El Socialista entrevistó a Cristian Gordillo, minero de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y secretario general adjunto de ATE Río Turbio, en el acampe que los mineros establecieron frente al Congreso.

¿Cómo se inició el conflicto?
-El conflicto lleva más de 75 días con la paralización total del yacimiento desde enero, pero se inició con las políticas de ajuste de Macri en 2016, con una serie de despidos hasta llegar a 500 trabajadores en enero. La mina depende del Ministerio de Energía de la Nación. Empezaron presionando con el convenio de trabajo y terminaron con los despidos, donde el ministerio nos extorsionó diciendo “entreguen el convenio colectivo”. Teníamos los sueldos congelados arbitrariamente y con una paritaria de 21% de aumento en 2016 que el gobierno no cumplió. Entendemos que es parte del plan de ajuste, que incluye retiros “extorsivos” y jubilaciones anticipadas, buscando reducir la planta de trabajadores del Estado, como si fuéramos un costo.

¿En qué estado operativo se encuentra la mina?
-Tanto el yacimiento como los trabajadores ferroportuarios estamos en lucha. La mina se encuentra paralizada completamente, con un 100% de acatamiento de la medida votada en asamblea. Conformamos una intersindical entre los sindicatos que tienen representación gremial en el yacimiento, junto con ATE, APS (Asociación Profesionales y Técnicos), Luz y Fuerza y La Fraternidad, que nuclean a los trabajadores de la mina y el ferrocarril.

¿Cuál es la importancia de la mina y el trabajo que ustedes realizan? 
-La usina fue creada por pedido de las comunidades de la cuenca, a través de la organización de las asambleas de trabajadores y del pueblo, una unidad económica, y la empresa carbonífera estatal. Extraemos carbón, entre otras cosas, que podría abastecer y poner en funcionamiento la superusina de la Central Termoeléctrica de Río Turbio, a la que llamamos “14 Trabajadores”, en homenaje a nuestros compañeros fallecidos en el incendio de junio de 2004.

La usina funcionando inyectaría a la red interconectada un 30% más de energía, abaratando los costos y permitiendo a más comunidades tener electricidad. Gran parte de los despedidos fueron quienes llevaron adelante la apertura de una nueva galería en la mina, uno de los trabajos más titánicos de los últimos años. Terminaron este trabajo y los echaron.

¿Cuáles son las condiciones de trabajo?
-Trabajamos en condiciones de trabajo muy duras, con polvillo en suspensión de manera constante, ruidos que superan los 100 decibeles y sufrimos muchos “accidentes”, con compañeros mutilados y muy golpeados, que quedan imposibilitados para volver a trabajar, lo que lamentablemente es muy habitual. Tenemos turnos de 6 horas, que conseguimos luego de años de lucha, una jornada reducida para tratar de mitigar los daños que genera trabajar dentro de una mina.

¿Cuáles son las demandas que están llevando adelante?
-Seguimos reclamando la inmediata reincorporación de todos los compañeros despedidos, y que pongan en marcha al yacimiento. Éramos más de 3.300 trabajadores, pero luego de la política de desguace comenzada por Macri quedamos unos 2.000 compañeros.

Levantamos campamento en Congreso para visibilizar el conflicto y lo que pasa en Santa Cruz. Nos sentimos más fortalecidos que nunca, porque en Buenos Aires recibimos la solidaridad de diversos sectores, muchos que están en lucha contra las políticas de este gobierno, como los compañeros del INTI y del Posadas, entre otros. Es el gobierno el que no quiere poner en valor los recursos nacionales. No son los trabajadores la variable del ajuste.

Estamos buscando consenso con estos sectores para intentar unificar las luchas. Por la dignidad de los trabajadores, vamos a pelear hasta el final por la reincorporación de todos los compañeros.

