Escribe Pablo Almeida, delegado general ATE ministerio de Economía y dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad

En su discurso de asunción el presidente Javier Milei reiteró su propuesta de producir un ajuste del “gasto público” de proporciones siderales. Y remarcó que el eje del ajuste va a estar enfocado en el empleo público. En conferencia de prensa, al día siguiente, el vocero Adorni agregó que se revisarán cada uno de los contratos firmados en el último año en las distintas dependencias del Estado a la búsqueda de eliminar el “empleo militante”.  Y en su primer discurso el ministro de Economía Caputo fue más allá y  anunció que despedirán a aquellas trabajadoras y trabajadores contratados en el 2023.

Con estas declaraciones queda claro que uno de los focos donde el gobierno del ultraderechista Milei apunta los cañones es sobre los puestos de trabajo de decenas de miles de estatales con modalidades contractuales precarias. Aquí es importante aclarar que todos los últimos gobiernos han mantenido altísimos niveles de precarización laboral en el Estado nacional. En particular el saliente gobierno peronista de Alberto y Cristina Fernández incumplió el acuerdo paritario firmado en 2020 de pasar a planta permanente a 30 mil trabajadores con más de cinco años de antigüedad.

El otro punto central del ajuste que preparan es pisar o directamente congelar los salarios en el marco de una aceleración inflacionaria que según las declaraciones del propio presidente en enero puede subir al 40 o 50% mensual. La inmensa mayoría de las y los estatales tenemos hoy salarios que no alcanzan ni de cerca para el sostén de una familia y esta situación redunda en un altísimo crecimiento del pluriempleo.

Es importante destacar que estas medidas tienen el objetivo adicional de dar una señal a todas las patronales para avanzar sobre los puestos de trabajo, los salarios y las condiciones laborales del conjunto de la clase trabajadora del país.

En este cuadro es imperioso poner en pie la organización de las y los trabajadores estatales desde cada sector de trabajo. Con asambleas o reuniones abiertas sin importar la modalidad de contratación en cada sector de trabajo para empezar a organizar por abajo la resistencia al ajuste. Exigiendo a las conducciones de ATE que abandonen las divisiones por arriba que han abundado en los últimos diez años y que se pongan al servicio de esta pelea para organizar un movimiento masivo que pueda parar el brutal ajuste que intentan descargar sobre nuestras espaldas.
 

Escribe Mariano Barba

Tres días antes de la asunción del presidente Milei, se firmó la paritaria de las y los trabajadores aceiteros. El acuerdo lo firmaron las cámaras empresarias del sector y la Federación Gremial de Trabajadores Aceiteros, encabezada por Daniel Yofra del Sindicato de Aceiteros de Rosario.

Una declaración emitida por el sindicato detalla los términos del acuerdo, donde se ajusta el salario de diciembre a una inflación anual del 179 % y se fija un salario inicial para enero del 2024 de 888.715 pesos, además de una cifra fija de 576.863 pesos que se abonará en dos cuotas, en enero y febrero.  Y se agrega, como otro elemento del acuerdo, que si la inflación acumulada del 2023 superará el 179 % por Indec se modificaría el salario mínimo de enero. De esta forma el poder adquisitivo de las y los aceiteros se mantendría en un momento de altísima inflación que empeorará según las declaraciones del propio Milei.

El sindicato de aceiteros es un sindicato que viene defendiendo el salario y las condiciones de trabajo de sus afiliados con asambleas y medidas de fuerza desde hace varios años. Su capacidad de negociación también se explica por el sector industrial y el tipo de actividad que se desarrolla a partir de la producción de harina, aceite de soja, maíz, biodiesel, trigo y sus derivados.  Es una rama de la producción que está en el centro de las utilidades extraordinarias que embolsa la oligarquía agroalimentaria y las multinacionales, que además contaron durante el presente año de un dólar preferencial por parte del ex ministro peronista Massa. Ahora con Milei y su plan ya deben estar destapando champagne anticipándose a la navidad. Esas empresas de la “zona núcleo” especulan con el precio internacional de los commodities en alza y manejan la totalidad del negocio y nada dejan para cubrir las necesidades del país en materia de alimentos básicos a precios accesibles para el pueblo trabajador. Las principales son: Cargill, A.D.M. Agro y Bunge, Cofco, Aceitera General Deheza (AGD) y Vicentín. Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad  saludamos a las y los compañeros aceiteros por su triunfo, fruto de la movilización y la lucha, mientras seguimos planteando la expropiación y estatización de todas estas empresas para que se termine el negocio privado monopólico y antinacional de los alimentos.

Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora electa (CABA) Izquierda Socialista / FIT-Unidad

El gobierno ultraderechista y reaccionario de Javier Milei junto a Victoria Villaruel asumió anunciando una motosierra contra el pueblo trabajador. Tal como lo planteó en el discurso inaugural ese ajuste “inevitable” se hará sobre las áreas de educación, salud y trabajo, al servicio de pagarle al FMI. Desde el movimiento feminista nos tenemos que preparar para enfrentar en unidad lo que se viene y defender los derechos conquistados.

El cierre del ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad fue una amenaza que Milei ya adelantaba durante su campaña electoral. La reducción a secretarías de los ministerios de Educación y Salud, también. Recordamos aquel video que se hizo viral de él quitando papelitos al grito de “afuera” La mayoría de quienes trabajan en las áreas de educación y salud, son mujeres muchas de ellas precarizadas. Es decir que hay una especial saña del gobierno contra las trabajadoras, nos quiere despedidas engrosando las filas de la desocupación. Por eso, el movimiento feminista debe abrazar cada una de estas luchas en defensa de la educación, la salud pública y todos sus puestos laborales.

También es conocida la misoginia de Milei quien niega la brecha salarial, la violencia de género como problemática social y está en contra del derecho al aborto. Por eso, seremos las mujeres y las disidencias quienes debemos estar en la primera línea enfrentando cada uno de sus ataques a nuestras conquistas. Debemos estar a la altura de las circunstancias y desarrollar un movimiento feminista potente que frené la reacción patriarcal.

Que la fuerza de las pibas y pibis le gane a las fuerzas del cielo

Desde Isadora e Izquierda Socialista en el FIT-Unidad hemos venido impulsando durante todos estos años la movilización de las mujeres y disidencias de manera independiente de los gobiernos y del FMI. Siempre exigimos mayor presupuesto para combatir la violencia de género, para el pleno cumplimiento del derecho al aborto, para la igualdad salarial y para el cupo laboral, entre otras demandas.

Lamentablemente, organizaciones que se reivindican del feminismo popular se fueron acomodando en cargos dentro de ministerios, abandonando la movilización callejera como motor insustituible de cualquier lucha. Posicionamiento político que debilitó la potencia del movimiento feminista para enfrentar cualquier ataque a nuestras conquistas.

Ahora, Milei invocó a “las fuerzas del cielo” para ejecutar su plan motosierra contra el pueblo trabajador y en particular, contra las mujeres y disidencias. Ante ello decimos que es con la fuerza de las pibas y pibis en las calles que debemos enfrentarlo. Te invitamos a dar la pelea con Isadora e Izquierda Socialista en el FIT-Unidad porque no es momento de resignarse. Al revés, es momento de organizarse para enfrentar en unidad lo que se viene y defender cada uno de los derechos conquistados.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista / FIT-Unidad

Milei comenzó su mandato como presidente llevando adelante una de sus principales amenazas de campaña: el cierre del ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad que pasará a ser Secretaría bajo la órbita del nuevo Ministerio de Capital Humano. La nueva cartera estará a cargo de Sandra Pettovello, defensora de la “familia y la vida” y ex presidenta del partido de la Ucedé.

En oposición al movimiento feminista, la visión de Pettovello representa la reacción patriarcal y atrasada en materia de libertades para las mujeres y disidencias. Por eso debemos prepararnos para enfrentar cualquier ataque a nuestros derechos.

