Escribe José Castillo

Empezó 2021 y la carrera entre precios y salarios es cada vez más desigual. En nuestro país –con una inflación proyectada para este año cercana a 50%, una de las más altas del mundo y en la región solo superada por Venezuela– se han venido pulverizando desde hace años los ingresos de los trabajadores y demás sectores populares. La perspectiva para este año es que esto continúe. La única forma de evitarlo es dando duras peleas por la recomposición salarial para romper los techos que buscan imponer el gobierno del Frente de Todos y las patronales con el guiño cómplice de la burocracia sindical.

2020 fue un año terrible para el pueblo trabajador. La inflación, medida por el índice de precios al consumidor, cerró en 36,1 por ciento. Comparada con ese mismo índice oficial, la inmensa mayoría de los trabajadores en blanco terminaron perdiendo. Solo zafaron unos pocos gremios que lograron “empatar” tras durísimas medidas de lucha, el caso paradigmático fue el de los aceiteros. Si los trabajadores en blanco bajo convenio terminaron por debajo del costo de vida oficial, mucho peor le fue a los que están tercerizados o en negro. Algunos llegaron a perder hasta 15% contra la inflación oficial. Lo mismo le pasó a los jubilados, pese al doble discurso del gobierno, absolutamente todos, hasta los de la mínima, quedaron retrasados frente al 36,1% de inflación oficial. 

Pero el tema se torna mucho más dramático cuando vemos que en la canasta básica alimentaria, que compone la inmensa mayoría de bienes que compran los trabajadores, el aumento fue mucho mayor. La suba de esta canasta en 2020 fue de 45,5 por ciento. Dentro de ella, los alimentos frescos (carne y verdura) se incrementaron más aún, 56 por ciento. 

De hecho, si comparamos la inflación de los más pobres (medida por los productos de consumo masivo), el año pasado promedió el 48%, mientras que la canasta de los ricos (medida en los productos de lujo) promedió 30 por ciento.

¿Qué va a pasar este año?

En el último trimestre de 2020 la inflación se aceleró, con promedios mensuales de entre 3% y 4 por ciento. Ahora, en lo que va de enero, los aumentos continuaron. Solo en la primera quincena de este mes la canasta alimentaria acumula otro 2,1% de aumento, con incrementos astronómicos en la carne y el pan. Los combustibles volvieron a subir. Con estos niveles de aumentos de precios la inflación proyectada para 2021 será cercana a 50%, con aumentos aun mayores en los productos de consumo popular. 

Y esto va a continuar. Ya hay proyecciones que aseguran que la canasta escolar básica (solo tomando en cuenta los útiles) será 48% más cara que el año pasado, ascendiendo a 5.099 pesos (datos de Focus Market). Y, de una forma u otra, el gobierno está negociando el aumento de las tarifas de los servicios públicos.

¿Por qué aumentan los precios? Los economistas del establishment liberal dicen que se debe a “la excesiva emisión monetaria”, como si cuando no se emitió, como en todo 2019, todavía con Macri, la inflación no hubiera sido récord, llegando a 50% (dicho sea de paso, el mismo número que se alcanzaría este año con Alberto y Cristina). El gobierno del Frente de Todos, por medio de un estudio del Banco Central, dice que el motivo del aumento de precios es …la puja salarial, como si los trabajadores no estuvieran perdiendo. La realidad está lejos de unos y otros argumentos. La causa central del incremento de los precios está en los abusos que cometen todos los días las patronales monopólicas, en particular en la producción de alimentos. Ahí están metidos todos, desde las transnacionales exportadoras que aumentan el precio del maíz y el trigo para acoplarlo al valor internacional (provocando subas como la del pan), pasando por las empresas monopólicas de alimentos como Arcor o Molinos Río de la Plata, los grandes frigoríficos o las propias cadenas de hipermercados y supermercados que agregan “su propio margen” de superganancia. Todo con la complicidad del gobierno, que está desarmando el programa de precios máximos creado en marzo pasado y los ha reemplazado por un nuevo “precios cuidados” donde, con la excusa de “congelarlos hasta abril”, autorizó subas promedio de 6% en la mayoría de los productos de la canasta básica. Digamos además que dichos “precios cuidados” sólo están en las grandes cadenas de supermercados y no en los negocios de proximidad (chinos y almacenes), que es donde realizan las compras diarias millones de trabajadores.

¿Acuerdo de precios y salarios para qué?

El gobierno lanzó algunas medidas ineficaces que ya fracasaron en el pasado, típicas de su doble discurso. Así, dice que va a reducir el precio de algunos cortes populares de carne 30% con respecto a los valores de diciembre, cuando dichos cortes subieron 74% en todo 2020. Hoy, con el salario promedio, se compra 20% menos de carne que hace un año.

