Escribe Mónica Schlotthauer, diputada nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad
 
Entre gallos y medianoche, la Cámara de Diputados acabó aprobando la Ley Bases con la complicidad de PRO, la UCR, el bloque de Pichetto, la Coalición Cívica y los partidos provinciales. Un paquete de leyes anti obreras que beneficia a los grandes empresarios, a las multinacionales del saqueo. Fue un “pacto de gobernabilidad” de Milei con los partidos patronales para que siga con su plan motosierra como lo pide el Fondo Monetario.

Se trata de un paquete de leyes regresivas, por eso la bancada del Frente de Izquierda no tuvo ninguna duda en rechazar de plano todos los artículos del paquete fiscal y de la Ley Bases. No hay nada de nuevo en este proyecto del ultraderechista Milei, son medidas reaccionarias que ya se aplicaron en los años ´90 con Menem y el Partido Justicialista y fracasaron. Dejaron un ejército de desocupados y las empresas del estado fueron entregadas por monedas a manos privadas. Privatizaciones que nos llevaron a tragedias anunciadas, como la masacre de Once con 52 muertos y 700 heridos, al vaciamiento de Aerolíneas Argentinas o la destrucción de YPF. Políticas que lejos de llevarnos al primer mundo como nos prometían, nos hundieron en la desocupación y la miseria.

Por eso cada vez que este proyecto fue al Congreso, el gobierno de Milei tuvo que montar un descomunal operativo represivo, única forma de pasar medidas que son rechazadas por las y los trabajadores, jubilados y sectores populares, como las facultades delegadas otorgadas a un presidente que dice que quiere destruir el Estado. Que propone una reforma anti laboral, que vuelve con el impuesto al salario, que ofrece privatizaciones como la del ferrocarril y otros servicios esenciales, mientras por otro lado le otorga enormes privilegios a las grandes multinacionales.

El RIGI un proyecto a la medida de las multinacionales

El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) es uno de los aspectos más nefastos del proyecto. Es uno de los puntos centrales de la propuesta de Milei que incentiva inversiones en minería, petróleo, gas y probablemente agroindustria mediante políticas de exención impositiva, fiscal y aduanera por un período de treinta años. Una política que proyecta un país que se consolide como productor primario, con escasa contratación de mano de obra y con carta blanca para que las multinacionales determinen los negocios sin control del estado. Una ley que no solo es anti obrera y anti popular, sino que pretende callar la boca a los pueblos que reclaman contra los desastres ambientales y la contaminación del agua producida por megaminería extractivista.

Es una ley que nace manchada por la corrupción de toma y daca de Milei con sectores de parlamentarios y gobernadores. En el senado el proyecto pasó con compra de votos a cambio de embajadas, con promesas de favorecimientos y con partidas especiales a los gobernadores que consiguieron los votos favorables. Un negocio en el que entraron gobernadores peronistas de Unión por la Patria como Jaldo de Tucumán o Jalil de Catamarca. Fue lamentable el papel del peronismo en su conjunto que se limitó a criticar estas leyes por inconstitucionales para terminar diciendo que se postula para “restituir” todo lo que se está perdiendo con Milei si gana las elecciones en 2027.

Una vergüenza, porque su política es dejar correr el brutal ajuste de Milei pensando en las próximas elecciones mientras se suceden decenas de miles de despidos, tenemos jubilaciones de hambre, se ataca y destruye la educación y la cultura y se entrega el patrimonio y las riquezas del subsuelo a las grandes multinacionales. Tampoco la CGT llamó a movilizar contra la votación en el Congreso ni le dio continuidad al plan de lucha con 36 horas de paro para enfrentar estas medidas reaccionarias, demostrando su complicidad con los partidos patronales para que no les toquen las cajas sindicales. Solo el sindicalismo combativo y la izquierda enfrentamos de forma consecuente las políticas del gobierno.

La Ley Bases se votó pero la lucha continúa

Los partidos patronales demoraron seis meses para aprobar la primera ley del gobierno ultraderechista de Milei. Eso fue así, porque durante todo ese tiempo la resistencia a las medidas del plan motosierra fue muy grande. En este corto tiempo se realizaron importantes movilizaciones, dos paros generales e infinidad de huelgas por sectores contra los ataques del gobierno que inhibían a los políticos patronales a votar estos proyectos sin pagar las consecuencias. Finalmente, la “oposición amiga”, acabó aprobando el proyecto a cambio de favores.

