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Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Hay un tembladeral político y económico tras la renuncia del ministro Guzmán. Y crecen las luchas. El lunes 11 de julio Batakis anunció un mayor ajuste tras hablar con la titular del FMI Kristalina Georgieva. La inflación no se detiene, los alimentos básicos son inalcanzables, el dólar paralelo está por las nubes y la incertidumbre de millones crece día a día. Argentina sigue sometida a un mayor ajuste capitalista de pobreza, saqueo y dependencia. Hace falta un plan económico obrero y popular. Esto es lo que volvió a postular la izquierda junto al sindicalismo combativo y las organizaciones sociales que luchan en la gran marcha a Plaza de Mayo el 9 de Julio.

La renuncia de Guzmán abrió una mayor crisis en el gobierno, la más grande desde que asumió. El Frente de Todos hace aguas y está en su peor momento. Antes hubo otras. Pero la actual no es una más de las denominadas “crisis en las alturas”, está asentada en un evidente descontrol económico y, mientras tanto, está creciendo el malhumor social expresado en más reclamos obreros y populares, como se dio con las rebeliones de los docentes de San Juan semanas atrás y ahora en La Rioja, en los paros del Sutna, entre otros.

¿Cuál va a ser el nuevo precio de la leche o la carne? ¿Y del dólar? ¿Qué pasará con el empleo y los salarios? ¿Llega el gobierno al 2023? ¿Adónde va el país? Estos interrogantes cotidianos son los que generan un mar de incertidumbre en el pueblo trabajador. Si hay algo claro es cuál es el camino del gobierno. Batakis acaba de confirmar que se va a un mayor ajuste (achique del gasto del Estado) y va a seguir bajo las recetas del FMI. Un gobierno que se postuló como “salvador” ante la crisis que había dejado el macrismo y ahora son millones los azorados ante sus consecuencias.

Alberto Fernández vino diciendo que el peronismo siempre fue el salvador del país ante las crisis, como la salida anticipada de Alfonsín en 1989, luego la caída de De la Rúa en 2001, y en 2019 cuando ganó las elecciones ante lo que denominó “la pandemia de Macri”. Con ese mensaje pidió el voto para “combatir a la derecha” y prometió la heladera llena. Pero lo único que ha crecido en casi tres años de gobierno fueron la inflación, la desigualdad social, las ganancias de los grandes empresarios, terratenientes y banqueros nacionales y extranjeros, y el saqueo del FMI.

El gobierno peronista del Frente de Todos sigue justificando su accionar posando como víctima, primero con la pandemia del Covid-19 y ahora con la guerra en Ucrania. Intenta de esa forma encubrir su responsabilidad ante las consecuencias nefastas ocasionadas por el pacto de mayor saqueo y dependencia sellado con el FMI a través del Congreso nacional con el apoyo del macrismo y el radicalismo de Juntos por el Cambio. Esto ya generó una ruptura que se expresó en las elecciones pasadas, donde el gobierno perdió cinco millones de votos de su base popular. Ahora se cierne la amenaza de que lo darían perdedor en las presidenciales del año que viene. Millones de trabajadoras, trabajadores y jóvenes están haciendo una experiencia acelerada con el peronismo en el gobierno, generando una mayor decepción, falta de entusiasmo y ruptura con el Frente de Todos. Solo la izquierda y los luchadores pueden darle una salida favorable al pueblo trabajador.

Una economía atada a las multinacionales y al FMI

Esta semana se dará a conocer el índice de inflación de junio, que superará el 5%. Pero los ojos están puestos en la de julio, que ya todos esperan sea entre el 7 u 8%, llevando la interanual al 80%. Es inconcebible que en la Argentina de la carne y el trigo los alimentos estén más caros que en países de la Unión Europea. Pero es así.

