Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Este martes volvió a fracasar la sesión pedida por la denominada “oposición más dura” para rechazar el DNU 846 de Milei que habilita el canje de deuda sin pasar por el Congreso. Los tres bloques impulsores registraron varios ausentes, logrando solo 120 presentes cuando se requerían 129 para el quórum. La nota la volvió a dar el peronismo de Unión por la Patria que aportó siete bancas menos (92 de 99), entre ellas las cuatro que responden al gobernador catamarqueño. También fallaron siete de Pichetto (cuatro de Córdoba) y cinco de Manes. Le hicieron otro guiño a Milei, pidiendo migajas de un Presupuesto 2025 diseñado para seguir con la motosierra y la entrega al FMI. ¡Y se dicen opositores! Solo el Frente de Izquierda postula el no pago y la ruptura con el FMI.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El senador de Unión por la Patria y amigo de Cristina, José Mayans, se metió en la interna liberfacha elogiando a la vicepresidenta Victoria Villarruel. “El gobierno quiere limpiar a la titular del Senado dejándola fuera de la agenda del oficialismo. Todas las operaciones que está haciendo el gobierno es para destituirla o que renuncie." (Página 12, 24/11). Mayans atribuye la puja entre Milei y Villarruel a que ésta tiene diferencias en el tema educación pública, previsional y Malvinas. Para Mayans, Villarruel sería progre.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Con la denominada ley de “ficha limpia”, el gobierno, el PRO, la Coalición Cívica, Margarita Stolbizer y otros bloques dicen que se terminará la corrupción en la política. Una mentira total. La ley propone que quien tenga una condena en segunda instancia por delitos que se asocian a actos corruptos no podrán ser candidatos, aunque la condena no esté firme. Es decir, una ley para manipular candidaturas y perseguir a las y los luchadores y opositores políticos ya que, por ejemplo, el artículo 2 de la ley dispone que quienes “defrauden al Estado” no podrán ser candidatos, casualmente la imputación que se les hace a las organizaciones piqueteras y a sus dirigentes por “el delito” de luchar por comida y trabajo genuino. Incluso hay proyectos que equiparan la protesta social con actos de “sedición, terrorismo, atentado contra los poderes públicos y el orden constitucional” por lo cual, de salir este engendro, una luchadora o luchador no se podrá presentar como candidato porque para este gobierno es un delincuente si participa de una protesta.

Hablan de ficha limpia para afuera para esconder la ficha sucia que tienen en sus filas. ¿Acaso no es este gobierno el que tiene diputadas y diputados que fueron a visitar a genocidas que asesinaron y desaparecieron a nuestros 30.000, imponiéndonos una deuda externa de saqueo y corrupción? Los ministros de este gobierno ¿no son corruptos? Luis Caputo ya debería estar preso por endeudarnos con 45.000 millones de dólares al FMI.

Milei dice “el que las hace las paga” y reivindica al gobierno más corrupto y entreguista como lo fue el peronismo menemista de los años 90, donde Carlos Menem terminó en la impunidad. Mauricio Macri y el PRO hablan de ficha limpia mientras el ex presidente le perdonó la deuda del Correo a su padre.

Cabe señalar también que el bloque de Unión por la Patria, si bien rechaza que se impida presentar como candidato a alguien que no tenga condena firme, se ha sumado a esta política de ficha limpia agregándole incluso delitos como “atentado al orden constitucional”. ¿No se enteró el peronismo que este gobierno tildó de terroristas y golpistas a quienes nos movilizamos contra la Ley Bases?

Rechazamos este proyecto demagógico y persecutorio. Estamos en contra de toda decisión política o judicial que se use con el fin de cercenar a alguien en sus derechos políticos o en una contienda electoral. Y lo decimos desde nuestra trayectoria de Izquierda Socialista y el FIT Unidad de venir enfrentando a todos los políticos, gobiernos y a este sistema capitalista de hambre y corrupción.

Escribe Adolfo Santos

Las jubilaciones de privilegio son un escarnio en un país donde la mayoría de las y los jubilados perciben miserables 322.798 pesos, apenas un tercio de los 912.584 pesos de la canasta básica calculada por la Defensoría de la Tercera Edad. Mantener jubilaciones de privilegio para políticos, jueces y fiscales, es un verdadero escándalo. Nos oponemos a este régimen insultante creado por las y los políticos patronales para auto beneficiarse.