Ningún artículo de esta ley nos beneficia, al contrario, con esta política, la tendencia es a que se profundice el desempleo, la desinversión de proyectos sociales, la pérdida salarial y jubilatoria y que aumente la miseria. Desde nuestra bancada de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad y desde el sindicalismo combativo, te convocamos a continuar la lucha por nuestros derechos y a exigirle a la CGT y las CTA un verdadero plan de lucha para derrotar el plan motosierra de Milei y el FMI.

Desde su bancada, Monica Schlotthauer promueve la campaña Salvemos al Tren

Facultades delegadas

Milei tiene autorización para hacer lo que quiere durante una año, sin pasar por el Congreso, en materia administrativa (por ejemplo cerrar organismos o despedir personal), económica (por ejemplo negociar con el FMI), financiera (en materia de dólar, bancos, etcétera) y energética (decidir sobre el gas y el petróleo).

Ley de Hidrocarburos, de concesiones y de Gas natural

Modificaciones en todos los casos para brindarle más privilegios a los saqueadores internacionales.

Privatizaciones

Se declaran sujetas a privatización Intercargo, AySA; Belgrano Cargas; Ferrocarriles (Sofse) y Corredores Viales.

Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI)

Se les ofrece un amplio menú de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para inversiones mayores a 200 millones de dólares. Las empresas a partir del tercer año podrán sacar del país todos los dólares que quieran, sin restricciones. Los sectores económicos afectados por la ley serán energía (petróleo y gas), siderurgia, turismo, infraestructura, tecnología, forestal y minería.

Reforma laboral

Se amplía el período de prueba (el tiempo en que se puede despedir a una persona sin pagar ninguna indemnización) de 3 a 6 meses. Se crea la figura del “colaborador”(no se le reconoce relación de dependencia) en empresas de hasta tres empleados. Se habilita a que en los convenios colectivos de trabajo rija el “Fondo de cese laboral” (al estilo Uocra).

PAQUETE FISCAL

Impuesto a las ganancias
Se reinstaló el “impuesto al salario” para los que alcancen 1.500.000 pesos netos para los solteros y 1.900.000 netos para los casados. No hay excepciones, todos los conceptos del recibo de sueldo son alcanzados (horas extras, bonos, pagos por zona desfavorable, aguinaldo, vacaciones, etcétera). 800.000 trabajadores pasarán a sufrir descuentos en este concepto en forma inmediata.

Bienes Personales
Se establece una fuerte rebaja en este tributo que deben pagar los ricos. El mínimo no imponible subirá de 11 a 100 millones de pesos y la deducción por la vivienda familiar pasará de 56 a 350 millones. Para el ejercicio fiscal 2023, la alícuota máxima que se propone es del 1,5%, la cual se irá reduciendo paulatinamente hasta alcanzar el 0,25% en el 2027.   

Blanqueo de capitales
Los que fugaron o evadieron hasta 100.000 dólares podrán blanquear sin pagar nada y a partir de ahí números levemente crecientes. Obviamente se invita a ingresar capitales con la baja citada en Bienes Personales para los años siguientes.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT-Unidad

El diputado de Unión por la Patria y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, hizo uso de la palabra en el tratamiento de la Ley Bases. En sus críticas a la Ley, dijo que esto debe llamar la atención a la oposición “para pensar cómo construir un 2027 para recuperar los derechos”. Agustín Rossi, el candidato a vice de Massa, dijo algo parecido en el acto del lunes pasado por el 50° aniversario del fallecimiento de Perón, llamando a que “el peronismo piense en el país post Milei”. Es decir, el peronismo sigue en la línea de oponerse con sus discursos a las leyes (aunque tres diputadas y diputados de Unión por la Patria de Catamarca votaron para que se reimponga el impuesto al salario de Milei) o hacer recursos ante la Justicia, pero su política central  es dejar correr el brutal ajuste de Milei esperando dentro de cuatro años el próximo turno electoral, una eternidad.

Kicillof, orador de dicho acto al cual fueron también Daer y Pablo Moyano de la CGT y Hugo Yasky (CTA), llamó a formar “una red social para reducir los daños de Milei” (no para derrotar su plan brutal). Días atrás, el gobernador de Buenos Aires se había pronunciado por fomentar “un armado nacional”. ¿Con quién? Le hizo guiños al gobernador de Chubut, Ignacio Torres (PRO), y al de Santa Fe, Pullaro (UCR), a quienes les envió ambulancias y patrulleros respectivamente. Alguien del riñón del peronismo dijo ante esto que el objetivo del peronismo sería formar una coalición “de centro”, lejos del oficialismo y el kirchnerismo.