Algunos presagian índices cercanos a una economía hiperinflacionaria. Muchos recuerdan al gobierno de Alfonsín, cuando el pan tenía un precio a la mañana y se duplicaba por la tarde. Por ahora no estamos en eso, pero una inflación del 80%, salvo en los picos hiperinflacionarios, es una de las más altas de nuestra historia y ubica a Argentina entre los países más inflacionarios del mundo.

Es cierto que hay una mayor inflación mundial y la invasión de Rusia a Ucrania ha disparado los precios internacionales de la energía y los alimentos. Pero esto no es más que un nuevo capítulo de la crisis capitalista mundial que los gobiernos imperialistas descargan sobre los pueblos del mundo, mientras salvan al mismo tiempo a las multinacionales, bancos y grandes empresarios. Por ejemplo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que nuclea a los principales países imperialistas, tendrá una suba anual del 9,6%, la más alta en los últimos treinta años. Y en Argentina la inflación ha sido enorme en todos estos años previos.

El dólar blue está casi al doble del oficial y las reservas del Central están semivacías, con dólares que alcanzan solo para cubrir las importaciones de quince días. Y los vencimientos de la deuda en pesos son billonarios (dos billones se pagarán en julio-septiembre). El gobierno ya se comió los ingresos de las exportaciones y su centro es capturar 5.800 millones de dólares para cumplir con las metas del FMI. Por eso Batakis ratificó el ajuste mediante un “equilibrio fiscal” a la baja (llegar al 2,5% del PBI pactado con el Fondo Monetario), lo cual implica eliminar cualquier intento de otorgar aunque sea el miserable salario universal de indigencia del que en un momento habló Cristina. Y la promesa de que con más exportaciones se va a salir es para justificar las retenciones cero, que se acaba de votar en el Congreso para favorecer a las automotrices Ford, Toyota, Peugeot y otras, entre otros incentivos y exenciones impositivas para petroleras, el agronegocio y las mineras.

El trasfondo de este sometimiento hay que buscarlo en el endeudamiento externo que viene desde la dictadura, la fuga de capitales y una economía dirigida y en beneficio de multinacionales, bancos y capitalistas autóctonos (Techint, Arcor, Molinos, Coto, Eurnekian, Banco Macro, Credicoop, entre otros) que la vienen esquilmando desde hace décadas de la mano de todos los gobiernos de turno.
 
El rol del kirchnerismo

Cristina pasó de no hablar con Alberto Fernández (porque mantenía en el cargo a Guzmán, según se decía) a señalar que la renuncia del ex ministro fue un acto de “irresponsabilidad y desestabilización” para con el presidente. Se dio cuenta que seguir fogoneando al mismo gobierno que ella integra no hace más que meter más leña al fuego a una crisis política con consecuencias impredecibles, crisis que también alcanza a su figura. Sus quejas sobre “funcionarios que no funcionan” o sus arengas sobre la “economía bimonetaria” sin proponer nada distinto más que retoques parciales al plan económico de Alberto Fernández, se le están agotando después de la “tregua” y el consenso ante la designación de Batakis.

Cristina vino radicalizando su discurso contra su propio gobierno pero está en una encerrona. Ella misma no ha dejado de incentivar la crisis política y debilidad del gobierno del cual es vicepresidenta. Por eso va girando. Una muestra fue la reunión que tuvo con el economista de derecha-liberal y ex funcionario macrista, Carlos Melconián, reconociendo que en muchas cosas estaba de acuerdo con él. Otro paso fue la presencia de su quizás delfín presidencial y actual Ministro del Interior Wado De Pedro hablando ante el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), es decir, ante las grandes corporaciones del llamado círculo rojo a quienes le propuso acuerdos básicos. “La tribuna es tuya”, le dijo Funes de Rioja en una sala VIP del Alvear Icon Hotel de Puerto Madero mientras se degustaba lomo con verduras. Funes de Rioja es el jefe de la Copal (Cámara de Alimentos), patronales que remarcan todos los días los precios. En dicha reunión también estaba el representante de la Bolsa de Comercio, bancos y hasta la Sociedad Rural.

