Escribe Miguel Lamas, dirigente de la UIT (CI)
Al cierre de esta edición, Pedro Castillo, candidato a presidente de Perú Libre, está triunfando por un reducido margen, según el conteo oficial. Mientras, Keiko Fujimori denuncia un supuesto “fraude sistemático” sin dar ningún indicio, mostrando así su intención de desconocer el triunfo de Castillo. Se amplía así el giro electoral a la izquierda de la primera vuelta.
Las elecciones se dieron en medio de una profunda crisis económica y de salud. Perú es uno de los países del mundo con más víctimas por habitante por la pandemia de Covid-19. El modelo económico capitalista de privatizaciones, corrupción, minería multinacional depredadora y de destrucción de la legislación laboral hundió en la pobreza a millones de peruanos.
Pedro Castillo tuvo votaciones superiores a 80% en el sur del país por el apoyo de importantes sectores campesinos que lucharon contra las multinacionales mineras que destruyen la agricultura. Se consolidó un amplio giro electoral a la izquierda de millones de trabajadores y trabajadoras de la ciudad y el campo que no pudo impedir la abrumadora propaganda de la derecha acusando a Castillo de “comunista y senderista”.
Mientras, en Lima ganó Fujimori, principalmente en los barrios de clase media y media alta.
El resultado sobre 97% de las mesas de votación daba a Pedro Castillo como ganador, con 8.596.000 votos, y segunda a Keiko Fujimori, con 8.512.000 votos.
Las denuncias de fraude carecen de pruebas y son absurdas porque la alianza de partidos de derecha que apoyó a Fujimori es la que controla el órgano electoral. Es decir, si pudo haber algún fraude fue a favor de Fujimori, pero no fue suficiente para dar vuelta el resultado.
El voto a Pedro Castillo canalizó la bronca de millones
Pedro Castillo, maestro rural, de origen campesino indígena, se hizo conocido cuando encabezó en 2017 una gran huelga de tres meses del magisterio peruano desafiando a la dirección burocrática del sindicato y al gobierno derechista de Pedro Pablo Kutzinsky, que quería liquidar el estatuto del magisterio.
Castillo fue la sorpresa de la primera vuelta cuando logró el primer lugar con el 19 por ciento. En la segunda vuelta se produjo este vuelco masivo de millones de maestros, obreros y campesinos. Tuvo el apoyo electoral de sectores de centroizquierda, como el de Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) y el de Marco Arana (Frente Amplio), así como de las organizaciones sindicales, obreras y campesinas y del movimiento No a Keiko. También del Partido de los Trabajadores-Uníos (sección peruana de la UIT-CI) y Alternativa Socialista (AS) de Ayacucho.
Pero lo central es que Pedro Castillo canalizó la bronca y el odio de millones de pobres de Perú hartos de los gobiernos patronales y corruptos que responden a los intereses de las multinacionales y los empresarios.
También esos millones votaron contra Keiko, hija del dictador Alberto Fujimori, actualmente preso por corrupción y por asesinatos bajo su gobierno. Keiko Fujimori también está procesada por haber recibido millonarias coimas de la multinacional constructora Odebrecht. Si pierde, como el escrutinio lo indica, podría ir presa.
Keiko Fujimori recibió el apoyo de los partidos más corruptos y derechistas (APRA, PPC, APP, PP), las corporaciones empresariales (Confiep y otras) y de toda la derecha imperialista, encabezada por Vargas Llosa, desde el exterior. Hicieron una fuertísima campaña anticomunista acusando a Pedro Castillo de ser miembro de Sendero Luminoso, organización guerrillera de la década del ’80, hoy inexistente.
“Avancemos para derrotar a Keiko, la derecha y los capitalistas”
El Partido de los Trabajadores-Uníos (UIT-CI) y Alternativa Socialista de Ayacucho, que fueron parte de la campaña por el voto a Pedro Castillo, llaman a movilizarse para defender el voto popular y convocan a la lucha contra esa derecha “para sepultarla junto a su Constitución, su modelo económico y su régimen podrido que todos los gobiernos ‘democráticos’ sostuvieron”.
