Escribe Nicolás Nuñez

Tenemos que reforzar la movilización para frenar una ley que atenta contra todo tipo de derechos, le otorga superpoderes a Milei y habilita el avance de las multinacionales sobre nuestros territorios y bienes comunes.

Las últimas semanas se caracterizaron porque cada día salieron a la luz aspectos más escandalosos a los que podría dar lugar la aprobación de la Ley Bases de Javier Milei. Si bien se trata de una reedición achicada de lo que terminó rechazado en enero, y a pesar de haber tenido una aprobación express en la Cámara de Diputados, muchas denuncias que en un principio hizo en soledad el Frente de Izquierda Unidad fueron ganando terreno y siendo levantadas por distintos sectores. El repudio a esta reforma reaccionaria creció al calor de la marcha universitaria, los paros generales y los distintos conflictos en curso. El gobierno se enfrenta a la posibilidad o de un rechazo o de modificaciones que hagan regresar el proyecto a la Cámara baja. ¿Qué está en juego con la Ley Bases?

El punto de arranque del proyecto continúa siendo la entrega de superpoderes para legislar sobre aspectos centrales sin recurrir al Congreso. En materias administrativa, económica, financiera y energética, el presidente podría hacer y deshacer a gusto en algunos de los terrenos más requeridos por los negociados de las multinacionales. Luego continúa con la “reforma del Estado” lo que junto a los artículos dedicados a la habilitación de las privatizaciones son un verdadero homenaje a las nefastas políticas de los ´90.

Así, Milei podría avanzar en la reestructuración o desfinanciamiento total de organismos como el Conicet, el Incaa, el INTI o el Incucai, así como también seguir achicando la estructura de ministerios, secretarías y subsecretarías. Y como se prevé que esto dé lugar a menos puestos de trabajo, la ley habilita los despidos incluso de trabajadores estatales de planta permanente. Misma suerte podrían tener trabajadoras y trabajadores de Aerolíneas, ferrocarriles, Radio Nacional, Aguas Argentinas, y todo un listado de empresas estatales que quedarían disponibles para su entrega.

Pero la reforma laboral no se circunscribe al empleo estatal. La Ley Bases dejaría sin derecho laboral alguno a unos 600 mil trabajadores de empresas de cinco o menos empleados, aumenta los meses del llamado “período de prueba” (una invitación a tomar trabajadores por sólo ese período y luego echarlos sin indemnización), avanza en limitar el derecho a huelga de docentes y trabajadores de la salud, y habilita los fondos de indemnizaciones como el de la Uocra para que los patrones no tengan que hacerse cargo al despedir. De yapa, y contra lo que el propio Milei votó en el Congreso en campaña, se repone el impuesto a las ganancias para las y los trabajadores que no cobren salarios de pobreza.

Para completar los negociados, la “Ley Bases” plantea el blanqueo de fondos en “negro” más escandaloso de la historia argentina, sin requerimientos para quienes vienen eludiendo pagar impuestos y fugando frondosos montos de dólares al exterior. “El que fuga es un héroe” dijo Milei, y acá viene el premio al “heroísmo” de personajes como los narcotraficantes, que encontrarán un canal privilegiado para legalizar sus crímenes.

La Ley Bases y su Régimen de Incentivo para Grandes Inversores (Rigi) (ver nota) no pueden pasar, ni así como está, ni con las modificaciones estéticas que quieren negociar el radicalismo, los gobernadores y un sector del peronismo. La CGT, las CTA, las asambleas barriales, las coordinaciones de lucha, el Frente Gremial Universitario, el movimiento socioambiental y de derechos humanos, todos tienen que estar cuando la ley se trate para rodear el Congreso y derrotarla.



 

Escribe Nicolás Nuñez

El capítulo más frondoso, y quizás el más escandaloso de la Ley Bases, es el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). Es difícil encontrar antecedentes de tal nivel de entrega de la Argentina plasmada en un proyecto de ley. Con el pretexto de atraer inversiones de 200 millones de dólares para arriba, se les otorgan llave en mano a las multinacionales los territorios y bienes comunes. El RIGI dispone de todos los beneficios que una empresa pudiera pretender y quizás más. Es tal el nivel de entrega, que incluso hay empresarios preocupados porque resulta tan indefendible que cualquier gobierno que venga después del actual debería pretender modificarlo.   

Por el volumen de inversión que se pretende regimentar, si bien el proyecto no delimita las actividades que se pretende promover, el gobierno y sus aliados han precisado con entusiasmo que están pensando en la explotación de combustibles fósiles (petróleo y gas) y la minería. Aunque también podría tratarse de negociados inmobiliarios en base a la apropiación de tierras fiscales.