Funes de Rioja fue claro: “Debo decir que lo percibo no sólo como un dialoguista si no también con un futuro que todos queremos para la Argentina”. Y Eurnekian le regaló un claro mensaje a De Pedro: “sepa que tendrá del sector empresario el total y absoluto apoyo a su gestión”.

Llevarse bien con los empresarios fue también la lógica del peronismo kirchnerista en sus doce años de gobierno . Durante 2003/2015 eran los que “se la llevaban en pala” según reconoció la propia Cristina, años en que la concentración económica creció, se pactó con la Barrick y Chevrón y se pagó de contado toda la deuda con el FMI con el verso de que nos estábamos desendeudando. De Pedro también le hizo un guiño a la oposición patronal de Juntos en dicho evento, mostrándose en sintonía con algunos dichos de Mauricio Macri y Rodríguez Larreta.

Muchos jóvenes y sectores populares siguen teniendo aún expectativas en Cristina y el kirchnerismo creyendo equivocadamente que son algo distinto a Alberto Fernández o a Sergio Massa, o que realmente podrían tener una propuesta “nacional y popular” contra el FMI y los grandes grupos económicos.  Pero Cristina, Máximo Kirchner y el peronismo kirchnerista no tienen ningún plan cualitativamente distinto al de Alberto. Sus discursos críticos tienen que ver no solo con la disputa interna para quedarse con puestos clave, la caja para La Cámpora y el control del territorio bonaerense, sino también con tratar de “salvarse” del creciente repudio de la base peronista al gobierno del Frente de Todos que incluye al kirchnerismo. Cosa que no le está resultando fácil. También Cristina teme que en un futuro cercano amplios sectores peronistas del movimiento obrero y popular puedan ser ganados por la izquierda trotskista del FIT Unidad, por eso con su discurso trata de contener una mayor ruptura hacia la izquierda revolucionaria.
 
Postular una salida de fondo

Se avecinan tiempos donde se expresarán nuevos capítulos de la mayor crisis política y social en curso. Nadie se atreve a predecir más allá del día a día. Aplicar un mayor ajuste y llegar a 2023 no le será fácil al gobierno peronista. Hay un cóctel explosivo en la realidad que hasta reconocen propios y extraños.

Seguiremos transitando momentos de cambios bruscos en lo político, económico y en las luchas, ante un gobierno más débil que ya definió un mayor ajuste. Es cierto que al gobierno no le han soltado la mano los empresarios ni el FMI. Pero también es cierto que ante la agudización de la crisis los grandes capitalistas pujan por llevarse aún más la mejor parte de la torta. También el gobierno cuenta con el apoyo de la CGT, las CTA y los movimientos sociales pro gobierno, que fueron elogiados por el propio Fernández por evitar un estallido social cuando asumió y por su rol actual de “contención social”. Pero a pesar de ello las luchas vienen creciendo. El epicentro estuvo en estas semanas en la rebelión docente en La Rioja, los más de diez paros de los trabajadores del neumático nucleados en el Sutna y en el movimiento de desocupados combativo, entre otras expresiones. Reclamos que crecerán ante la suba del hambre y la desigualdad social.

Lo que se da en Argentina no es más que la expresión particular de lo que pasa en el mundo, más allá de sus diferencias y semejanzas, donde hay una mayor crisis capitalista-imperialista mundial con su actual crisis alimentaria y energética. Y se está ante una enorme inestabilidad de los gobiernos (cayó Boris Johnson en Inglaterra y huyó el presidente en Sri Lanka), donde se dan rebeliones populares como ocurrió en Ecuador con dos semanas de paro contra el ajuste del FMI y el presidente Lasso.

