, como parte del sindicalismo combativo, hicimos una marcha hacia el campamento en Neuquén capital y compartimos un acto con los mineros allí instalados.