Escribe José Castillo

Esta semana venció una deuda con el Club de París por 2.400 millones de dólares. Al no pagarse, empezó a correr el plazo de sesenta días antes de que formalmente se decrete el “default” y se nos carguen intereses punitorios por 2.000 millones de dólares más. La “alternativa” es que se avance con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. O sea, renegociar un mayor ajuste a cambio de una pequeña prórroga en el plazo para pagar esa deuda.
La deuda externa argentina con el Club de París (apenas un pedazo, hoy menor) de toda la deuda argentina, es un ejemplo en sí mismo de lo inmoral e ilegítimo de todo este auténtico monumento al saqueo.
El Club de París es una organización informal de los países imperialistas creada para cobrar conjuntamente las deudas bilaterales a los países dependientes o semicoloniales. Son miembros los países más importantes del mundo: Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea del Sur, Holanda, Noruega, Rusia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.

El origen de nuestra deuda con este grupo es desopilante y sería cómico si no fuera por la tragedia de que se paga con el hambre y la miseria de nuestro pueblo. La mayoría de los créditos que se renegocian en el Club de París básicamente son garantías de créditos de exportación de los países centrales a sus propias empresas transnacionales en la época de la dictadura militar. O sea, préstamos de países imperialistas a sus empresas, que no se pagaron, que luego, en 1982, fueron estatizados por Domingo Cavallo y endilgados al Estado argentino.

Alemania, principal país acreedor, también lo es por préstamos otorgados, nuevamente en la época de la dictadura militar, para la compra de armamento, telecomunicaciones y energía nuclear, entre otros rubros. La deuda también incluye 900 millones de dólares a Holanda por el gasoducto a cargo de la sociedad Cogasco, un préstamo privado que se transformó en el principal beneficiario de la estatización de la deuda externa por parte de Cavallo en 1982. Hay, además, 60 millones de dólares de un crédito de España  al Banco Nacional de Desarrollo (Banade) para financiar la compra de una planta de cemento en el Noroeste argentino a una firma que quebró antes de finalizar su tarea.
Pero tal vez el hecho más escandaloso de todos sea el de la deuda de 80 millones de dólares por dos helicópteros que la Argentina le encargó en la dictadura a la empresa británica Westland, con financiamiento europeo, pero que nunca llegaron debido a la guerra de Malvinas. ¡Sin embargo, todos los gobiernos argentinos posteriores aceptaron que correspondía la deuda por los helicópteros!

Después de la dictadura, el gobierno de Alfonsín reconoció como válidas todas estas estafas en la negociación con el Club de París de 1985 y 1987. También lo hizo Menem, en tres nuevas renegociaciones, en 1989, 1991 y 1992.
En 2001, producto del Argentinazo, la deuda con el Club de París estuvo dentro de lo que se dejó de pagar. La nueva negociación la llevó adelante Axel Kicillof durante el gobierno de Cristina Fernández, aceptando que la deuda se incrementara de 6.000 a 9.000 millones de dólares, una tasa de interés astronómica y el mecanismo de que, en caso de que el país nuevamente incurriera en atrasos en los pagos, se aplicarían multas que prácticamente duplican la cuota a pagar en cuestión. Eso es lo que está sucediendo en estos momentos.
El Club de París es una anécdota más, tal vez la más escandalosa, de la estafa de la deuda externa argentina. Una demostración blanco sobre negro de que no tenemos salida si no repudiamos inmediatamente y dejamos de pagar de una vez por todas estas deudas ilegales, inmorales y, además, absolutamente impagables.

Escribe Guido Poletti

Mientras el gobierno del Frente de Todos mantiene como prioridad la renegociación de la deuda externa (el año pasado con los acreedores privados y ahora con el FMI), viene cumpliendo con todos y cada uno de los vencimientos que le van cayendo.
Así, al día de hoy, nuestro país ha abonado en concepto de pagos de deuda 7.100 millones de dólares. Esto incluye los 6.000 millones que se pagaron el año pasado y los 1.100 de este año por vencimientos de cuotas de intereses con el propio FMI.
Se trata de más de un billón de pesos. Con ello prácticamente se podría haber duplicado todo el dinero que se puso para atender la pandemia. ¡Ahí está la plata para atender tanto la emergencia sanitaria como la social!

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Escribe Pablo Almeida, delegado general ATE-Ministerio de Economía y legislador porteño Izquierda Socialista/FIT Unidad

El gobierno nacional acordó la semana pasada con las conducciones burocráticas de ATE y UPCN la paritaria por doce meses a partir de junio 2021, 35% en seis tramos a terminar de cobrar en mayo de 2022. Este pacto constituye, por donde se lo mire, una vuelta de tuerca del ajuste en el Estado. Desde la Interjuntas de ATE se está organizando el rechazo a este acuerdo de miseria salarial.

Por más que intenten maquillarlo con cálculos de todo tipo, con este acuerdo no se recupera un centavo de la pérdida de más de 40% del poder adquisitivo de los últimos cinco años. Y en los próximos doce meses el 35% en comodísimas cuotas hará que perdamos aún más contra la inflación.
A nadie sorprende que haya firmado el burócrata de UPCN Andrés Rodríguez, número tres de la burocracia de la CGT y eterno aliado de los gobiernos ajustadores. Pero la bronca crece con la dirigencia de ATE nacional. Es que, desde la llegada de Alberto Fernández al gobierno, la conducción encabezada por Cachorro Godoy funciona como un engranaje de apoyo a las políticas de ajuste. Así fue que a principios de 2020 no reclamaron cuando el gobierno se salteó la instancia de revisión establecida en unas paritarias que estuvieron 25 puntos por debajo de la inflación. Luego permitieron la postergación de la convocatoria a paritarias por más de tres meses para finalizar rubricando con su firma una paritaria de solamente 7% para el año 2020. La conducción de ATE encarnada en Godoy llevaba más de quince años sin firmar un acuerdo y este hecho, aunque nunca organizaron consecuentemente una pelea como para torcer el rumbo de las paritarias, significa un salto cualitativo en el abandono de los trabajadores estatales.