Las y los luchadores y la izquierda tienen que seguir apoyando las luchas obreras y populares, denunciando el rol de los dirigentes. La CGT y las CTA anunciaron posibles marchas tras los dichos de Batakis. Hay que exigirles que rompan el pacto con el gobierno y fijen un paro y plan de lucha nacional por un inmediato aumento salarial de emergencia para enfrentar la tremenda suba de precios. Para que se reabran las paritarias y se fijen aumentos al valor de la canasta familiar indexados mensualmente al real costo de vida, como lo reclama y por eso lucha el Plenario Nacional del Sindicalismo Combativo. Segundo, seguir postulando un plan económico alternativo de emergencia, obrero y popular, partiendo de romper con el FMI y el no pago de la deuda externa, para construir un plan de medio millón de viviendas populares para dar trabajo genuino a dos millones de desocupados, entre otras medidas. Es lo que planteamos en la nueva y gran marcha a Plaza de Mayo y en las principales ciudades del país este 9 de Julio entre el Frente de Izquierda Unidad, el sindicalismo combativo, los movimientos sociales combativos y el resto de la izquierda. Mostramos una salida alternativa.
El peronismo ha demostrado que no tiene nada de “salvador” sino que es una continuidad de los planes de ajuste capitalistas. Por supuesto que ante todo esto tampoco es ninguna solución el macrismo y el radicalismo de Juntos que ya gobernó con hambre, endeudamiento y represión y fue enfrentado por los luchadores y la izquierda. Y llamamos a combatir a los liberfachos Milei y Espert.
Hace falta fortalecer al Frente de Izquierda Unidad como la única y nueva alternativa política de los trabajadores y de la unidad de la izquierda que vino creciendo en estos años, para que se prepare con más fuerza para pelear por esta salida de fondo. Salida definitiva que para Izquierda Socialista vendrá de la mano de un gobierno de las y de los trabajadores y una Argentina socialista.

Escribe José Castillo

Martín Guzmán renunció luego de cumplir con el primer trimestre de ajuste exigido por el FMI. La nueva ministra Silvina Batakis asumió comprometiéndose a continuar el acuerdo con el Fondo y declarando “creer en el equilibrio fiscal”. Anunció un mayor ajuste, por lo que se vienen meses con más inflación, devaluación y caída de salarios, jubilaciones y planes sociales.

La renuncia de Martín Guzmán desató una grave crisis política que analizamos en las páginas 2 y 3 de este periódico. El ex ministro de Economía, garante y firmante del acuerdo con el FMI hace apenas tres meses, se fue después de cumplir con el ajuste que correspondía a la primera meta trimestral. El FMI “lo aprobó” pero inmediatamente le exigió el cumplimiento irrestricto de la meta de ajuste anual (reducir el déficit fiscal a 2,5% del PBI y la emisión monetaria a 1%, además de acumular al menos 5.800 millones de dólares en las reservas). Para hacerlo indicó el camino en su propio comunicado, reducir el gasto en jubilaciones, subsidios (esto último directamente relacionado con avanzar en tarifazos de los servicios públicos privatizados) y congelar el gasto social. Kristalina Georgieva lo graficó claramente días después al afirmar que se necesitaban “acciones dolorosas”.

Guzmán se fue víctima del fuego cruzado entre Alberto Fernández y un kirchnerismo que sin plantear nada alternativo venía buscando zafar discursivamente de las consecuencias del ajuste.
Con el nombramiento de Silvina Batakis como nueva ministra de Economía hubo quien creyó que, apareciendo como más cercana al kirchnerismo, se podía dar alguna modificación en el acuerdo con el Fondo o la puesta en marcha de alguna medida “nacional y popular”. Algunos llegaron a hablar de la aprobación del proyecto de salario básico universal.

Nada de esto sucedió. La ministra apenas asumió lo dejó bien claro al pronunciarse por la continuidad del acuerdo con el Fondo y el cumplimiento de las metas. Para que quedara más claro, dio un primer guiño al afirmar que “creía en el equilibrio fiscal” (léase en un mayor ajuste para alcanzarlo).