El obispo chileno Juan Barros fue acusado de encubrir los abusos sexuales cometidos en la década de 1980 por el sacerdote Fernando Karadima, sentenciado por el propio Vaticano en 2011. Pero en su visita al país trasandino el pasado enero, ante la pregunta de un periodista, el papa Francisco afirmó que “no hay una sola prueba en contra, todo es calumnia, ¿está claro?”.

La declaración del Papa causó el repudio de las víctimas, sus familiares y la sociedad en general, habida cuenta de la larga lista de casos de curas abusadores en todo el mundo y en el marco del movimiento mundial del #MeToo (“Yo también”). Comienzan a hacerse públicos y a rechazarse con fuerza los diversos tipos de abusos sexuales cometidos por los miembros poderosos de instituciones del deporte, el espectáculo y, desde ya, la propia Iglesia Católica.

En este escenario, hace pocos días, Francisco envió una carta a sus obispos en donde señala “graves equivocaciones de valoración del caso”, admitiendo las situaciones de abusos sexuales que salen a la luz cada día en la Iglesia y que ya no tiene como ocultar. Otra muestra más de la podredumbre de esta institución que rechaza el derecho a decidir de las mujeres mientras busca tapar los escándalos de abusos sexuales entre sus propias filas.

Escribe Malena Zetnik 

Cada año, aproximadamente 500.000 mujeres deciden interrumpir sus embarazos en la Argentina. Algunas lo hacen en hospitales y centros de salud públicos apelando al marco legal de causales de abortos no punibles, en los casos de violación o peligro de la vida o salud integral de la mujer (Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo y artículo 86 del Código Penal).

No obstante, la gran mayoría lo realiza en la clandestinidad (clínicas clandestinas, prácticas caseras, acompañamientos de organizaciones de mujeres, etcétera). Dependiendo de sus recursos económicos, las mujeres acceden a diferentes prácticas, en muchas de las cuales arriesgan claramente sus vidas y se enfrentan a la condena familiar, social y al peligro de la criminalización. En este marco, podríamos preguntarnos ¿por qué miles y miles de mujeres interrumpen igualmente sus embarazos?

Las mujeres deciden interrumpir un embarazo cuando lo consideran no deseado, no buscado, no planificado, inesperado, involuntario, inoportuno o insostenible. Lo llamen como lo llamen, la cuestión es que en todos los casos se trata de situaciones en que la mujer, a veces muy joven, a veces ya adulta y quizá con varios hijos, no quiere dar a luz un hijo. Y con esa decisión se enfrentan, en la mayoría de los casos, a la clandestinidad.

También enfrentan el mandato social fuertemente impuesto por la religión: el de que toda mujer debe ser madre, que reduce el ejercicio de la sexualidad femenina a la procreación. La decisión de interrumpir un embarazo, aun en condiciones de clandestinidad, es una acción vital para las mujeres, que muchas veces ponen un freno a otras situaciones en la que dicho embarazo tuvo lugar: la violencia de género, una violación, la falta de recursos económicos, la falla del método anticonceptivo utilizado o, simplemente, el no deseo de ser madres como fruto de ese embarazo en particular.

Para que pueda existir un hijo, tal como señala Martha Rosemberg, médica psicoanalista y referente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, “el embrión […] debe ser humanizado por el deseo de la mujer, que entonces sí, se vincula como madre con ese ser al que nombra hijo o hija, parte del cuerpo propio y al mismo tiempo ajeno. La madre es aquella cuyo deseo hace del embrión o feto una persona”. Y ese vínculo no puede ser humanizado ni por la Iglesia ni por nadie que no sea la propia mujer.

Ante los que argumentan que el aborto constituye un hecho traumático en sí para todas las mujeres, con huellas imborrables, debemos señalar que lo que traumatiza a las mujeres es la maternidad forzada, la condena social por decidir no ser madres, la culpa impuesta ante la decisión y el sometimiento a prácticas ilegales para lograr la interrupción.