El gobierno de Alberto Fernández ahora vuelve a hablar de un acuerdo de precios y salarios. Se trata de una vulgar trampa. Con la excusa de que la inflación proyectada en el presupuesto para este año será de 29%, busca que la burocracia sindical le garantice que ningún incremento paritario sea superior a 32 por ciento. ¡Encima diciendo que así habría una suba del salario real! Cuando todos los economistas y patronales, como hemos dicho, proyectan una inflación real de 50 por ciento.

Así, sin duda, los números no cierran para los trabajadores. Según la consultora PxQ, con el supuesto de una inflación de 40% y tarifas aumentando al 30%, los salarios deberían subir como mínimo 45% para no perder poder de compra. La junta interna de ATE Indec afirma que la canasta básica de una familia trabajadora hoy asciende a 82.085,9 pesos.

Es necesario un aumento salarial de emergencia para que ningún trabajador gane menos que ese monto, que se tendría que actualizar mensualmente de acuerdo con el incremento de dicha canasta. Esta medida elemental, junto con la reapertura de todas las negociaciones paritarias sin ningún techo restrictivo, es lo que hay que reclamar para poder recuperar el poder adquisitivo y así vivir dignamente.

Escribe Claudio Funes

El gobierno de Alberto Fernández prorrogó la prohibición de despidos y suspensiones vigente desde marzo del año pasado. 

A través del DNU 39/2021, publicado el sábado 23 de enero en el Boletín Oficial, el gobierno peronista extendió por noventa días la vigencia de la prohibición de despidos sin causa, por falta de trabajo o fuerza mayor, y de las suspensiones por iguales motivos, salvo las “acordadas con la burocracia sindical”. También amplió hasta fin de año el pago de la doble indemnización, pero con un tope de 500.000 pesos para el plus o duplicación indemnizatoria. La Unión Industrial Argentina (UIA) de inmediato manifestó su rechazo buscando nuevas ventajas.

Este aplazamiento parece ser favorable a los trabajadores, pero no lo es. ¿Por qué afirmamos esto? Porque es un decreto que jamás se cumplió. De hecho el año pasado se perdieron 300.000 puestos de trabajo en blanco bajo convenio, justamente los “protegidos” por el decreto en cuestión. Esto terminó generando que en el tercer trimestre de 2020 las cifras de desempleo subieron, según un informe de la Universidad Católica Argentina, de 10,6% a 14,2%, y se elevan a más del doble si se agrega el “efecto desaliento” al buscar trabajo. En cantidad de habitantes, significa pasar de casi 2,1 millones de desocupados a más de 2,7 millones.

En total son 5,5 millones los trabajadores que han sufrido algún tipo de ataque a sus condiciones de vida. Esta catástrofe social se produce en plena vigencia de la “prohibición de despidos y suspensiones”. 

¿Cómo es posible que se den los despidos si de hecho “están prohibidos”? Muy simple. Por un lado porque el decreto permite que sucedan si hay “acuerdo con la dirigencia sindical”. Por el otro porque muchas patronales hacen caso omiso a la reglamentación, con la convicción que, a posteriori, el propio Ministerio de Trabajo, terminará avalando las cesantías. Esto fue lo que sucedió en innumerables casos el año pasado.

Los más de 600.000 nuevos desocupados muestran que esta “prohibición” nunca impidió las suspensiones ni los despidos que las patronales se propusieron, ya sean directos o encubiertos (forzando al trabajador a aceptar el retiro voluntario). Recordemos los 1.450 despidos de Techint, que fueron homologados el 6 de abril de 2020 entre la Uocra y la patronal en el Ministerio de Trabajo invocando, como un chiste de mal gusto, “razones de fuerza mayor que paralizaron las obras”; los de Latam y Aerolíneas Argentinas, los de la multinacional Acindar, Falabella, Sodimac, Coto, Penta y tantas otras.

A esto agreguemos que es el propio gobierno nacional el que desconoce su DNU y despide en Pami a cientos en el Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat que encabeza Jorge Ferraresi, que antes, como intendente de Avellaneda, echó también a docentes. Los gobiernos provinciales hacen lo mismo, como el de Chubut, cuyo gobernador, Mariano Arcioni,  despidió a dos mil docentes.

La doble indemnización también es una trampa. Si a un trabajador le corresponde una indemnización de 800.000 pesos, la doble tiene que ser de 1.600.000 pesos. Pero como el tope del plus se estableció en 500.000 pesos, recibirá solo 1.300.000. Otro guiño de Alberto Fernández a los grandes capitalistas, que ni siquiera pagan la simple indemnización jugando con la desesperación del trabajador que no puede soportar un juicio, que lleva años, para cobrar lo que le corresponde, como sucede en el call center Hey Latam de Rosario, donde la empresa ya avisa que no piensa pagar la doble indemnización a los despedidos. 