Finalmente este lunes, una semana después de haber sido nombrada y tras completar su equipo, dio su primera conferencia de prensa. Ahí anunció directamente un mayor ajuste. También ratificó el acuerdo con el Fondo y habló de cambios en la administración financiera: no gastar más de lo que se recaude. Esto suena muy parecido al “déficit cero” de Domingo Cavallo en 2001. Traduzcamos sus dichos: de lo que se recauda primero se pagan los vencimientos de deuda y después, lo que sobra, será para atender las necesidades populares. Como lo dijo la propia ministra, se trata de un “recorte del gasto corriente”. Al mismo tiempo se anunció el congelamiento de vacantes en el Estado nacional, incluyendo a todos los organismos descentralizados. ¡Cómo si no hicieran falta más trabajadores de la salud, médicos, investigadores, científicos u otros especialistas! Un anticipo de la poda de partidas en todos los ministerios y del cierre de programas sociales.  

Todo lo que plantea Batakis está en consonancia con las exigencias del FMI. En concreto, para cumplir con la meta de reducción del déficit fiscal al 2,5% del PBI, el gobierno debe reducir el gasto en la segunda mitad del año en un 7,8%. También el acuerdo con el FMI requiere que la asistencia del Banco Central al Tesoro (básicamente, la emisión monetaria) no supere al 1% del PBI. No hay otra forma de hacerlo que por medio de un brutal ajuste, como el que ya está pre anunciando la ministra en esta primera conferencia de prensa.

Ni uno solo de los anuncios de Batakis van en beneficio del pueblo trabajador. Tal como lo ratificó horas después el propio presidente Alberto Fernández: “que los mercados entiendan que vamos a controlar el gasto e iniciar una baja del déficit fiscal”. Todo un tributo a los famosos “mercados”, es decir, a los pulpos especuladores, las grandes patronales y el propio FMI.

Batakis fue clarísima. Más aún de lo que era Guzmán. El gobierno del Frente de Todos se juega a que lo apoye el establishment económico local e internacional, profundizando el ajuste y cumpliendo a rajatabla con el Fondo. Es un camino que solo le puede dejar al pueblo trabajador salarios y jubilaciones de miseria, más hambre y marginación social.

La salida pasa por un programa diametralmente opuesto al que plantea la nueva ministra. Es lo que venimos planteando desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad. Hay que suspender inmediatamente todos los pagos en concepto de deuda externa y romper con el FMI. Estas medidas son las elementales que deben ser acompañadas de otras para terminar con la especulación y el saqueo, como nacionalizar la banca y el comercio exterior y reestatizar las privatizadas, pavimentando el camino para poner en marcha otro plan económico al servicio de atender las más urgentes necesidades populares de salario, trabajo, salud, educación y vivienda.

Escribe Guido Poletti

La inflación de junio volverá a superar el 5% (el número oficial se conocerá este jueves). Se calcula que anualizada ya está en 75% y con serios riesgos de seguir aumentando y superar el 100%.
La crisis de estos días, en lo que fue desde la renuncia de Martín Guzmán al ministerio de Economía a la primera semana en el cargo de la nueva ministra Silvina Batakis, sirvió como excusa para una remarcación generalizada de todos los precios. Las proyecciones dan para julio una inflación que irá en un rango cercano al 8%, pudiendo incrementarse hasta el 10%. Los salarios, las jubilaciones y los planes sociales, que ya venían siendo violentamente sacudidos en los meses anteriores, sufrieron un nuevo golpe la semana pasada, con bienes esenciales que subieron un 20, 30 y en algunos casos 50%. Estadísticamente, la inflación de alimentos subió un 2,5% en la primera semana de julio, donde aumentaron uno de cada tres productos (relevamiento de la consultora LCG). Lácteos y huevos trepó 6,5%; pan, cereales y pastas 4,9%; azúcar y cacao 3,3%; bebidas 2,8% y aceites 2,4%.