“La crisis capitalista más grande de la historia demostró una vez más el fracaso del modelo hambreador responsable de los más de 180.000 fallecidos por el privatizado sistema de salud ante la pandemia, de los millones de despidos [...] y del 75 % de trabajadores que sobreviven en la informalidad, sin derechos […] los capitalistas se llevan la plata del pueblo para sostener sus ganancias con millonarios subsidios, que en los últimos 10 años[…] le robaron al pueblo 130,000 millones de soles (34.000 millones de dólares) ¡monto equivalente a todo el presupuesto anual del año 2015! Y el FMI espera gustoso recibir 47.000 millones de soles (12.000 millones de dólares) por pago de deuda externa aprobados por el Congreso para el 2021, mientras el sistema de salud para más de 30 millones de peruanos recibe menos de la mitad!”
PT-Uníos y AS señalaron que Pedro Castillo “solo plantea limitadas medidas parciales y redistributivas”, pero no las medidas de fondo necesarias para superar la crisis. Como también que en su programa propone “el tipo de propuestas de la vieja izquierda de gobernar con empresarios y políticos patronales que ya han fracasado, como lo demostraron los gobiernos de Maduro en Venezuela, o Lula-PT en Brasil” (declaración del 19/5/2021).
“Ante esta situación es que los socialistas revolucionarios, quienes luchamos para terminar no solo con el modelo sino también con el sistema de explotación capitalista, acompañamos al pueblo y llamamos a votar a Pedro Castillo […] desde la independencia de clase, sosteniendo la lucha y la organización para imponer las medidas de fondo […] que el pueblo necesita, que no puede ser negociado en alianzas y acuerdos con los enemigos del pueblo”.
“¡Para derrotar al modelo y el sistema hambreador sostengamos la movilización y lucha por una salida obrera, popular y campesina para que la crisis no la paguen los trabajadores y los pueblos, que la paguen los capitalistas!”
8 de junio de 2021
Escribe Miguel Lamas, dirigente de la UIT-CI
Se cumplen, este miércoles 9, 42 días de paro nacional, manifestaciones y bloqueos en las principales ciudades colombianas donde jóvenes, trabajadores, indígenas y campesinos exigen salud, vacunación, trabajo, una renta básica, respeto a los territorios indígenas, la disolución del Esmad (policía antidisturbios) y ¡fuera Duque! La represión realizada por la policía y los paramilitares (civiles armados por el ejército) ya ocasionó sesenta muertos y miles de heridos. Y Duque decretó la intervención militar en nueve departamentos.
Mientras tanto, la conducción burocrática del Comité Nacional de Paro (CNP), integrado por tres centrales obreras y gremios del magisterio, que viene negociando con Duque, se levantó de la mesa de negociaciones porque, dicen, se había alcanzado un “preacuerdo” sobre “garantías mínimas para la protesta social”, pero Duque no lo aplica.
Por su parte, el gobierno de Duque dice que sí quiere acuerdo y que va a reformar a la policía dándole clases de “derechos humanos”.
Para este miércoles 9 de junio, el CNP convocó a una gran manifestación, la “toma de Bogotá”.
Tras declararse “autónoma” del CNP, se reunió en Bogotá la Asamblea Nacional Popular los días 6, 7 y 8 de junio, con unos dos mil participantes (entre presenciales y virtuales), representantes de jóvenes de la primera línea de diferentes regiones, comunidades campesinas e indígenas, asambleas populares de barrios y bloqueos, colectivos de mujeres y organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Nuestro partido hermano, Colectivos Unidos, participó con representantes de Cali y Bogotá.