Aprovechando ese sentimiento popular de rechazo, en un acto demagógico, el ultraderechista Milei, asumió funciones judiciales que no le competen y mandó a cancelar las pensiones millonarias que perciben Cristina Fernández de Kirchner en su condición de presidenta, vicepresidenta y viuda de un presidente y de Amado Boudou, ex vicepresidente.

Es hipócrita la decisión del gobierno ultraderechista cuya intención es generar un golpe de efecto y distracción. ¿Por qué se limita solo a dos personas si la lista de ex funcionarios y familiares, civiles y militares es extensa? Reciben este beneficio las y los ex presidentes Alberto Fernández, Mauricio Macri, Adolfo Rodríguez Saá y María Estela Martínez de Perón. Lo mismo las y los ex vicepresidentes Gabriela Michetti (PRO), Julio Cobos (Radical) y Daniel Scioli (Mileista). También las viudas Inés Pertiné (Fernando de la Rúa); Zulema Yoma (Carlos Menem); Bety Andrés (Marcelo Levingston, presidente militar de facto) y Amalia Guido (hija de José María Guido quien asumió la presidencia después del golpe militar a Frondizi).

Pero lejos de reconocer la injusticia que significa este régimen retrógrado y proponer la anulación de la Ley 24.018 que lo contiene pensando en el sufrimiento de millones de jubiladas y jubilados de la mínima, la ex mandataria y actual presidenta del Partido Justicialista, Cristina Kirchner, interpuso un recurso de nulidad ante el Anses para reclamar la continuidad del pago millonario por sus dos mandatos y la pensión por viudez.

Rechazamos la decisión marquetinera de Milei que intenta erigirse como juez mientras manda a aprobar leyes para beneficiar a los intereses del imperialismo, las multinacionales y los grandes empresarios que le financiaron la campaña. Junto a millones de jubilados de a pie, exigimos la extinción definitiva del régimen de jubilaciones de privilegios, que beneficia con millones a los ex presidentes, vicepresidentes, jueces, fiscales y sus familiares. 

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

Una investigación de la Unión Argentina de la Salud (UAS) reveló que la metformina, medicamento de uso frecuente en la diabetes, valía en la Argentina 34.000 pesos (equivalente a unos 33 euros) mientras que en España el mismo remedio costaba 2.90 euros aproximadamente 2.900 pesos. El diclofenac 75, un muy difundido antiinflamatorio y antirreumático, que se vende por 20.455 pesos en Argentina, tiene en España un costo de 2,50 euros, equivalente a unos 3.750 pesos. Una diferencia que se convierte en un grave problema de salud para toda la población trabajadora, especialmente para las y los jubilados, que por su edad son consumidores obligados de medicación. En este mes de noviembre, sumados el mísero aumento fijado por el gobierno y el bono, las y los jubilados con la mínima que son la inmensa mayoría, percibirán 323.000 pesos. Por si esto fuera poco, el gobierno ultraderechista, le quitó los remedios gratuitos por tratamiento crónico, obligando a engorrosos trámites. Estos remedios se financiaban con el impuesto País a los viajes y compras en el exterior y el gobierno lo destinó a otros gastos para los que sí hay plata como comprar los aviones de guerra usados F16 y pagar la deuda externa.

¿Es posible tener remedios más baratos?

Cristina Kirchner acaba de plantear públicamente a Javier Milei que libere la importación de remedios de la India para abaratarlos. El gobernador de Mendoza y amigo del presidente, Alfredo Cornejo, propone lo mismo. Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad no queremos soluciones patronales que permitan nuevos negocios para los empresarios a costa de la salud de la población trabajadora. Hay una solución inmediata y posible porque en nuestro país contamos con recursos tecnológicos y humanos y la experiencia industrial necesaria. Tenemos que pelear para que se declare a la industria farmacéutica en emergencia sanitaria y ponerla a producir los remedios e insumos médicos necesarios en los volúmenes y calidad que requiere la situación. Para evitar los sobreprecios y maniobras patronales deberá implementarse el control de la producción y los libros comerciales por parte de las y los trabajadores. Que el PAMI restituya el 100% para los medicamentos de pacientes crónicos. Así podremos garantizar la provisión de los remedios que hoy resultan inalcanzables a los trabajadores.