Mucho se discute sobre las causas de la inflación. No es la intención de este artículo hacer un debate teórico al respecto, sino ir a algo bien concreto. Se dice que por la “incertidumbre”, la “suba del dólar” o la “emisión monetaria”, el “mercado” sube los precios. Queremos ser bien claros: no existe dicho “mercado” en abstracto. Lo que hay, en concreto, son grandes empresas, la gran mayoría monopólicas u oligopólicas, que envían listas remarcando precios cada quince días. Ellas, y las grandes cadenas de hiper y supermercados, que le agregan su propia “tajada”, son las que se cubren y garantizan sus superganancias a costa del hambre del pueblo trabajador.

Con nombre y apellido

Las empresas de las que hablamos son las mismas con las que se reunió esta semana la propia ministra Batakis. En los rubros de consumo masivo son Molinos Río de la Plata y Vicentín (fideos y productos provenientes de la harina, aceites), Arcor (prácticamente todo el rubro de alimentos envasados), Mastellone (lácteos), Mondelez (golosinas), Quilmes y la Asociación de Fabricantes Argentinos de Coca Cola (bebidas),  y Procter&Gamble y Unilever (artículos de limpieza y tocador).

A esto hay que sumarle las grandes cadenas de híper y supermercados, que le agregan su tajada a los aumentos: Carrefour, Cencosud, Coto, La Anónima y Walmart.

¿Qué hacer?

El gobierno del Frente de Todos suele reunirse cotidianamente con estos empresarios. Nombramos más arriba el encuentro de la semana pasada con la ministra Batakis, pero hubo montones de reuniones anteriores con los funcionarios hoy renunciados. Han firmado decenas de acuerdos (Precios Cuidados, Precios de Cercanía, Precios Máximos, Cortes Congelados -para la carne-, canasta de frutas y verduras). Sin embargo, estos pactos son sistemáticamente violados por las mismas patronales. Los usan cuando les conviene, casi como propaganda gratuita de ofertas, para luego hacer desaparecer estos productos de las góndolas o reemplazarlos por otros similares pero con un precio mayor. El mismísimo gobierno reconoce que los acuerdos se están cumpliendo en un 60% (esto quiere decir que de cada tres productos, hay uno que no está en la góndola).

Todo esto lleva a que algunos economistas del establishment liberal salgan a decir por los medios que los controles de precios o los precios máximos no sirven, y que hay que liberalizar todo, dejando que “el mercado” (o sea los pulpos empresarios) haga lo que quiera.

Nosotros decimos exactamente lo contrario. Si los actuales acuerdos no funcionan es porque el gobierno se niega a sancionar a quienes los violan. Podría hacerlo fácilmente si quisiera, ya que solo se trata de aplicar la Ley de Abastecimiento. Si hubiera real voluntad, bastaría con fijar precios máximos para todos los productos de la canasta familiar y controlar severamente su cumplimiento. Tendrían que sancionar a quien viole esos precios, provoque desabastecimiento o acapare (sea  una gran empresa productora o una cadena de supermercados) con multas, clausuras, prisión para sus dueños o incluso expropiación de la empresa. Esa es la verdadera guerra contra la inflación que este gobierno se niega a llevar adelante.

Escribe José Castillo

“No hay dólares”. “Casi no queda nada en las reservas del Banco Central”. “Quedan divisas para apenas quince días de importaciones”. Son todas frases que escuchamos estos últimos días. Muchos señalan que ese es el motivo de la actual suba de los dólares “paralelos” (blue, Contado con Liqui o MEP), que llegaron a acercarse a 300 pesos en lo más álgido de la crisis. “Nuestro problema es la restricción externa”, dicen los economistas del Frente de Todos. “Tenemos que reconocer que tenemos una economía bimonetaria”, agrega la vicepresidenta Cristina Fernández. El presidente Alberto Fernández dio la explicación más desopilante: “no nos alcanzan los dólares porque crecemos mucho”.

Ninguna de estas explicaciones va al corazón de lo que está pasando. ¿Por qué, si este año tendremos récord de exportaciones, cerca de 90.000 millones de dólares, como lo informó la propia ministra Batakis, sin embargo no hay dólares?