Para poder rubricar esta entrega tuvieron que abandonar cualquier instancia de debate en el gremio. No hubo convocatoria a plenario de delegados y delegadas ni instancia alguna de consulta a las trabajadoras y los trabajadores del Estado nacional. Esto obedece a la bronca que crece por abajo y que tuvo expresión también a nivel de conducciones provinciales y seccionales alineadas con la misma lista Verde de Godoy, como las de Córdoba, Misiones y Rosario.
En este marco, resulta de gran importancia el avance de las instancias de unidad de acción construida hace más de un mes por más de una decena de juntas internas, cuerpos de delegados y agrupaciones que venimos llevando adelante acciones exigiendo un aumento de emergencia en una sola cuota de 40% para comenzar a recuperar lo perdido y la indexación mensual automática hacia adelante de acuerdo con la inflación medida por el Indec para no seguir perdiendo.

Este espacio Interjuntas convocó el día mismo de la firma paritaria a una reunión abierta donde participaron más de cuatrocientas compañeras y compañeros reafirmando el objetivo de no permitir una nueva entrega de nuestros derechos. De esta reunión, de la que participaron los trabajadores autoconvocados de la salud de Neuquén, que son el ejemplo vivo de cómo romper los acuerdos a la baja que firman los dirigentes burocráticos, surgió la convocatoria a una jornada nacional de lucha este 2 de junio. Con acciones en diversos puntos del país y con una caravana que en la ciudad de Buenos Aires llevará los reclamos a las  puertas de la Secretaría de Empleo Público, frente a Plaza de Mayo.

Desde Estatales en Marcha creemos que es imprescindible seguir fortaleciendo este espacio, buscando la forma de unir en un mismo reclamo a todos los sectores que en todo el país han expresado el rechazo a  este vergonzoso acuerdo paritario. Con la mayor amplitud y con la mayor firmeza debemos robustecer nuestra lucha para triunfar.   

Escribe Noe Agüero, delegada docente y legisladora electa Izquierda Socialista/FIT Unidad en Córdoba

Córdoba se transformó en las últimas semanas en la provincia, luego del AMBA, con mayor cantidad de contagios, al punto que este martes batió un récord de 5.132 casos. En mayo se duplicó la tasa de incidencia y el sistema sanitario se encuentra casi en su totalidad colapsado. Las principales clínicas privadas y hospitales públicos están entre el 95 y el 100% de las camas ocupadas. Y se espera para estos días un salto en contagios y muertes. Sólo un 6% está vacunado con las dos dosis y un 21% con una.
Con este panorama, y luego de adherir a las restricciones de la semana pasada, el gobierno peronista de Schiaretti lanzó nuevamente la presencialidad en casi todo el sistema educativo. La misma política criminal que aplican los gobiernos de Cambiemos de Larreta en CABA y Suárez en Mendoza. Mientras más necesaria es la reducción de la circulación, más peligros de contagios y colapso sanitario, estos gobernadores exponen a millones de familias trabajadoras, entre las que estamos la docencia.

En Córdoba, la burocracia de UEPC encabezada por Monserrat, hace “recomendaciones” a las familias, que no envíen los chicos, en lugar de tomar el camino que en CABA impulsó Ademys, los Suteba Multicolores o SUTE en Mendoza, con paros y otras medidas. El domingo, ante el creciente desconcierto y bronca de la docencia y familias, sin realizar ninguna asamblea, UEPC sacó un formulario para que quienes quieran, de forma individual, informe a los directivos que no se presentarán. Grahovac, ministro de educación, anunció que esa nota no tiene ninguna legalidad y que se considerarán faltas injustificadas, con sanciones.

Desde Docentes en Marcha y diferentes sectores de la oposición venimos desarrollando asambleas autoconvocadas, plenarios de coordinación y este lunes realizamos una importante caravana en Córdoba capital y otras localidades. Exigimos al gobierno provincial la suspensión de la presencialidad, vacunación masiva, conectividad y computadoras. Y al gremio, que convoque a asambleas escolares para votar un plan de lucha ya.

Ante la enorme preocupación social, el ministro de salud Cardozo alertó que, de seguir estas cifras, se podría ir a la suspensión de la presencialidad y la vuelta a fase uno. Los gobiernos de Cambiemos y el peronismo cordobés muestran su política criminal. El gobierno de Fernández y Trotta, más allá de declamar una restricción educativa mayor, no toman ninguna resolución, ni invierten en conectividad ni en ayuda social. Y, fundamentalmente, se niegan a resolver la escasez de vacunas, incautando las millones que fabrica Sigman en nuestro país y se van a Estados Unidos. Lejos de cuidar la salud y la vida, priorizan las ganancias de los grandes empresarios.
La burocracia de Ctera debe abandonar su pacto con el gobierno y llamar a un paro nacional por la virtualidad, conectividad, vacunas y salarios.