Un balance necesario

Desde la creación del ministerio de Mujeres, Género y Diversidad en 2019 nuestra agrupación Isadora junto con un sector del movimiento feminista que se mantuvo independiente al gobierno peronista de Alberto Fernández, Cristina y Massa,  venimos denunciando la falta de presupuesto para combatir la violencia de género. Hemos debatido con quienes utilizaron a dicho ministerio como forma de cooptación de referentes feministas que dejaron de denunciar la responsabilidad del gobierno frente a los femicidios y transfemicidios y junto a ello, el perjuicio que significa para las mujeres y disidencias el acuerdo con el FMI.

En lo que va del 2023, en el país del #NiUnaMenos la violencia patriarcal se llevó la vida de 315 mujeres y disidencias según el Observatorio Lucía Perez. Sin embargo, el ministerio de Mujeres, Género y Diversidad tenía uno de los presupuestos más bajos: de  los 19 ministerios, estaba ubicado en el puesto 17, y recibió el 0,2% del total de gastos previstos para el 2023. Casi la totalidad de su presupuesto, estaba destinado al programa “Formulación de Políticas contra la Violencia por Razones de Género”, que incluye los programas Acompañar, Acercar Derechos y la Línea 144, entre otros.
De acuerdo con esta base de datos del Indec, el ministerio de Mujeres, Género y Diversidad tenía hacia julio de este año un total de 1.263 personas empleadas, pero sólo 50 en planta permanente, entre las que se encuentran las trabajadoras de la línea 144. Es decir, más de 1.200 trabajadoras y trabajadores que están en total riesgo de perder su empleo, entre ellas personas travestis-trans producto de la precarización laboral heredada del gobierno peronista.

Ni un despido, ni un programa menos

Durante estos cuatro años exigimos presupuesto para el ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Siempre dijimos que la solución estaba en dejar de pagar la deuda externa para  que ese dinero se pueda destinar a solucionar los problemas de las mujeres y disidencias. No será quitando derechos, eliminando programas que funcionan de manera insuficiente o cerrando el ministerio, que se resolverán los problemas.

Con claridad decimos que el cierre del ministerio de Mujeres, Género y Diversidad es parte de un intento de ofensiva contra nuestros derechos, que solo reforzará el vaciamiento presupuestario y el desamparo de las mujeres y disidencias que sufrimos la discriminación y la violencia en todos los ámbitos. Por eso ante el cierre del ministerio y su conformación como secretaría, reclamamos derechos laborales plenos y estabilidad en sus puestos de trabajo, ningún despido de trabajadoras y ningún recorte del ya insuficiente Plan Acompañar, en la línea 144  y las políticas  para combatir la violencia de género.

Desde Isadora e Izquierda Socalista en el FIT-Unidad estaremos acompañando cada una de las luchas de las y los trabajadores ante los despidos o cierre de programas. Con la organización, la movilización y la unidad de acción en las calles podremos derrotar todos los planes de ajuste y cualquier intento de atacar nuestros derechos por parte del gobierno ultraderechista y reaccionario de Millei-Villarruel.

El Procurador del Tesoro de la Nación designado por Milei no solamente tiene un pasado vinculado al nazismo sino también es un vocero a favor de la penalización del aborto. En su juventud, participó de la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios, una organización política ligada al Movimiento Nacionalista Tacuara, cuya tendencia estuvo relacionada al nazismo. En los años 90, Barra ejerció como ministro en la Corte Suprema de la Nación durante el gobierno privatizador y hambreador de Carlos Menem. Desde el 13 de mayo hasta el 24 de agosto de 1994, fue Convencional Constituyente Nacional y fue quien propuso que la prohibición del aborto tenga rango constitucional. Desde el 19 de noviembre de 1997 se desempeñó como asesor presidencial para las cuestiones vinculadas a la protección de los derechos de la persona por nacer. Un declarado antiderechos de las mujeres y disidencias.