Por si quedaran dudas de que el peronismo no enfrenta consecuentemente a la motosierra de Milei, en la propia sesión parlamentaria de la Ley Bases, el titular del Bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reconoció que los gobernadores, incluidos los peronistas, se están bancando “los recortes de Milei”, es decir, no hacen nada para evitarlo. Y el propio Máximo Kirchner, si bien criticó al RIGI (régimen que beneficia a las grandes inversiones), no llamó a enfrentarlo sino que consideró que “es demasiado”. Dijo “ojalá que el presidente (por Milei) lo entienda” y le pidió a Martín Menem “usted que tiene acceso al presidente espero que logre que este RIGI no sea lo que es” y que lo convenza porque “todavía está a tiempo cuando reglamente la ley”.

Conclusión. Si el peronismo enarbola en sus discursos críticas parciales al gobierno, aplica el ajuste en las provincias y dice que hay que esperar al 2027 a que un supuesto gobierno peronista o en alianza con radicales “progres” o políticos patronales supuestamente “democráticos” nos salven (cuando fue el peronismo el que gobernó 28 años de los 40), le decimos a toda luchadora y luchador que la salida es por izquierda, llamando a sumarse a Izquierda Socialista y al FIT Unidad.

La CGT tuvo una actitud vergonzosa ante la aprobación de la Ley Bases en Diputados. No llamó a movilizar, menos a un paro. Lo mismo había hecho cuando se aprobó por primera vez en Diputados y luego en el Senado donde hubo una brutal represión.

La CGT se la pasó rosqueando con algunos diputados amigos para ver si con algunos “buenos oficios” de Pichetto podría morigerar algo de la Ley. Lamentable.  De esta manera, la CGT dejó pasar, como si nada, la reforma laboral, las privatizaciones… ¡y el impuesto al salario sobre 800.000 trabajadoras y trabajadores!

Al otro día la CGT sacó un comunicado de prensa, para lavarse la cara, lamentándose de que se haya votado el impuesto al salario (mal llamado Ganancias), robo que se suma a los miles de despidos y a la rebaja salarial y jubilatoria permanente por parte del gobierno ultraderechista.

Repudiamos esta política de inmovilismo cómplice de la conducción de la CGT, que no le dió continuidad al parazo del 9 de Mayo con un plan de lucha nacional y un nuevo paro de 36 horas para derrotar el conjunto del plan Motosierra de Milei y el FMI, el cual le seguimos reclamando desde el sindicalismo combativo y la izquierda.

Escribe José Castillo

El super ajuste de Milei no pega a todos por igual. Mientras los ricos, los bancos y las grandes empresas son los principales beneficiados, todo recae sobre el pueblo trabajador. Millones de nuevos pobres, mayor desocupación y crecimiento de la desigualdad son las consecuencias de la motosierra ultraderechista.

Al mismo tiempo que Milei sigue viajando, cosechando “premios” de dudosa validez otorgados por ignotas cuevas de ultraderechistas de diversos países, su ajuste (el “más grande del mundo”, como él mismo se jacta) hace estragos sobre el bolsillo y la vida cotidiana de millones.

Se han conocido datos oficiales del primer trimestre del año. El PBI cayó un 5,1%, una auténtica catástrofe. Para comparar, son números similares a los de 2020, en los primeros meses de la pandemia, cuando absolutamente todo estaba cerrado. Obviamente esto generó su correlato en un dramático aumento del desempleo, que creció hasta el 7,7%.

Ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres

También se publicaron los nuevos datos del Indec sobre distribución del ingreso. Los números son impactantes. Si ya en 2023 (durante el gobierno de Alberto, Cristina y Massa) el 10% más rico ganaba 19 veces más en promedio que el 10% más pobre, ahora esa brecha se amplió a 23 veces. Por eso no debe extrañar que la pobreza creció de un ya muy alto número el año pasado de 38,7%, al actual de 55,7%. En concreto, hoy en día, 23 millones son pobres.