Las empresas que entren al RIGI, a partir del tercer año perderán toda obligación de liquidar divisas en el país. Se la pueden llevar toda. Al punto de que la crítica del peronismo al RIGI, es que no deja dólares para pagar la deuda externa. Tampoco tendrán obligación de contratar mano de obra local, ni de utilizar proveedores nacionales, pudiendo importar maquinaria usada, e incluso traerla y venderla de forma libre de impuestos. En caso de escasez de bienes comunes requeridos para la explotación, como ser los enormes caudales de agua que derrocha la megaminería, las empresas incluídas en el RIGI tendrían prioridad en el uso por sobre las localidades. Y al pasar a considerar estas inversiones como de “interés nacional” toda legislación local que pudiera interferir con la actividad pasa a ser tomada como nula; lo cual podría dar por tierra con la legislación vigente en provincias como Mendoza o Chubut que bloquea el avance de las mineras.

Y la cereza del postre de la entrega es el marco legal. El RIGI dispone total estabilidad a las inversiones por treinta años, y que en caso de darse un litigio por el desarrollo de la explotación (como ser por un accidente, derrame o superexplotación laboral) las empresas podrán acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un apéndice del Banco Mundial que siempre defiende los negociados y en el que Argentina es una perdedora serial de juicios. Conclusión: una entrega total del país a las multinacionales.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

El proyecto de Ley Bases que se está discutiendo en el Senado, incluye una reforma jubilatoria que afecta particularmente a las mujeres, mostrando nuevamente por qué el gobierno de Milei representa la reacción patriarcal.

De aprobarse este proyecto, se derogaría la moratoria previsional y se la reemplazaría por una Prestación de Retiro Proporcional (PUAM), destinada a personas que cumplieron 65 años y no completaron los 30 años de aportes necesarios para jubilarse. Pero además se pasaría a cobrar, a partir de esa edad, un haber que equivale al 80% de una jubilación mínima: una prestación de indigencia que ni siquiera permite a las y los beneficiarios acceder a una canasta básica de consumo. En los hechos, este proyecto eleva la edad jubilatoria para la mayoría de las mujeres que solo logran acceder a una jubilación a través de estos regímenes especiales: si la reforma pasa, nueve de cada diez mujeres solo cobrarán la PUAM, y recién a sus 65 años.

 Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) el 75% de quienes acceden a una jubilación por moratoria somos mujeres. Esto es así debido a que el sistema capitalista patriarcal consolidó históricamente una división sexual del trabajo que feminizó las tareas domésticas no remuneradas (el 75% son realizadas por mujeres versus el 25% por varones) y que produce una inserción de las mujeres en las ramas productivas más precarizadas como el empleo doméstico, arrojando al 39% de las trabajadoras a la informalidad. Esta combinación, hace que muchas mujeres no tengan aportes jubilatorios suficientes y que sólo puedan acceder a una jubilación con regímenes especiales. De aprobarse la Ley Bases de Milei, la mayoría de las adultas mayores llegarán, con suerte, a jubilaciones de indigencia a una edad mayor, obligándolas a trabajar más años y sometiéndolas a condiciones de vida totalmente deshumanizantes.

 Desde Isadora Mujeres en Lucha, rechazamos este proyecto de ley, y llamamos al conjunto de les trabajadores, y en particular a las mujeres, a salir a las calles a defender los derechos conquistados y movilizarnos el día que este proyecto se vote en el Senado para que caiga.

 
 

Escribe Pablo Almeida, delegado general junta interna del ministerio de Economía

Entre los múltiples segmentos en que está dividida la nueva versión de la Ley Bases se destaca el de Empleo Público. En el mismo el gobierno de Milei intenta introducir modificaciones al marco regulatorio de las y los trabajadores estatales que permita profundizar su política de despidos.

En un marco donde más de 12 mil estatales con distintas modalidades de contratación precarias han sido despedidos en los primeros seis meses de presidencia de Javier Milei, las modificaciones a la Ley de Empleo Público apuntan a ampliar el universo de futuros posibles despedidos a los 120 mil trabajadoras y trabajadores de planta permanente del Estado nacional.

 En el artículo 52 del Capítulo IV de la Ley Bases modifica la Ley Marco de Empleo Público estableciendo que : “El personal alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o de las funciones a ellos asignadas; o de reducción por encontrarse excedida, conforme surja del informe fundado del órgano competente en la materia, la dotación óptima necesaria, quedará, automáticamente, en situación de disponibilidad por un periodo máximo de hasta doce (12) meses, conforme lo establezca la reglamentación”. Una redacción muy pomposa y enroscada para pasar por encima del régimen de estabilidad consagrado por la Constitución Nacional.

En un marco de despidos masivos, la incertidumbre y hostigamiento que significan que más de 55 mil contratos se renuevan cada tres meses y una profundización de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación es imperioso organizar las fuerzas de las y los trabajadores del Estado para enfrentar el ajuste en curso y los nuevos embates que se avecinan. Exigimos a las conducciones de ATE que abandonen las grandes declamaciones que solo devienen en acciones testimoniales y cada vez más aisladas. Y reclamamos la convocatoria a instancias democráticas con mandatos de las asambleas de base para poner en pie un verdadero plan de lucha para derrotar el ajuste.
 