Primero, porque las exportaciones están concentradas en manos de unos pocos grupos transnacionales monopólicos, que realizan todo tipo de maniobras en su propio beneficio y así las divisas terminan no entrando al país. Estamos hablando de las gigantes yanquis Cargill, Bunge, Archer Daniels Midland (ADM), de la francesa Dreyfuss, de la china Cofco y de la anglo-suiza-canadiense Viterra-Glencore. Solo entre  2021 y lo que va de 2022, la AFIP detectó 1.400 casos de maniobras irregulares, por al menos 4.100 millones de dólares. Se trata de subfacturación de exportaciones y de operaciones truchas entre empresas  subsidiarias de un mismo grupo económico, con  triangulación, autopréstamos, etcétera.

Pero, además de lo puramente delictivo, hay miles de maniobras especulativas. Este año, entre enero y lo que va de julio, apenas se exportaron 11 millones de toneladas de soja. De los 44 millones de toneladas disponibles quedan 33 millones sin vender. El resto está guardado especulativamente en silobolsas. El propio presidente del Banco Central, Miguel Pesce, reconoce que hay un retraso en las liquidaciones de al menos 2.200 millones de dólares.

Y no se trata solo del complejo agrario. La Dirección Nacional de Aduanas acaba de denunciar una millonaria subfacturación de exportaciones de litio, en 403 operaciones ocurridas entre 2018 y 2019. Se trata de una empresa multinacional con base en Catamarca que declaraba apenas un tercio del valor real del carbonato de litio que exportaba.

El otro tema son las importaciones. Si bien la gran factura de importaciones es por la necesidad de comprar gas (se calcula que solo en este mes se requerirán 2.000 millones de dólares en este concepto), se observan gran cantidad de empresas que, jugando especulativamente a una futura devaluación, importan de más para tener stock, y también operaciones de sobrefacturación (o sea, piden acceso a los dólares oficiales, mucho más baratos, por encima de lo que realmente necesitan).

Por supuesto hay otras canillas por las que se van los dólares. Están los especuladores, los pulpos financieros que hasta ahora venían jugando a la bicicleta financiera que les ofrecía el Banco Central con las altísimas tasas para los bonos en pesos y que hoy deciden irse, no renovar esos bonos, venderlos y pasarse a dólares para fugarlos. Y, por supuesto, tenemos la canilla siempre abierta de los pagos de deuda externa, como el de esta semana por 690 millones de dólares.  

Frente a esta realidad, pretender ahorrar divisas por medio de un cepo que, finalmente, al que más perjudica es al pueblo trabajador, es una señal de un gobierno que no quiere atacar realmente los intereses de los que más tienen.

Lo que debería hacerse es nacionalizar el comercio exterior, creando un ente estatal monopólico que se encargue de las exportaciones e importaciones y administre el uso de las divisas. Así, los dólares entrarían directamente al Tesoro y podrían ser utilizados según las necesidades de un plan económico al servicio del pueblo trabajador.

Este organismo, además, cumpliría el rol de las viejas Juntas de Granos y de Carnes, fijando precios justos para los pequeños productores (que hoy son presionados con precios a la baja por los grandes monopolios). Jugaría también el rol de agencia compradora, acumulando stocks estratégicos que se podrían vender a un valor inferior en el mercado interno y en el momento adecuado al precio internacional en el mercado externo. Podría, también, hacer acuerdos bilaterales de país a país, rompiendo con los negocios de los intermediarios.

Ese mismo organismo controlaría a la vez las importaciones, evitando maniobras especulativas y definiendo estratégicamente qué bienes deben comprarse en el exterior.

Si a esta nacionalización del comercio exterior la complementamos con otras medidas, como la nacionalización de la banca para terminar con la especulación financiera y, por sobre todo, con la suspensión de los pagos de deuda externa y la ruptura con el FMI, tendremos todas las herramientas necesarias para volcar todos los recursos a la solución de las más urgentes necesidades populares.