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad proponemos que se prohíban de verdad los despidos y las suspensiones. Y ante la violación de esta disposición, que se estatice inmediatamente la empresa para ponerla en funcionamiento bajo gestión de sus trabajadores. Que se rebajen las horas de la jornada laboral sin afectar el salario para incrementar los puestos de trabajo y la puesta en marcha de un plan de obras públicas para generar trabajo genuino, financiado con los fondos de un impuesto a la riqueza, como lo planteamos en el Frente de Izquierda Unidad, y del no pago de la deuda externa.

Escribe Guido Poletti

Empezó 2021 y se retomó la negociación con el FMI. El presidente Alberto Fernández ya tuvo una larga charla telefónica con la jefa del Fondo, Kristalina Georgieva, donde le ratificó que cumplirá con las exigencias de ajuste, la reducción del déficit fiscal hasta 4,5% del PBI, para lo cual, tal como lo plantea el presupuesto oficialista, este año no está prevista ninguna de las medidas de emergencia que surgieron producto del Covid. Hasta el insuficiente IFE fue eliminado.

Alberto Fernández también tuvo una conversación con la primera ministra alemana, Ángela Merkel. Y este jueves hablará en el Foro de Davos. En todos los casos pide apoyo para que se apruebe el acuerdo con el FMI.

La renegociación con el Fondo, que se espera esté terminada en marzo o abril, es el corazón del programa económico del Frente de Todos. Es que el gobierno, tal como lo hizo el año pasado con los usureros privados de la deuda externa, también ha reconocido la deuda con el FMI (44.000 millones de dólares, que asciende a 49.000 con los intereses), a pesar de que se la pasó diciendo que fue producto de una estafa ya que el macrismo la utilizó en su totalidad para fugar capitales. El acuerdo apunta a postergar los vencimientos más inmediatos a cambio de un plan de ajuste denominado de “facilidades extendidas”. Y aclarando, desde ya, que en unos años habrá que pagar el 100% del monto adeudado.

Seamos claros, el Fondo, después de un 2020 de una recesión terrorífica, y en medio de un 2021 lleno de incertidumbres por la continuidad de la pandemia, solo firmará un acuerdo con la Argentina a cambio de un   mayor ajuste. Y no está descartado, por la índole de los acuerdos de facilidades extendidas, que también se exijan reformas “estructurales”, laboral y jubilatoria.

En síntesis, no habrá reactivación ni salida para el pueblo trabajador si no se rompe el acuerdo con el FMI y se deja de pagar la deuda externa para así volcar todos los recursos a resolver las más urgentes necesidades populares.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional por Izquierda Socialista/FIT Unidad  

Todos deben recordar la tremenda campaña que hizo el gobierno con el denominado impuesto a la riqueza. Lo anunció a principios de 2020 como la ley que iba a beneficiar al personal de salud y poner plata para comprar respiradores y más camas. Lo presentó siete meses después y, finalmente, se terminó aprobando en ambas Cámaras. ¿Pero qué pasó? Aún no fue reglamentado y, por lo tanto, no se aplica. ¿No era que se trataba de fondos urgentes para combatir la pandemia? Es un verdadero papelón que obligó al diputado ex radical y ahora ultraoficialista Leopoldo Moreau a sacar un tuit reclamando su implementación.

Estamos nuevamente ante un colosal doble discurso del gobierno peronista que hace campaña “progre” con las necesidades populares. ¿No lo aplica porque “se lo impide la derecha”? No. Nadie más que su propia voluntad, la de Alberto Fernández, Cristina, Máximo, los diputados Heller, Yasky, Hagman y todos sus voceros. El gobierno aprovechó las críticas de los empresarios al proyecto para decir que quiere tocar los intereses de los de arriba “pero no lo dejan”. Los resultados están a la vista.

Esto demuestra que este gobierno no tiene ninguna intención de gravar a algún rico. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad lo hemos criticado por ser completamente insuficiente, aun a costa de que C5N dijera, por ejemplo, mentirosamente, que coincidíamos con el macrismo en “defender a los empresarios”, cuando fuimos los únicos que propusimos un verdadero impuesto para recaudar 20.000 millones de dólares, veinte veces más que el del proyecto oficialista. Para poder así combatir de verdad a las pandemias del coronavirus, el hambre y la pobreza gravando las ganancias de las multinacionales, los bancos, los oligarcas y a toda la clase capitalista.