La reivindicación de la maternidad elegida y responsable implica también la posibilidad de poder no elegirla. Por ello, la despenalización y la legalización del aborto constituyen derechos fundamentales para garantizar la vida y la salud integral de las mujeres.

Esta lucha levantada desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y que acompañamos con la fuerza de la movilización, es también por el cumplimiento de la educación sexual con perspectiva de género en todos los niveles educativos, para que las mujeres puedan decidir, y el acceso gratuito a anticonceptivos para evitar los embarazos no elegidos.

¡Vivas y libres nos queremos! El gobierno que persigue a las mujeres que deciden abortar, que no implementa adecuadamente la educación sexual y que desfinancia los programas para la entrega gratuita de anticonceptivos mientras financia a la Iglesia Católica, es el principal responsable de la situación de las mujeres. Sigamos en las calles hasta que conquistemos nuestros derechos.

En el marco de la discusión sobre el derecho al aborto legal, consideramos que es fundamental llevar el debate a los diferentes espacios de trabajo y estudio para que más y más compañeras y compañeros puedan aclarar sus dudas y se pronuncien a favor de esta gran lucha.

Por ejemplo, en Amsafe Rosario, hoy 19 de abril se realizará la charla sobre el aborto “Un debate necesario”, en la que participarán diferentes referentes, entre ellas, Mercedes Trimarchi, nuestra diputada y dirigente de Isadora-Mujeres en Lucha. En la Facultad de Psicología de la UBA, la Cátedra Libre por el Derecho al Aborto organizó una charla para el 18 de abril en la que se presentaron los resultados de una investigación realizada por docentes y estudiantes sobre la opinión y tratamiento del tema en la facultad.

También se están organizando charlas sobre el tema en la Universidad Nacional de General Sarmiento, en el ferrocarril Sarmiento, el hospital Garrahan y en otros lugares. Mientras tanto, comenzaron a circular pronunciamientos de docentes de todos los niveles, artistas, poetas y músicas, a favor de la legalización del aborto.

Frente al gobierno de Macri y otros sectores de la oposición que quieren desviar el debate solo hacia la despenalización del aborto, mientras meten proyectos de ley para fortalecer a los cultos religiosos, estas acciones son muy importantes ya que sacan la discusión del Congreso a las calles. Tenemos que demostrar la fuerza de todas y todos los que reclamamos con claridad el aborto legal en la Argentina.

En el marco de la discusión sobre el derecho al aborto legal, consideramos que es fundamental llevar el debate a los diferentes espacios de trabajo y estudio para que más y más compañeras y compañeros puedan aclarar sus dudas y se pronuncien a favor de esta gran lucha.

Por ejemplo, en Amsafe Rosario, hoy 19 de abril se realizará la charla sobre el aborto “Un debate necesario”, en la que participarán diferentes referentes, entre ellas, Mercedes Trimarchi, nuestra diputada y dirigente de Isadora-Mujeres en Lucha. En la Facultad de Psicología de la UBA, la Cátedra Libre por el Derecho al Aborto organizó una charla para el 18 de abril en la que se presentaron los resultados de una investigación realizada por docentes y estudiantes sobre la opinión y tratamiento del tema en la facultad.

También se están organizando charlas sobre el tema en la Universidad Nacional de General Sarmiento, en el ferrocarril Sarmiento, el hospital Garrahan y en otros lugares. Mientras tanto, comenzaron a circular pronunciamientos de docentes de todos los niveles, artistas, poetas y músicas, a favor de la legalización del aborto.

Frente al gobierno de Macri y otros sectores de la oposición que quieren desviar el debate solo hacia la despenalización del aborto, mientras meten proyectos de ley para fortalecer a los cultos religiosos, estas acciones son muy importantes ya que sacan la discusión del Congreso a las calles. Tenemos que demostrar la fuerza de todas y todos los que reclamamos con claridad el aborto legal en la Argentina.