“Ahora más que nunca hay que garantizar el paro con movilización de la CGT del próximo 24 para derrotar todo el DNU y la ley ómnibus, como parte de un necesario plan de lucha nacional que tenemos que reclamar”, señaló el diputado Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista en el FIT Unidad.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo suspendió los efectos de la reforma laboral incluida en el DNU 70/2023 de Milei. Hizo lugar a una cautelar pedida por la CGT. El argumento central de la justicia es que no están acreditadas ni la necesidad ni la urgencia que justifiquen eludir al Congreso para dictar un DNU con tan importantes y numerosas medidas en materia laboral.

Giordano señaló: “Es tan brutal el ajuste y la arbitrariedad de Milei para gobernar por decreto contra el pueblo trabajador que hasta la justicia suspendió las medidas antiobreras incluidas en el DNU. Esto es un revés para el gobierno que quería que la decisión no la tomara un tribunal del Trabajo y pasara a la justicia Contenciosa Administrativa que postergara todo para más adelante. Si bien queda resolver la cuestión de fondo, esto nos da la razón a quienes venimos sosteniendo desde el sindicalismo combativo y la izquierda que el ultraderechista Milei quiere gobernar con plenos poderes para aplicar un brutal ajuste, saqueo y entrega con represión, lo cual hay que impedir.”

Giordano finalizó: “Esto indica que se pueden hacer retroceder las nefastas políticas del gobierno con lucha y movilización, como se hizo el 20 de diciembre, con los cacerolazos y en la marcha del 27. Ahora hay que redoblar la convocatoria al paro general del 24 de enero con movilización para derrotar todo el DNU y la ley ómnibus. Por un aumento inmediato de salario y jubilaciones. Contra los despidos que ya hay por miles en estatales, donde ATE convocó a una jornada de lucha el próximo 15 de enero. La CGT debe convocar a asambleas y plenarios de delegados para garantizar el paro y para que seamos decenas de miles frente al Congreso el próximo 24, donde exigiremos un plan de lucha nacional.”

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Ley de los mil días
Reemplaza "personas gestantes" por "madres embarazadas", eliminando a las disidencias
Modifica el inicio de los 1000 días que en la Ley original comenzaba en la semana 12 de embarazo y propone que se inicie desde "la concepción del niño", retrotrayendo un debate ya superado por la ciencia y por la #MareaVerde que conquistó el derecho al aborto legal.

Ley Micaela
Reduce en la Ley Micaela, la "violencia de género" a la "violencia intrafamiliar", negando el carácter constitutivo de la violencia patriarcal en la sociedad capitalista que hace que las mujeres y disidencias suframos violencia machista en todos los ámbitos en los que nos movemos.

Código Civil
Elimina el principio de "autonomía progresiva" del Código Civil y Comercial, negando la voluntad de quienes con 16 años eligen interrumpir un embarazo no deseado.

Movilidad Jubilatoria
Suspende la movilidad jubilatoria dejando a discreción del PE los aumentos según "criterios de equidad y sustentabilidad económica".
La mayoría de quienes perciben jubilaciones y pensiones (mínimas) son mujeres.

¡Enfrentemos la Ley Ómnibus, el decretazo de Milei y el protocolo de Bullrich en unidad y en las calles!

Sumate a dar la pelea junto a Isadora y Disidencias en Lucha

#milei #argentina #mareaverde #feministas #abortolegal #cupolaboraltravestitrans #leydeidentidaddegenero

El plan anunciado por Javier Milei de prorrogar el presupuesto 2023 pone en grave peligro la continuidad de la universidad pública. Ante un panorama de inflación descontrolada, mantener el mismo presupuesto, significa que probablemente en muy pocos meses las universidades nacionales podrían no contar con plata para su funcionamiento.

El ataque de Javier Milei a la educación pública es sin precedentes, busca agotar el presupuesto de las universidades para avanzar en su privatización.

A esto se le suma en el dia de ayer la presentación de la “Ley Ómnibus”, donde se abre la posibilidad a que las universidades sean aranceladas para extranjeres. Un ataque al acceso irrestricto a la educación que no podemos permitir que suceda.

Sin lugar a dudas estas medidas se apoyan sobre el desfinanciamiento brutal que ya sufren las universidades, responsabilidad del gobierno de Alberto Fernández, con un presupuesto insuficiente, becas que no alcanzan y salarios de miseria para nuestros docentes.

Pero esto es una escalada más profunda, les estudiantes ya estamos sufriendo día a día el plan motosierra que pulveriza nuestros salarios y en ese marco plantean subir el boleto para que no podamos ni ir a estudiar ni a trabajar.

Con el presupuesto educativo para universidades congelado, podría en poco tiempo no haber plata para las becas a les estudiantes que lo necesiten, para los salarios de nuestres docentes y hasta la luz para que funcione la facultad. Lo que se pone en juego es si les laburantes vamos a poder seguir accediendo a la educación pública o no. Es un grave atentado contra el derecho a la educación pública y gratuita.