 
 

Escribe Adolfo Santos

El paro del 9 de mayo fue una contundente respuesta de las y los trabajadores al brutal plan de ajuste que viene aplicando el gobierno ultraderechista de Milei y el FMI. Fue un verdadero parazo que demostró la enorme voluntad de lucha de la clase trabajadora contra el plan motosierra, la licuación de salarios y jubilaciones y el ataque sistemático a los derechos y el nivel de vida de las masas populares.

“Parecía un domingo”, llegó a noticiar un medio. No era para menos, sectores de la ciudad que en días normales concentran multitudes, como las estaciones de Constitución, Retiro, Once o Liniers, estaban desiertas. Ni la actitud rompehuelgas de un sector de la dirigencia de la UTA alineada con la patronal de la empresa de transportes DOTA, consiguieron cambiar la fisonomía del paro. Las diferentes líneas de esa empresa, circulaban prácticamente vacías por el AMBA porque la decisión de las y los trabajadores a pesar de esa oferta de transporte, fue sumarse al paro.

El funcionamiento de pequeños comercios, farmacias y algunas estaciones de servicio, no consiguieron disimular la fuerza de la medida. Los propios comerciantes declararon que no entraban clientes. Las fábricas, las oficinas, las escuelas y universidades, la administración pública, el transporte de colectivos y ferroviario, aéreo y fluvial, el personal portuario, los aceiteros de los grandes monopolios agroexportadores, bancarios y una larga lista, no dudaron en paralizar sus actividades masificando la protesta contra las políticas del gobierno al servicio de los grandes empresarios y el FMI.

En muchos lugares, el cese de actividades se transformó en masivos actos y movilizaciones. Desde Neuquén llegaron informes de más de diez mil manifestantes que ocupaban más de quince cuadras. En Córdoba, provincia donde Milei ganó por amplio margen, el paro fue contundente y coronado con una importante movilización. En Tierra del Fuego, donde el paro fue total (incluyendo la planta Mirgor de la familia Caputo y portuarios), hubo una marcha de seis cuadras en Ushuaia. Por su parte, el sindicalismo combativo, realizó actos y conferencias de prensa en Plaza Congreso y en el centro de Rosario.

El paro tuvo una repercusión histórica por su masividad y por su extensión a pesar de la lógica desconfianza con la burocracia sindical. Fue el reflejo del malestar social generado por las medidas económicas y las amenazas no surtieron efecto. El gobierno montó una campaña con altoparlantes en las estaciones del ferrocarril pidiendo para denunciar supuestos aprietes de sindicalistas, el vocero presidencial habló de descontar el día a los que adhieran al paro y Patricia Bullrich amenazaba investigar los “atentados contra los ómnibus” mientras hacía un papelón al subirse a un colectivo vacío, pero sin crédito en la SUBE para viajar. El impacto de la medida dio de lleno en el gobierno, porque millones que pararon fueron votantes de Milei. Se empieza a derrumbar la idea de que el ajuste se hace con el beneplácito popular.

Hay que darle continuidad a la lucha contra el plan de Milei y el FMI

La contundencia del paro demuestra la voluntad de lucha de la clase trabajadora. Fue un round más de la pelea contra el gobierno ajustador de la que salimos fortalecidos. Es posible derrotar el plan motosierra, la Ley Bases y anular el DNU. No concordamos con la CGT, que después de decir: “fue un parazo”, calificó la medida como “un llamado de atención para que el gobierno tome nota” y que “está abierta para el diálogo”. Este gobierno demostró que no tiene ningún interés en dialogar con la clase trabajadora, su único objetivo es gobernar al servicio de los grandes empresarios y el FMI.

El camino es la movilización y la lucha, por eso la clase trabajadora en menos de cinco meses de gobierno tuvo que realizar dos paros generales, varios paros por sector y la comunidad educativa realizó una marcha histórica el 23 de abril en defensa de la educación. En los próximos días se estará votando la Ley Bases en el Senado, la CGT debe convocar a la movilización para demostrar la total oposición a ese nefasto proyecto. Y hay que ir por más, como debatieron las y los ferroviarios del Sarmiento en una gran asamblea donde votaron exigir un nuevo paro de 36 horas con movilización.

No es casual que en los días siguientes al 9 de mayo se haya discutido tanto la propuesta que hizo el dirigente combativo Rubén “Pollo” Sobrero a la CGT durante la conferencia de prensa frente al Congreso de realizar un paro de 36 horas. Una medida que también votó el gremio Ademys (docentes de CABA) y la Multisectorial en Neuquén, entre otras. Por eso exigimos ¡Paro de 36 horas con movilización! Que la CGT y CTA llamen a marchar al Senado cuando se trate la ley ¡Abajo la Ley Bases y el DNU! No a los despidos y tarifazos. Aumento inmediato de salarios y jubilaciones. Plata hay. Que se deje de pagar ya la deuda externa. Abajo el plan motosierra de Milei y el FMI.