Corregimos también a la ONG británica Oxfam, que pone de ejemplo al proyecto argentino para que se aplique en otros países y así se pueda combatir la pandemia, denunciando una vez más que, por más que se aplique, será un mero paliativo. Solo con medidas de fondo, como proponemos desde la izquierda, podremos combatir la pandemia de los grandes capitalistas privilegiados que han duplicado sus fortunas en medio de la tremenda crisis social mientras millones se hunden en la pobreza.

Escribe Pablo Almeida, delegado general ATE Ministerio de Economía y legislador porteño por Izquierda Socialista/FIT Unidad

El Poder Ejecutivo reglamentó la ley que supuestamente regula el teletrabajo en nuestro país. Dicha norma había sido aprobada a finales de julio de 2020. Y como no podía ser de otra manera, el gobierno peronista de Fernández introduce a través de la reglamentación de la ley un clarísimo respaldo a la posición de las patronales estableciendo en varios artículos una implementación en desmedro de los trabajadores, abriendo las puertas a una mayor flexibilización laboral.

El 20 de enero se publicó en el Boletín Oficial el decreto 27/2021 que reglamenta la ley 27.555, de teletrabajo. La reglamentación realizada por el gobierno nacional deja a las claras, por si a alguien le quedaban dudas, que la ley sólo persigue el fin de avanzar con la flexibilización de las relaciones laborales en nuestro país pasando sobre los derechos adquiridos de millones de trabajadores y trabajadoras. Cada artículo de la reglamentación “desempata” para el lado de las patronales cualquier aspecto que en la ley pudiera haber quedado como medianamente favorable a las y los trabajadores. Y deja sin reglamentar, o sea en un limbo que en la gran mayoría de los casos se resuelve a favor del empleador, varios artículos de la ley aprobada en el Congreso.

Veamos algunos ejemplos, en primer lugar, la fecha de aplicación de la ley. Su entrada en vigencia estaba establecida noventa días después de concluidas las medidas de aislamiento social. “La reglamentación, sin embargo, establece que esos noventa días comenzarán a contarse allí cuando la cartera laboral lo disponga y no a partir del 8 de noviembre, cuando, por decisión del Ejecutivo, se dejó sin efecto el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) para dar lugar al distanciamiento social (Dispo)” (Tiempo Argentino, 20 de enero de 2021).

También han sido objeto de una reglamentación regresiva con respecto a lo votado en julio en el Congreso aspectos centrales tales como el ámbito de aplicación o la reversibilidad. Como explica Cynthia Benzion, presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AALL), la reglamentación “inexplicablemente excluye del ámbito de aplicación de la ley a quienes realizan esta modalidad de forma esporádica u ocasional, cuando la ley no realiza ninguna distinción ni exige requisitos de permanencia en la modalidad de teletrabajo para que el nuevo régimen sea aplicable” (Tiempo Argentino, 20 de enero de 2021).

Sobre la reversibilidad que estaba establecida en la ley como un derecho del trabajador, la reglamentación incorpora que es necesaria “la invocación de una motivación razonable y sobreviniente”. Dicho en otras palabras, lo que era un derecho unilateral del trabajador/a de solicitar la vuelta al trabajo presencial, ahora queda en manos de la interpretación de la patronal. En un marco de millones de trabajadores con contrataciones precarias y complicidad de la burocracia sindical con las patronales es fácil imaginar que esta reglamentación dificulta enormemente la reversión del teletrabajo por pedido del trabajador/a.

La reglamentación incluye también una restricción más a la reversibilidad reclamada fuertemente en estos meses por el sector empresario: “Las personas que trabajan que hubiesen pactado la modalidad de teletrabajo desde el inicio de la relación laboral no pueden revocar su consentimiento ni ejercer el derecho a que se les otorguen tareas presenciales, salvo lo dispuesto en los convenios colectivos de trabajo o en los contratos individuales” (decreto 27/2021, Anexo I, artículo 8°).

Podríamos seguir con los ejemplos de cómo la reglamentación que lleva las firmas del presidente Fernández; el jefe de gabinete, Cafiero, y el ministro de Trabajo, Moroni, abre aún más las puertas a las patronales para usar el teletrabajo como un caballo de Troya contra los derechos laborales y avanzar aún más con la flexibilización laboral.

Así como en su momento alertamos que la ley persigue avanzar sobre los derechos de millones de trabajadores/as, hoy planteamos que la reglamentación es un paso más en la flexibilización laboral. Como venimos haciendo desde el Frente de Izquierda Unidad y el sindicalismo combativo, llamamos a fortalecer la organización desde cada sector de trabajo para estar en mejores condiciones de enfrentar y frenar esta nueva avanzada flexibilizadora.