No debería sorprendernos. Si miramos el ajuste en curso, el 31,5% del mismo sale del rubro jubilaciones y pensiones (seguridad social), el ítem más recortado. Segundo está la obra pública, con 23,2%, gran responsable de que centenares de miles se hayan quedado sin trabajo. A esto tenemos que sumarle el derrumbe de los salarios, tanto en blanco, como estatales o informales. Y la virtual desaparición de toda las políticas sociales.

Del otro lado tenemos a las grandes empresas monopólicas de consumo masivo (alimentos, artículos de tocador, limpieza) beneficiadas con la eliminación de todos los controles de precios, incluso los truchos que existían en el período del gobierno peronista. Las feroces remarcaciones les llenaron los bolsillos y se reflejó en superganancias en sus balances. Lo mismo los bancos, grandes receptores de los intereses de las Lebacs; las transnacionales petroleras y gasíferas, beneficiadas con los aumentos de combustibles y las desregulaciones; las de medicina prepaga, con sus aumentos abusivos. Y, por supuesto, como siempre, los pulpos acreedores de la deuda externa y el propio FMI, que se llevaron en estos meses tajadas importantes de miles de millones de dólares.

Este sesgo, de un super-ajuste que cae sobre los de abajo y es claramente favorable a los ricos, se verifica también en lo votado en el Congreso la semana pasada. En el capítulo fiscal, por poner un solo dato ilustrativo, con el hecho de que las y los trabajadores vuelvan a pagar impuesto  a las ganancias, eso aportará un monto total aproximado de un 0,5% del PBI. Por contrapartida, la rebaja a Bienes Personales (un típico impuesto para los ricos) significa una rebaja de recaudación de 0.4% del PBI. ¡Casi lo mismo! O sea, bien sencillo: el pueblo trabajador pagará más impuestos casi en la misma proporción en que los ricos dejarán de hacerlo.

¿La salida es un ajuste “más suave”?

Frente a la motosierra de Milei, al salvajismo de su ajuste, a las provocaciones constantes, a sus permanentes afirmaciones antiderechos, empiezan a aparecer los que se despegan. Así sucede con Melconian (que hubiera sido ministro de Economía si ganaba Bullrich), con el propio Domingo Cavallo, o con el ex segundo de Massa en el ministerio de Economía Gabriel Rubinstein. Todos ellos afirman que se podía haber hecho un ajuste “más racional”. Así Rubinstein llegó a decir que “así la economía habría caído 1%, y no 5,1%”. Similares expresiones se pueden escuchar en el ex mileísta Carlos Maslaton.

Pero más allá de todos estos economistas del establishment poco creíbles para los sectores populares, lo que se intenta volver a instalar es la idea de que hay otro ajuste posible, más “humano”, sin romper con el FMI y mientras se sigue pagando la deuda. En concreto, lo que fue propuesto y ya fracasó con Alberto, Cristina y Massa. Donde, obviamente con otro discurso, diferente al actual, se ajustó sin que existiera nunca ni “la heladera llena” ni “la redistribución de la riqueza”, sino un cumplimiento a rajatabla a las exigencias de los acreedores y el FMI.

Se necesita un plan alternativo

Lo dijimos una y mil veces. La política de Milei nos lleva al abismo. Millones están siendo lanzados a la pobreza y otros tantos a la indigencia. Esto sólo se soluciona con otro plan económico, opuesto por el vértice al que viene ejecutando La Libertad Avanza. Que no es el de un “ajuste progresista o con rostro humano”, lo planteen economistas liberales peleados con Milei, los radicales de Loustau o el peronismo en sus distintas vertientes.

Se trata, en cambio, de postular un programa económico de emergencia, obrero y popular, que arranque por dejar de pagar la usuraria deuda externa, que rompa todos los lazos de sometimiento que nos atan al FMI, que le ponga fuertes impuestos a los ricos, los bancos y las grandes empresas, que termine con la fuga de capitales y la bicicleta financiera nacionalizando la banca y el comercio exterior, y que reestatice las empresas privatizadas para ponerlas a funcionar bajo gestión de sus propios trabajadores y usuarios. Para así, con todos esos recursos, aplicarlos a resolver las más urgentes necesidades populares: salarios y jubilaciones dignas, trabajo genuino, un plan de viviendas populares para (a la vez que ayuda a terminar con el desempleo, resuelva el problema del déficit habitacional) y los presupuestos que se necesitan para salud, educación, políticas de género y ciencia y técnica.