Aunque con limitaciones, y sin plantear con claridad la consigna de las calles ¡fuera Duque!, la Asamblea Nacional Popular es un primer paso para coordinar el inmenso movimiento de rebelión popular. Entre sus resoluciones rechaza “las negociaciones del CNP con un gobierno genocida a espaldas de la mayoría movilizada”, llama a continuar el paro nacional y a realizar una nueva sesión de la Asamblea Nacional Popular el próximo 17 de julio en Cali.
Con inmenso dolor comunicamos el fallecimiento de Susana Zaldúa, referente de la lucha por los derechos humanos e histórica militante socialista.
Desde su temprana juventud, en los años ´60, Susana fue activista estudiantil en la ciudad de La Plata. Por aquellos años ingresó a la corriente morenista en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), su continuación en el PRT La Verdad y luego en el Partido Socialista de los Trabajadores (PST).
El accionar de las bandas fascistas (Triple A y CNU), amparadas por el gobierno peronista de Isabel, le arrebató a su hermana, Adriana Zaldúa, en la Masacre de La Plata de los días 4 y 5 de septiembre de 1975, junto con otros siete jóvenes militantes del PST.
Continuó su militancia en la Regional Sur del Gran Buenos Aires del PST y, tras la caída de la dictadura, siguió militando en el viejo MAS, siendo referente de la oposición combativa y democrática a la burocracia de Zanola en el sindicato bancario.
Hasta el último suspiro continuó la lucha por justicia para Adrianita y los compañeros y compañeras del PST. Así lo hizo en las rondas de los jueves militando junto a Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, Mirta Baravalle, Elia Espen y Pepa Noia, y en todas las luchas por los derechos humanos en las que participaba incansablemente.
Susana también fue impulsora y pilar fundamental de la Comisión por Verdad y Justicia de la Masacre de La Plata, junto a sus hermanas Nora y Graciela, familiares, compañeros y amigos de los ocho militantes asesinados. Desde allí se impulsó y se continúa impulsando la lucha por justicia para todas y todos los militantes del PST asesinados y detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado. Además fue miembro de la Comisión Ana María Martínez.
Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad acompañamos en este triste y difícil momento a sus familiares, amigos e históricos compañeros y compañeras de la corriente morenista que militaron con Susana, y renovamos nuestro compromiso de luchar por la justicia que merecen todos y todas las militantes del PST víctimas del terrorismo de Estado.
¡Hasta el socialismo siempre, Susana!
La crisis de la pandemia ya alcanza niveles de descontrol. Los números récord de contagios, de fallecidos y las terapias intensivas colapsadas son la postal que llevó al gobierno de Alberto Fernández a reconocer que nuestro país no estará en condiciones de ser sede de la Copa América a quince días de su inicio.
Pasaron los diez días de las nuevas restricciones y cierres y ahora se volvió a abrir todo para que, obviamente, las grandes patronales, sigan con sus superganancias, más allá del riesgo de contagio para los trabajadores, obligados a viajar como ganado en los medios de transporte, la inmensa mayoría sin estar vacunados. El discurso del gobierno nacional del Frente de Todos sigue dirigido a echarle la culpa a la falta de cuidados, ofreciendo como única salida los confinamientos de los fines de semana.
Además del drama de la pandemia, en los lugares de trabajo y en los barrios populares hay otras preocupaciones, los aumentos, la desocupación y la miseria. Los salarios ya llevan cuatro años perdiendo contra la inflación. Y los puestos de trabajo se vienen perdiendo de a centenas de miles desde el comienzo de la pandemia. Los jubilados que cobran la mínima, la inmensa mayoría, recibirán un “aumento” de 1.000 pesos por mes como única compensación hasta septiembre. Mientras tanto, los precios de los bienes de la canasta familiar siguen subiendo casi semana a semana. La burocracia sindical de la CGT y las CTA, frente a esta realidad, sigue manteniendo su pacto con el gobierno, firmando paritarias de 35% anual en cómodas cuotas, cuando la inflación superará el 50 por ciento. Su única preocupación aparece cuando se ponen en riesgo sus cajas de las obras sociales.