Ante este panorama, así como le exigimos a la CGT y las CTAs que convoquen a un paro general y plan de lucha nacional, exigimos a las federaciones y centros de estudiantes en manos de la Franja Morada y el peronismo que salgan de su inmovilismo y convoquen a un plan de lucha ya.

Desde JIS (Juventud de Izquierda Socialista) te invitamos a que te sumes con nosotres a pelear en defensa de la educación pública. Llamemos a asambleas estudiantiles en todas las facultades para poner de pie al movimiento estudiantil contra el DNU, el protocolo y la Ley Ómnibus.

Junto a decenas de organizaciones feministas, colectivas antipatriarcales, movimientos sociales y de Derechos Humanos entregamos esta mañana una carta en la Cancillería en la que expresamos nuestro repudio al genocidio ejercido por el Estado de Israel al pueblo palestino.

Denunciamos que durante los últimos 70 días han asesinado y desaparecido bajo los escombros a casi 30,000 personas, víctimas de ataques y operaciones de la fuerza militar israelí (FDI). El 70% de ellas eran infancias y mujeres.

Repudiamos la decisión del gobierno argentino de no apoyar la demanda de cese al fuego realizada en las Naciones Unidas (ONU) y exigimos que condene los crímenes de lesa humanidad ejercidos por Israel contra el pueblo palestino y se comprometa a exhortar por el cese al fuego permanente y definitivo.
Redoblamos nuestra más firme solidaridad internacional con el pueblo palestino y por todas las víctimas del genocidio decimos: no en nuestro nombre.

¡Viva Palestina libre!

Escribe Daniel Vera, docente, militante de Izquierda Socialista, miembro de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina

A 47 años del último golpe cívico-eclesiástico-militar y a 40 años del retorno de la democracia, la huella del modelo económico y social impuesto por el régimen de facto que gobernó durante siete años la Argentina, sigue impregnando la sociedad y el sistema jurídico que nos rige. El 10 por ciento de las leyes que hoy están vigentes fueron sancionadas entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 1983. Entre ellas, buena parte de los beneficios que ostenta hasta ahora la Iglesia Católica.

Seis leyes de los gobiernos de facto (los decretos ley 21.540, 21.950, 22.430, 22.162, 22.552 y 22.950), conceden privilegios económicos al clero de la Iglesia Católica. Sus beneficiarios son arzobispos, obispos, sacerdotes y la formación del clero católico (seminaristas). Esas normas de la dictadura disponen que el gasto que demande su cumplimiento se tomará de Rentas Generales u otros fondos públicos estatales.

En marzo de 2018, con motivo del informe del entonces jefe de gabinete, Marcos Peña, al Congreso de la Nación, se volvió a poner en debate público la cuestión del financiamiento estatal a la Iglesia Católica Apostólica Romana, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. En ese ejercicio, recibió unos $ 130 millones. El reciente Proyecto de Presupuesto nacional 2023 plantea una partida de $ 188.736.068. A esto hay que sumarle las exenciones fiscales, los subsidios educativos y otras ayudas de carácter nacional, provincial y municipal que perciben la Iglesia Católica y sus instituciones.

La historia de nuestro país demuestra las numerosas situaciones en las que el debate político y legislativo estuvo atravesado por la voz oficial de esta institución, subvencionada con dinero público, en asuntos de derechos para la ciudadanía, a los que la Iglesia Católica encontraba “controvertidos” desde el punto de vista de su moral: las leyes de divorcio, matrimonio igualitario, Educación Sexual Integral, interrupción voluntaria del embarazo, entre otras. Su intrínseca misoginia es moneda corriente en estos debates sobre nuestros derechos.

Si bien es cierto que, como toda institución, tiene derecho a expresar su opinión, estos privilegios, solventados por el Estado, menoscaban la igualdad que supone el sistema democrático.

Quienes fuimos víctimas de abusos por parte de curas, obispos o monjas, somos conscientes que no solo luchamos a nivel judicial por la imprescriptibilidad del delito (“el derecho al tiempo de las víctimas”), sino que debemos enfrentar a la Iglesia Católica que, empoderada por el Estado y en connivencia con él, usa todo su poder para revictimizar a quienes nos consideramos sobrevivientes de tales agresiones y a no encontrar justicia. La absolución de las 9 acusadas en la Megacausa del Próvolo 3, el 18 de octubre pasado en Mendoza, es ejemplo suficiente del horror que produce esta connivencia entre estas dos instituciones.

De todos los partidos políticos de nuestro país, solo el Frente de Izquierda-Unidad tiene en su programa la SEPARACIÓN de la IGLESIA del ESTADO.

Por todo lo dicho, nos parece de suma importancia mantener este debate en el ámbito público, para que toda la ciudadanía esté informada y pueda comprender la importancia y alcance de esta lucha que es a favor del pleno y libre acceso a nuestros derechos.