Escribe José Castillo
El 26 de mayo de 1946 se creó el Instituto Argentino de la Promoción del Intercambio (IAPI), que pasó a funcionar dentro de la órbita del también recientemente nacionalizado Banco Central de la República Argentina. Así, durante las dos primeras presidencias de Perón (1946-1955) existió este organismo que ofició el rol de ente de nacionalización del comercio exterior.
Durante diez años el IAPI compró a los terratenientes latifundistas su producción a precios internos un 50% promedio menores que los internacionales. Y después la colocaba en el exterior, cobrando en dólares o libras esterlinas. Las grandes empresas agroexportadoras, como Cargill o Dreyfuss, perdieron también así el control que tenían sobre el comercio de granos y el privilegio de apropiarse de las superganancias que garantizaba la renta de los productos de la Pampa húmeda. Esos recursos pasaron a utilizarse para el financiamiento de diversas iniciativas, como por ejemplo la compra de bienes de capital para Ferrocarriles Argentinos, de aviones, o la financiación de la construcción del gasoducto Comodoro Rivadavia-Buenos Aires. También se dedicaron sumas importantes para otorgar créditos y subsidios para la industrialización. Por supuesto que algunos de ellos, utilizados por empresas privadas amigas del gobierno, dieron lugar a más de un caso de corrupción.
Es que, si bien el gobierno de Perón mantuvo una relativa independencia con respecto al ascendente imperialismo yanqui, no dejó de ser patronal. Y por eso no todas las acciones del IAPI son reivindicables. Cabe criticarle el denominado convenio Andes, donde se utilizaron saldos a favor del comercio con Gran Bretaña para comprar los ferrocarriles ingleses a un precio muy superior al que correspondía. O las donaciones de trigo que se realizaron a la dictadura de la España franquista al final de la Segunda Guerra Mundial, transformando a la Argentina en prácticamente el único país del mundo que sostenía ese régimen ultraderechista.
Sin embargo, y a pesar de esto, el IAPI garantizaba a la Argentina una independencia en el manejo del comercio exterior que el imperialismo y los monopolios agroexportadores no estaban dispuestos a tolerar. Su disolución, el 4 de noviembre de 1955, fue una de las primeras medidas que tomó la dictadura de la autodenominada “Revolución Libertadora” (que luego pasaría a la historia como revolución fusiladora). Otra medida fue el ingreso al FMI, destinado a transformar a la economía argentina para convertir al país en una semicolonia yanqui. Desde entonces a la fecha ningún otro gobierno peronista ha vuelto a la nacionalización del comercio exterior, medida elemental para recuperar la independencia económica perdida. No lo hicieron Cámpora, Perón e Isabel entre 1973 y 1976. Obviamente, Menem ni lo planteó entre 1989 y 1999. Pero tampoco el kirchnerismo durante sus doce años de gobierno (2003-2015) y mucho menos lo plantea ahora, que incluso sostiene que no hay que siquiera romper el acuerdo con el Fondo, sino apenas renegociarlo.
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