El gobierno de Alberto Fernández, mientras fracasa en su plan para la pandemia, sigue poniendo su centro en las negociaciones con el FMI. Tanto el presidente como el ministro Guzmán se la pasan tratando de convencer al establishment económico y político internacional mostrando sus “méritos” (léase el ajuste en el gasto social de 2021, con menos fondos para la pandemia que el año pasado, o con jubilaciones creciendo por debajo de la inflación). Discuten solamente si firman ahora con el Fondo o tratan de patearlo para después de las elecciones.
En medio de esto, se conoció una declaración de un sector del kirchnerismo que planteó “primero la salud y la vida, después la deuda”, afirmando que no habría que pagar nada hasta que termine la pandemia. Un planteo con el que podríamos acordar, aun en su parcialidad, pero que se contradice con la realidad que explicamos antes. El gobierno del que es parte fundamental el peronismo kirchnerista está totalmente abocado a firmar, más temprano que tarde, un programa de mayor ajuste con el FMI.
La oposición patronal de Juntos por el Cambio, mientras tanto, sigue enfrascada en su interna, con un Larreta que continúa sometiendo a los docentes sin vacunar al riesgo del contagio, o un Macri que trata de ganar puntos apareciendo en televisión con Juana Viale, supuestamente autocriticándose de “lo que hizo mal”, para postularse a volver y “hacerlo mejor”. Su propuesta no engaña a nadie, es la de siempre, más privilegios para las grandes patronales y ataques permanentes al pueblo trabajador.
Ambos, gobierno y oposición patronal, cada vez se encierran más en la pelea electoral, lejos, muy lejos, de las demandas más urgentes que se escuchan cotidianamente.
Es cierto, en este escenario, que crece la bronca contra el gobierno. Pero también que hay compañeros que nos dicen que “otra cosa no se puede hacer” porque la pandemia es algo que nos supera.
No negamos que estamos ante una situación excepcional. Una real emergencia mundial. Por eso decimos que hacen falta soluciones de fondo, como las que proponemos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad. Un programa de emergencia que atienda tanto la emergencia sanitaria como la social.
Coincidimos en que no habrá solución para muchas cosas hasta que el conjunto de la población esté vacunada. Y que las vacunas entran a cuentagotas. Pero sí es posible avanzar. Para ello basta incautar las vacunas que está produciendo mAbxience en la planta de Pilar, propiedad de Hugo Sigman, el empresario amigo de Alberto Fernández. Allí se siguen elaborando millones de dosis que se envían al exterior, a la multinacional AstraZeneca. Ahí está la solución para vacunar ya mismo a todas y todos.
Al mismo tiempo, tenemos que resolver el colapso en que ya está sumido nuestro sistema sanitario. Es necesario proceder a centralizar todos los recursos de la salud pública, del sistema privado y también de las obras sociales. Y, por supuesto, dotarlo de los medios financieros necesarios, con más puestos para personal de la salud y con los salarios correspondientes para que no tengan que recurrir al pluriempleo.
Nuestro programa de emergencia se completa con medidas para atender la emergencia social. Hay que terminar con la miseria, el desempleo y la marginación social. Para eso hay que establecer un aumento salarial de emergencia para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar (establecido por los trabajadores de ATE Indec en 96.800 pesos). Otorgar un incremento a las jubilaciones que lleve el mínimo al valor de la canasta de la tercera edad, hoy en 62.000 pesos. Al mismo tiempo, disponer un ingreso de emergencia, como el IFE, de 40.000 pesos, para todo el que lo necesite. Además se deben poner en marcha medidas para ayudar a los pequeños comerciantes.
