Escribe Mariano Barba

El jueves 14 de julio decenas de miles de desocupados convocados por la Unidad Piquetera marcharon por el centro de Buenos Aires y en otras plazas del país reclamando un bono de 20.000 pesos, la elevación del salario mínimo a 100.000 pesos y la ampliación de la asistencia social. Marcharon hasta Plaza de Mayo, se establecieron en ese lugar durante gran parte del día y solicitaron a la vez ser atendidos por la nueva ministra de Economía. Participaron de la misma la veintena de organizaciones que conforman la Unidad Piquetera, entre las que están el Polo Obrero y el Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive, integrantes del FIT Unidad. De forma paralela y simultánea los movimientos sociales que integran el Frente de Todos encabezados por la UTEP de Juan Grabois realizaron una protesta frente al Congreso de la Nación para exigir que aprueben una ley que imponga el Salario Básico Universal de 14.000 pesos, propuesta con la cual tenemos una polémica. Y en la jornada del 14 se hicieron presentes en la marcha piquetera combativa. Tal es la gravedad de la crisis que los defensores del gobierno están obligados a acercarse a los reclamos de los movimientos piqueteros combativos.

Por una solución de fondo

Además de apoyar el reclamo inmediato como lo es el bono de 20.000 pesos exigido por la Unidad Piquetera para paliar hoy la lacerante miseria y contrarrestar algo la inflación, y la universalización de los planes sociales, desde Izquierda Socialista impulsamos soluciones de fondo porque de lo contrario la miseria y la desocupación seguirán creciendo. No compartimos el proyecto de Salario Básico Universal presentado en mayo de este año por los tres diputados nacionales de Patria Grande que ascendería a un monto mensual de 14.000 pesos, el cuál sólo servirá para consolidar la pobreza. Lo mismo decimos sobre el otro proyecto impulsado por Cristina Kirchner (ver página 4). Más allá del nombre que adquiera lo que importa es que el monto no sea de indigencia. Decimos que bien podría haber un Seguro al Desempleado que tendría que ser con un monto de 100.000 pesos para no caer bajo la línea de pobreza en camino de lograr el valor de la canasta familiar.

Solo una salida de fondo puede generar los millones de puestos de trabajo genuinos que se necesitan. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad proponemos (como lo hicimos con el proyecto de ley de la diputada Schlotthauer y del diputado Giordano) la construcción de 500.000 viviendas populares que darían ocupación a dos millones de desocupados. Es decir, trabajo genuino. La construcción de obras públicas como escuelas y hospitales, también incrementarían la ocupación genuina.

¿De dónde sacar los fondos? Del no pago de la deuda externa al FMI y a los usureros privados. Es la única propuesta realista que este gobierno no está dispuesto a aplicar porque ha delineado un mayor ajuste para cumplir con el FMI.

Desde Izquierda Socialista fuimos parte junto a distintas organizaciones de la multitudinaria movilización que se realizó contra la persecución a los que luchan del gobernador radical Morales

Escribe Claudio Funes

Ante la pobreza creciente y la presión en las calles de las organizaciones sociales, la vicepresidenta Cristina Fernández impulsa la creación del Ingreso Social Complementario. Una propuesta absolutamente insuficiente para resolver el drama de la pobreza y la marginación social. De esta forma el peronismo kirchnerista intenta despegarse del ajuste en curso acordado con el FMI.

La pobreza aumenta y las organizaciones sociales presionan en las calles. Cristina Fernández, con la mirada puesta en las elecciones de 2023, impulsa en el Senado la creación del Ingreso Social Complementario. Una iniciativa que tiene puntos de contacto con el Salario Básico Universal exigido por las organizaciones sociales oficialistas, pero más cercana al IFE, dado que no es universal (no alcanzaría a los 7,5 millones de personas que propone el proyecto del Salario Básico Universal) y sería, de aprobarse, acotada en el tiempo.

Desde ya que toda ayuda económica es un alivio, pero 14.400 pesos es una medida totalmente insuficiente, llámese Salario Básico Universal o Ingreso Complementario.