Todo esto requiere dinero. Y esa plata está. Es la que hoy se utiliza para cumplir con los vencimientos de la deuda externa. Por eso planteamos que es básico y primordial dejar de pagar la deuda y romper los lazos políticos y económicos que nos atan al FMI. Con ese dinero, más el que se podría obtener con un auténtico impuesto a la riqueza donde paguen los bancos, las transnacionales y todas las grandes empresas que amasan superganancias, habría más que de sobra para financiar un programa de emergencia de estas características. Porque es posible, lo necesario es movilizarse para imponerlo.
Como respuesta al feroz ataque al diputado nacional Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda-Unidad, por parte de organizaciones y periodistas afines al sionismo, que llegó incluso a plantear que se lo debe expulsar del Congreso Nacional, hemos iniciado una campaña nacional e internacional de repudio por esta ofensa y de solidaridad con nuestro compañero y la causa palestina.
Escribe Adolfo Santos
En pocos días llevamos recolectadas miles de firmas. Esto refleja que el apoyo no es solo al diputado Giordano, sino también a la heroica lucha del pueblo palestino, que ha generado una profunda simpatía a nivel mundial y un repudio creciente a las políticas criminales del sionismo, lo que se vio reflejado en las grandes movilizaciones realizadas en varios países.
Importantes personalidades del ámbito internacional y nacional levantan sus voces para oponerse a la política de apartheid y genocidio contra el pueblo palestino y para dejar en claro que no conseguirán callar a los que se oponen a estas políticas. Entre esas voces se destacan Adolfo Pérez Esquivel (ex premio Nobel de la Paz, Servicio de Paz y Justicia), Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora), Tilda Rabi (Federación de Entidades Argentino-Palestinas), Noam Chomski (profesor del MIT), Eric Toussaint (Comité para la Anulación para las Deudas Ilegítimas, sede Bruselas), Victoria Montenegro (legisladora del Frente de Todos en la Legislatura porteña, nieta recuperada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos), Ofelia Fernández (legisladora porteña del Frente de Todos), Pablo Carro (diputado nacional del Frente de Todos), Juan Carlos Alderete (diputado nacional del Frente de Todos), Ricardo Forster (Carta Abierta), Norman Briski (actor), Mabel Bellucci (referente feminista queer), Luis Zamora (ex diputado nacional y dirigente de Autodeterminación y Libertad), Patricia Walsh (ex diputada nacional), Juan Cruz Komar (futbolista Talleres de Córdoba) y Alejandro Bercovich (periodista). Cuauhtémoc Cárdenas (ex candidato presidencial de México), Yaku Pérez (ex candidato presidencial de Pachakutik de Ecuador), James Petras (profesor universitario de Estados Unidos y luchador antiimperialista), Marichuy (vocera del Congreso Indígena de México), Alí KenaNoglu (diputado del Partido Democrático del Pueblo -HDP- de Turquía, alianza integrada por el movimiento kurdo y sectores de la izquierda turca), Nicolás Del Caño (diputado del PTS/FITU de Argentina), Ricardo Antunes (sociólogo de Brasil), Enrique Fernández Chacón (diputado nacional del Partido de los Trabajadores-Uníos del Perú), Babá (CST/PSOL, Brasil), Nuevo Partido Anticapitalista (NPA) de Francia, João Pascoal (coordinador de la Comisión de los Trabajadores de BST-Banco Santander, de Portugal). También llegaron adhesiones desde la Franja de Gaza, del movimiento kurdo y de diversas expresiones políticas del Norte de África y Medio Oriente, así como de personalidades y organizaciones políticas, sociales y sindicales de toda América latina.
Estas adhesiones demuestran que crece en el mundo el rechazo a la ocupación colonial del territorio palestino.
La campaña es exitosa porque empalma con un sentimiento mundial cada vez más generalizado contra las políticas del sionismo. Seguimos sumando firmas y agradecemos todas y cada una de ellas, que son la mejor expresión de la existencia de un gran movimiento mundial de solidaridad con la lucha palestina.