El gobierno del Frente de Todos del que Cristina Kirchner forma parte es responsable de la inflación descontrolada que licúa salarios y pulveriza las jubilaciones. Cada día 2.800 personas caen en la pobreza y así habría medio millón más de pobres en el primer semestre de 2022. Ya ni siquiera teniendo trabajo formal ni informal se está a salvo.

Un ejemplo de lo que estamos diciendo es que a partir de junio la jubilación mínima será de 37.524,96 pesos. Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que marca la línea de indigencia, quedó fijada en 44.499 pesos para una familia de cuatro miembros (Indec). Esto indica que el 70% de las y los jubilados perciben haberes de indigencia. Una verdadera calamidad sostenida por Alberto Fernández, Cristina y la oposición patronal que impusieron una fórmula de movilidad jubilatoria que no contempla el índice inflacionario.

Agreguemos a esto las paritarias a la baja y en cómodas cuotas, el trabajo en negro, sin aportes jubilatorios, que condena a millones de trabajadores a una vejez de miseria, y tendremos el panorama de una durísima realidad que no se cambia con 14.400 pesos, una cifra aún menor a los 19.470 pesos correspondientes al mes de junio del programa social Potenciar Trabajo.

Ante semejante crisis la vicepresidenta propone destinar 48 dólares mensuales por persona para “combatir” la indigencia, lo que equivale a 1,60 dólares por día. Una miseria total, mientras el gobierno ya pagó 12.000 millones de dólares de deuda externa usurera desde que asumió.

Dicen que no hay plata para los desocupados. Pero plata hay y de sobra, lo podemos demostrar. El 9 de julio el gobierno le giró al FMI 690 millones dólares en concepto de pago a los bonistas privados del canje de deuda que hizo el ex ministro Guzmán.

Ahora descubrimos el porqué de la propuesta “progresista” de Cristina mientras su gobierno se niega a ampliar el ingreso al plan Potenciar Trabajo. Se intenta pagarle al Fondo y al mismo tiempo no quedar pegado al ajuste en curso que se irá profundizando de la mano de su ministra de Economía. “Lo anunciado por Batakis es consistente con los objetivos del programa” (acuerdo con el FMI), declaró Gerry Rice, vocero del organismo.

Ante esta política decimos que estamos de acuerdo en que todo desocupado o a quien le haga falta tenga un ingreso, pero que no puede ser de 14.000 pesos. Eso es consolidar la indigencia. Ninguna suma puede ser menor al valor de la canasta de pobreza. Nos pronunciamos por la universalización de los Potenciar Trabajo, tal como reclaman las organizaciones sociales combativas. Y decimos que la auténtica solución pasa por la creación de trabajo genuino, para lo que proponemos un plan de construcción de medio millón de viviendas populares para dar trabajo a dos millones de desocupados.

Afirmamos que los valores reales son 168.000 pesos para la canasta familiar (ATE Indec), 99.000 pesos para la canasta de pobreza y 44.499 pesos para la de indigencia (valores a fines de junio, que a la vez deben ser ajustados luego de los últimos aumentos de estas semanas). Estos números demuestran que gran parte de los ingresos son de pobreza y muchos directamente de indigencia.
Para resolver de verdad las urgentes necesidades del pueblo trabajador y los sectores populares no basta con tapar los agujeros. Hay que dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI para imponer un plan económico  obrero y popular.

Escribe José Castillo

Casi la mitad de los trabajadores privados (el 41,6%) están en negro. Son 5.100.000 personas. Pero lo peor es que 567.000 de ellos son nuevos puestos de trabajo, post-pandemia. Siendo claros: los puestos de trabajo en blanco que se perdieron durante 2020 nunca se recuperaron. Fueron reemplazados por trabajadores precarizados, sin derechos, ni obra social, ni cobertura por accidentes de trabajo, ni aportes jubilatorios. Trabajadores descartables que pueden ser echados en cualquier momento sin pagarles un peso de indemnización.

Hay tres actividades donde el trabajo informal es mayoritario: personal doméstico (1.072.000 puestos de trabajo), la construcción (537.000) y los trabajadores del campo (513.000). Pero también existen 880.000 puestos en negro en el comercio y 615.000 en la industria.

El trabajo precarizado, en negro o informal es, a la vez, el que más sufre el deterioro salarial. Viene perdiendo más del 30% del poder de compra desde 2017 y este año, según todos los registros, ya estaba muy por debajo de la suba de precios en la primera mitad del año. Mucho peor ahora, con los nuevos saltos inflacionarios de la semana pasada. De hecho, una parte importante de los millones de puestos de trabajo que apenas reciben el salario mínimo de 45.540 pesos (o incluso menos, pese a su “ilegalidad”) son trabajadores informales. ¡Cobran la mitad del salario necesario para llegar a salir de la línea de pobreza!

Las patronales en todas sus expresiones, el establishment económico y el FMI insisten en que, para resolver el problema de los puestos de trabajo en negro, hay que avanzar con la flexibilización laboral. Argumentan que las patronales contratan en negro porque les resultan muy caros los aportes jubilatorios, de obras sociales o los pagos de indemnizaciones por despido. En sus propios argumentos se ve a que apuntan: a un país donde el conjunto de los trabajadores puedan ser superexplotados sin ningún derecho, ni siquiera el de jubilarse al terminar su vida laboral.

Lo peor es que el modelo al que apuntan ya existe: se aplica en la industria de la construcción, donde los trabajadores despedidos no cobran la indemnización establecida por ley para el resto de las actividades, sino un seguro de desempleo que surge de una “libreta” de aportes que se le hace al trabajador mientras está ocupado. Como termina todo esto está a la vista: el obrero de la construcción es uno de los más pobres y explotados y lo que percibe si es despedido es una miseria. Pero eso no impide que, como vimos antes, la construcción sea una de las actividades que registra más trabajo informal. ¿Por qué? Porque así el empleador se “ahorra” gastos de elementos de seguridad, paga por debajo de los valores de convenio y ni siquiera aporta para ese miserable fondo de desempleo del que hablamos más arriba.

La salida es justamente la opuesta. Hay que exigir el blanqueamiento de todos los trabajadores, pagándoles lo que les corresponde según el convenio respectivo, y con todos los beneficios correspondientes. Es obligación del Ministerio de Trabajo inspeccionar y sancionar severamente (con fuertes multas, clausuras y expropiaciones) a quienes tienen trabajadores en negro. Se debe invertir la carga de la prueba: que cualquier trabajador pueda denunciar su situación de precariedad y no pueda ser echado por ello, sino inmediatamente blanqueado.

Por supuesto, poco podemos esperar de un Ministerio de Trabajo que, siendo el encargado de inspeccionar todo esto, tiene en su propio seno trabajadores precarizados, bajo el formato de “monotributistas”. El pase a planta de todos los trabajadores del Estado en esas condiciones también es parte de la lucha contra la precarización laboral.

Escribe Claudio Funes

Cristina Kirchner y Sergio Massa acordaron con los empleados parlamentarios un aumento salarial. Gracias a la “ley de enganche” las y los diputados y senadores tendrán un incremento de 69% en sus dietas.

Semejante aumento en medio de la profundización de la pobreza debido a la inflación sin control, lo recibirán en dos tramos, el primero en julio y el segundo en octubre, con cláusula de revisión en noviembre. Todo en este año, no en cómodas cuotas como acuerda la burocracia sindical peronista para las y los trabajadores. 

Desde el gobierno intentan justificar el aumento diciendo que las dietas están “atrasadas”. En la actualidad un legislador cobra 359.000 pesos de bolsillo promedio y a partir de julio llegará a 466.700 pesos, mientras que en octubre alcanzará los 606.710 pesos. A estos importes se agregan otros ítems como gastos de representación y desarraigo, si residen a más de 100 kilómetros del Congreso.

El Frente de Izquierda propone que cada diputado o legislador gane lo mismo que una directora de escuela, y lo llevan adelante.